Protección contra XV Zona de Carabineros Arica y Parinacota representado legalmente por el General

Arica, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

El abogado Patricio Ricardo Sepúlveda Albornoz, en representación del Ex-Sargento 1º de Carabineros de Chile don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de la XV Zona de Carabineros Arica y Parinacota representado legalmente por el General de Carabineros Jefe de Zona, nombre reservado, quien de manera ilegal y arbitraria emitió el Dictamen N° 04074/2012/1, de 15 de julio del año en curso y notificado el 22 de octubre, mediante el cual aplica la medida disciplinaria de la “BAJA DE LAS FILAS DE LA INSTITUCIÓN, CON CONDUCTA MALA”, vulnerando con ello las garantías constitucionales, de los numerales 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que los hechos por los cuales se pronuncia el Dictamen que se reprocha como ilegal y arbitrario, corresponde a una supuesta infracción administrativa ocurrida el 30 de agosto de 2012, habiendo transcurrido a la fecha de la respectiva notificación 9 años, 1 mes y 22 días.

Indica que la investigación administrativa encuentra su origen en la pieza sumarial Documento Electrónico N.C.U. Nº 6775546 de 30 de agosto de 2012, en virtud del cual, el Prefecto de la época Coronel nombre reservado Montalva, dicta la Providencia Nº 1560 de 31 de agosto de 2012, a objeto de que se instruya una exhaustiva Investigación Administrativa, con la finalidad de aclarar la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos conforme a lo previsto en el Manual de Instrucción de Sumarios Administrativos, Primeras Diligencias e Investigación, anexo B/I Nº 451 de septiembre de 1995, estableciendo fehacientemente, la forma y circunstancias como ocurrieron los mismos, determinando las responsabilidades administrativa si procediere, otorgando un plazo hasta el 13 de Septiembre de 2012, siendo prorrogado en diversas oportunidades, siendo concedida la última hasta el 5 de noviembre de 2012.

Refiere que mediante la Orden de Sumario Nº 04074/2012/1 de 8 de noviembre de 2012, se ordena al Mayor nombre reservado, proceda a instruir un Sumario Administrativo tendiente a establecer que forma y circunstancias ocurrieron los hechos en que se vio involucrado, el Teniente nombre reservado de dotación de la Tercera Comisaría Arica, dependiente de la Prefectura Arica, situación ocurrida en la madrugada del día 30 de agosto del año 2012, donde además se vieron involucrados otros funcionarios de esa dotación, entre ellos, el recurrente, determinando responsabilidades administrativas si procediere, otorgando para ello el plazo reglamentario.

Expone que aceptado el cargo se continuó la tramitación del sumario con una dilación injustificada y con una serie de vicios que aparejaron su invalidación en reiteradas oportunidades, notificando el dictamen respectivo el 22 de octubre de 2021, es decir, después de más de 9 años de ocurridos los hechos.

Asevera que la orden y aceptación del cargo por parte del fiscal se materializó el 3 de septiembre de 2012, comenzando como una investigación sumaria, para luego derivarse a un Sumario Administrativo, y que el 23 de noviembre de 2012, el Mayor Salgado solicita prórroga cuando el plazo reglamentario estaba vencido, sin perjuicio de ello, se le concede prórroga hasta el 5 de diciembre y al día siguiente nuevamente solicita una prórroga cuando ya estaba vencido el plazo, sin que exista constancia en el sumario de que se le haya concedido aquella. Posteriormente el 12 de febrero de 2013 la orden de sumario fue aceptada para continuar con su tramitación por parte del Mayor nombre reservado, quien acepta el cargo, otorgándosele el plazo reglamentario y el 22 de febrero de 2013, solicita la prórroga correspondiente, efectuando estas peticiones en innumerables ocasiones posteriores.

Expresa que en cuanto al plazo establecido para la instrucción del sumario, el artículo 32 del Reglamento 15 de sumarios administrativos de Carabineros de Chile, estableced un plazo de diez días, y que empieza a regir desde el día siguiente al que es Fiscal reciba los antecedentes, el que no variará, aunque exista cambio de Fiscal, por lo que no resulta lógica la tardanza de 8 años, 10 meses y 14 días para emitir un dictamen, lo que resulta abiertamente ilegítimo y contrarios a los principios de eficacia y eficiencia administrativa, consagrados en diversas disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y que la jurisprudencia ha señalado como el decaimiento del procedimiento administrativo, que trae aparejada su extinción y pérdida de eficacia, y que ha sido aplicada al constatar el transcurso de un tiempo excesivo por parte de la Administración para la dictación de una resolución de término. Citando jurisprudencia al efecto.

Arguye que sin perjuicio de la procedencia del decaimiento administrativo, es dable hacer presente que a la fecha de la comisión de la supuesta falta, esto es, el 30 de agosto de 2012 y que con posterioridad se continuó con un Sumario Administrativo, el 8 de diciembre de 2012, fecha en la cual se encontraba plenamente vigente el artículo 20 del Reglamento de disciplina de Carabineros N° 11, establece que la facultad de castigar las faltas prescribe en el término de seis meses, contado desde la fecha en que se cometió la falta.

Argumenta que se ha vulnerado las garantías constitucionales del recurrente al mantenerlo sometido a un proceso administrativo más allá de cualquier plazo razonable, máxime si en razón de ello, se ha visto expuesto durante todos estos largos años a la incertidumbre del resultado del sumario, siendo citado en un principio a declarar como testigo para posteriormente y a más de 9 años de tramitación pase a tener la calidad de inculpado y en definitiva ser sancionado con la medida disciplinaria más gravosa, situación que lo llevó en definitiva a presentar el 18 de julio de 2018 mediante documento electrónico Nº 81721837, solicitud de retiro voluntario en carácter absoluto de la Institución, a contar del 11 de julio de 2018, con 25 años 11 meses de servicios efectivos en la Institución, la cual es concedida por medio de la Resolución Exenta Nº 297 de 30 de julio de 2018 y que hoy, a más de tres años de su retiro voluntario se le notifica el Dictamen por medio del cual se determina aplicar la sanción o medida disciplinaria de “Bajas de las Filas de la Institución Por Conducta Mala”, situación que hace aún más patente la afectación a las garantías constitucionales que denuncia como vulneradas.

Teniendo en consideración el recurrente solicitó su retiro voluntario, viendo disminuido sus ingresos económicos con esta decisión, esta se ve agravada con el Dictamen impugnado, porque viene afectar las garantías constitucionales de la libertad de trabajo y su protección y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, ya que de mantenerse esta arbitraria e ilegal medida disciplinaria aplicada, se vería impedido de continuar con su actual trabajo de Supervisor de Seguridad según contrato de trabajo celebrado con fecha 10 de enero de 2021, ya que conforme al Decreto 261 Exento que Aprueba Manual Operativo en Materias de Seguridad Privada del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 31 de julio de 2020, se vería legalmente impedido de ejercer este cargo.

Pide se acoja el presente recurso y ordene dejar sin efecto el Dictamen N° 04074/2012/1, de 15 de julio de 2021 y en consecuencia, se declare la terminación del sumario administrativo o procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes por aplicación de los artículos 14 inciso final y 40 inciso segundo de la Ley N°19.880.

Evacuando el informe respectivo por parte del recurrido, este solicita el rechazo del recurso y expone que de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N° 15, la pieza sumarial se ha tramitado de conformidad a las normas del debido proceso administrativo, respetando las diversas instancias de impugnación, precisando que el objetivo de aquel sumario fue establecer la forma en que ocurrieron los hechos en que se vieron involucrados diversos funcionario entre ellos el recurrente, y que tales defensas o alegaciones deben hacerse valer en sede administrativa, la que actualmente se encuentra pendiente y en tramitación.

Indica que en contra el dictamen que se pretende impugnar por esta vía, conforme el artículo 98 del Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15 procede el recurso de apelación ante el General Director de Carabineros.

Refiere que el recurso incoado carece de fundamento, toda vez que los argumentos para desvirtuar la medida disciplinaria se basa única y exclusivamente en el transcurso del tiempo, sin tener en consideración que existen distintas instancias de impugnación e invalidación ejercidas por los diversos inculpados y acogidas en instancias recursivas, las que deben ser probadas y sustentadas o bien desvirtuadas en sede administrativa y no judicial.

Sostiene que los antecedentes de hecho en que se fundamenta la decisión administrativa es haber declarado falsedades con el fin de distorsionar los hechos efectivamente acaecidos el 30 de agosto de 2012, al confeccionar el parte policial N° 3446, informando determinados hechos al Ministerio Público que faltan a la verdad, obstaculizando la investigación respecto del delito de robo de cosas en bienes nacionales de uso público y convertirlo de manera artificial en el delito de robo con intimidación entregando información carente de verdad y consecuentemente con ello que los imputados fueran formalizados por este último delito decretándose la prisión preventiva. Se pudo establecer con el avance de la investigación que los imputados tuvieron participación de un delito distinto, por lo que se condenó al recurrente en causa Rit 393-2017 por el delito de obstrucción a la investigación en calidad de autor.

Señala que el fundamento del Dictamen fue el incumplimiento de las obligaciones profesionales y funcionarias del recurrente, determinándose la responsabilidad que le asiste al ex funcionario, puesto que con su actuar y luego de una extensa tramitación administrativa se pudo establecer que se infringió lo estipulado en el artículo 22 N°3, letra d) y g) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, no beneficiándole atenuantes del artículo 33 y concurriendo en la especie las agravantes de responsabilidad de las letras a), c) e i) del cuerpo reglamentario citado.

Indica que el recurrente ha ejercido la instancia reglamentaria de recurso jerárquico de conformidad al artículo 94, la que se encuentra pendiente de conocimiento y resolución por el mando competente, haciendo valer las mismas alegaciones de la presente acción de protección.

En cuanto a las alegaciones del accionante señala que lo pretendido es la declaración del decaimiento del procedimiento administrativo, sobre la base del transcurso del tiempo, sin embargo de acuerdo a la jurisprudencia de la Contraloría General dela República ha precisado que salvo disposición legal expresa en contrario los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la administración no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo y que vencimiento no implica por sí mismo la caducidad o invalidación del acto respectivo; y respecto de los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, indica que lo protegido por el recurso es la permanencia en el cargo público mientras no se configure una causal legal de separación, por lo que el recurrente no detenta un derecho de propiedad sobre el cargo que desempeñaba.

Finalmente concluye que la resolución administrativa no obedece a un mero capricho sino que concurren las hipótesis del artículo 127 del reglamento de selección y ascensos del personal de Carabineros de Chile, por lo que pide desestimar el presente recurso por no existir un acto ilegal o arbitrario.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde al Dictamen N° 04074/2012/1, emitido por la recurrida el 15 de julio del año en curso y notificado el 22 de octubre de 2021, mediante el cual le aplicó la medida disciplinaria de “Baja de las filas de la institución, con conducta mala”, después de haber transcurrido más de nueve años de tramitación y tres años desde que se acogió a retiro voluntario de la Institución.

CUARTO: Que respecto de la improcedencia de este arbitrio alegado por la recurrida, esta Corte estima que en principio, la tramitación del sumario administrativo y los recurso jerárquicos en contra del dictamen reclamado, no es óbice para conocer de esta acción de cautela, sin perjuicio de lo que se resuelva en el fondo, se encuentra garantizada en el texto constitucional ante transgresiones a las garantías que se han esbozado en el mismo, sin excluir que contra tal acto sean procedentes otros arbitrios diferentes, por lo que se rechazará tal alegación.

QUINTO: Que, a juicio de esta Corte, no obstante que la relación estatutaria entre el recurrente y el recurrido se encuentra terminada por renuncia voluntaria del primero, la que fue aceptada por el segundo, no es menos cierto que el sumario administrativo que este último sigue en contra del reclamante no se encuentra concluido por un acto terminal ejecutoriado, toda vez que el recurrente interpuso un recurso jerárquico cuya decisión se encuentra aún pendiente, por lo tanto el acto imputado de ilegal y arbitrario constituye una eventualidad, y no uno cierto y determinado como requiere esta acción cautelar, y de cuya decisión depende igualmente el análisis del decaimiento del acto administrativo sostenido por la recurrente.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que el apoderado de la recurrida expresó en estrado que ante dos causales de término de relación estatutaria de marras, como podría acontecer en la especie, esto es, renuncia voluntaria y baja de las filas de la Institución por mala conducta, primaría la primera de ellas por haber sucedido con antelación a la segunda, apoyado en dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, escenario en el cual esta Corte se encuentra impedida de adoptar medida alguna a fin de restablecer el imperio del derecho, por lo que tampoco el presente arbitrio puede prosperar.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado Patricio Sepúlveda Albornoz, en representación de nombre reservado, en contra de la XV Zona de Carabineros Arica y Parinacota representado legalmente por el General de Carabineros Jefe de Zona, nombre reservado.

Se previene que el Fiscal Judicial, Juan Manuel Escobar Salas comparte la decisión adoptada a excepción de lo expuesto en el considerando sexto, por no existir seguridad en lo expuesto por el recurrido.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Rol N° 864-2021 Protección.