nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Arica, veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Compareció Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, y dedujo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por conculcar con su actuar ilegal y arbitrario, la garantía fundamental consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que mediante la Resolución Exenta N° 116930, de siete de octubre del presente año, la recurrida rechazó la solicitud de permanencia definitiva y de visa de residencia respecto del recurrente, quien ingresó al país en calidad de residente temporario, por lo que el cuatro de febrero pasado y previo al vencimiento de su visa como residente temporario, solicitó el beneficio de permanencia definitiva. Agrega que el uno de octubre pagó los derechos para el otorgamiento de su beneficio de permanencia definitiva, siendo este un pre-requisito para que la autoridad migratoria se pronuncie sobre la solicitud ingresada, sin embargo, su solicitud fue finalmente rechazada por considerar que el recurrente carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social.

Indica que la recurrida no solicitó antecedentes adicionales durante la tramitación, avanzando a la etapa final de análisis resolutivo, lo que implica que la autoridad migratoria ha realizado una revisión exhaustiva de los documentos adjuntados, considerándolos como suficientes, pues no realizó reparo alguno durante el proceso.

Señala que la recurrida no debería invocar en la resolución como causal de rechazo, que el recurrente carece de recursos que le permitan vivir en Chile, sin antes haberle requerido antecedentes adicionales, que le permitiera acreditar su verdadera situación económica, a fin de poder desvirtuar esa falsa convicción, tomando en cuenta que, lo alegado no se corresponde con la realidad económica del recurrente, quien cuenta con suficientes recursos económicos, y a quien se le ha vulnerado su derecho, por no haberle indicado con anterioridad que existía una falta en su solicitud que debía subsanar, ni mucho menos se le otorgó un plazo específico para ello, conforme lo ordena el artículo 31 de le Ley N°19.880.

Sostiene que el recurrente cumple con todos los requisitos de Ley para el otorgamiento del beneficio migratorio de permanencia definitiva, ya que cuenta con suficientes recursos económicos que le permiten costear su residencia en el país, considerando que, posee un contrato de trabajo de carácter indefinido y con la misma empresa “GELATERIA DIMANGO LTDA” desde el uno de diciembre de dos mil veinte, hasta la actualidad. Aclara que el recurrente no registra pagos previsionales solo en los meses septiembre, octubre y noviembre de dos mil veinte, debido a la crisis económica que se derivó de la pandemia mundial, sin embargo, en el mes de diciembre de dos mil veinte retomó su trabajo, incluso con el mismo empleador y con quien se mantiene a la actualidad.

Alude a que la resolución que impugna es arbitraria, pues el recurrente ha seguido todas las instrucciones y procedimientos dispuestos por la legislación migratoria con respecto al beneficio solicitado, y aun así la recurrida se ha pronunciado sobre su solicitud fundamentando la decisión en motivos que no se corresponden con su realidad económica, pues de considerar que los documentos acompañados no eran suficientes para realizar la respectiva revisión documental, era el deber de la autoridad migratoria requerir antecedentes adicionales, otorgándole un plazo específico para presentarlos, todo lo cual no sucedió en el caso concreto, pues el recurrente en ningún momento tuvo la posibilidad de subsanar su solicitud, generando esto una situación de desigualdad frente a otros solicitantes del mismo beneficio a los cuales si les requieren complementar su solicitud.

Pide que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución impugnada y que se soliciten los antecedentes que sean necesarios al recurrente, con el propósito de realizar una nueva revisión documental de su solicitud, que permita a la autoridad migratoria tomar una decisión ajustada a la realidad.

Informó en su oportunidad el Departamento de Extranjería y Migración, señalando que mediante Resolución Exenta N° 3115 de fecha 16 de mayo de 2019 de la Gobernación Provincial de Arica, se otorgó permiso de residencia sujeta a contrato por un año a don nombre reservado, el cual estuvo vigente entre el trece de junio de dos mil diecinueve y trece de junio de dos mil veinte. El treinta de diciembre de dos mil diecinueve la Gobernación Provincial de Arica, otorgó visación temporaria por el plazo de un año, con vigencia entre el día cinco de febrero de dos mil veinte y cinco de febrero del presente año.

Agrega que conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Ley N° 1094, Ley de Extranjería, el recurrente solicitó permiso de permanencia definitiva el cuatro de febrero del año en curso. El recurrente interpuso recurso de protección Rol Nº735-2021 ante esta Iltma. Corte de Apelaciones, solicitando que este departamento se pronunciara sobre la solicitud de permiso de permanencia definitiva, el cual fue rechazado por Resolución Exenta N° 129.930 de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, otorgándose en subsidio una visa temporaria por un año, por no acreditar sustento económico suficiente ya que no cuenta con estabilidad económica durante el período de visación comprendido entre el cinco de febrero de dos mil veinte y cinco de febrero de dos mil veintiuno, dado que, según consta en la información plasmada en los certificados de cotizaciones remitidos, en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020 no registra pagos previsionales, por tanto carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social.

Agrega que el extranjero recurrente no ha estampado la visa temporaria otorgada y no presentó recursos administrativos en contra de la resolución que impugna, buscando con la interposición del presente recurso el otorgamiento del permiso de permanencia definitiva, pues la autoridad ya realizó una revisión documental y una decisión ajustada a la realidad y que además el otorgamiento de permisos de residencia es una facultad discrecional por parte de la autoridad, y no puede utilizarse la vía judicial, para solicitar que se otorgue un permiso de permanencia definitiva, cuando ya se analizó objetivamente la solicitud del extranjero, emitiendo la resolución que en derecho corresponde y plenamente fundada.

Finalmente y luego de citar en extenso las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario consiste en que la recurrida rechazó su solicitud de permanencia definitiva por considerar que el recurrente carece de recursos que le permitan vivir en Chile, sin haber requerido, previo a la resolución final, nuevos antecedentes de su situación económica, pues se contaba con aquellos correspondientes al periodo de visación otorgada y que eran los que se debían revisar. Agrega que la resolucion cuestionada en el recurso cuenta con fundamento y que éste es coherente con los antecedentes aportados por el peticionario, incurriendo en la causal de prohibición contemplada en el número 4 del artículo 15 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975.

CUARTO: Que, el artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094, dispone: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias”; y agrega la disposición: “Este permiso se otorgará por resolución del Ministerio del Interior”.

A su turno, los artículos 125 y 127 del Decreto Supremo N° 595, de 1984, del Ministerio del Interior, que contiene el Reglamento de Extranjería, prescriben, respectivamente las referencias mínimas que deben cumplir, entre otras, la solicitud de permanencia definitiva, señalando que deben contener, a lo menos, “1. Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil y domicilio; 2. Fecha y lugar de ingreso a Chile, con indicación del medio de transporte empleado; 3. Número y clase de documento de ingreso; 4. Condición de ingreso y de actual residencia, y 5. Motivos que sirven de fundamento a la petición”; así como los siguientes documentos que deben acompañarse a la misma, a saber: Certificado de antecedentes para fines especiales; dos últimas declaraciones de impuesto a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; pasaporte, y documento fundante de la petición.

Asimismo, el ya señalado artículo 127, agrega que podrá exigirse, según corresponda, “Contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas, autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de órdenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificaciones de empresas, entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso, y/o responsables de sus actividades en el país, etc.”; y también prescribe que, previo otorgar el permiso, el Ministerio del Interior verificará que el extranjero haya cumplido la inscripción establecida en el artículo 103, según corresponda, y podrá establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos, para todo lo cual, deberá dictar las instrucciones que sean necesarias.

QUINTO: Que, revisada la Resolución Exenta N° 129.930 de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que la autoridad recurrida resolvió la petición de permanencia definitiva del recurrente con un fundamento claro y preciso acorde a los parámetros que este último tiene dispuestos en la normativa que regula la solicitud de permanencia definitiva.

Lo dicho es concordante con lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto Ley N° 1.094, en atención a que pueden ser rechazadas las solicitudes que presenten, entre otros peticionarios: “(…) 4.- Los que por circunstancias ocurridas con posterioridad a su ingreso a Chile queden comprendidos en los N°s 4 ó 5 del artículo 15”, señalando el artículo 15 que: “Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: (...) 4.- Los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social”. Asimismo, el número 4 del artículo 138 del Decreto Supremo N° 597 de 1984, permite el rechazo de las solicitudes que se presenten por peticionarios que “por circunstancias ocurridas con posterioridad a su ingreso a Chile queden comprendidos en los N°s 4 ó 5 del artículo 26º”.

SEXTO: Que, de lo señalado en el motivo precedente, no se avizora ilegalidad en el acto impugnado, el que fue dictado por la autoridad competente, en ejercicio de sus facultades y con la debida fundamentación legal y reglamentaria, como se señaló, no siendo posible soslayar que el recurrente omitió la instancia de reclamo administrativo correspondiente, por lo que resulta improcedente subsanar por la vía jurisdiccional la omisión de las gestiones que corresponden al interesado y su oportuna diligencia.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la arbitrariedad reclamada, de los antecedentes expuestos, no es establecer que el proceder de la autoridad, desde que el rechazo en comento se basa precisamente en los antecedentes que hizo valer ante ella el solicitante de permanencia definitiva, aquí recurrente de protección, correspondientes al período pertinente a la visación y, de conformidad con los mismos, no es posible vislumbrar una decisión caprichosa ni derivada del azar, sino que apoyada en antecedentes que el propio interesado aportó. No hay en esa fundamentación alguna razón o conclusión obtenida en contra o al margen de las circunstancias laborales y previsionales que presentó el peticionario, para el periodo que correspondía analizar.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, el recurrente, en su calidad de aspirante a una autorización de permanencia definitiva no cuenta con un derecho indubitado y que sea susceptible de ser cautelado por la presente vía extraordinaria, sino que su otorgamiento es una mera expectativa sujeta al cumplimiento del estatuto migratorio y otorgado por la autoridad administrativa competente.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Rol N° 871-2021 Protección.