Protección contra Lidia Ortuño Arce

Arica, ocho de octubre de dos mil diecinueve.

VISTO Don nombre reservado, abogado jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de Arica, domiciliado en domicilio reservado, dedujo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de Lidia Ortuño Arce, abogada e investigadora nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de su empleador la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta, representada legalmente por su Directora General Carolina Fernández Alvear, abogada, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra del Director Regional de Arica y Parinacota de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta, don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado.

Señala que hace más de diecisiete años ejerce su cargo de abogado jefe mediante modalidad de contrato indefinido, pese a lo cual, como invariablemente ha sostenido la Contraloría General de la República tiene la calidad de funcionario público al que no se le aplica el Estatuto Administrativo.

Sostiene que el Director Regional de Arica y Parinacota de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta, don nombre reservado, consideró como grave que una funcionaria de la Corporación hubiese concurrido sin autorización previa a una audiencia de familia patrocinando una causa de manera particular, denunciando el hecho a doña Carolina Fernández Alvear, quien mediante Resolución Exenta N° 987/2019, designó como investigadora a la abogada Lidia Ortuño Arce, quien formuló cargos en contra del recurrente el 29 de julio de 2019, Argumenta que dicho acto administrativo ha vulnerado el derecho al debido proceso y el reglamento interno de la CAJTA, específicamente los artículos 101, 102, 103 y 107, que no se han cumplido los plazos y que no se le han notificado los cargos en su calidad de denunciado, lo que le ha impedido solicitar la remoción de la señora nombre reservado como investigadora.

Principalmente en tal sentido, relata que ha declarado como testigo sin la prevención que existía una investigación en su contra, lo que vulnera su derecho a un debido y racional procedimiento al negársele el derecho a auto incriminarse.

Aclara que los procedimientos administrativos para perseguir la responsabilidad de los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial no son sumarios administrativos, sino que deben aplicarse las normas del Reglamento Interno de la propia CAJTA.

Estima que son tantas las anomalías del procedimiento, al dirigirse en un principio en contra de otra trabajadora y no en su contra, que nos encontramos frente a un notorio desconocimiento de derecho, amén de la perturbación del ambiente laboral en la institución, que lo ha distraído de sus obligaciones, desconociéndose, incluso, que la investigación debe suspenderse en caso de licencia médica del investigado, encontrándose él con reposo entre los días 9 al 30 de agosto pasado.

En síntesis, y considerando que es arbitraria e ilegal la resolución que le formuló cargos, y vulnera la garantía del debido proceso, pide acoger el recurso de protección y ordenar, en general, a los recurridos paralizar toda investigación sumaria y/o cargos formulados en su contra, se eliminen todas las menciones a su persona que se encuentren en los archivos de la Dirección Regional de Arica de la CAJTA y de la Dirección General que digan relación con el Ord. 042/2019 de 10 de abril del año en curso, y que diga relación con los hechos denunciados o con la causa RIT 3460-2016 del Juzgado de Familia de Arica, que motivó la Resolución Exenta N° 987/2019 de la Directora Regional, y que se ordene a la investigadora paralizar la investigación sumaria, y/o formulación de cargos en contra del actor, y, toda otra medida que conforme el mérito del proceso se estime conveniente para la restitución de los derechos constitucionales, todo lo anterior con costas.

Que, evacuando informe en su oportunidad, señala el recurrido Subdirector Jurídico de Arica y Parinacota de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta, don nombre reservado, que el vínculo entre el recurrente y la Corporación se rige por las disposiciones de su contrato de Trabajo, el reglamento Interno, el Código del Trabajo y las demás normas de orden legal o reglamentaria dictada en el ámbito laboral y previsional.

Añade que el 10 de abril pasado, el mismo solicitó a la Directora General de le CAJTA la instrucción de una investigación sumaria, a consecuencia de una denuncia y solicitud de la Contraloría General de la República, derivada de una denuncia con reserva de identidad cuya materia era falta a la probidad, en que se reprocha el patrocinio de causa particular patrocinada por la misma CAJTA y que el abogado de la contraparte no lo denuncie, detallando la causa de que se trata, uso del tiempo empleado y corresponder a jornada de trabajo.

Detalla las normas del reglamento interno que describen las prohibiciones en la materia, esto es, el patrocinio en causas particulares y as excepciones a la misma, y los permisos.

Debido a la denuncia y atendiendo a la misma, este recurrido informa que pidió a las unidades que tramitan causas de familia información relativa a aquélla en cuestión, respondiendo respecto de su unidad el recurrente nombre reservado, que fue efectivamente patrocinada por el Consultorio Jurídico a su cargo, por un abogado ue ya no presta servicios allí, que a carpeta física se encuentra archivada y que se encuentra en imposibilidad legal de remitirla salvo expresa autorización de la usuaria, atendida la materia allí ventilada.

Con esos antecedentes, se instruyó la respectiva investigación sumaria, en contra de los funcionarios involucrados, conforme lo hechos denunciados, en cumplimiento de su propia obligación contractual de velar por el cumplimiento de la ética profesional, entre otras que detalla, íntimamente relacionadas con las causales de prohibición, las que también detalla, de asumir patrocinios en causas particulares, y de causas que patrocina la Corporación, salvas las excepciones detalladas en el reglamento y en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, principalmente en sus normas que establecen la probidad administrativa, inhabilidades administrativas e incompatibilidades administrativas.

Ante la gravedad de los hechos denunciados y la irregularidad de la respuesta, se elevaron los antecedentes a la Directora General de la CAJTA la que estimó que los hechos ameritaban ser investigados, ordenando instruir investigación sumaria. Tanto para investigar el mentado patrocinio en la causa de familia que se individualiza, como la determinación de la responsabilidad de la jefatura jerárquica directa, designándose como investigadora a la abogada Jefe de Unidad Móvil de Arica, conforme el reglamento interno.

Señala que elevó los antecedentes a la Dirección General ante el hecho de que una funcionaria patrocine causas privadas, que es una falta grave, y que la respuesta evacuada por parte del recurrente ante tal situación fue inadecuada ante la total negativa de aquel de aportar información, enmarcándose su actuar dentro de lo que el propio recurrente estima ajustado a derecho conforme su acotada actuación en los hechos que fundaron el recurso, y que jamás se vulneró el debido proceso.

Que evacuando informe en su oportunidad señala la recurrida Lidia Ortuño Arce, en su calidad de investigadora, que, recibida la orden de conducirla, ésta o estaba dirigida respecto de una persona en específico, sino que tenía el carácter de genérica o indeterminada.

Describe someramente el procedimiento de instrucción, detallando que requirió la comparecencia de varios funcionarios para recabar antecedentes sobre los hechos investigados, entre ellos el recurrente, a quien se notificó la resolución que dispuso su comparecencia, el acta de notificación, y copia de la resolución que dispuso el inicio de la investigación y su designación como investigadora.

Cerrada la investigación formuló cargos, en contra del recurrente y de otra funcionaria, negándose a firmar el acta de notificación, con una actitud desafiante y grosera, dejando constancia la secretaria del Consultorio testimonio de la práctica de la diligencia, añadiendo la recurrida nombre reservado Arce que el actor no presentó sus descargos a tiempo, siendo falsa la afirmación de que no se encuentra notificado, y que la otra funcionaria investigada, nombre reservado, pudo ejercer su derecho a defensa, dentro de pazo y acompañando medios de prueba, proponiendo finalmente a la Directora General la aplicación de medidas disciplinarias en contra de ambos.

Estima, finalmente, que el recurso es extemporáneo, ya que el 6 de agosto de 2019 le fue notificado de la resolución que formuló cargos, y tomo conocimiento de la investigación el 3 de junio pasado, amén de la notificación personal de cargos de 6 de agosto, en la que insiste.

Estimando que no se encuentra vulnerada la garantía constitucional que reclama el recurrente, al observarse la misma en la investigación por ella instruida, de lo que denota que la otra funcionaria cuestionada ha deducido sus descargos de manera legal y en el procedimiento administrativo que corresponde, pretendiendo el recurrente zafarse del procedimiento administrativo Que, finalmente evacuó informe doña Carolina Fernández Alvear, Directora General de la Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de Tarapacá y de Antofagasta, quien, previas referencias a la calidad de servidores públicos de los funcionarios de la Corporación, y de la manera de hacer efectiva su responsabilidad administrativa, conforme el Reglamento Interno del Servicio.

Describe, como los anteriores informantes, la denuncia de la Contraloría que dio origen a la investigación sumaria, la negativa del recurrente a proporcionar antecedentes cuando le fueron requeridos, disponibles en la carpeta archivada en su Consultorio y bajo su custodia que contenía la información de la causa en que incidía la denuncia, se ordenó instruir una investigación genérica, a efectos de que la nombre reservado que fue designada recabara todos los antecedentes posibles que permitieran esclarecer la efectividad de la denuncia, como también la eventual participación de funcionarios del Servicio, tanto en los hechos denunciados, como también respecto de cualquier otro que estuviera íntimamente vinculado a ellos.

Así, la investigadora debió requerir los antecedentes al Juzgado de Familia de Arica, lo que permitió identificar que tales profesionales eran doña nombre reservado y don nombre reservado, ambos Abogados Auxiliares del Consultorio Jurídico de Arica, obrando la primera como abogado particular de la parte demandante y el segundo en su calidad de funcionario de la Corporación en representación de la demandada.

Formulados los cargos, en la jornada del 06 de agosto de 2019 el recurrente se negó a recibir la notificación de aquellos, y que en su nombre recibió la secretaria del Centro, teniendo desde esa fecha total y cabal conocimiento de la existencia del proceso administrativo seguido en su contra, además, consta de la carpeta investigativa la certificación efectuada por la Señora nombre reservado, en cuanto dejó constancia de haber suspendido la investigación durante el tiempo en que el señor nombre reservado hizo uso de reposo médico entre el 09 al 30 de agosto de 2019, conforme lo establece el artículo 104 del Reglamento Interno de la Corporación. Asimismo, dejó constancia de haber transcurrido el tiempo reglamentario para que el señor nombre reservado formulara sus descargos, sin que los hubiese evacuado.

Sosteniendo que este recurso no es el medio idóneo, resalta la audiencia de una acción arbitraria o ilegal, pues en su calidad de Directora General y Jefa Superior del Servicio, goza de la facultad de disponer la instrucción de una investigación sumaria a efectos de investigar cualquier situación que pueda llegar a constituir una infracción administrativa y en que puedan tener participación los funcionarios que prestan servicios en ella, prerrogativa que surge de lo dispuesto en el artículo 154 número 11 del Código del Trabajo y en el artículo 10 y 12 de la ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, como también ciertas normas del Reglamento que rige la institución, amén de no poder ser ella personalmente responsable de las arbitrariedades supuestas que reclama, debido a la reserva de la investigación.

Teniendo presente que a la fecha se encuentra aún en etapa de resolverse por ella el proceso administrativo y a efectos de no incurrir en ninguna situación que pueda restar imparcialidad al momento de decidir sobre el particular, expone sólo algunas actuaciones objetivas relativas a la instrucción del procedimiento.

Niega las imputaciones de falta al debido proceso que formula el actor, ya que, respecto de la designación de la nombre reservado, debiendo efectuarla conforme el mérito de la denuncia que la inició y a la negativa del propio Señor nombre reservado de proporcionar los antecedentes, siendo obligatorio para el Servicio disponer la instrucción de una investigación sin conocer los eventuales involucrados, de suerte que fuese la nombre reservado quien pudiera recabar esos antecedentes durante la fase de instrucción, nombramiento que surge de la facultad que el artículo 154 número 11 del Código del Trabajo entrega al empleador también el reglamento interno, específicamente, en el artículo 100 y 101, estimando prudente designar a una persona que tenía rango de jefatura en la ciudad de Arica, como es el caso de doña Lidia Ortuño Arce, al desconocer el alcance de los involucrados.

Sosteniendo la ausencia de vulneración de garantías del actor, pidió rechazar en todas sus partes la acción cautelar por él presentada, con costas.

Se trajeron los autos en relación y se ordenaron agregar en forma extraordinaria a la Tabla de esta Primera Sala.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO;

1°) Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

2°) Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3°) Que, analizados en forma minuciosa los términos del recurso, el recurrente lo funda únicamente en su aseveración de encontrarse vulnerado su derecho al debido proceso, constituyéndose la investigación sumaria sustanciada, en una comisión especial que no respeta las normas del Reglamento Interno de la CAJTA 4°) Que, conforme el artículo 20 de la Constitución Política de la República, efectivamente la garantía que se encuentra protegida, en este ámbito, es la del inciso quinto del numeral 3° del artículo 19.

De esta manera, otras vulneraciones al debido proceso no se encuentran cauteladas por el Recurso de Protección, como parece entender el recurrente, quien asila el arbitrio en las observaciones que el procedimiento investigativo le merecen y que detalla en el recurso: calidad de su comparecencia como testigo y no como investigado, no haber sido notificado en calidad de denunciado, no cumplir con las formalidades procesales que garantizan la imparcialidad del investigador y demás que detalla.

5°) Que, tales consideraciones conducen al rechazo del recurso, al no advertirse vulneración de alguna garantía que se encuentre protegida por el Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara: Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Abogada de la Corporación de Asistencia Judicial doña Lidia Ortuño Arce, de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta, representada por su Directora General Carolina Fernández Alvear, y del Director Regional de Arica y Parinacota de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta, don nombre reservado.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 819-2019 Protección