Protección contra Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica
- Fecha
- 24 de diciembre de 2018
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Arica, Rol N° 907-2018, sentencia de 24 de diciembre de 2018
Resumen
Se rechaza la protección porque no existe acto administrativo que haya dejado sin efecto la designación de la recurrente ni decisión definitiva de no asignarle horas.
Texto íntegro
Arica, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho VISTO:
Doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, profesora de lenguaje, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica (DAEM), representado por su Director, don nombre reservado, y en contra de la Ilustre Municipalidad de Arica (IMA), representada legalmente por su Alcalde, don Gerardo Espindola Rojas, con domicilio en domicilio reservado, por vulnerar sus garantías constitucionales establecidas en el N°1, inciso primero del Nº 3, y Nº24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Señala que por Decreto N° 1101 de la I. Municipalidad de Arica, de 16 de febrero de 2015, fue nombrada en calidad de docente titular en el cargo de profesora de lenguaje del establecimiento educacional Liceo Octavio Palma Pérez, con 30 horas cronológicas semanales, asumiendo su cargo a contar del 2 de marzo de 2015 hasta la fecha, en forma ininterrumpida.
Relata que en el mes de mayo de 2017 ocurrió un incidente que alteró su ejercicio docente, porque al estar haciendo clases, un alumno, intempestivamente intento agredirla no logrando concretar su acción por la intervención oportuna de otros dos alumnos del mismo curso. Luego de tal hecho, concurrió ante el Inspector General, don nombre reservado, para dar cuenta de la situación descrita y consultar acerca de los protocolos a aplicar en estas circunstancias, indicándosele que no existen. Refiere que se entrevistó con la Jefa de Unidad Técnica Pedagógica, doña nombre reservado, quién le bajó el perfil al intento de agresión en su contra y, además, no fue recibida por el Director del establecimiento educacional. Arguye que ante la falta de apoyo por parte del personal del establecimiento, envió cartas al director de DAEM, con copia al MINEDUC y a la Inspección del Trabajo, siendo recriminada por el Director del liceo advirtiéndosele que se realizaría una investigación de los hechos ocurridos.
Expone que ante los hechos narrados, se vio afectada su salud y ambiente laboral, no pudiendo ejercer sus horas de trabajo, llegándose incluso a la situación de colocar en su sala de clases una co-docente, con la clara intención de reemplazarla y forzarla a renunciar.
Indica que por sus reclamos a principios del mes de noviembre del presente año, la Jefa de UTP, quien es la encargada de la elaboración del horario para el año 2019, en represalia no la consideró con carga docente para el próximo año, lo que le causa un desmedro patrimonial, daño a su salud física y mental.
Solicita que se acoja la presente acción constitucional y se ordene el cese de las presiones hacia la recurrente por parte del DAEM y los directivos del Liceo Octavio Palma Pérez, garantizando el ejercicio de su docencia sin mayores dificultades, y además, que se respeten y garanticen las 30 horas de Titular a Planta de Docente del Liceo Octavio Palma Pérez, con costas.
En su oportunidad, la Ilustre Municipalidad de Arica, evacuando el informe solicitado por esta Corte, indica que la recurrente no fue considerada con carga docente para el año 2019, a petición de ella, la cual solicitó el cambio de Establecimiento Educacional. En este sentido, descarta que los hechos denunciados en su oportunidad tengan relación con la supuesta decisión referente al año lectivo 2019, ya que estos hechos acontecieron en mayo de 2017 y la recurrente mantuvo sus funciones normalmente.
Agrega que doña nombre reservado ha manifestado una serie de conductas agresivas en contra de alumnos y de profesores, recibiéndose numerosos reclamos en su contra, profiriendo además, por redes sociales, epítetos contra otros funcionarios como lo es el Orientador don nombre reservado. Las situaciones descritas provocaron que el Director le manifestara su disconformidad por tales acontecimientos, ante lo cual el 24 de octubre de 2018, la recurrente solicitó al director del DAEM el cambio de unidad de trabajo, señalando lo siguiente: “El motivo de la presente es para solicitar cambio de unidad de trabajo. Actualmente me encuentro trabajando en el Liceo Octavio Palma Pérez de Arica y por razones de no sentirme a gusto en este establecimiento y no compartir las políticas de dirección del mismo. Por tal motivo, adjunto curriculum ponerme a servicio de alguna entidad de enseñanza media en el que se presente una vacante de profesora de lenguaje y comunicación”. Complementa que dicha solicitud fue aceptada por el DAEM y actualmente se están haciendo las coordinaciones necesarias para el traslado de la recurrente, y que fue asignada una profesional en su reemplazo.
Expone que el 27 de noviembre de 2018, la recurrente dirigió una nueva misiva al director del DAEM donde señala: “El motivo de la presente es para informar formal y definitivamente que, quien suscribe, profesora nombre reservado víctima del caso Hostigamiento en lugar de trabajo, no se cambiará del Liceo Octavio Palma Pérez, a pesar del hostigamiento que la jefe de UTP le hace padecer.”.
Arguye que no se configuran los presupuestos para dar lugar a la presente acción constitucional, siendo evidente que el presente recurso es extemporáneo y, que la recurrente habla de hechos supuestos, y no ha señalado de manera concreta cuál es la acción u omisión que le causa una supuesta vulneración a sus garantías fundamentales, por lo que solicita que se rechace el recurso, con costas.
Se prescindió del informe solicitado al DAEM, al no haber sido evacuado en el plazo otorgado por esta Corte.
CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, en cuanto al recurso de protección de garantías constitucionales contenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, es decir, se trata de un derecho esencial de la persona humana a la tutela jurisdiccional a través de un procedimiento rápido y eficaz en protección de los derechos constitucionales.
SEGUNDO: Que, los actos vulneratorios de garantías constitucionales que señala la recurrente, son las represalias y hostigamientos por parte del personal del liceo Octavio Palma Pérez por la denuncia que efectuó y la no asignación de horas pedagógicas para el año 2019, pese a tener un Decreto de nombramiento docente en calidad de titular por treinta horas.
TERCERO: Que, es un hecho no discutido del proceso que la recurrente fue nombrada a través del Decreto N° 1101 de la I. Municipalidad de Arica, el 16 de febrero de 2015, como docente titular, profesora de lenguaje del establecimiento educacional Liceo Octavio Palma Pérez, con treinta horas cronológicas semanales.
CUARTO: Que, la Ley Nº 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en su artículo 25 establece: “Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados. Son titulares los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes.”.
Asimismo, el artículo 34 indica: “Los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, tendrán derecho a la estabilidad en las horas y funciones establecidas en los decretos de designación o contratos de trabajo, según corresponda, a menos que deban cesar en ellas por alguna de las causales de expiración de funciones establecidas en este Estatuto.”.
Además el artículo 38 señala: “Los profesionales de la educación, podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda, a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. No obstante, si producida la destinación estimaren que se les ha causado menoscabo, podrán reclamar de ello conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que puedan ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo, según procediere, sin que ello implique paralizar la destinación.
Finalmente, el artículo 52 refiere: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: a) Por renuncia voluntaria; b) Por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan; c) Por término del período por el cual se efectuó el contrato; d) Por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación a las respectivas funciones docentes; e) Por fallecimiento; f) Por calificación en lista de demérito por dos años consecutivos; g) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883; h) Por pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de incorporación a una función docente, e i) Por supresión de las horas que sirvan, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley.
QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes y las normas transcritas, cabe indicar, que la recurrente según el Decreto N° 1101 de la I. Municipalidad de Arica del 16 de febrero de 2015, tiene asignada treinta horas semanales en el Liceo Octavio Palma Pérez y no existe algún acto administrativo, que haya dejado sin efecto tal designación, ni se ha tomado decisión alguna y definitiva en el sentido de no asignar horas a nombre reservado, lo que obliga a desestimar la presente acción constitucional.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:
Que, se RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica y la Ilustre Municipalidad de Arica.
Regístrese, notifíquese, y archívese, en su oportunidad.
Rol N° 907-2018 Protección.
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