nombre reservado con HOSPITAL JUAN NOÉ CREVANI

Arica, a veintisiete de noviembre del año dos mil dieciocho.

VISTO:

1°.- Que, don nombre reservado, Run N° RUT reservado, Contador Público-Auditor, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del SERVICIO DE SALUD DE ARICA, representada por don nombre reservado, Director (S), ambos domiciliados en domicilio reservado° piso, solicitando se deje sin efecto la Resolución que puso término anticipado a su contrata, retrotrayendo sus efectos a la fecha de su notificación.

Señala que el 05 de junio de 2008 comenzó a trabajar para la recurrida en calidad de contrata como Jefe de Departamento de Auditoría, hasta el 15 de enero de 2014, cuando fue desvinculado; no obstante, continúa, cinco meses después volvió a ser contratado a partir del 16 de junio, contrato que se prorrogó ininterrumpidamente hasta ahora.

Refiere que el presente año estuvo con licencia médica desde el 16 de mayo al 06 de julio, que al volver al trabajo tuvo conocimiento que lo desvincularían y que para ello se buscaría una excusa, si bien no lo hicieron, le ofrecieron cambiarlo a honorarios, oferta que no aceptó. Precisa que hizo uso de sus vacaciones desde el 27 de julio al 17 de agosto, y luego volvió a presentar licencia médica desde el 20 de agosto al 28 de septiembre, volviendo al trabajo el 01 de octubre. Durante aquel período, refiere, tuvo conocimiento que la recurrida buscaba un reemplazante, ya que el 05 de agosto, apareció una publicación en el Diario La Estrella de Arica, llamando a concurso de antecedentes para su cargo, también en calidad contrata. El concurso, hasta la fecha, dice, no tiene resultados.

Expone que al volver al trabajo, el día 07 de octubre, se le notificó de la Resolución Exenta N° 44/752/2018, de fecha 01 de octubre de 2018, mediante la cual se puso término anticipado a su contrata, que según la parte resolutiva se motivó en que no son necesarios sus servicios, no obstante que en la parte considerativa se señalan una serie de hechos referidos a conductas reiteradas en el tiempo respecto de la falta de rendición de cuentas y saldos no devueltos, que implicaron un deficiente desempeño, además de otra serie de vulneraciones a las normas de la Contraloría, y de su responsabilidad en atención a su función.

Señala que la recurrida le imputa incumplimiento que no son efectivos, que no han sido esclarecidos y que tampoco son de su responsabilidad, que no existe investigación alguna tendiente a determinar la efectividad de los hechos, como tampoco existe sumario administrativo para determinar su responsabilidad en los mismos, lo que es suficiente para descartar las aseveraciones de la parte considerativa como fundamento del despido. Por otra parte, sostiene, siempre ha tenido buen desempeño, destacado en su trabajo; y en cuanto a sus últimas precalificaciones, se enteró que este año obtuvo nota 5.0, y no pudo ejercer su derecho a recurso ya que fue despedido.

En consecuencia, manifiesta, el acto recurrido carece de fundamentación y de motivación válidas, ambas razones por las cuales es ilegal y arbitrario y lo perjudica gravemente, trasgrediendo el principio de la confianza legítima de mantener sus condiciones laborales incluso más allá del 31 de diciembre de 2018, mientras no exista razón fáctica o legal que motive el término de la vinculación, dado que se desempeña desde hace 13 años.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas cita los numerales 2, 3, 16, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

2°.- Que, la parte recurrida, el Servicio de Salud de Arica, en su informe reconoce la relación laboral con el recurrente, en calidad de contrata, de la forma expuestas en el recurso, condición que se mantuvo hasta el 04 de octubre de 2018, en que se cursa el término anticipado de su contrata, cumpliendo hasta esa época funciones de Jefe del Departamento de Auditoría del Servicio.

Expresa que decidió efectuar un llamado de presentación de antecedentes para la contratación de un profesional en la Unidad de Auditoría y no en el cargo de Jefe de Auditoria, el que se encuentra en proceso de declararse desierto, y eso obedeció a las licencias médicas, y no podía dejar sin funcionamiento dicha unidad, ya que se requiere de un profesional en forma permanente, y el recurrente en el año 2018 presenta 129 días de ausentismo.

Señala que por Resolución Exenta Nº 44/752/2018, de fecha 01 de octubre de 2018, el Servicio dispuso el término anticipado de la designación a contrata del actor, registrada ante la Contraloría Regional con fecha 28 de septiembre de 2018, y en sus considerandos N° 1 a 9, se expresan los fundamentos y motivos que se tuvo a la vista para esa determinación; y, por tanto, no es un acto infundado puesto que se indican los hechos que generaron la decisión.

Manifiesta que la decisión está basada en el Ordinario N° 1815 de 10 de agosto de 2018 de la DISAM (sic), que solicita el informe de resultados de la Auditoría Financiera al cierre de los Programas de Atención Primaria suscritos entre el Servicio de Salud y la Municipalidad de Arica, de los años 2016 y 2017, en cuanto no ha recibido los resultados de los informes de salud no ejecutados para su respectiva devolución; y, al no haberse solicitado la devolución de los recursos por parte del Servicio de Salud de Arica, tiene como consecuencia infringir la Resolución N° 30 de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. Dice que esa responsabilidad es del Departamento de Auditoria, y se trata de recursos que debieron ser recuperados por el Servicio, y ello trae como consecuencia la responsabilidad directa del Jefe Superior del Servicio y por ello la gravedad de los hechos. Por dicha razón toma la decisión de terminar anticipadamente las funciones del Auditor, puesto que no veló por el resguardo de las funciones del Servicio, lo que trajo como consecuencia el mal funcionamiento que tenía Auditoria, siendo estos hechos considerados como graves por la autoridad.

Expresa que la Resolución de término anticipado de la contrata, también deja en evidencia otra cantidad de convenios de los cuales no se efectuó el informe final y por tanto no se tiene conocimiento de los recursos que la DISAM debe devolver, y que en síntesis se trata de 15 convenios el año 2015 por montos de $ 1.067.238.925.-; otros 5 convenios del año 2016 por $ 425.535.121.-; y, otros 18 convenios del año 2017 por $960.287.577.-; y este año por $890.096.972.- Señala que la Resolución impugnada además se funda en el mal desempeño del actor, ya que según el informe de desempeño y pre-calificaciones periodo 2017-2018, el recurrente obtuvo una nota final de 5.0. Actualmente el proceso calificación se encuentra en etapa de preparación de antecedentes para la notificación a los funcionarios.

Por último, informa que por Resolución Exenta N° 2038, de 22 de agosto de 2018, se ordenó instruir investigación sumaria por los hechos informados por la Dirección de Salud Municipal de Arica, el cual fue elevado a sumario y que actualmente se encuentra en etapa investigativa.

Concluye señalando que las facultades de la autoridad de decidir la no renovación o el término anticipado de los funcionarios bajo su dependencia siguen manteniéndose y no se han visto afectadas por los dictámenes relativos a la confianza legítima, sino que se establecen ciertos requisitos de forma y fondo para ejercer dichas facultades. Así, el Servicio, en estricto apego a ello cumplió cada uno de los requisitos establecidos en dichos dictámenes, a saber, los razonamientos y antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento conforme a los cuales se adoptó la decisión, plasmados en la Resolución impugnada.

3°.- Que, se tuvo por incorporada la Resolución Exenta N° 424/752/2018, del Servicio de Salud de Arica, de fecha 28 de septiembre de 2018, que puso término anticipado a la designación a contrata del recurrente, por no ser necesarios sus servicios, a contar de la total tramitación de ese acto administrativo, conforme se expresa en la parte resolutiva del mismo. En la parte considerativa del documento se expresa que la Dirección de Salud Municipal de Arica solicitó informe del resultado de la auditoría financiera al cierre de los Programas de Atención Primaria suscritos entre la Municipalidad y el Servicio de Salud, de los años 2016 y 2017, necesarios para requerir las respectivas devoluciones de los fondos por la Municipalidad al Servicio, que no fueron invertidos o ejecutados, y que debieron ser ingresados a las Rentas Generales de la Nación; asimismo, se expresa que no se puede transferir nuevos fondos sin esas rendiciones; y se agrega que dicho control correspondía al Auditor del Servicio, esto es, al recurrente. Se expresa que es exigible al funcionario un desempeño bajo el principio de probidad administrativa, una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal del cargo. Luego, se expresa que se pone término a la contrata por no ser necesarios sus servicios.

Consta de los antecedentes incorporados al recurso, que dicha Resolución se comunicó al recurrente el día 01 de octubre de 2018.

Asimismo, se agregó a los antecedentes la Resolución Exenta N° 1023, del Servicio de Salud de Arica, de fecha 14 de diciembre de 2017, que prorroga el nombramiento a contrata del recurrente, Grado 8°, entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y mientras fueran necesarios sus servicios.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, tiene por finalidad cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en los derechos y garantías constitucionales de quien lo deduce, y por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando aquellos son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros. En tal caso, la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte, y que se refiere como acto arbitrario o ilegal, es la Resolución Exenta Nº 424/752/2018, de 29 de septiembre de 2018, del Servicio de Salud de Arica, que dispuso el término anticipado de la designación a contrata del recurrente, por no ser necesarios sus servicios, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Auditoría de la Dirección del señalado Servicio de Salud, y que según el recurrente le priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3, 16, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, y como una precisión necesaria, es un hecho cierto que el recurrente se desempeñaba en calidad de contrata, Grado 8°, conforme consta de la Resolución Exenta N° 1023, ya relacionada, con vigencia entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y mientras fueran necesarios sus servicios, según se expresa en el referido acto de nombramiento.

En este orden de ideas, el propio recurrente expresa que se desempeñó para el Servicio de Salud de Arica como Jefe de Auditoría, circunstancia ratificada por la recurrida.

Sin embargo, el Tribunal desconoce cuáles fueron los trabajos, servicios o labores asignadas a aquel, ya que ninguna de las partes se refiere a ello, es decir, no se sabe qué tareas en específico debía cumplir en actor en el ejercicio del cargo de Jefe de Auditoría del Servicio de Salud.

De esta manera se detecta una falencia en el acto administrativo recurrido, en cuanto el fundamento del término anticipado de la contrata del actor, es precisamente que sus servicios no son necesarios para la recurrida. Para saber por qué no son necesarios esos servicios, previamente se ha debido conocer cuáles son esos servicios.

En este sentido, es la recurrida quien debió acreditar ante este Tribunal dicha circunstancia, esto es, los servicios prestados por el funcionario y por qué ya no le son necesarios, carga procesal que no cumplió.

TERCERO: Que, además, del análisis del acto administrativo impugnado, esto es, la Resolución Exenta N° 424/752/2018, del Servicio de Salud de Arica, de fecha 28 de septiembre de 2018, se constata que en la parte considerativa del documento, donde se contienen las razones o motivos que la originan, es decir, su fundamentación, se expresa que la Dirección de Salud Municipal de Arica solicitó informe del resultado de la auditoría financiera al cierre de los Programas de Atención Primaria suscritos entre la Municipalidad y el Servicio de Salud, de los años 2016 y 2017, necesarios para requerir las respectivas devoluciones de los fondos desde la Municipalidad al Servicio, que no fueron invertidos o ejecutados, y que debieron ser ingresados a las Rentas Generales de la Nación; asimismo, se señala que no se puede transferir nuevos fondos sin esas rendiciones; y se agrega que dicho control correspondía al Auditor del Servicio, esto es, al recurrente. Se dice que es exigible al funcionario un desempeño bajo el principio de probidad administrativa, una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal del cargo.

A ello se une las explicaciones que la recurrida entrega en su informe, donde refiere que la decisión de poner término anticipado a la contrata del recurrente, sobre la base de no ser necesarios sus servicios, está basada en la falta de informes de resultados de la auditoría financiera de los Programas de Atención Primaria del Servicio de Salud con la Municipalidad de Arica, de los años 2016 y 2017, referidos a aquellos no ejecutados, y que al no haberse solicitado la devolución de los recursos por parte del Servicio de Salud de Arica, se infringió la Resolución N° 30 de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. Manifiesta que esa responsabilidad es del Departamento de Auditoria, y se trata de recursos que debieron ser recuperados por el Servicio, y por eso la gravedad de los hechos. Por dicha razón, continúa, se tomó la decisión de terminar anticipadamente las funciones del Auditor, puesto que no veló por el resguardo de las funciones del Servicio, lo que trajo como consecuencia el mal funcionamiento que tenía Auditoria, siendo estos hechos considerados como graves por la autoridad. Agrega que existe otra cantidad de convenios de los cuales no se efectuó el informe final y por tanto no se tiene conocimiento de los recursos que se debe devolver, y que se trata de 15 convenios del año 2015, por monto de $ 1.067.238.925.-; otros 5 convenios del año 2016, por la suma de $ 425.535.121.-; otros 18 convenios del año 2017, por un total de $ 960.287.577.-; y este año por $ 890.096.972.- Señala, también, que la Resolución impugnada se fundamenta, además, en el mal desempeño del actor, ya que en la pre-calificación del periodo 2017-2018, éste obtuvo una nota final de 5.0; proceso de calificación que se encuentra en etapa de preparación de antecedentes para la notificación a los funcionarios.

En definitiva, la recurrida pone término a la designación a contrata del recurrente por su mal desempeño, por un trabajo deficiente y negligente, y además por estimar que ello redunda en una falta de probidad con el Servicio.

Tales fundamentos distan enormemente de aquello que se expresa en la parte resolutiva del acto administrativo recurrido, esto es, de no ser necesarios los servicios del funcionario recurrente.

Consecuentemente, concurre allí una dicotomía insalvable, una incongruencia entre aquello que es la motivación del término de la contrata, esto es, lo que la origina, con lo que se expresa como razón o motivo suficiente.

CUARTO: Que, se ha de tener presente que entre las partes existe una relación laboral sujeta a un estatuto especial, esto es, un conjunto de reglas legales que determinan el inicio, desarrollo y término de la misma, conforme precisa el artículo 1° del Código del Trabajo.

Dicha norma especial, es el Estatuto Administrativo, de la Ley N° 18.834, cuyo artículo 2° determina que las funciones propias del respectivo Servicio Público se desarrollarán por funcionarios de planta o a contrata; luego, el artículo 3°, expresa que cargo público es aquél que se contempla en las plantas o como empleos a contrata en los Servicios u Organismos Públicos, a través del cual se realiza una función administrativa; y, asimismo expresa que los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución. Conjuntamente, el artículo 10 dispone que los empleados a contrata duraran, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirven expiraran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley.

De la manera como el Estatuto Administrativo reglamenta la relación laboral entre los Servicios Públicos y los funcionarios a contrata, es posible precisar que tales trabajadores desarrollan una función propia del Servicios al cual pertenecen, y consecuentemente se trata de una labor permanente, constante; los funcionarios a contrata no desarrollan labores accidentales, o inespecíficas, o genéricas, sino determinadas por la propia función de dicho Servicio.

Además, la circunstancia que el nombramiento a contrata tenga una vigencia de un año, como máximo hasta el 31 de diciembre de cada anualidad, implica que desde el inicio de la misma se ha de determinar el período de duración de la relación laboral, puesto que en caso contrario la misma se debe entender extensiva hasta aquella fecha.

Corrobora la conclusión precedente el artículo 153 de dicho Estatuto, en cuanto dispone que el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones.

Consecuentemente, se trata de una vinculación transitoria, más no feble, ni precaria.

De consiguiente la expresión “mientras sea necesarios sus servicios”, es ajena a la normativa laboral-administrativa, en cuanto con ella se pretende entregar a la autoridad administrativa, esto es, el empleador, una facultad arbitraria en el sentido de dejar a su mera voluntad el término de la contrata, situación no contemplada en el Estatuto Administrativo de la Ley N° 18.834.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la autoridad administrativa puede poner término al nombramiento a contrata antes del vencimiento del plazo fijado en la designación, pero sólo a través de un acto administrativo fundado, y previa acreditación o comprobación de los fundamentos que originan esa decisión.

En este sentido, el Título V, de la Ley 18.884, o Estatuto Administrativo, en sus artículos 119 y siguientes, establece las reglas que deben seguirse para determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, incluyendo a aquellos designados a contrata; así el artículo 121, dispone como medidas disciplinarias de que pueden ser objetos estos funcionarios, entre otras, la destitución. Agrega que tales medidas se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. A su vez, el artículo 125, determina que la destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento, de poner término a los servicios de un funcionario; y, explica que ello procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. Asimismo, los artículos 126, 127 y 128, refieren que de estimare que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, el jefe del Servicio deberá ordenar por resolución la instrucción de una investigación sumaria, la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos, y la individualización de los responsables y su participación, si los hubiere, designando para tal efecto a un funcionario que actuará como investigador; y, si la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo exigiere, a juicio de la institución, se dispondrá la instrucción de un sumario administrativo. En este sentido, en el Título VI, del Estatuto, a propósito de la cesación de funciones, el artículo 146, se señala que el funcionario cesará en el cargo, entre otras causales, por destitución.

A ello se une el proceso de calificación anual al que están sujetos los funcionarios públicos, de planta o a contrata, y que permite su desvinculación del Servicio en caso de una mala ponderación, en los alcances del artículo 50 del Estatuto Administrativo.

SEXTO: Que, por tanto, y considerando que en la especie el Servicio de Salud de Arica, mediante la Resolución Exenta N° 424/752/2018, de fecha 28 de septiembre de 2018, puso término anticipado a la designación a contrata del recurrente, a contar de la total tramitación de ese acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios, conforme se expresa en la parte resolutiva del mismo, incurre en un acto ilegal y arbitrario, puesto que en realidad, que la verdadera razón o motivo de esa decisión es el deficiente desempeño del funcionario en el ejercicio de sus labores, en su negligencia, en sus descuidos, graves y reiterados, y sobre la base de ello, hace concluir la relación laboral que tenía como fecha de término el 31 de diciembre próximo.

En este sentido, y tal como ha quedado determinado en esta sentencia, ante los serios y graves incumplimientos, el Servicio no pudo dictar la referida Resolución, sino que estaba obligado a iniciar un sumario administrativo, y a través de éste determinar las responsabilidades del funcionario, y en ese procedimiento permitir a éste ejercer su derecho a defensa, reunir las pruebas pertinentes, y dictar una resolución fundamentada, la misma sujeta a los medios de impugnación legal.

Al efecto, la recurrida en su informe expresa que por Resolución N° 2038, de 22 de agosto de 2018, se ordenó instruir investigación sumaria por los hechos informados por la Dirección de Salud Municipal de Arica, el que fue elevado a sumario, conforme consta de la Resolución N° 2141, de 05 de septiembre último, incorporada a los antecedentes, actualmente en etapa de investigación.

Entonces, el Servicio de Salud, incurre en una infracción de la ley al disponer el término anticipado de la relación laboral con el funcionario recurrente, esto es, claramente una destitución, sin seguir el procedimiento administrativo dispuesto al efecto en la Ley N° 18.834; y, es arbitrario al expresar que se fundamenta en que ya no le son necesarios sus servicios, pero que en realidad se motiva en razones distintas, que debió acreditar fehacientemente, obligación que no ha cumplido.

SEPTIMO: Que, en cuanto a los derechos fundamentales lesionados, el recurrente expresa que se trata del de igualdad ante la ley; el del debido proceso; el de la libertad de trabajo y su protección; y, el de propiedad, reconocidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los N° 2, 3, 16 y 24, respectivamente. También plantea la vulneración al N° 26 del mismo artículo, que no está recogido en el artículo 20, por lo que resulta improcedente.

En este orden de ideas, en cuanto a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, del N° 2, del artículo 19, el recurrente no refiere cómo el acto administrativo impugnado contempla una distinción a su respecto en relación a otros funcionarios en situaciones similares; no explica cómo a su juicio existe una diferenciación entre su caso y otro que haya implicado a algún otro trabajador del Servicio. Esta falta de argumentación lleva a desestimar el recurso por esta motivación, puesto que no existe vulneración a la referida garantía de igualdad ante la ley.

Respecto de la garantía del debido proceso de ley, que el recurrente asocia al N° 3 del artículo 19, cabe señalar que no se trata de aquellas contempladas en el artículo 20 de la Constitución, ya que esta norma si bien se refiere al numeral 3° citado, pero sólo respecto de su inciso 5°, esto es, protege la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales sino por tribunales establecidos con anterioridad a la perpetración del hecho; en cambio la garantía del debido proceso, está contemplada en el inciso 6° del numeral 3°, circunstancia que lleva a desestimar el recurso sobre la base de este motivo.

En relación al derecho a la libertad de trabajo, del N° 16 del artículo 19, es necesario consignar que el acto administrativo no impide al recurrente el ejercicio de tal derecho, el de la libertad de iniciar cualquier tipo trabajo. La circunstancia que la recurrida pusiera término anticipado a la contrata del funcionario, no implica un atentado a tal derecho.

En cuanto al derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, de la Constitución, es posible establecer que el acto administrativo que dispuso la conclusión anticipada a la designación a contrata del recurrente, efectivamente afectó tal derecho, puesto que la vigencia de la relación laboral estatutaria, como se ha expresado, está fijada por ley hasta el día 31 de diciembre de 2018, y atendido que la recurrida no siguió el procedimiento legal respectivo para acreditar las imputaciones que formuló en contra del funcionario, y que le permitiría el término anticipado, ello ha implicado que atentó al producto de su trabajo, del cual es dueño, esto es, las remuneraciones que debía percibir por su labor hasta el término legal de sus servicios, ya sea por el vencimiento del plazo, o por la comprobación de conductas que permitieran el cese anticipado de la contrata, mediante el procedimiento administrativo respectivo, y en este caso, ninguna de tales circunstancias concurre.

Consecuentemente, se acogerá el recurso de protección por vulneración a este derecho.

Respecto de la alegación del actor de la doctrina de la confianza legítima, reconocida por los Tribunales de Justicia, y recogida por la Contraloría General de la República, a que se refiere el recurrente, se trata de una alegación del todo impertinente al caso de autos, puesto que ella está relacionada a la renovación de las designaciones a contrata, una vez concluidas por el vencimiento del plazo, situación que no concurre en este caso.

En consecuencia, en mérito de lo razonado y lo dispuesto en el artículo 19 N° 24, y artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, SE ACOGE el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Servicio de Salud de Arica, representada por Director (S), don nombre reservado, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 424/752/2018, de fecha 28 de septiembre de 2018, debiendo la recurrida reintegrar al recurrente a su cargo y labores habitales, y pagarle las remuneraciones devengadas desde la fecha de separación del servicio y hasta el término de la relación laboral que las une.

La decisión anterior, sin perjuicio de las facultades del Servicio de proceder conforme a derecho respecto de los hechos expuesto en la Resolución señalada.

II.- Que, no se condena en costas a la recurrida, conforme se ha razonado y expuesto en esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (I) don Fernando González Morales.

No firma el Ministro señor Pablo Zavala Fernández, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa por encontrarse en curso de la Academia Judicial en la ciudad de Santiago.

Rol N° 827-2018 Protección 10