Protección contra Terminal Puerto Arica S

Arica, diecinueve de abril de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece Rodrigo Ignacio Palma Vásquez, abogado, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en esta ciudad e interpone, recurso de protección en contra del Terminal Puerto Arica S.A. (TPA S.A.), representado legalmente por nombre reservado, gerente general, por vulneración a las garantías constitucionales de los numerales 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso en que mediante un correo electrónico, de 22 de febrero de 2023, tomó conocimiento que fue seleccionado para un cargo ofrecido por Terminal Puerto Arica y que debía presentarse el 1 de marzo de 2023, acompañando una serie de documentos, que luego fue derivado a LIFEMED para hacerse los exámenes de salud correspondientes, ocasión en que el médico a cargo le señala que si bien todo está bien, debía declarar la epilepsia diagnosticada, situación que no le es extraña, al haber declarado su enfermedad en sus trabajos anteriores, sin que ello haya sido o traido inconveniente alguno, puesto que siendo una condición permanente, esta se encuentra en tratamiento y controlada.

Señala que dado su diagnóstico, el médico le indicó la necesidad de certificar el hecho de que su enfermedad estaba en tratamiento, para lo cual exhibió las recetas de los medicamentos con la firma y timbre de su médico tratante, cuyo control es anual. Con ello, el doctor refiere que este documento es suficiente para certificar el tratamiento y darle el pase médico para poder ser contratado en la empresa.

Sostiene que en el transcurso de ese día, recibió una llamada de la encargada de Recursos Humanos de TPA S.A, quien le señaló que ya no podía ingresar a trabajar, mientras no acompañará un certificado médico que diera constancia de que no tenía problemas con la epilepsia, a lo que indicó la dificultad para entregar dicho certificado con tan poco tiempo, puesto que el médico particular que lo controla es un neurólogo de la ciudad de Santiago y que su próximo control anual sería el 23 de marzo del año en curso. A los minutos recibe un correo electrónico en que se señalaba que estaba fuera del proceso de selección.

Refiere que lo expuesto ocurrió cuando el recurrente ya tenía firmado el certificado de ingreso a la empresa TPA S.A y el permiso de movimiento dentro de las faenas de la misma.

Asevera que desconocía que se encontraba en un proceso de selección, que existían más personas postulando al cargo, entendiendo que estaba seleccionado desde un principio del proceso y que en virtud de ello se le emitió el permiso de movimiento dentro de las faenas, por lo que la negativa de que lo mantuvieran dentro del proceso de selección si es que lo hubiera (cosa que niega) o derechamente haber procedido a la firma del contrato, no tiene una causal diferente a que la empresa se enterara de la epilepsia del recurrente, situación que en caso alguno podría haber terminado en la desvinculación del proceso de selección o en su defecto haberle adjudicado definitivamente el puesto de trabajo.

En cuanto a los derechos constitucionalmente garantizados y vulnerados enuncia aquellos previstos en los numerales 2 y 16 de la Carta Magna, a los cuales se le privó desde que la recurrida al enterarse de su condición médica, le imposibilitó el acceso a una fuente laboral, a la cual es apto para efectuar; que se le ha restringido la libertad de trabajo, solo por razones de salud, estableciendo una diferencia carente de razón, que configura una discriminación que no se basa en la capacidad laboral o idoneidad personal sino que en consideración a sus antecedentes médicos.

Pide para restablecer el imperio del Derecho, que se ordene a la recurrida cesar todo acto discriminatorio en contra del recurrente, particularmente aquellos que vulneran su derecho a un trato igualitario en el acceso al puesto de trabajo ofertado por la recurrida; se ordene dar continuidad a su proceso de contratación, con total presidencia de consideraciones que no tengan que ver con las aptitudes necesarias para el cargo ofertado y cualquier otra medida que esta Corte estime en justicia, con costas.

Informó en su oportunidad el abogado Mario Palma Sotomayor, en representación de Terminal Puerto Arica S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas, expresando que el 2 de febrero de 2023, TPA S.A., abrió un proceso de selección para proveer el cargo de técnico en mantención de máquinas.

Cuenta que se seleccionaron treinta y cuatro currículums de la página “trabajando.com”, personas que postularon por medio de esa página, ofreciendo sus servicios y entre ellos el del recurrente; quienes debían pasar varias etapas en este proceso de selección: revisión de antecedentes curriculares, de experiencia anterior en tareas semejantes, entrevista y finalmente exámenes pre ocupacional para determinar las aptitudes físicas y médicas.

Comenta que el recurrente pasó las primeras etapas, sin embargo, al efectuársele exámenes médicos, se le diagnosticó epilepsia, se le consultó al respecto, detalló que se controlaba, que consumía medicamentos y en consideración a esa enfermedad, se le solicitó que presentara certificado de control de la misma, lo que no cumplió y se negó a obtener las certificaciones que establecieran que dicha enfermedad se encontraba en tratamiento, controlada y que no constituía una traba para el desempeño del cargo al que postulaba al interior del puerto, motivo por el cual le comunicó que su proceso de selección llegaba a su término.

Indica que TPA, en cuanto a la selección de su personal, recurrió a plataformas virtuales especializadas que permiten levantar búsquedas de trabajadores, todos los cuales involucran etapas de revisiones de antecedentes, entrevistas, exámenes pre ocupacionales, los que deben sortear todas las personas que participan en sus procesos de selección.

Refiere que el presente recurso es improcedente, por carecer el recurrente de un derecho indubitado susceptible de ser reclamado por esta vía. El recurrente, junto a otras 34 personas, se encontraban en un proceso de selección para el puesto de técnico de mantención de máquinas al interior del puerto de Arica, no se trata de una persona a la que se le haya ofrecido ese puesto de trabajo, ni que le faltara la firma del contrato para que iniciara sus trabajos para TPA, por lo que el accionante no era el único en este proceso.

Expone que el recurrente en etapa de selección cumplió con efectuarse exámenes médicos y de laboratorio. Advirtiendo al efecto el médico Sr. nombre reservado, en su informe de 17 de febrero de 2023, “Diagnóstico: Epilepsia; Indicaciones: Debe presentar certificado de control; Conclusión: Con contraindicación temporal para trabajar según batería aplicada.”.

Así las cosas, el encargado de reclutamiento se comunicó por teléfono con el recurrente para explicarle la situación, que para continuar con el proceso se precisaba que entregara un certificado médico que acreditara que su enfermedad estaba controlada, a lo que él indicó que sólo tenía unas recetas de su médico y que no podía conseguir una atención sino hasta fines de marzo pasado.

Expresa que TPA S.A., le indicó que no podía esperar hasta esa fecha, dada la necesidad de cubrir la vacante, por lo que se le insistió en la obtención de una certificado de control a lo que él se negó, aduciendo no iba a arriesgar su salud por un trabajo.

Acorde a estos hechos, se advierte que la presente acción no obedece a criterios y características propios de un proceso de urgencia, del cual se requiere que la supuesta vulneración de garantías hayan sido graves y evidentes, por lo que a su juicio, no se ha actuado con arbitrariedad o ilegalidad, ya que es el mismo recurrente quien no ha dado cumplimiento con la entrega de un certificado que estableciera que su epilepsia estaba controlada, por ende, carece de un derecho indubitado y que TPA S.A., ha hecho uso de sus facultades y obligaciones contractuales, sin violentar derechos fundamentales del accionante.

Agrega que asimismo, es improcedente el presente recurso, porque las garantías alegadas como vulneradas no son susceptibles de cautelarse mediante esta acción, ello en consideración que los fundamentos esgrimidos son los mismos, esto es, la discriminación, ninguno de los cuales admite protección por esta vía, ya que todos los postulantes cumplieron las mismas etapas, incluido los exámenes pre-ocupacionales y que lo solicitado al recurrente fue un certificado de control de su enfermedad para continuar con su proceso de selección, el cual fue producto de la conclusión de sus exámenes y a instancia del médico informante, al cual se negó.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como arbitrario o ilegal, es la interrupción del proceso de selección al cargo al cual postuló en atención al padecimiento de epilepsia, imposibilitando el acceso a una fuente laboral, siendo apto para realizarla, estableciendo una discriminación arbitraria respecto de una enfermedad que no representa incompatibilidad laboral alguna.

CUARTO: Que, del tenor del recurso y del informe evacuado emana que es un hecho no controvertido que el recurrente postuló y fue pre seleccionado por la recurrida para desempeñar el cargo de técnico en mantención de máquinas, y que habiendo avanzado positivamente en las etapas del proceso de selección, debía someterse a una batería de exámenes pre-ocupacionales que incluía un informe médico, el cual señala que atento a su diagnóstico de epilepsia, debía presentar un certificado de control de la enfermedad, el que no acompañó dentro de plazo, argumentando que su médico tratante sólo lo emitiría en su próximo control del día 23 de marzo de 2023-varios días después de la exigencia-, concluyendo el médico examinador : “con contraindicación temporal para trabajar según batería aplicada”.

QUINTO: Que, de los antecedentes allegados al recurso, se advierte que el proceso de concurso para la selección de los puestos de trabajo requeridos por la recurrida, aparecieron interrumpidos abruptamente en relación al recurrente, producto de habérsele detectado en el proceso respectivo, de una condición de salud especial, respecto de la cual se le requirió específica documentación médica, la cual no tuvo la oportunidad de aportar, no pudiendo proseguir en el proceso de su postulación pues de inmediato se le comunicó que quedaba fuera del proceso de selección, sin darle oportunidad, de acuerdo a un ajuste razonable, para continuar con las pruebas y aportar el informe médico requerido hasta la conclusión del concurso para todos los postulantes que quedaban en carrera, de lo que se sigue, que efectivamente, y en relación a dichos participantes, se dio al recurrente un trato discriminatorio en materia laboral por razón de su condición de salud.

Tal situación se vio agravada por la falta de reglamentación interna del procedimiento para proveer los puestos de trabajo requeridos, que afectó evidentemente la claridad del proceso, además que la conclusión del facultativo que participó en el mismo, resultó poco clara, ya que no se distingue si su dictamen se refiere a una imposibilidad temporal o definitiva, y si la condición de salud del examinado obstaba para cualquier tipo de trabajo o sólo para el puesto al que estaba postulando.

SEXTO: Que, no obstante lo ya analizado y concluido, al haber finalizado el proceso de reclutamiento laboral materia del recurso, no se advierte qué medidas de carácter urgente podría adoptar esta Corte para reestablecer el imperio del derecho, en vista a que los puestos de trabajo en concurso ya fueron asignados a los otros postulantes del proceso de reclutamiento, quienes no son parte en la presente acción constitucional, por lo que no resulta procedente adoptar medidas a su respecto, como lo sería una eventual desvinculación laboral, lo que obliga al rechazo del recurso.

Sin perjuicio de lo anotado, resulta acorde con las normas laborales y resguardo de los derechos fundamentales de las personas que participan en los procesos de reclutamiento, que la empresa recurrida adopte un instrumento como reglamento o protocolo que consigne claramente sus etapas, las normas aplicables y exigencias dentro de las mismas, teniendo en cuenta normas nacionales e internacionales, que sin perjuicio de consideraciones de seguridad, permitan el acceso igualitario para evitar la discriminación, como en el presente caso.

Por las consideraciones predichas, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado Rodrigo Palma Vásquez, en representación de nombre reservado en contra de Terminal Puerto Arica S.A. (TPA S.A.).

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro don Pablo Zavala Fernández.

No firma el Ministro don Pablo Zavala Fernández, quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, se encuentra haciendo uso de permiso administrativo de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N° 91-2023 Protección.