nombre reservado con DIRECCION GENERAL CARABINEROS DE CHILE

Arica, quince de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Compareció Patricio Ignacio Tavali Pinto, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien comparece en favor de su cónyuge don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, funcionario público que se desempeña como Cabo Primero de Carabineros de Chile, e interpuso recurso de protección de garantías constitucionales en contra de Carabineros de Chile, representado legalmente por su Jefe de Zona General don nombre reservado, por emitir un acto de autoridad consistente en la ORDEN N° 312 de veinte de octubre de 2021, emanada de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros, la que dispuso su traslado a contar del dos de enero de dos mil veintidós, conculcando sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la resolución impugnada es arbitraria e ilegal debido a que contraviene la normativa constitucional, internacional y administrativa que protege a la familia, además la medida de traslado incumple los propios procedimientos que ha establecido Carabineros de Chile para dar curso al movimiento de su personal en relación a este bien jurídico tutelado que es de consideración obligatoria para la toma de sus decisiones.

Señala que la resolución afecta directamente al matrimonio y a la familia "nombre reservado - nombre reservado", poniendo en riesgo la armonía y unidad familiar que son una clara manifestación de la dignidad de la persona y de la integridad moral de sus integrantes.

Agrega que la recurrida omitió los procedimientos reglados dispuestos para poner en marcha un plan anual de destinaciones, afectando la publicidad y trasparencia de su procedimiento de movilidad del personal, ya que el funcionario agraviado no se adscribió a ninguno de los mecanismos afines para tales efectos, infringiendo el inciso segundo del artículo de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 19.880 y el principio de "Interdicción de arbitrariedad" que se ha auto impuesto directamente Carabineros consecuencialmente afectando el "principio de imparcialidad".

No discute que Carabineros de Chile posee una facultad legal para trasladar a su personal contenida en el artículo 31 de la Ley N° 18.961 y que posee un régimen diferenciado del resto de la Administración del Estado, derivado de su estructura jerárquica y disciplinada. Sin embargo, debe ceñirse estrictamente a su reglamentación contenida en el Manual de Traslados del Personal de Carabineros u Orden General N° 2707 del 13 de noviembre de 2019 en adelante "El Manual", y además de la reciente Orden General N° 2854 de fecha 02 de julio de 2021 que implementa el Manual del Sistema Automatizado de Traslados S.A.T. donde recae la responsabilidad de llenado de la base de datos a los jefes de unidades (jefe calificador directo) donde el encargado debe velar por la aplicación de criterios equitativos e imparciales incorporando información de carácter "personal, familiar y profesional" del personal que facilite la toma de decisiones respecto de las destinaciones".

Agrega que contrajo matrimonio con doña nombre reservado, se celebró en la ciudad de Arica, el 11 de febrero de 2016, y el 13 de febrero de 2018 nació su hijo nombre reservado, comparten una residencia habitual en la ciudad de Arica, específicamente en domicilio reservado, en la vivienda adquirida con el ánimo de residir permanentemente en la ciudad de Arica, la cual fue adquirida por la recurrente nombre reservado con un crédito hipotecario. Por lo señalado la decisión de Carabineros perturba y amenaza el ánimo de residencia en el hogar que comparten al disgregar al marido de la ciudad de Arica, así como las relaciones de familia entre sus integrantes, pero de gravedad adicional es la perturbación y amenaza que sufre la cónyuge recurrente, quien es empleada pública perteneciente a la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez "INTEGRA", donde presta labores de carácter indefinido desde el año 2014, a quien no se le ha solicitado por ningún acto administrativo o civil, su decisión de adscribirse a la destinación de su cónyuge, rechazando la decisión arbitraria por parte de Carabineros que afecta su calidad de mujer, su familia y su estabilidad laboral.

Sostiene que Carabineros de Chile ha instaurado un Manual para el Traslado de sus funcionarios, contenido en la Orden General N° 2707 y complementado por la Orden General N° 2854 que implementa el Manual del Sistema Automatizado de Traslados S.A.T. Dicho Manual, refiere que se adhiere a la normativa constitucional y legal vigente, para asegurar la equidad, transparencia y objetividad de sus procedimientos para asegurar la igualdad ante la ley. Dentro de los cánones que implementó Carabineros, se encuentra el numeral 2.4.2 los "Aspectos Personales", refiriendo ese numeral que corresponde a aquellos aspectos que, sin constituir elementos que incidan directamente en el desempeño laboral del personal, pudiesen afectar, indirectamente, su productividad e interés de cumplir con sus obligaciones, tales como: a) Trabajo y/o estudios del cónyuge o conviviente civil, además del estudio del personal o de sus hijos, y otras debidamente calificadas. Así, la Orden N° 312 que dispuso el traslado dista opuestamente de todo lo que pregona en su respectivas normativas específicas, debido a que no considero aspectos de trascendencia jurídica que son protegidos por el Estado como lo es la familia, afectando y perturbando el ánimo de residencia y del hogar común que posee su funcionario trasladado, también afectando la calidad de empleada pública de doña nombre reservado, su estabilidad laboral, su remuneración que se pueden ver afectada por el traslado de su marido, y más gravoso es la disgregación familiar que se genera por emitir un acto administrativo sin considerar normativa institucional expresa del numeral 2.4.2, letra a).

Agrega que acatar las órdenes y cumplir las destinaciones como obligaciones funcionarias pierden sustento, a pesar de estar en un sistema jerarquizado, ya que no eximen a Carabineros de Chile del imperativo de proteger y propender al fortalecimiento de la familia por ser el núcleo fundamental de la sociedad, incluso se desconoce cómo fue tomada la decisión del traslado, afectando a la publicidad y trasparencia de su procedimiento de movilidad.

Pide que se adopten todas las medidas necesarias y extraordinarias que permitan restablecer el equilibrio o imperio del derecho.

Informó en su oportunidad la recurrida, señalando que el Cabo 1° nombre reservado ingresó a las filas institucionales el 16 de enero de 2009, siendo su primera destinación la 18 Comisaría Arica. A contar del 16 de abril de 2018, fue destinado a la Tenencia Carreteras Arica de la 48 Comisaría Chacalluta, desempeñándose en dicha Unidad hasta la actualidad.

Indica que Mediante Orden N° 312 de veinte de octubre de 2021, la Dirección Nacional de Personal dispuso el traslado de distintos funcionarios, entre ellos el recurrente, a contar del 2 de enero de 2022, con los derechos reglamentarios, desde la citada Unidad, a la 28 Comisaría de la Prefectura Atacama N° 5. La mencionada Orden fue publicada en el Boletín Oficial N°4979 de 21de octubre de 2021, y el recurrente no interpuso un recurso de reconsideración dentro de los plazos reglamentarios, quedando a firme desde esa misma fecha.

Sostiene que la facultad de trasladar al personal institucional y los derechos que de ella emanan, se encuentran debidamente regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile, la cual resulta aplicable indistintamente al Personal de Nombramiento Supremo e institucional. Al respecto, el artículo 31 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que le corresponde solo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial, lo que se reafirma en el artículo 10 del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios, N° 9, al indicar que los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director, a través de la Dirección Nacional de Personal.

Agrega que La Orden General N° 2.707, de 13.11.2019, que aprobó el nuevo Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, tiene como finalidad definir, ordenar, regular, coordinar, resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, junto con establecer los procedimientos de rigor, mediante el cual, el General Director de Carabineros delegó la referida potestad en el Director Nacional de Personal. El referido manual determina en forma clara y precisa las políticas institucionales relativas a los traslados, mencionando entre otras consideraciones, que todo miembro de la Institución, de cualquier grado y escalafón, por el solo hecho de ingresar a la misma, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas a Carabineros de Chile por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, atendiendo a las necesidades del servicio. La anterior en atención al sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, destacándose la facultad que posee el órgano institucional competente para disponer los traslados que sean necesarios para el cumplimiento de los fines e intereses institucionales.

Afirma que la facultad de trasladar al personal de Carabineros de Chile, ha sido reafirmada mediante la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, señalando en sus Dictámenes N° 25.116, de 2014 y N°35.593, de 2016, entre otros, que solo la autoridad pertinente de Carabineros de Chile, es la que destina a sus empleados de acuerdo con las necesidades de la labor policial, por lo que se advierte que es esta la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de ordenar esa medida. Asimismo, el ente contralor ha sostenido en sus dictámenes N° 32.071 y N°4.181, ambos de 2017, que Carabineros de Chile, por razones de servicio, está facultado para trasladar a sus funcionarios a las distintas localidades del país, atribución que no puede verse limitada por la conveniencia de quienes son destinados, pues en su ejercicio debe primar el interés público por sobre el particular del servidor, toda vez que, el objetivo perseguido por esta medida es optimizar las tareas asignadas por la Constitución Política y las leyes a la Institución.

Señala que el traslado del Cabo 1° nombre reservado fue dispuesto por orden del Director Nacional de Personal, autoridad en la que se encuentra delegada la facultad de destinar al personal como aquel de la especie, es decir, de nombramiento institucional. Por otra parte, el funcionario pudo hacer uso de la instancia recursiva dentro del plazo de los 5 días siguientes a su notificación, a la luz de la normativa interna que rige tal materia ante el Mando competente, esto es, de aquellos contemplados en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en conformidad a lo dispuesto la Orden General N° 2.707, lo que no ocurrió en la especie.

Indica que además la Orden N° 312, de 20.10.2021, se encuentra plenamente fundada y el recurrente al integrarse voluntariamente a Carabineros de Chile, asumió el compromiso de prestar sus servicios en cualquier cargo o destinación, y al momento de adoptarse la decisión se ponderó las circunstancias personales invocadas en el recurso, las que no son óbice al ejercicio del traslado que impugna, por cuanto, el interés personal de los servidores debe supeditarse a las necesidades generales de la Institución.

Por otra parte, sostiene que en la especie no existe un derecho indubitado pues para que la actora promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas interpretaciones, el que -a juicio de la recurrente- sería la inamovilidad del cargo que actualmente desempeña en su Unidad de origen y la supuesta arbitrariedad de los actos administrativos que dispusieron el traslado de su cónyuge el Cabo 1° nombre reservado, por lo que aquello que pretende la recurrente, es obtener la declaración de un derecho del que no es poseedora, evidenciando la intención de tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que se trataría de un asunto de lato conocimiento.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la ORDEN N° 312 de veinte de octubre de 2021, emanada de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros, la que dispuso su traslado a contar del dos de enero de dos mil veintidós, conculcando sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, conforme a la normativa aplicable al efecto, en el Manual de Traslado para el Personal de Carabineros de Chile y en lo que importa a este recurso, el Capítulo II “Consideraciones Especiales para la Toma de Decisiones” en el punto 2.1, “DE LA OBLIGACION DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE” dispone: “que todo miembro de la Institución, por el hecho de ingresar a ella, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, a Carabineros de Chile, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y/o criterios establecidos en el presente manual.

Dicha obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, destacándose la facultad que posee el órgano institucional competente para disponer los traslados que sean necesarios para el cumplimiento de los fines e intereses institucionales.”.

QUINTO: Que, de la norma señalada en el motivo que antecede, se desprende que el funcionario de Carabineros de Chile en favor de quien se recurre, al momento de ingresar voluntariamente a la institución se obliga al cumplimento de las normas que rigen a la misma, y específicamente en cuanto a la materia recurrida, por la naturaleza de la función que sirve y el interés público prevaleciente, no es posible sostener que goce de una suerte de inamovilidad en el ejercicio de su cargo en la ciudad de Arica, por lo que el recurso de protección impetrado no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino más bien, que se reconozca judicialmente la existencia de este derecho, lo que es absolutamente ajeno a la finalidad propia del acción constitucional, cual es, constituir una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, derecho que en la especie, como se ha referido, aparece expresamente controvertido, lo que obliga a desestimar el presente recurso.

SEXTO: Que a mayor abundamiento el manual de Traslados para el personal de Carabineros de Chile, en su Capítulo Cuarto al referirse a los tiempos de permanencia en una destinación del personal institucional indica que los tiempos mínimos de permanencia conforme a la norma general, son en caso de los oficiales superiores y oficiales jefes un mínimo de dos años y máximo de cinco años, en caso de los oficiales subalternos un mínimo de tres años y máximo de seis años y el personal de nombramiento institucional un mínimo de cinco años y un máximo de diez años. En caso de las zonas de tratamiento económico especial, en consideración a la “gratificación de zona” considerara para aquellos lugares que, en el transcurso del tiempo, se han transformado en beneficios económicos y prerrogativas adicionales, los tiempos de permanencia para oficiales superiores y oficiales jefes contemplan un máximo de tres años y subalternos cuatro años. De lo anterior se infiere que los funcionarios policiales tienen una permanencia definida, y preestablecida en los lugares donde prestan servicios durante su carrera funcionaria, política institucional que es de carácter general, como lo demuestra la resolución recurrida donde se incluyen, además del cónyuge de la recurrente a un número significativo de funcionarios respecto los cuales se dispone su traslado, teniéndose presente además que el Cabo Primero nombre reservado, excedía con creces su destinación a la ciudad de Arica, de modo que esta Corte no observa una ilegalidad o arbitrariedad en la medida adoptada por la superioridad institucional respecto a su nueva destinación.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 878-2021 Protección.