nombre reservado con nombre reservado

Arica, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, e interpuso acción de protección de garantías constitucionales en contra de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio laboral en domicilio reservado, denunciando como ilegales y arbitrarios los actos de hostigamiento y discriminación desplegados por el recurrido en su contra, con vulneración de las garantías fundamentales previstas en los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su arbitrio constitucional señalando que con el recurrido comparten lugar de trabajo en una fábrica textil, y que desde hace un tiempo, éste comenzó a manifestar actitudes hostiles, emitiendo comentarios impertinentes cuyo único objeto es ridiculizar públicamente a la recurrente frente a otras personas. Precisa que dentro de los múltiples comentarios peyorativos y deshonrosos, están los que se fundan en su apariencia física, refiriéndose a ella como “guatona” o “gorda”; asimismo, el recurrido ha realizado comentarios ofensivos por las enfermedades de base de la recurrente, consistentes en diabetes e hipertensión.

Añade que el recurrido también ha emitido declaraciones respecto de su marido, quien falleció, manifestando que era un “fumón, alcohólico en situación de calle”, y que como grupo familiar tuvieron la culpa de su muerte. Además, han existido comentarios de odio contra los mapuches frente al resto de los colegas, a sabiendas de que ella pertenece a dicho pueblo originario.

Agrega que el 15 de octubre pasado, la recurrente llegó a su trabajo, dejó sus cosas y bajó al baño, instante en que su jefe la comenzó a llamar, a lo que el recurrido gritó desde el segundo piso “está cagando” en tono de mofa y con el fin de ridiculizarla, lo que le provocó una descompensación por lo fuerte del impacto e indignación, sufriendo un ataque de llanto y vómitos en el lugar, debiendo acudir al finalizar la jornada laboral a un servicio de salud por el cuadro de ansiedad y shock que presentó.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, invoca el derecho a la integridad física y psíquica, dado que las acciones del recurrido han afectado su psiquis y provocado un cuadro de ansiedad, depresión y descompensaciones. También alude a la igualdad ante la ley, en relación a la erradicación de toda forma de discriminación a las mujeres, y su derecho a la honra y honor.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando al recurrido que cesen de inmediato los actos y acciones de burla y discriminación, así como también ordenar el cese de los actos arbitrarios que impiden a la recurrente desarrollar una vida personal, familiar y profesional de manera adecuada, en especial, el cese de inmediato cualquier acto que pueda atentar en contra de la honra e integridad física y psíquica de la recurrente, o en subsidio, otorgar la protección que esta Corte estime pertinente, todo ello con expresa condenación en costas.

Informó en su oportunidad el recurrido nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por no haber incurrido en alguna acción u omisión arbitraria o ilegal que hubiere conculcado los derechos constitucionales de la recurrente. Manifiesta que los hechos expuestos en el recurso lo han sido en forma equívoca e imprecisa, y si bien reconoce que son compañeros de trabajo, no existe una mayor relación con la recurrente. Niega que su persona haya tratado en forma peyorativa o deshonrosa a la recurrente, dejándose ésta llevar por comentarios mal intencionados de otras personas del lugar de trabajo.

En cuanto a las declaraciones relativas al marido de la recurrente, aclara que sí se hizo un comentario, pero nunca referente a sus enfermedades o problemas de alcoholismo o drogadicción, sino a su situación de calle, todo esto al momento de pedir cooperación en el lugar de trabajo por la muerte de éste por una falla multiorgánica, insuficiencia respiratoria y neumonía ocurrida el 04 de enero de 2019. Hace presente que el marido de la recurrente, don nombre reservado, era conocido por su persona, dado que en más de una oportunidad se lo encontró pidiendo dinero en las calles de la ciudad.

En referencia a la supuesta discriminación por ser parte de la comunidad mapuche, afirma que no es real; lo único cierto es que se realizaron comentarios en un grupo de amigos en forma coloquial en el comedor del establecimiento laboral, hace tres o cuatro meses, y todo esto referente a los incidentes de incendios de unos camiones y cabañas en la Región de la Araucanía, no siendo dirigidos esos comentarios hacia la persona de la recurrente.

En relación al incidente ocurrido el 15 de octubre de 2021, asevera que no es efectivo que haya ocurrido tal como lo señala la recurrente; lo cierto es que se señaló que estaba en el baño, tal como se les ha dicho a otros compañeros de trabajo al ser llamados por el jefe, pero nunca con la intención de provocar mofa o ridiculizarla, calificando el hecho como una reacción sobrexagerada de la recurrente.

Por todo lo anterior, niega haber incurrido en alguna ilegalidad o arbitrariedad que atente en contra de las garantías expuestas en el recurso, añadiendo que el libelo es vago e impreciso en cuanto a la forma en que éstas se habrían conculcado, sin que el hecho de generarse rumores al interior de una empresa pueda tener una significación tan grave como para provocar una vulneración de garantías fundamentales, destacando que no se ha aportado prueba alguna que permita dar certeza de los hechos expuestos en el recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar del recurrido fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario correspondería a la emisión de una serie de comentarios proferidos por el recurrido en su contra de carácter peyorativo y humillante, relativos a su apariencia física, enfermedades de base, pertenencia al pueblo mapuche, así como también en contra del fallecido marido de la recurrente.

CUARTO: Que, por su parte, el recurrido ha negado haber emitido los referidos comentarios, precisando que no tiene mayor vínculo con la recurrente que el hecho de ser compañeros de trabajo, destacando la vaguedad e imprecisión del relato expuesto en el recurso, y reconociendo que, de haber realizado algún comentario, no fue en contra de la persona de la recurrente, su condición o grupo familiar, ni con el fin de atentar en contra de su dignidad.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes documentales aportados por la recurrente, valorados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es posible constatar la verosimilitud, al menos a un nivel indiciario, de la existencia de los comentarios peyorativos vertidos en su contra por el recurrido.

En efecto, dichos documentos permiten dar cuenta de un contexto en que ocurrieron los hechos denunciados, puesto que, tal como expone la recurrente, el pasado 15 de octubre sufrió una descompensación de salud que significó tener que concurrir el mismo día a un Servicio de Salud para obtener la atención médica adecuada, alteración física provocada por los dichos del recurrido, los que por su reiteración en el tiempo tuvieron la aptitud de generar en la recurrente un cuadro de ansiedad con la diversa sintomatología que se expresa en el Dato de Atención de Urgencia del SAPU Marco Carvajal Moreno de la misma fecha.

Asimismo, el memorando denominado “llamada de atención”, emitido por la gerente general de la empresa en que desempeñan funciones las partes, y dirigido al recurrido, data de tres días luego de acontecidos los hechos expresados precedentemente, y cuyo objeto fue llamarle la atención por su conducta, consistente en expresarse de mala forma respecto de un compañero de trabajo, circunstancia que permite presumir razonablemente que el ejercicio de la potestad disciplinaria del empleador guardó relación con los hechos acontecidos el pasado 15 de octubre.

SEXTO: Que, a la conclusión anterior no obsta el mérito de lo informado por el recurrido, quien si bien le otorga una connotación distinta a los hechos narrados en el recurso, sí reconoce que existieron comentarios emitidos por su parte, los que deben calificarse como arbitrarios, pues se sujetan a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón, y han importado la vulneración a las garantías constitucionales de integridad física y psíquica, así como la dignidad de la recurrente, razones suficientes para acoger el presente arbitrio constitucional y ordenar las medidas que se expresarán en lo resolutivo de esta sentencia.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de nombre reservado, sólo en cuanto se ordena al recurrido abstenerse en el futuro de emitir comentarios en contra de la recurrente relativos a su apariencia física, condiciones de salud, vida familiar, pueblo originario al que pertenece y todo otro susceptible de vulnerar su integridad física y psíquica, así como su dignidad. Asimismo, se ordena a Urioste y Razeto Ltda., empresa en que las partes desempeñan funciones laborales, arbitrar todas las medidas pertinentes para evitar y prevenir las conductas expuestas en el recurso en su rol de empleador, de acuerdo a las obligaciones impuestas en el Código del Trabajo.

II.- Déjase sin efecto la orden de no innovar decretada.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Iván Gardilcic Franulic, quien estuvo por rechazar la presente acción constitucional en virtud de los siguientes fundamentos:

Que, de acuerdo al mérito de lo expuesto por las partes y, especialmente, de los antecedentes acompañados por la recurrente, no resulta posible tener por acreditada la existencia y veracidad de los hechos denunciados en el recurso, su autoría e intención de la parte recurrida, de la manera aseverada por la recurrente.

Lo anterior por cuanto los documentos aportados, consistentes en copia del Dato de Atención de Urgencia del SAPU Marco Carvajal Moreno, de 15 de octubre del año en curso, y la copia de un memorando denominado “llamada de atención”, sólo permiten dar cuenta de que la recurrente concurrió al Servicio de Salud presentando labilidad emocional, cefalea holocraneal tipo punsátil, trastorno del sueño y que pasó una “rabia muy grande”, sin que en parte alguna del documento pueda vincularse la sintomatología descrita a la actividad que habría sido desplegada por el recurrido, mientras que el referido memorando de 18 de octubre pasado, si bien se dirige a éste, constituye únicamente un llamado de atención “respecto de su conducta consistente en expresarse de mala forma al referirse a un compañero de trabajo, lo cual no es apropiado”, sin que en el documento se aluda a la identidad de la recurrente, o se explique en qué habría consistido el “expresarse de mala forma”, de manera tal que, a juicio de este disidente, esta Corte se encontraría impedida de valorar y constatar con un grado de verosimilitud mínima las imputaciones expuestas en el recurso, sin perjuicio del ejercicio de otras acciones legales previstas en el ordenamiento jurídico en su favor.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 823-2021 Protección.