Protección contra Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior

Arica, diez de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Compareció doña nombre reservado, de nacionalidad Polaca, representada por el abogado Felipe Ignacio Concha Matus, y dedujo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por conculcar con su actuar ilegal y arbitrario, la garantía fundamental consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve ingresó al territorio nacional en calidad de turista junto a su pareja de nacionalidad chilena nombre reservado y el veintisiete de febrero de dos mil veinte, contrajeron matrimonio.

Indica que se encontraban de paso, sin embargo, producto de la pandemia por Covid-19, permanecieron en el territorio nacional y al vencer su visa de turista quedó en calidad de irregular, por lo que solicitó en el mes de febrero del año en curso visa para poder regularizar su situación, siendo rechazada en primer lugar por no adjuntar el certificado de nacimiento de su cónyuge, el que posteriormente acompañó reiterando la solicitud, siendo rechazada nuevamente por no contar con su certificado de antecedentes penales de la República de Polonia.

Señala que se comunicó con la embajada de Polonia en Chile, en donde se le indicó que la República de Polonia no proporciona de manera remota certificados de antecedentes penales, debiendo realizar el trámite de manera presencial. Sin embargo, el Departamento de Extranjería y Migración no ha proporcionado solución alguna a su caso, tomando en consideración que existe un vínculo matrimonial con un ciudadano Chileno.

Sostiene que sus garantías y derechos constitucionales resultan afectados por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido consistente en el excesivo tiempo de tramitación en que ha incurrido para dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva, habiendo transcurrido desde el veintitrés de febrero pasado hasta la fecha alrededor de ocho meses sin que la autoridad administrativa se pronuncie sobre la solicitud formulada por la recurrente.

Alude a lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, destacando el principio de celeridad y el de economía procedimental.

Pide que se ordene a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud de permanencia definitiva formulada, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Informó en su oportunidad el Departamento de Extranjería y Migración, señalando que no es el competente para resolver la solicitud presentada por la recurrente, correspondiendo informar al Señor Gobernador Provincial de Arica (Hoy delegación presidencial), en atención a que el dieciocho de agosto de dos mil veinte la extranjera solicitó visación sujeta a contrato, ante la Gobernación Provincial de Concepción.

Agrega que mediante correo electrónico de veintitrés de febrero del presente año dirigido al correo electrónico proporcionado por la recurrente (nombre reservado correo reservado) se le informó que su solicitud no fue acogida a trámite, debido a la falta de certificado de nacimiento del cónyuge chileno, certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil actualizado y la sanción por su permiso de turismo vencido, informándole además los pasos a seguir para regularizar su situación migratoria.

Finalmente indica que el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no es la autoridad migratoria competente para pronunciarse acerca de la solicitud señalada a través del recurso de protección interpuesto, siendo el señor Gobernador de la Provincia de Arica (hoy delegado presidencial), quien podría entregar otros antecedentes del caso, motivo por el cual pide el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario consiste en que la recurrida rechazó su solicitud de permanencia por no contar con su certificado de antecedentes penales de la República de Polonia, el que solo puede obtener de manera presencial en dicho país, sin dar solución a su situación a pesar de que contrajo matrimonio con un ciudadano chileno.

CUARTO: Que, la recurrida informó que no existe actuación ilegal o arbitraria del Servicio, dado que veintitrés de febrero del presente año remitió a la recurrente una comunicación electrónica informándole que su solicitud se solicitud no fue acogida a trámite por encontrarse incompleta informando los pasos a seguir. Asimismo agrega que no es el órgano competente para resolver el requerimiento de la recurrente pues esta efectuó una solicitud de visa sujeta a contrato de trabajo ante la Gobernación Provincial, actual Delegación Presidencial, organismo que debería informar en el presente recurso.

QUINTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos por el recurrente y el recurrido en su informe, se advierte que no se encuentra discutido el hecho que le fue solicitado al recurrente complementar la documentación necesaria para conocer de su solicitud. Sin embargo, a pesar de que la recurrente sostiene haber cumplido con tal exigencia, lo cierto es que no consta en el expediente que se haya acompañado ante el recurrido la documentación exigida para dar inicio a la tramitación de su solicitud.

SEXTO: Que, en cuanto a la exigencia por parte de la recurrida del certificado de antecedentes de la recurrente, que a su juicio constituye uno de los fundamentos de su recurso debido a la imposibilidad de obtenerlo de un modo diverso al presencial, situación a la que el Servicio denunciado no dio solución, no consta en nos antecedentes adjuntos que haya sido el Departamento de Extranjería y Migración el órgano que le requirió el referido certificado, máxime considerando que del correo electrónico acompañado a su informe por la recurrida, se advierte que doña nombre reservado fue informada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno que no envió debidamente la documentación requerida, consistente en el certificado de nacimiento de su cónyuge y certificado de matrimonio actualizado, además de tener que cumplir con la sanción producto del vencimiento de su permiso de turismo, indicándole asimismo, que debía volver a solicitar una cita para permiso de residencia en el portal www.extranjeria.gob.cl., de lo que se desprende que la recurrente no acompañó antecedentes que den cuenta de sus afirmaciones, por lo que no es posible constatar la efectividad de lo señalado y más allá de sus propios dichos, no es posible imputar el acto ilegal y arbitrario que se denuncia.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo señalado en los motivos que anteceden, a juicio de esta Corte, no se observa ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la recurrida, toda vez, que no se acreditó por la recurrente la efectividad de sus alegaciones, lo que obliga a desestimar el presente arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Rol N° 839-2021 Protección.