Protección contra Prefectura de Carabineros Arica N°1

Arica, diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

VISTO:

Compareció nombre reservado, en favor de nombre reservado, Cabo Primero de Carabineros, de la Tenencia de Carreteras, dependiente de la Cuarta Comisaría de Carabineros Chacalluta (F), cédula nacional de Identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpuso recurso de protección de garantías constitucionales en contra de La Prefectura de Carabineros Arica N°1, representada legalmente por su Prefecto Coronel de Carabineros don nombre reservado, por haber conculcado con su actuar ilegal y arbitrario las garantías fundamentales previstas en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Cabo Primero nombre reservado, fue notificado personalmente de la Resolución Exenta N° 04, de diecinueve de octubre de dos mil veinte, del Jefe de la Tenencia Carreteras Arica, Teniente nombre reservado, en la cual se le informa sanción disciplinaria consistente en “TRES DIAS DE ARRESTO” con servicio, debido a que el trece de octubre de dos mil veinte se efectuó revisión aleatoria a su casillero, que mantenía en dependencias de la Tenencia Carreteras Arica, encontrándole dos cartuchos .38 m.m. marca CBC, manifestando en dicho instante “Que los tenía almacenados de economía”. En razón de lo anterior, el personal del Departamento de Asuntos Internos procedió a su detención por posesión, tenencia o porte ilegal de munición, conforme a Parte N° 01 de catorce de octubre de dos mil veinte, remitido a la Fiscalía Militar Arica, señalando que había incurrido en la falta contemplada en el artículo 22, N°3, letra a) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, asistiéndole circunstancias atenuantes, indicadas en las letras a) del artículo 33 del citado texto reglamentario N° 11.

Agrega que el veintiséis de octubre el afectado presentó recurso jerárquico, el que no fue acogido, confirmando la medida disciplinaria, resolución respecto de la que dedujo recurso de apelación, el que fue resuelto por medio de la Resolución Exenta N° 123, de tres de marzo del presente año, que impugna mediante el presente recurso, ya que no se da lugar a los descargos formulados y además se modifica la medida disciplinaria aplicada en segunda instancia de “TRES DIAS DE ARRESTO”, con servicio, a “CINCO DÍAS DE ARRESTO” con servicio, sin ulterior recurso, por no haber aportado nuevos antecedentes que permitieran aminorar su responsabilidad respecto de los hechos por los cuales fue sancionado, sino por el contrario conforme a los antecedentes incorporados en autos, se encuentra debidamente demostrado la falta imputada, agravando además el hecho de haber infringido lo establecido en el artículo 86 del Decreto N° 83 que aprueba el Reglamento Complementario de la Ley 17.798.

Sostiene que las Resoluciones Exentas N° 04 y N° 90, no se encuentran debidamente motivadas, enumerando disposiciones reglamentarias presuntamente infringidas, pero no justificando de manera alguna las decisiones adoptadas por las autoridades con competencias disciplinarias. Los mismos vicios de ilegalidad y arbitrariedad, son consignados en la resolución impugnada en el presente recurso, correspondiente a la Resolución Exenta N° 123, de tres de marzo de dos mil veintiuno, existiendo, además una vulneración al principio de contradictoriedad, el que se desarrolla a nivel del ordenamiento legal y administrativo y del derecho a defensa.

Indica que el acto impugnado también afecta su derecho a la vida e integridad psíquica, debido a la justificada y evidente intranquilidad, angustia y estrés laboral por la excesiva presión que tiene lugar en el entorno de su trabajo, más aun el aumentar la sanción disciplinaria impuesta en un principio, implica pasar automáticamente de la Lista N° 2 de Satisfactorio a Lista N° 3, de Observación, poniendo en grave riesgo su estabilidad funcionaria en Carabineros de Chile. Asimismo, se afecta su derecho de igualdad ante la Ley, pues la resolución impugnada aparece como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual, no teniendo justificación racional o razonable para empeorar o agravar su situación, produciéndose un efecto contrario al perseguido, como lo fue, eliminar o aminorar la sanción propuesta y no mantenerla o ser objeto de nuevos cargos, agraviando con ello su situación administrativa. Al efecto cita fallo Rol N° 2018-2020 Recurso de Protección, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción y confirmado por Excelentísima Corte Suprema.

Agrega que el acto impugnado vulnera su derecho al respeto y protección de la vida privada y honra, en atención a que la potestad administrativa no es ilimitada y su ejercicio reconoce como límite el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y el abuso o exceso en su ejercicio está proscrito en virtud de lo establecido en el artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Igualmente se infringen las normas del debido proceso, en primer lugar, por carecer de motivación el acto administrativo, al no contener de forma detallada los cargos que se formulan, los que no se ven reflejados en la norma infringida ya que se imputa la falta administrativa contemplada en el artículo 22 N°3, letra a), pero sin realizar un razonamiento de cuáles serían los deberes reglamentarios infringidos. En tal sentido, para la imputación de responsabilidad disciplinaria, no basta con describir la conducta cuestionable, sino que, luego se debe efectuar un detalle de los deberes reglamentarios infringidos, razonando cómo con la conducta desplegada se infringe tal o cual deber funcionario y finalmente encuadrar la conducta infraccional, en alguna o algunas de las faltas establecidas en el Reglamento de Disciplina de Carabineros Nº11, todo lo cual no se observa en el procedimiento administrativo recurrido, irregularidad que además vulnera el derecho de defensa. En segundo lugar, por vulneración del principio de contradictoriedad, conforme al artículo 10 inciso 1° y 2° de la Ley N° 19.880, que contempla el derecho a defensa material, al no hacerse cargo la Resolución Exenta N° 123, de las alegaciones planteadas en el recurso de apelación. En tercer lugar, por vulneración del principio de independencia de las responsabilidades, siendo improcedente que para justificar el aumento de la sanción disciplinaría, se haga referencia a la infracción el artículo 86 del Decreto N° 83 que aprueba el Reglamento Complementario de la Ley N° 17.798, pues dicha figura corresponde a una conducta penal que se encuentra siendo investigada por la Fiscalía Militar de Arica, teniendo atribuciones disciplinarias la citada autoridad solamente para sancionar conductas que el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, que se consideren faltas, de acuerdo al criterio contenido en los Dictámenes N° 4588/2013 y 69190/2015, de la Contraloría General de la República.

Pide que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 123, de fecha tres de marzo de dos mil veintiuno, en la que se resolvió sancionar al Cabo Primero nombre reservado con “CINCO DIAS DE ARRESTO, por ser el acto ilegal y arbitrario, con costas del recurso.

Informó en su oportunidad la recurrida, señalando que de la revisión del expediente sancionatorio se constata que el proceso fue tramitado con apego a la normativa reglamentaria y que se ha ejercido la potestad disciplinaria de conformidad a lo señalado en el artículo Nº 35 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11. Agrega que la falta a la disciplina se encontraba demostrada, con los medios de prueba acompañados, mencionando que el referido funcionario infringió lo señalado en el artículo 22 Nº 3, letra a) del citado Reglamento de Disciplina Nº 11, concurriendo además, la circunstancia agravante de la letra i) del artículo Nº 33, del mismo cuerpo reglamentario, esto es, cometerla premeditadamente.

Sostiene que una vez analizada y ponderada en su debida forma las alegaciones formuladas por el Cabo Primero nombre reservado, en su escrito de apelación, las cuales eran similares a las alegadas en el recurso jerárquico, como asimismo, efectuando un análisis pormenorizado de las diversas actuaciones del proceso disciplinario, y tomando en cuenta además, que la conducta del referido funcionario, de mantener guardada en su roperillo, munición calibre .38 mm, marca CBC, sin percutar, la que según su propia declaración, fue obtenida ilegalmente después de una práctica de tiro, y que las guardó para efectos de economía, y por otro lado, que no mantiene un arma del tipo revolver, inscrita a su nombre ni tampoco registra la adquisición de munición autorizada ante la Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas, contrariando con ello la normativa legal aplicable y las diversas instrucciones impartidas al efecto por el Mando Institucional, haciéndolo con conocimiento de la prohibición sobre la materia, con todo lo cual, quedó demostrado que su conducta había sido con premeditación, configurando con ello, la circunstancia agravante contemplada en el artículo 33 letra i) del referido Reglamento, razón por la cual se decide elevar la primitiva sanción de tres días de arresto con servicio, a "Cinco días de arresto con servicios", sin ulterior recurso, haciendo presente que la circunstancia agravante mencionada, no fue aplicada en las instancias anteriores. Se notificó al funcionario de lo resuelto por el Prefecto de la Repartición, luego de lo cual la medida quedó a firme, cursándose las cuentas pertinentes y efectuándose las anotaciones procedentes en su Hoja de Vida funcionaria.

Agrega que la conducta imputada al recurrente constituye una directa transgresión a sus deberes y obligaciones funcionarias, tomando especialmente en cuenta, que con ello, además se configura un ilícito, consistente en posesión ilegal de munición, sin haberla registrado oportunamente ante la Autoridad Fiscalizadora conforme a la Ley de Control de Armas, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Castrense, cuyo proceso judicial se encuentra en etapa de investigación con diligencias pendientes.

Sostiene que en cada una de las instancias administrativas, se cumplió a cabalidad con la exigencia de describir la inconducta desplegada por el infractor y del cómo aquélla transgredió el deber funcionario, tipificando en debida forma la normativa reglamentaria infringida, consistente en lo normado en el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, artículo 22, Nº 3, "Contra el buen servicio: Letra a) "No cumplir con el debido interés los deberes policiales, profesionales o funcionarios, considerándose como agravante la circunstancia que con ello se contribuye a la comisión de hechos delictuosos”.

Indica que en cuanto a las facultades para elevar la sanción apelada, el artículo 28 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, permite al Jefe Resolutor, modificar la medida disciplinaria impuesta, lo que se entiende que puede rebajarla o en su defecto, elevarla a otra que no sea la baja de las Filas de la Institución, caso este último, que se deberá necesariamente instruir un sumario administrativo, atendiendo a la magnitud de dicha medida, por lo que, en cada una de las instancias, el afectado se vio enfrentado a la situación de que la medida disciplinaria aplicada en su contra, pudo confirmarse, modificarse o invalidarse.

En cuanto a la legalidad del acto impugnado, señala que este se sustentó en lo dispuesto en el artículo 36 la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.961, y en los artículos 1°, 2°, 3°, 12, 22, 25 Nº 3, 28 y 35 del Reglamento de Disciplina Nº 11, dejando expresa constancia, que no se aplica el Reglamento de Sumarios Administrativos Nº 15, por cuanto, la conducta sancionada fue observada por su jefatura directa, con lo cual, se releva de la instrucción de un proceso investigativo o sumarial.

En cuanto a las garantías fundamentales que el recurrente alega le fueron conculcadas, sostiene que no se vislumbra la forma y las circunstancias, de que el actuar del Mando de Repartición, haya afectado los derechos que se estiman violentados, por cuanto, en todo momento se actuó conforme a derecho, permitiendo que el Cabo Primero nombre reservado, tome conocimiento cierto del total del proceso administrativo llevado en su contra, como asimismo, se le permitió hacer valer sus derechos legales y reglamentarios, presentando las instancias impugnatorias en los momentos pertinentes, para lo cual se le concedieron los plazos y oportunidades para presentar una adecuada defensa, e incluso, en cada oportunidad se le hizo saber su derecho de presentar su defensa, asesorado a través del señor abogado Defensor Zonal Administrativo, profesional dependiente de la XV Zona de Carabineros, y que actúa con total y absoluta independencia. Asimismo, al momento de resolver cada una de las instancias recursivas, se analizó y ponderó adecuadamente sus presentaciones, decidiendo con estricto apego a la normativa aplicable en la especie, por lo que las referidas vulneraciones denunciadas no son efectivas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N° 123, de tres de marzo del presente año, que resuelve el recurso de apelación impetrado, mediante la que se aumenta la sanción originalmente impuesta, de tres a cinco días de arresto, con servicios, por carecer de motivación infringiendo los principios del debido proceso.

CUARTO: Que, conforme a la normativa aplicable al efecto, en lo que importa a este recurso, el artículo 36 inciso final de la Ley Orgánica en su dispone: El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle.”.

Por su parte artículo 12 del Reglamento de Disciplina N° 11, señala: “Cuando la falta se establezca fehacientemente por la observación de la jefatura con facultades disciplinarias, se requerirá explicaciones verbales al inculpado como trámite previo a la aplicación de una sanción. Igual procedimiento se verificará cuando el personal sea sorprendido en falta por un funcionario más antiguo y, por tal razón, sea pasado a presencia de su jefatura con facultades disciplinarias.”.

Asimismo, el artículo 22 N° 3, relativo a las Faltas contra el Buen Servicio, en su letra a) establece: “No cumplir con el debido interés los deberes policiales, profesionales o funcionarios, considerándose como agravante la circunstancia que con ello se contribuye a la comisión de hechos delictuosos.”.

A su turno, el artículo 23 que regula las sanciones disciplinarias, en el N° 2 letra c) estatuye: “c) Arresto hasta de treinta (30) días;”.

Además, el artículo 28, refiere: “Los Jefes directos del sancionador podrán confirmar, modificar o invalidar las sanciones que hubieren impuesto sus subordinados cuando circunstancias justificadas así lo aconsejen o se compruebe fehacientemente, con nuevos antecedentes, que se ha cometido algún error o injusticia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 40 y 41 del presente Reglamento.”.

Finalmente, el artículo 33 establece: “La aplicación de las sanciones disciplinarias se hará tomando en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran a la ejecución de la falta.”.

QUINTO: Que, no habiendo sido discutida la existencia de los hechos que fundan la infracción, resta determinar, conforme a lo exigido en el citado artículo 28 del Reglamento N°11, para confirmar, modificar o invalidar las sanciones que hubieren impuesto sus subordinados, si existe alguna circunstancia justificada que así lo aconseje o se compruebe fehacientemente, con nuevos antecedentes, que se ha cometido algún error o injusticia.

SEXTO: Que si bien el artículo 33 del Reglamento faculta al momento de aplicar las sanciones tener en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes que concurran en el caso concreto, no es menos cierto que en la especie la parte recurrida consideró la agravante establecida en el artículo 22 N° 3 letra a) del mismo cuerpo normativo con posterioridad a haber aplicado la sanción primitiva y solo con ocasión de la interposición del recurso de apelación por el recurrente, situación que se aparta de los principios que informan el derecho sancionador, que rige a los funcionarios de Carabineros, toda vez que tal agravante debió haber sido considerada en la oportunidad legal respectiva, esto es, con anterioridad a la aplicación de la primitiva sanción; de modo que al haberlo hecho en la forma anteriormente referida tal actuación vulnera el derecho de igualdad ante la ley que en tanto funcionario público le asiste determinándose de esta forma una sanción de carácter arbitraria.

SEPTIMO: Que, para decidir en el sentido anteriormente explicitado esta Corte tuvo en consideración que nuestra legislación procesal penal en el artículo 360 contempla la prohibición de la “reformatio in peius”, es decir, que el recurrente vea empeorada o agravada la situación contemplada en la resolución impugnada produciéndose un efecto contrario al perseguido, cuestión que de acuerdo a los antecedentes adjuntos el recurso ocurre en la especie, pues se apela por el recurrente de la resolución que aplicó la sanción de tres días de arresto, con servicio, con el fin de eliminar o aminorar la misma, sin embargo, la resolución impugnada aumenta los días de arresto de tres a cinco, lo que evidentemente significa una agravación de su sanción, correspondiendo hacer extensiva la referida institución al derecho administrativo, atendido las características comunes que revisten ambas ramas del derecho, especialmente en cuanto a la punibilidad en los delitos como en las sanciones administrativas.

OCTAVO: Que, la inaplicación de la prohibición de “reformatio in peius” limita el derecho al recurso y el de defensa, por verse el afectado frente a la posibilidad de no recurrir aunque considere agravante la resolución, debido al riesgo que le significa el ejercicio de esa facultad, pudiendo verse perjudicado con una sanción mayor a la que impugna, es decir, su situación procesal se ve empeorada, situación que ocurrió en la especie; por lo referido, la prohibición de la reformatio in peius tiene como finalidad el resguardo del derecho al recurso y de defensa, como integrante del debido proceso, motivo por el cual la resolución recurrida devino en arbitraria.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en favor de nombre reservado y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 123, de tres de marzo del presente año, debiendo ejecutarse la sanción como originalmente se dispuso, esto es, tres días de arresto con servicio.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 82-2021 Protección.