nombre reservado con SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Arica, veintiséis de abril de dos mil veintitrés.

VISTO:

nombre reservado, educadora de párvulos, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada en esta ciudad, y dedujo recurso de protección de sus garantías constitucionales en contra de la Subsecretaria de Educación, representada legalmente por el Subsecretario de Educación, señor Gabriel Bosque Toro que al dictar la Resolución Exenta N° 5012, de 20 de octubre de 2022 de manera ilegal y arbitraria conculcó sus garantías consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la resolución impugnada rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N° 2879 de 2022 de la Subsecretaría de Educación, que asignó tramos de desarrollo profesional docente a los profesionales de la educación regidos por el Título VI del Estatuto Docente y a aquellos a los que se refiere el Decreto con Fuerza de Ley N° 24 de 2017, del Ministerio de Educación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 Q) del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación.

Señala que como educadora de párvulos se desempeña en la Fundación Integra desde el año 2016, rindiendo la respectiva evaluación docente en el año 2021, advirtiendo al momento de revisar los resultados obtenidos en el portal de profesionales de la Educación Parvularia, un error en el cómputo de los bienios que sirven de base para acreditar su experiencia en el trabajo docente profesional, apareciendo únicamente un bienio, en circunstancias que debían registrarse dos, al mantener a esa fecha 5 años de trabajo en la Fundación Integra, error que afecta directamente las mejoras en su remuneración, por no cumplir el requisito para ser calificada en el tramo “avanzado” que le correspondía por tener dos bienios habiendo incrementado su remuneración mensual en $92.153.- Indica que acompañó a su recurso de reposición los contratos de trabajo que acreditan 5 años de experiencia en la Fundación Integra, pruebas de conocimientos específicos, portafolio y la constancia de inscripción a carrera docente, sin embargo mediante la resolución recurrida se rechazó su petición de reconocimiento de los dos bienios que le corresponden, en síntesis por no haber aportado antecedentes suficientes para desvirtuar lo resuelto.

Afirma que la recurrida se desentiende de manera flagrante de todos los antecedentes que se acompañaron como pruebas irrefutables que evidencian el error de Fundación Integra al registrar correctamente su experiencia de 5 años en dicha institución, cuestión que a su juicio se encuentra debidamente comprobada.

Pide que se ordene dejar sin efecto y anular la Resolución Exenta Nº 5012, de 20 de octubre de 2022, y en su lugar, disponer se dicte un acto administrativo que reconozca los dos bienios alegados y, consecuencialmente, se le encasille en el tramo “avanzado” de la carrera docente y que se realice el pago retroactivo de $92.153 pesos mensuales, desde finales del mes de julio hasta la fecha que corresponda. Además, pide que se ordene a la recurrida disponer una investigación que determine las responsabilidades en el error que ha afectado el correcto registro de su antigüedad laboral en Fundación Integra, con costas.

Informó en su oportunidad el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, solicitando el rechazo del presente recurso en atención que a su juico no existe actuación ilegal o arbitraria en su actuar, para lo cual transcribe en extenso el marco normativo aplicable en la especia y en cuanto al fondo del asunto sostiene que tan como se informó previamente a la recurrente a través de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota mediante Ord. N° 0086 de 31 de enero de 2023 de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de Arica y Parinacota, de acuerdo a los antecedentes entregados por el CPEIP que fueron considerados a la hora de resolver el recurso de reposición, respecto del único punto impugnado que dice relación con los bienios, sostiene que la recurrente únicamente acompañó para acreditar su vínculo contractual con la Fundación Integra desde el 7 de marzo de 2016, un contrato de trabajo suscrito el 7 de marzo de 2016 con una vigencia desde esa fecha hasta el 3 de junio del mismo año, es decir, acredita una relación contractual de 3 meses. Además, acompaña una actualización de contrato suscrita el 1 de marzo de 2021 que señala la existencia de un contrato anterior pero no se indica el período de vigencia de éste. Igualmente acompaña un anexo de contrato suscrito el 2 de mayo de 2022, que fija la vigencia desde el 22 de abril al 30 de junio, acreditando 2 meses y unos días y finalmente acompaña una actualización de contrato suscrita el 1 de marzo de 2021 que señala la existencia de un contrato anterior pero no se indica el período de vigencia de éste.

Conforme a lo indicado, sostiene que con la prueba acompañada no fue posible determinar la experiencia de la educadora y calcular de forma exacta la continuidad ininterrumpida de la profesional en la Fundación, siendo incompleta para refutar lo resuelto previamente, antecedentes que tampoco se acompañaron a este recurso.

Agrega que conforme lo dispone el artículo 8° del Decreto 106 de 2019 “corresponde al sostenedor informar los bienios de la educadora previa entrega de los antecedentes de la profesional” por lo que el CPEIP carece de competencia para verificar autónomamente la experiencia profesional de una educadora.

Finalmente informa que sin perjuicio de lo señalado, una vez que la Fundación Integra como sostenedor y empleador de la recurrente, ingrese los datos respectivos de forma completa en la plataforma, se podrá gestionar el pago retroactivo de lo que corresponda en el próximo proceso de acreditación de bienio contemplado para el mes de junio del presente año aproximadamente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie, el acto ilegal y arbitrario denunciado consiste en que la recurrida de manera ilegal y arbitraria no reconoció los dos bienios de antigüedad que benefician a la recurrente en el proceso de acreditación para optar al incremento de su remuneración en un monto de $92.153 mensuales.

CUARTO: Que, la recurrida en su informe concluye que no es posible dar por acreditado el vínculo contractual de manera ininterrumpida desde el año 2016 como alega la recurrente, pues analizando los antecedentes de prueba acompañados por la recurrente no dan cuenta de la situación contractual que alega, agregando que tampoco fueron acompañados en el presente recurso otros antecedentes que permitan desvirtuar lo ya resuelto.

QUINTO: Que, habiendo sido controvertido por la recurrida el presupuesto fáctico del arbitrio impetrado, corresponde analizar los antecedentes de prueba que permitan dar por acreditados los mismos. Al efecto, la recurrente a fin de acreditar la cuestión controvertida, que dice relación con su vínculo contractual acompañó un contrato de trabajo suscrito el 7 de marzo de 2016 con la Fundación Integra, con una vigencia de tres meses, hasta el 3 de junio del mismo año y un anexo de contrato suscrito el 5 de mayo de 2022, que da cuenta de la existencia de un contrato anterior, sin indicar detalles del mismo, y principalmente su periodo de vigencia, no siendo posible constatar que efectivamente haya existido un vínculo contractual ininterrumpido como alega la recurrente y consecuentemente con aquello que corresponda en la especie el reconocimiento de los dos bienios que pretende, por carecer de antecedentes que permitan resolver en tal sentido de manera fehaciente.

SEXTO: Que, en virtud lo indicado precedentemente, no se cumplen los presupuestos necesarios para que el presente recurso de protección pueda prosperar, debido a que no se está en presencia de hechos indubitados o indiscutidos, que afecten derechos que merezcan ser garantizados a través de éste recurso constitucional de carácter extraordinario y de urgencia, en consecuencia, a juicio de esta Corte, no se observa ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la recurrida, lo que obliga a desestimar el presente arbitrio constitucional, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Subsecretaria de Educación.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 9-2023 Protección.