nombre reservado con SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Arica, quince de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece José Bon Castillo, abogado y deduce en favor de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, recurso de protección en contra de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DE ARICA Y PARINACOTA (SUBDERE), representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por denegar el beneficio establecido en el Artículo 8 de la Ley 21.135, de Beneficios de Incentivo al Retiro para los Funcionarios Municipales.

Expone que se desempeñó laboralmente en la Municipalidad de Arica entre el 15 de enero de 2009 y el 31 de mayo de 2021. Y que, a comienzos de 2019 se le informa, a través del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, que en el mes de febrero vencería el plazo para poder acceder al RETIRO VOLUNTARIO, conjuntamente con los beneficios asociados.

Señala que presentó su solicitud de retiro voluntario, el 28 de febrero de 2019, ya que, según lo informado por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, a esa fecha cumplía con los requisitos legales para acceder a los incentivos económicos del retiro voluntario.

El 18 de marzo de 2019 se le informa que integra la lista de futuros procesos de acceso a los beneficios de la Ley 21.135, por lo que presenta su renuncia el 17 de mayo de 2021, acogiéndose dicha renuncia a contar del 1 de junio de 2021. El 12 de noviembre de 2021, por decreto alcaldicio 3386, se ordena el pago a su favor, de un monto de $10.225.160 pesos, por conceptos de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 21.135, señalando haber prestado servicios a la Municipalidad por 12 años, 1 mes y 21 días.

Señala que, no obstante, no recibió el pago del beneficio contenido en el artículo 8 de la Ley 21.135, ya que se le comunicó por correo electrónico, que no cumplía con el requisito de haberse desempeñado por 10 años, sino que solamente 9 años, 10 meses y 18 días.

Expresa que entre los detalles de la denegación del beneficio se le explicó que entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de enero de 2012 su calidad laboral fue modificada, pasando de contrata a ser regido por el Código del Trabajo, información que desconocía totalmente.

En cuanto a las garantías vulneradas cita las previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se restablezca el imperio del derecho, en el sentido de acceder al pago del beneficio contemplado en la mencionada ley, por la suma que dicha norma establece, 400 Unidades de Fomento.

Informó en su oportunidad la recurrida y expuso como una primera alegación la inadmisibilidad del recurso de protección por no ser éste la vía idónea para constituir un derecho, sino para conseguir el amparo de la Corte de Apelaciones competente respecto de un hecho manifiesto y patente, atentatorio de un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, el recurrente no tiene derecho al bono requerido, al no cumplir con los requisitos legales. Indica que cuando el recurrente presentó su postulación, el 28 de febrero de 2019, en el formulario respectivo, en el campo “Antigüedad en el Municipio”, iba señalado dicho plazo, 9 años 10 meses y 18 días, es decir, menos de los 10 años exigidos por la ley, para otorgar el beneficio. Agrega que la SUBDERE se rige por el principio de legalidad, por lo que de no verificarse los requisitos legales para acceder a la bonificación adicional no es posible acceder a la solicitud del recurrente, y que de haber accedido a ella, estaría cometiendo una ilegalidad. Aclara que el plazo se computa hasta la fecha de la postulación, y no hasta la fecha de pago y que la antigüedad del recurrente se registró de manera explícita en certificado del Secretario Municipal, de fecha 2 de noviembre de 2021.

Respecto a los correos electrónicos, la SUBDERE manifiesta que únicamente dicen relación con consultas efectuadas por el propio recurrente, y que en ningún caso se trata de notificaciones. Y que no puede hacerse cargo de los anhelos o expectativas que tenía el recurrente, en la medida que nunca fue beneficiario de la bonificación adicional, sino que únicamente le correspondía la bonificación por retiro voluntario contenida en el artículo 1° de la ley N°21.135.

Destaca que las Municipalidades son organismos autónomos y SUBDERE no tiene facultades para intervenir en las formas de contratación que dichos organismos tienen con sus funcionarios. En cuanto la modificación de la calidad contractual del recurrente (entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de enero de 2012), que éste indicó le era desconocida, la recurrida indica que no les es imputable.

Por último, cita dictamen n° 5349-2020 de la Contraloría General de la República, en cuanto al cómputo del plazo, que establece que: “…los beneficios previstos en la Ley 21.135… favorece únicamente a los servidores municipales [cuyas] relaciones laborales se regulen por la normativa estatutaria contenida en la ley 18.883” y “no resulta aplicable a los funcionarios vinculados con un municipio mediante un contrato suscrito según las normas del Código del Trabajo, por cuanto este cuerpo legal constituye su régimen estatutario y sus remuneraciones son acordadas por las partes contratantes”. Adiciona que los dictámenes de la Contraloría General de la República conformarán la jurisprudencia administrativa, y que tienen el carácter de obligatorios para los órganos de la Administración del Estado.

Concluye que no se verifica la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ni la vulneración al derecho de dominio, por lo que solicita se rechace la acción de protección.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, la omisión considerada por el recurrente como ilegal y arbitraria corresponde a la decisión de la Subsecretaría recurrida de no comunicarle formalmente la denegación del bono adicional contenido en el artículo 8 de la Ley 21.135 y el no otorgamiento del mismo.

CUARTO: Que, corresponde tener presente que la solicitud presentada y firmada por el propio recurrente, con fecha 28 de febrero de 2019, en el formulario “Solicitud de retiro voluntario Municipal”, contiene como observación una referencia expresa a la norma contenida en el artículo mencionado en el considerando precedente.

QUINTO: Que, el recurrente inició su relación laboral con la Municipalidad de Arica el día 15 de enero de 2009, y que por el espacio de tres meses su vínculo laboral estuvo regido por el Código del Trabajo, mismo que no habilita para optar al bono adicional, de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República. La norma en cuestión establece que los diez años de servicio deben contarse hasta “la fecha de inicio del respectivo periodo de postulación”, siendo ésta el 28 de febrero de 2019, en el caso que nos ocupa.

SEXTO: Que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 21.135 y en razón de lo expresado en el considerando precedente, el recurrente no cumple el requisito temporal para la obtención del bono adicional, por lo cual el recurso deberá ser rechazado.

SÉPTIMO: Que, respecto a la eventual vulneración del derecho de propiedad, ésta no se configura en la especie, toda vez que la mera expectativa de obtener un bono adicional no se puede considerar para estos efectos, especialmente considerando que el procedimiento de la presente acción constitucional no tiene por objeto declarar o constituir derechos, sino que su carácter es eminentemente cautelar derechos y, por lo tanto, debe tratarse de derechos indubitados, existiendo en la especie una controversia cuyo análisis requiere de un proceso de lato conocimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el recurrente reconoció el incumplimiento de los requisitos, toda vez que en correo electrónico cuya copia fue acompañada por el mismo, redactado por éste y dirigido a don nombre reservado, Jefe de Unidad de Recursos Humanos Municipales, con fecha 29 de noviembre de 2021, expresa: “si bien es cierto, la ley dice un mínimo de 10 años, existe jurisprudencia en asuntos laborales, que pasado 6 meses se considera un año, así mismo, cabe hacer presente que en ninguna parte de la ley dice 10 años cumplidos.”

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado en contra de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de Arica y Parinacota.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 90-2023 Protección.