nombre reservado con GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ARICA

Arica, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece la abogada doña María Gabriela Gómez, en representación de don nombre reservado, agente de aduana, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Gobernación Provincial de Arica, representada por su Gobernadora doña Mirtha Patricia Arancibia Cruz, con domicilio en domicilio reservado, por haber vulnerado sus garantías constitucionales de los Nº 1°, 16°, 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente se desempeña como agente y auxiliar aduanero, viendo lesionados sus derechos fundamentales y obstaculizado el cumplimiento de sus funciones, dentro del Complejo Fronterizo de Chacalluta, por cuanto, la recurrida, quien es la autoridad a cargo del manejo de dicho Complejo, ha incurrido en conductas lesivas al haberse negando a conceder a los agentes aduaneros “la concesión del espacio físico necesario e imprescindible para que estos puedan cumplir con las funciones que le son propias”, debiendo desarrollar las misma bajo condiciones de precariedad extrema.

Indica que de acuerdo a lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 30, del Ministerio de Hacienda, que contiene la Ordenanza de Aduanas, en el artículo 195, señala: “El agente de aduana es un profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante el Servicio Nacional de Aduanas para prestar servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancías”.

Estos despachadores tendrán el carácter de ministros de fe en cuanto a que la Aduana podrá tener por cierto que los datos que registren en las declaraciones que formulen en los documentos de despacho pertinentes, incluso si se trata de una liquidación de gravámenes aduaneros, guardan conformidad con los antecedentes que legalmente les deben servir de base. Todo ello, sin perjuicio de la verificación que pueden practicar los funcionarios de Aduana, en cualquier momento, para cerciorarse de la corrección del atestado del despachador”.

Complementa, que el agente de aduana, presta servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancías y es el intermediario entre importadores, exportadores y la Aduana. La contratación de sus servicios es obligatoria para importaciones superiores a 1.000 dólares y exportaciones mayores de 2.000 dólares.

Arguye que los agentes de aduana, al ser auxiliares del Servicio Nacional de Aduanas, su función es la de colaboración con dicho servicio público, siendo su trabajo fundamental para el buen funcionamiento del Complejo Fronterizo de chacalluta. Agrega que su labor en el Complejo Fronterizo, consiste en la de coordinar la llegada de los camiones con mercadería objeto de importaciones o exportaciones, procedentes de distintos territorios y gestionar toda la documentación solicitada para estos efectos por el Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Aduanas y Servicio de Salud. Alude, que es necesario contar con personal permanente durante todo el día, encargado de esperar la llegada de los camiones y presentar dicha documentación pertinente a los distintos servicios.

Específica que el primer paso para el control de la mercancía, se realiza ante el Servicio Agrícola Ganadero, donde luego de efectuar el control respectivo, dicho servicio emite una serie de documentación electrónicamente (IPA, CDA), la cual debe ser impresa inmediatamente por los agentes aduaneros, para su presentación ante la aduana. Agrega, que en el caso de no contar con la impresión inmediata de la documentación se produciría una gran congestión y demora en la fiscalización de los camiones.

Indica, que la autoridad en un primer momento concedió a los agentes y auxiliares aduaneros, un pequeño espacio donde estos pudieran instalar las impresoras. Las condiciones de dicho espacio no fueron las más óptimas, a la intemperie, en un pequeño rincón, donde apenas podían colocar un pequeño escritorio. Lo descrito ocasionó que varios agentes aduaneros vieran comprometida su salud. Posteriormente, se les exigió abandonar el pequeño espacio cedido, indicándoseles que no eran funcionarios públicos, en consecuencia, no correspondía que dispusieran de un espacio dentro del Complejo Fronterizo de Chacalluta, obviando que los agentes aduaneros son auxiliares de un servicio público y por tanto imprescindible para el buen funcionamiento de la administración del estado, pues de lo contrario su cargo no hubiese sido creado por ley de no resultar fundamental.

Relata como medida urgente e improvisada, que el actor y los demás agentes aduaneros instalaron dentro de sus propios vehículos las impresoras, para de esta manera seguir colaborando con las fiscalizaciones que debían ser llevadas a cabo, siendo vulnerados sus derechos.

Menciona, que en virtud de lo indicado anteriormente, se realizó una presentación a la Gobernadora Provincial de Arica, solicitándole que les asignará de manera formal, un sector en la Complejo Fronterizo de Chacalluta para instalar un contenedor y oficina de “40 dry2, que ocuparía una superficie de 30 metros cuadrados (12 metros de largo por 2.5 metros de ancho). En donde podrían cumplir dignamente con su trabajo. No obstante esto, la Gobernadora de Arica, a través del Oficio Ordinario N° 671/2019, de 12 de agosto de 2019, se negó a efectuar dicha asignación de manera injustificada, lo cual afecta sus garantías constitucionales.

A juicio del actor el Oficio Ordinario Nº 671/2019, es ilegal y arbitrario por carecer de fundamentos jurídicos y fácticos, y por ser absolutamente insuficiente en sus motivaciones, lo cual afecta sus derechos fundamentales de los Nº1,16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, dejando sin efecto el oficio N° 671/2019, ordenando a la recurrida que les conceda a los agentes aduaneros un espacio físico donde puedan desempeñar dignamente sus funciones, con en costas.

Evacuando el informe solicitado por esta Corte de Apelaciones, la Gobernación Provincial de Arica, señaló, que no es posible acceder a lo solicitado por el recurrente, toda vez que existe un Acuerdo Marco para la implementación de Sistema de Control Integrado de cooperación para la Facilitación del Tránsito en los Pasos de Frontera Habilitados entre Chile y Perú, el cual indica en su Artículo 4°, que las funciones de control, orden y seguridad que se ejercerán en el Centro de Control Integrado de Frontera, por parte de la República de Chile son: el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones, el Servicio Agrícola y Ganadero, Carabineros de Chile, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Pesca, por lo que no corresponde asignar un sector específico a los Auxiliares de Aduana dentro del Complejo Fronterizo Chacalluta, citándose el Oficio Nº16.891 de 13 de diciembre de 2018, del Director Nacional de Aduanas, que se pronuncia respecto de las funciones de los auxiliares, agentes de aduana, y de su calidad jurídica respecto del Servicio Nacional de Aduanas y el Oficio Nº 40.191 de 24 de diciembre de 2018, del Jefe de Unidad de Pasos Fronterizos, el cual transmite lo informado por el Director Nacional de Aduanas, respecto a que los auxiliares de aduanas no son funcionarios dependientes de ese Servicio, por lo que no desarrollan funciones de control, orden y/o seguridad, y considerando lo indicado en el Acuerdo Marco, específicamente lo indicado en su artículo N° 4, que establece las instituciones chilenas que ejercen funciones de control al interior del Complejo, no correspondería asignarles un espacio al interior del recinto.

Señala, respecto de la legalidad del acto que se impugna, que la Gobernación ha actuado en conformidad a la normativa vigente y dentro del ámbito de sus competencias, en efecto el Decreto con Fuerza de Ley N° 22 que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República, establece en el artículo 26° letra e), que el Gobernador debe ejercer la vigilancia y cuidar de la conservación de los bienes del Estado, fiscales o nacionales de uso público, cuidar que se respeten en el uso a que están destinados y, en especial, impedir que se ocupen en todo o en parte, se realicen obras, se lleven a efecto resoluciones o se ejecuten otros actos que embaracen o perturben el uso común. Luego La Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, confirma lo anterior al disponer en su artículo 4°, que el Gobernador tendrá todas las funciones que el Intendente le delegue, así como también las que la ley le confiera de manera directa indicándose en la letra a) que debe ejercer las tareas de Gobierno Interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad pública de sus habitantes y bienes, para luego señalar la letra h), que debe “ejercer a vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el gobernador velará por el respeto al uso a que están destinadas, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”.

En virtud de las normas indicadas, el pronunciamiento de la recurrida no es ilegal, por cuanto, los agentes de adunas, no tienen motivo para estar al interior del Complejo Fronterizo Chacalluta. Tampoco sería arbitrario, toda vez que, se explicó con claridad el motivo o razón por la cual no se podía asignar espacio, lo cual radica en lo informado por el Director Nacional de Aduanas mediante el Oficio Ordinario N° 16.891/2018, y lo comunicado por el Jefe de Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, a lo cual se adiciona lo establecido en el Acuerdo Marco para la implementación de Sistema de Control Integrado.

Expone que se debe dejar en claro, que la actividad específica que le corresponde desarrollar a los agentes de aduana consiste en actuar como mandatarios de los particulares en las gestiones que éstos deben desarrollar ante los servicios públicos que intervienen en el comercio exterior. En el desempeño de esta actividad tienen el carácter de ministros de fe, solo para los efectos de otorgar copias autorizadas de los documentos que utilizan en sus despachos, testimonio de fe que sólo produce efectos respecto del Servicios de Aduanas. Pese a intervenir en una de las funciones estatales, dichos agentes no poseen la calidad de empleados públicos, salvo para los efectos de su responsabilidad criminal en términos del código penal y de la responsabilidad que emana de la comisión de infracciones y delitos aduaneros todo lo cual está amparado en los Artículos N° 195, 202 y 203 de la Ordenanza de Aduanas. En el caso de marras, la función de los auxiliares de las agencias de aduanas en el Complejo Fronterizo de Chacalluta solo se limita a que deben presentar las carpetas ya confeccionadas para proceder al retiro de las mercancías cuando el importador les haya instruido el trámite anticipado, dado que, también tienen la opción de ingresar sus cargas al puerto o a un almacén extraportuario para luego allí dar alguna destinación aduanera a las mercancías, debiendo la carpeta estar lista al momento de presentarse ante la Aduana en Chacalluta. A mayor abundamiento, es oportuno indicar que, en la actualidad, las operaciones son online, motivo por el cual no tendría por qué estar todo el día el agente aduanero al interior del Complejo, como lo relata en actor en su presentación, correspondiendo a los agentes aduaneros ver cómo y dónde imprimen la documentación cuando se les solicite.

Es por los motivos expuestos que solicita el rechazo del recurso, con costas.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer término que quien la interponga sea el que por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación a amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerandos que menciona a continuación. Esto es, exige que sea el titular del derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el caso que lo haga un tercero a nombre de otro, es este último el que debe detentar la calidad de personalmente afectado con la acción u omisión arbitraria o ilegal que lo motiva.

SEGUNDO: Que, a juicio del recurrente, la ilegalidad y arbitrariedad cometida por la recurrida, consiste en la respuesta que le entregó a través del Oficio Ordinario N° 671/2019, de 12 de agosto de 2019, en la cual no accedió a su a su petición de asignarle a los agentes de aduana, un espacio físico en el Complejo Fronterizo de Chacalluta para que realicen sus funciones.

TERCERO: Que, el Decreto con Fuerza de Ley N° 30, del Ministerio de Hacienda, que contiene la Ordenanza de Aduanas, en el artículo 195, señala: “El agente de aduana es un profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante el Servicio Nacional de Aduanas para prestar servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancías”.

Estos despachadores tendrán el carácter de ministros de fe en cuanto a que la Aduana podrá tener por cierto que los datos que registren en las declaraciones que formulen en los documentos de despacho pertinentes, incluso si se trata de una liquidación de gravámenes aduaneros, guardan conformidad con los antecedentes que legalmente les deben servir de base. Todo ello, sin perjuicio de la verificación que pueden practicar los funcionarios de Aduana, en cualquier momento, para cerciorarse de la corrección del atestado del despachador”.

CUARTO: Que, el Director Nacional de Aduanas, a través del Oficio Ordinario Nº16891, de 13 de diciembre de 2018, señaló: que los agentes de aduana, a pesar de intervenir en una función pública, no poseen la calidad de empleados públicos, salvo para los efectos de responsabilidad criminal en los términos del Código Penal y de la responsabilidad que emana de la comisión de infracciones y delitos aduaneros.

QUINTO: Que, en virtud de lo establecido en la norma transcrita anteriormente, y lo señalado por el Director Nacional de Aduanas, los agentes de aduana, no tienen la calidad de empleados públicos, prestado solamente funciones auxiliares en el contexto de una función pública, por lo que no existe la obligación por parte de la recurrida de proporcionar un espacio físico para que dichos agentes, desarrollen sus labores, en consecuencia, el acto que se recurre no es ilegal.

SEXTO: Que, cabe señalar, que el citado Oficio Ordinario Nº16891, tampoco es arbitrario, al encontrarse debidamente justificada la respuesta entregada al recurrente, fundamentándose en la imposibilidad de la Gobernación de entregar un espacio físico a quienes no detentan la calidad de funcionarios públicos, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por la abogada, doña María Gabriela Gómez, en representación de, don nombre reservado, en contra de la Gobernación Provincial de Arica.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 855-2019 Protección.

6