nombre reservado con GERDARMERIA DE CHILE

Arica, doce de mayo de dos mil veintiuno.

Visto:

Comparece Enzo Fabián Varens Álvarez, Abogado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en favor de toda la población penal actualmente recluida en los módulos C y D, del Complejo Penitenciario de Arica, en contra de Gendarmería de Chile, representada legalmente por su Director Regional, don Roberto Antonio Maldonado Soto, con domicilio en domicilio reservado, denunciando como actos y omisiones ilegales y arbitrarios, la falta de adopción de las medidas sanitarias básicas y el deficiente manejo del brote de coronavirus existente en el Complejo Penitenciario de Arica, con vulneración de las garantías reconocidas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que desde aproximadamente un par de semanas, se detectó un brote de coronavirus en la Cárcel de Acha. Según la información recabada por la prensa, a la fecha de interposición del presente recurso, 379 internos se encuentran contagiados de coronavirus en dicho recinto penitenciario, y uno de ellos habría fallecido de coronavirus, mientras que tres se encuentran con ventilación mecánica.

Detalla que las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los internos en la cárcel de Acha persisten al día de hoy, a pesar de haber sido denunciadas en numerosas ocasiones, afirmando que éstas han sido caldo propicio para la diseminación del virus. En efecto, según los testimonios de los internos, en cada celda habitan en promedio, entre tres a cinco reclusos, algunos de ellos duermen en el suelo, y carecen de las condiciones materiales mínimas para poder cumplir con las normas sanitarias, siendo prácticamente imposible mantener el distanciamiento físico de un metro. Por otra parte, las celdas carecen de agua y jabón, insumos absolutamente necesarios para el lavado de manos que permite impedir la propagación del virus. Además, los internos carecen de alcohol gel para efectuar la desinfección de sus manos o de sus enseres, y se ha reportado que algunos ni siquiera tienen acceso a mascarillas, impidiendo salvaguardar de manera efectiva su integridad física y psíquica.

Asevera que Gendarmería no ha cumplido con desinfectar periódicamente las celdas y los lugares de uso común, tanto de los internos como de los propios gendarmes. En efecto, manifiesta que una simple visita del recurrente a la sección de Defensoría, le permitió constatar este hecho directamente, sin que exista ningún repositorio de alcohol gel en dicho recinto, alfombra con amonio cuaternario, sanitización periódica de los espacios, agua y jabón en los baños, ni desinfección de las celdas. Destaca que los funcionarios no adoptan las medidas básicas de autocuidado, pues muchos de ellos no portaban su mascarilla a la hora de revisar encomiendas, durante las rondas por el complejo, e incluso en el traslado de un fallecido por coronavirus, agregando que algunos internos manifestaron que la entrega de comidas no se realiza con guantes protectores o uso de mascarillas, y que la comida tiene sabor a cloro.

En cuanto al aislamiento de los contagiados, si bien ha trascendido en la prensa que se han aislado los casos positivos de los negativos, afirma que los internos han manifestado reiteradamente que ello no es así, pues en los módulos, se encuentran mezclados los casos positivos asintomáticos con los negativos, y que personal de Gendarmería les entrega paracetamol una vez al día.

En lo referente a la capacidad médica del recinto, los internos han manifestado que no existe un médico residente permanente a disposición de Gendarmería. Tampoco existen ambulancias en el recinto, sino que se debe esperar a que éstas provengan de la ciudad, cuyo trayecto puede ser de hasta una hora de duración.

Respecto a la situación psicológica de los internos, afirma que Gendarmería ha dispuesto el cese de las visitas presenciales, y ha prohibido todo contacto de los internos hacia el exterior, ya sea mediante la prohibición de llamadas telefónicas por las cabinas habilitadas al efecto, o bien, por la prohibición de mantener visitas por medios telemáticos.

Denuncia arbitrariedad en la actuación de la recurrida, dado que no se aprecia que exista una acción coordinada y racional de dicha repartición pública para contener de manera efectiva el brote, y de esa manera, salvaguardar la integridad física de los internos. En este sentido, manifiesta que el hecho de no adoptar las medidas sanitarias básicas importa una arbitrariedad, al no existir ninguna justificación al respecto, pese a las recomendaciones de las autoridades de salud, lo que constituye una infracción a la posición de garante que el Estado debe mantener en relación con los internos.

Asimismo, argumenta que las medidas adoptadas por Gendarmería son ilegales, por cuanto contravienen diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico; particularmente, las normas internacionales sobre trato humano a las personas privadas de libertad contenidas en artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las normas sobre prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes reconocidas en los tratados internacionales de derechos humanos, y las normas sanitarias relativas al estado de catástrofe por coronavirus, particularmente las Resoluciones N° 341 y N° 520, de 2020, ambas del Ministerio de Salud, que establecen la obligatoriedad de usar mascarillas en recintos estatales y de ordenar a Gendarmería el establecimiento de todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de los reclusos.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima vulneradas, invoca el derecho a la vida e integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, pues la falta de medidas suficientes ha causado que un interno haya fallecido en la cárcel de Acha, que tres más se encuentren en ventilación mecánica y muchos otros con los síntomas del coronavirus, sin que se haya impedido eficazmente el brote por la recurrida en su posición de garante. Además, reclama la vulneración de la garantía reconocida en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, relativa al derecho de no ser discriminado arbitrariamente, dado que la actuación y omisiones de Gendarmería resultan discriminatorios, pues reducen a los internos a una condición infrahumana, al negarles las medidas sanitarias correspondientes, circunstancias que constituyen actos crueles, inhumanos y degradantes, que los discriminan con respecto al resto de la población civil, por el solo hecho de encontrarse privados de libertad, entre los cuales, no sólo hay presos rematados, sino que además, imputados en prisión preventiva a la espera de un juicio oral.

Solicita que esta Corte disponga las providencias que estime necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, particularmente ordenando a la recurrida: 1.- Que suministre a los internos los insumos necesarios para prevenir el contagio del coronavirus, incluyendo: alcohol gel, agua, jabón y mascarillas; 2.- Que realice una desinfección e higienización de todas las celdas y lugares de uso común del Complejo Penitenciario de Arica, con una frecuencia de, a lo menos, dos veces al día, o la frecuencia que estime la autoridad sanitaria correspondiente; 3.- Que disponga un protocolo estricto de manejo de la crisis sanitaria, disponiendo que sus funcionarios cumplan estrictamente con las normas de prevención sanitaria, incluyendo el uso de mascarillas durante toda su jornada laboral y el lavado de manos periódico, como asimismo, se disponga de un médico residente permanente en el recinto penitenciario, o una ambulancia especialmente capacitada para el traslado de pacientes críticos; 4.- Que disponga los medios necesarios para que los internos puedan comunicarse con sus familiares, ya sea por medio de visitas virtuales por medios telemáticos, o adoptando todas las medidas de autocuidado para visitas presenciales, con una frecuencia semanal o bimensual; con costas.

Informó la recurrida Gendarmería de Chile, instando por el rechazo del recurso. Señala que el organismo ha dictado profusa normativa administrativa en materia de cuidados sanitarios con ocasión del COVID-19, destacando la Minuta de Proyecto de Indulto Conmutativo, el Reporte Diario de Contagios y procesos de Vacunación, las Medidas adoptadas a nivel nacional, los Efectos de las medidas tomadas para descongestión del Sistema Penitenciario, los Horarios de atención de Centros de Apoyo a la Integración Social y Centros de Reinserción Social, el Protocolo de limpieza de encomiendas, el Plan de acción para adultos mayores y enfermos crónicos recluidos en los establecimientos penales, y lo que es más importante, el "Plan Acción Integral por Contingencia Covid-19", que consta en Oficio Circular Nº141, de 23 de marzo de 2020, suscrito por el Director Nacional de Gendarmería de Chile, el que instruye, entre otras, las siguientes medidas: suspensión de los traslados interpenales, a menos que sean de estricta necesidad de seguridad; suspensión del número de visitas; aislamiento para caso sospechoso de contagio o ante una eventual conformación; traslado al hospital si es que fuera necesario; el dotar a todas las unidades penales con insumos sanitarios como mascarillas, guantes, dispensadores de jabón, termómetros infrarrojos y alcohol gel, y sanitizar los espacios de los recintos penitenciarios y carros de traslados.

Asevera que lo anterior constituye una muestra de la actividad constante por parte de la administración penitenciaria -en conjunto y con aprobación de la Autoridad Ministerial- para satisfacer de manera regular y continua las necesidades de la población penal, despejando cualquier arbitrariedad que se pretendiera imputar al actuar del Servicio. En este sentido, manifiesta que, a nivel regional, el Servicio ha llevado a cabo los protocolos e instrucciones emanadas desde la superioridad institucional desde el inicio de la pandemia, y los ha reforzado a raíz de los contagios ocurridos en el Complejo Penitenciario de Arica, por lo que cabe descartar una omisión o falta de coordinación de la Institución.

Para corroborar aquello, detalla las diversas acciones desplegadas por Gendarmería de Chile para proteger la salud e integridad de la población penal, consistentes en entrega de mascarillas, guantes, pecheras, cofias, protector facial y alcohol gel al personal, y de igual modo, se han abastecido de mascarillas, cloro y amonio cuaternario a todas las unidades de reclusión del Complejo. Sobre este punto, aclara que según la última información recibida desde el Complejo Penitenciario de Arica, el alcohol gel se reparte a todos los módulos en una cantidad aproximada de 500 litros; se entregan más de 200 cajas de mascarillas desechables y 8.500 unidades de mascarillas reutilizables; en todas las oficinas de los módulos existen repositorios de alcohol gel, además de las oficinas de área técnica, enfermería, defensoría, etcétera; todos los días se hace entrega a los funcionarios a cargo de encomiendas elementos de protección, y se les otorgan guantes, percheros, mascarillas y protectores faciales a los jefes de módulo para hacerle entrega a los mozos que reparten los ranchos. Además, afirma que se han sanitizado constantemente todos los módulos del Complejo, al menos diez veces al día; se han realizado dos sanitizaciones a todas las dependencias abiertas del complejo, por parte del personal de la tercera Compañía de Bomberos de Arica; se gestionó ambulancia con la SEREMI de Salud de Arica, con la finalidad de contar con un transporte para el traslado de internos en forma oportuna ante hechos de gravedad; y se realizó test rápido de antígeno al COVID-19 a un total de 368 internos. Sobre este último aspecto, hace presente que al aplicarse dos veces el test de antígeno, y resultar dicha muestra con resultado negativo, al día siguiente se le aplicará la vacuna a todos los internos que lo autoricen previamente, contando a la fecha con un total de 198 internos vacunados con Pfizer, quienes accedieron voluntariamente a dicho procedimiento. Precisa que una vez que se detecta a un interno con COVID-19, se inicia su aislamiento, así como el de sus contactos estrechos, debiendo permanecer en sus celdas hasta el término de la cuarentena, la que finaliza luego que el personal de salud de la unidad realiza el check-list de signos y síntomas para dar el alta definitiva como recuperados de COVID-19. Agrega que se dispuso que el personal del área de salud del Complejo, efectúe ronda por todas las unidades de reclusión atendiendo a la población penal que lo requiera, contando actualmente con un total de cuatro técnicos en enfermería de nivel superior del Ejército de Chile, quienes se encuentran apoyando el trabajo del área de salud del Complejo.

Respecto de los canales de comunicación entre el Complejo Penitenciario de Arica y los familiares de los internos, indica que se dispusieron números telefónicos y correos electrónicos adicionales para que las personas puedan comunicarse, solicitar audiencias y realizar consultas, de lunes a viernes a contar de las 14:00 horas. Se delegó además en funcionarios de distintas áreas del Complejo, la facultad de agenciar audiencias vía correo electrónico y teléfono.

Por otra parte, hace presente que el 6 de abril de 2021, el jefe del Complejo Penitenciario de Arica informó la propuesta de retorno seguro de régimen interno, lo cual deja de manifiesto que las medidas adoptadas por Gendarmería junto con el apoyo de otros entes administrativos están permitiendo avanzar, paulatinamente, hacia una situación de normalidad de todos aquellos módulos de reclusión sin cuarentena. En esta línea, se retomaron las videollamadas para reclusos de los módulos desconfinados, esto es, los módulos A-3, A-4, C-6, UPFT y sección juvenil del Complejo.

Por todo lo anterior, manifiesta que Gendarmería de Chile ha dado cabal cumplimiento a lo obligación contenida en el artículo 6º del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, D.S. Nº518, de 1998, esto es, velar por la vida, integridad y salud de los internos, ya que desde que éstos ingresaron a cargo de la Administración Penitenciaria, han recibido un trato acorde con su situación procesal y delictual, salvaguardando su integridad física y psicológica, no apreciándose en los hechos algún tipo de acción u omisión en que hubiere incurrido Gendarmería de Chile que pueda vulnerar, amenazar, restringir o perturbar la seguridad, salud y vida de los internos del Complejo Penitenciario de Arica.

Argumenta que la legalidad de las medidas adoptadas por el Servicio, se funda en las normas del Decreto Ley Nº 2859 que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, el que dispone en su artículo 3º letras a) y e) que le corresponde la dirección de todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos, y la custodia y atención de las personas privadas de libertad. En igual sentido lo dispone el inciso final del artículo 11 del Decreto Supremo Nº 518 que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Por otra parte, manifiesta que las medidas adoptadas bajo el escenario actual de pandemia mundial están lejos de ser calificadas como arbitrarias, pues las decisiones administrativas se explican precisamente por el estado de excepción constitucional que nos rige, y que permite, por razones de salud pública, restringir ciertos derechos fundamentales, y buscan salvaguardar la salud e integridad de todos y cada uno de los sujetos a vigilancia por parte de la Institución. Asimismo, al aplicar estas medidas, se ha tratado de proteger a toda la población penal sin hacer diferencia ni discriminación, actuando sobre la base de un plan creado frente a la coyuntura sanitaria del COVID-19.

Finalmente, sostiene que no parece adecuado que a través de esta acción de naturaleza cautelar y de emergencia, se califiquen o ponderen respecto de la recurrida, las medidas adoptadas en cuanto a su mérito o suficiencia, que es precisamente lo que se cuestiona a través del recurso, esto es, la eficiencia y eficacia de las decisiones de la autoridad administrativa penitenciaria en torno a la pandemia de coronavirus, aspecto que la doctrina denomina como falta de servicio, siendo ésta una cuestión de lato conocimiento que excede la órbita de la presente acción de protección.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: Que, los actos y omisiones considerados por el recurrente como ilegales y arbitrarios, corresponden a la falta de adopción de las medidas sanitarias necesarias y el deficiente manejo por parte de Gendarmería de Chile, del brote de coronavirus existente en el Complejo Penitenciario de Arica, circunstancias que vulnerarían las garantías reconocidas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República de la población penal actualmente recluida en los módulos C y D del establecimiento señalado.

Cuarto: Que, tal como lo establece el Decreto Supremo Nº 518 de 1998, del Ministerio de Justicia, que Aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, la administración y organización de los establecimientos penitenciarios es potestad de Gendarmería de Chile, y la actividad penitenciaria tendrá como fin primordial tanto la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, como la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas. Por su parte, el artículo 4° dispone que “La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, las leyes y sus reglamentos y las sentencias judiciales”. A su turno, el inciso segundo del artículo 5° establece que “La Administración Penitenciaria procurará la realización efectiva de los derechos humanos compatibles con la condición del interno”, y el artículo 6° del mismo cuerpo legal, estatuye que “Ningún interno será sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, de palabra u obra, ni será objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas del presente Reglamento”, para en su inciso tercero, disponer que “La Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos y permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal”.

Quinto: Que adicionalmente es preciso señalar, a propósito del estado de emergencia sanitaria que vive el país y el consecuente estado de catástrofe decretado por la autoridad competente, que como lo indica la Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la suspensión de garantías no debe exceder, la medida de lo estrictamente necesario para atender a la emergencia, resultando también ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción, aún dentro de la situación de excepcionalidad jurídica vigente”. En este sentido el profesor nombre reservado, Alcalá, sostiene que parece necesario establecer un control judicial de razonabilidad de las medidas adoptadas durante los estados de excepción constitucional. Agrega, que debe existir relaciones de causalidad y proporcionalidad entre la situación que motiva la medida y los fines que sirvieron para declarar el estado de excepción (Derechos fundamentales y garantías constitucionales, Cuarta Edición, Librotecnia, Santiago, Chile, Tomo I, Pag.236-237). De esta manera, la contingencia sanitaria que actualmente vive el país no puede entenderse, por sí sola, como justificación para la adopción de medidas que excedan los límites de lo razonable.

Sexto: Que, en relación con los hechos expuestos en el recurso y el respectivo informe, resulta atingente señalar que la Resolución Exenta 341, de 12 de mayo de 2020, del Ministerio de Salud, instruyó en su acápite V, sobre medidas de protección para poblaciones vulnerables, que Gendarmería de Chile adopte las medidas sanitarias que sean necesarias para evitar el contagio de la población penal.

En cumplimiento de dicho mandato, el Director Nacional del Servicio comunicó el “Plan de Acción Integral por Contingencia COVID-19”, mediante el Oficio Circular N°141/2020, compuesto por cinco etapas, estando las dos primeras de Planificación e Implementación ya realizadas, y estando en ejecución la etapa de Control Nivel 1, que dispone la difusión de medidas sanitarias, de funcionamiento operativo, de salud, de abastecimiento y logística que el instrumento refiere.

Particularmente, en el caso del Complejo Penitenciario de Arica y su situación actual, la Institución recurrida en su informe dio cuenta a esta Corte de una serie de procedimientos y medidas que se han implementado en relación a la contingencia sanitaria que afecta al establecimiento, por el brote de coronavirus que es de público conocimiento. En este sentido, informó que se dispuso la entrega diaria de materiales de protección -mascarillas, guantes, pecheras, cofias, protector facial, alcohol gel, cloro, amonio cuaternario- al personal y a todas las unidades de reclusión del Complejo, además de la sanitización constante de todos los módulos del recinto, contando a la fecha con un total de 198 internos inoculizados con la vacuna Pfizer. Agregó que se dispuso que el personal del área de salud del Complejo efectúe rondas por todas las unidades de reclusión atendiendo a la población penal que lo requiera, contando actualmente con un total de cuatro técnicos en enfermería de nivel superior del Ejército de Chile, quienes se encuentran apoyando en el área salud. Finalmente, en cuanto a los canales de comunicación entre el Complejo Penitenciario de Arica y los familiares de los internos, indicó que se dispusieron números telefónicos y correos electrónicos adicionales para que las personas puedan comunicarse, solicitar audiencias y realizar consultas, de lunes a viernes a contar de las 14:00 horas. Agregando en su informe complementario requerido por esta Corte como medida para mejor resolver, que Gendarmería de Chile ha dado cumplimiento al protocolo inicial para la reanudación de visitas presenciales y otras actividades en los establecimientos penitenciarios en pandemia COVID-19, establecido por Subdirección Operativa de Gendarmería de Chile, Unidad de Procedimientos Penitenciarios; Mesa Técnica COVID-19: Minsal-Seremi Salud Metropolitano- Colegio Médico-Departamento de Salud de Gendarmería de Chile.

Por otro lado en el referido informe complementario se indicó, que conforme a la cantidad de internos con brote de COVID-19, se dispuso que aquellos internos que vivían con los positivos, fueran categorizados como contactos estrechos, por ende, realizaron cuarentena en celda por un lapso de 14 días en conjunto, ya que, al tener contacto previo al examen, dichos internos negativos en cualquier momento posterior pueden arrojar positivo, ya que la carga viral es diferenciada por cada persona. Se agrega, que ese procedimiento se lleva a cabo bajo las instrucciones y supervisión de la SEREMI de Salud de Arica y Parinacota. Al efecto en esta materia, el Ministerio de Salud, informó a esta Corte, que existen dos protocolos que tienen aplicación en el presente caso, el de carácter general “Guía de la Estrategia Nacional de Testeo, trazabilidad y aislamiento COVID19”, y el segundo de aplicación particular el “Plan Nacional Covid-19 en Gendarmería de Chile”, y que corresponde a los que la recurrida señala haber aplicado, estableciéndose en dichos documentos que para los efectos del aislamiento de internos, se evaluara por la Unidad respectiva si el recinto destinado a cuarentena puede ser compartido con otros internos en la misma condición de contacto.

Las medidas precedentemente indicadas se corroboran con los documentos que fueron acompañados en el informe evacuado por Gendarmería de Chile, particularmente el informe elaborado por el área operativa del Complejo Penitenciario de Arica, que incluye el registro fotográfico de las directrices llevadas a efecto, esto es, la entrega de insumos sanitarios para la totalidad del recinto; el establecimiento de sectores de aislamiento; la difusión de medidas preventivas y de uso de elementos de protección personal a los funcionarios y a la población penal, especialmente en el área de alimentación y mantención; la disminución del flujo de visitas; la realización de reuniones de coordinación con personal de la SEREMI de Salud, Justicia y Ejército de Chile; el control de temperatura de toda persona que ingrese al recinto; la colaboración del personal médico del Ejército de Chile y el préstamo de ambulancia por la SEREMI de Salud; la restricción de traslados y salidas de la población penal, exceptuando las urgencias; la realización de audiencias ante tribunales mediante videoconferencia; el lavado y desinfección de vehículos de traslado de los internos; la fumigación en dependencias de los internos, tanto por personal de Gendarmería como de Bomberos; la instalación de dispensadores de alcohol gel y jabón en entradas de las dependencias del recinto; y el proceso de toma de PCR y reactivo de antígeno para la detección de internos contagiados. Asimismo, se acompañó copia del contrato de comodato celebrado entre el Servicio de Salud de Arica y la Dirección Regional de Gendarmería respecto de una ambulancia, derivado de la solicitud efectuada el pasado 23 de marzo, y la imperiosa necesidad de contar con dicho vehículo, considerando la contingencia sanitaria que afecta a las personas privadas de libertad del Complejo Penitenciario de Arica, con el fin de disponer el traslado de la población penal y funcionarios del establecimiento hacia el Hospital Regional.

Séptimo: Que, en este contexto, Gendarmería de Chile ha dado cuenta a esta Corte de las medidas de prevención y de control del brote de coronavirus que actualmente afecta a una parte de la población del recinto penitenciario, las que si bien no han podido impedir totalmente la propagación del virus en el recinto carcelario, sí han contribuido a su focalización y contención, impidiendo su difusión generalizada.

Octavo: Que, sin perjuicio que las acciones adoptadas por Gendarmería de Chile en cumplimiento de su obligación legal -descrita en los fundamentos anteriores- son plenamente conducentes con el objetivo dispuesto por la autoridad sanitaria conforme lo exige la emergencia sanitaria, lo cierto es que en lo referente a ciertas áreas que precisan los recurrentes, se observan deficiencias en la ejecución de las medidas dispuestas y en otras desproporcionalidad al restringir en exceso ciertos derechos de los reclusos, que no fueron limitados por la resolución judicial que ordenó la privación de libertad. En efecto, respecto de lo primero cabe señalar, que en relación al escaso acceso al agua potable, elemento imprescindible no solo para la debida higiene personal, sino también para el lavado de manos frecuente como mecanismo básico de prevención, no se entrega una respuesta para el abastecimiento adecuado de ese elemento tan esencial. Por otro lado, en lo que se refiere a la afectación de derechos, especialmente aquellos vinculados con las relaciones de familia, la disposición tan drástica como la prohibición de las visitas de los reclusos, sin implementar un sistema de comunicación y visitas fluido y ordenado, siendo público y notorio que existen diversos medios de interacción tecnológicas y medidas de seguridad que permitirían resguardar adecuadamente la salud de los involucrados, y respetar las medidas de distanciamiento estipuladas en el plan paso a paso de la autoridad sanitaria, resulta desproporcionado y por esa razón falto de razonabilidad.

Noveno: Que conforme a lo señalado en los motivos que anteceden, a juicio de esta Corte, las omisiones descritas en el motivo anterior, afectan los derechos consagrados en el artículo 19 N°1 y 2 de la Carta Fundamental, pues estas producen una amenaza a la salud de los amparados y una afectación en el trato igualitario en el ejercicio de los derechos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE ACOGE la acción constitucional de protección deducida por el Abogado Enzo Fabián Varens Álvarez, en favor de toda la población penal actualmente recluida en los módulos C y D, del Complejo Penitenciario de Arica, sólo en cuanto se dispone que la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, deberá gestionar las medidas necesarias que permitan una abastecimiento adecuado y constate de agua potable a los módulos C y D, del Complejo Penitenciario de Arica y la implementación de un plan de comunicación y visitas a los reclusos que incorpore las plataformas tecnológicas para las visitas a distancia y los protocolos para las visitas presenciales, las que se deberán adecuar a las distintas fases del plan paso a paso dispuesto por la autoridad sanitaria, respetando todas las medidas sanitarias preventivas decretadas por esta.

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, velará por el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes aludidas en el presente recurso, en especial en lo relativo a la sanitización y entrega periódica de elementos de protección personal a la población penal y funcionarios, y continuará arbitrando las medidas necesarias de aislamiento, tratamiento, inoculación y traslado de los internos en relación al COVID-19.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redactado por el Ministro Mauricio Silva Pizarro.

Rol N° 90-2021 Protección.

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