nombre reservado con nombre reservado

Arica, treinta de septiembre de dos mil diecinueve VISTO:

Doña nombre reservado, Rut RUT reservado, psicóloga, Jefa de nombre reservado en el nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado interpuso recurso de protección de garantías constitucionales , en contra de don nombre reservado, Concejal del Concejo Municipal de Arica, estimando vulneradas sus garantías del numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuanto a la integridad física y psíquica, y el del numeral 4°, su derecho a la honra.

Señala que aproximadamente desde el mes de marzo de 2018, el Alcalde de Arica, Sr. Gerardo Espíndola, por razones de servicio, la nombró como titular Jefa de nombre reservado en la oficina de Educación Municipal de Arica, ejerciendo el cargo sin inconvenientes y su desempeño laboral destacado varias veces por la administración municipal como también por parte del propio Concejo Municipal.

Expone que, constituyendo un hecho sumamente grave, el día 6 de agosto del año en curso, durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal que se desarrolla en dependencias del Edificio Consistorial de la Ilustre Municipalidad de Arica, el recurrido bajo un contexto de referirse al Departamento de Educación Municipal en relación a la nivelación de sueldos, realiza falsas declaraciones sobre ella en relación a su remuneración señalando de manera expresa que “yo una vez mostré aquí, que por ejemplo doña nombre reservado lo digo con mucha responsabilidad, se subió el sueldo, lo mostré aquí está por planilla”, agregando que “me da vergüenza que la encargada de personal se haya subido el sueldo y se haya olvidado a las personas que ganan doscientos mil pesos, doscientos cuarenta mil pesos”.

Indica que lo manifestado por el recurrido es falso, jamás ha aumentado su remuneración, ni tiene la facultad discrecional ni potestativa para decretarla, y como señala su contrato de trabajo y los respectivos anexos, su empleador es el Alcalde de Arica, a quien le corresponde mediante los decretos exentos correspondientes, decretar todo aumento de remuneraciones del personal municipal, situación que en este caso en particular no ha ocurrido. Puede corroborarse además ellos con los datos que el portal de transparencia de la Municipalidad de Arica publica, donde se visualiza cómo a partir del año 2018 no ha visto un aumento de sueldo, con la excepción del reajuste anual que es del 2,7%, lo cual se ve reflejado en el mes de diciembre de cada año.

Refiere que los Concejos se transmiten en vivo y en directo por dos plataformas de comunicación social, Facebook y YouTube , que alcanzan un número de seguidores que superan las 70.000 mil personas, lo cual dentro de nuestra región, representan más del 30% del total de sus habitantes generándose rumores dentro del departamento y de la Municipalidad, siendo objeto de cuestionamientos, lo que genera una perturbación y amenaza al respeto de su honra, un mal grave que no solo alcanza su indemnidad personal y su integridad física y psíquica, sino que también afecta a su familia.

Añade que durante el año 2018 quedó embarazada de su segundo hijo, haciendo uso de su derecho a descanso pre y post natal, reingresando al servicio municipal el día 28 de agosto pasado, conociendo de críticas por parte de funcionarios municipales, debido a la falsa acusación del recurrido, afectándola emocionalmente a ella y su hijo neonato.

Estima grave que una autoridad pública de elección popular declare falsamente que ha aumentado su sueldo, no guardando un comportamiento de idoneidad acorde al cargo, ya que si bien dentro de sus facultades está la de fiscalizar, también tiene la obligación de ejercerlas con responsabilidad, máxime si se encuentra en una condición de superioridad en relación a una funcionaria municipal, ya que toda acusación sin fundamento veraz hace que se provoque un perjuicio grave, que es replicado por adeptos sociales y simpatizantes políticos del mismo partido al que pertenece, cuestión que hace públicamente.

Estimando vulneradas las garantías que reclama, y previas citas constitucionales y legales, pidió que, acogiendo el recurso, esta Corte adopte de inmediato las providencias necesarias para permitir el pronto restablecimiento del derecho conculcado, disponiendo concretamente que el recurrido pida disculpas públicas, en el espacio donde se produjo la vulneración, es decir en el Concejo Municipal, como también en un medio de prensa escrita de circulación regional, además de abstenerse de seguir realizando acusaciones infundadas, arbitrarias e ilegales o bien adoptar las providencias que la Corte determine, con expresa condena en costas.

Informando, el recurrido expone que, no deben analizarse aisladamente los dichos que la recurrente cita en su libelo, sino encuadrarse el contexto de lo discutido en la Sesión del Concejo Municipal, y de las funciones y atribuciones que ejerce como Concejal de la Ilustre Municipalidad de Arica.

Explica que, en la sesión de 6 de agosto, reiteró la petición de informe al Departamento de Administración Educacional Municipal (nombre reservado), respecto de cantidad de personal nuevo contratado, aumentos de sueldo que se habían producido en dicho departamento y cuáles habían sido los criterios tenidos en cuenta para aumentar o nivelar sueldos, atendido el posterior déficit en el presupuesto de dicho organismo. A propósito de este requerimiento de información, recordó al Concejo que en sesiones anteriores había indicado del aumento en las remuneraciones de la Jefa de nombre reservado, lo que se expresó del siguiente modo: “yo una vez mostré aquí, que por ejemplo doña nombre reservado lo digo con mucha responsabilidad, se subió el sueldo, lo mostré aquí está por planilla”.

Refiere que tal como demuestra la propia recurrente con la documentación que acompaña, durante los meses de enero y febrero de 2019, la remuneración de esta funcionaria aumentó en $83.000 y $67.000 respectivamente, aumento que no se justificaba ni en el reajuste legal, ni en horas extraordinarias u otra clase de asignación o beneficio, que fue la observación que en su rol fiscalizador efectuó su representado, no sólo en la Sesión del 6 de agosto pasado si no que también en sesiones anteriores.

Expone reconocer que un funcionario público no puede subirse el sueldo solo, por carecer de atribuciones legales para ello, pero que el sentido de lo expresado por él es que, en el caso de doña nombre reservado, se requiere a lo menos su solicitud y su voluntad para modificar su remuneración, ya que ella es funcionaria Código del Trabajo, sin su anuencia ese aumento no se hubiese producido.

Y el objeto central de la crítica reflejada en la frase “me da vergüenza que la encargada de personal se haya subido el sueldo y se haya olvidado a las personas que ganan doscientos mil pesos, doscientos cuarenta mil pesos”, apunta a que la Jefa de nombre reservado es la que debe preocuparse de que se cumpla el principio que emana del artículo 48 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, esto es, de que a funciones análogas, que importen responsabilidades semejantes y se ejerzan en condiciones similares, se les asignen iguales retribuciones y demás beneficios económicos, lo que desde su punto de vista, no fue cumplido por la recurrente durante el proceso de nivelación de sueldos del DAEM, que era justamente el proceso respecto del cual reiteraba la petición de informe.

Afirma que no se trata de un comentario antojadizo o al azar que se haya efectuado en redes sociales con ánimo difamatorio o injurioso, sino que se trató de una intervención en una Sesión del Concejo Municipal de Arica, y en el marco de las atribuciones que un Concejal posee, según lo disponen los artículos 71 y 79 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, intervención efectuada en términos formales y educados, indicando un hecho objetivo y comprobado.

Estima que la vulneración de derechos en la forma explicada en el recurso, de los antecedentes allegados, no se ve de qué manera tal vulneración se haya producido ni existen antecedentes objetivos que demuestren dichas aseveraciones.

En cuanto a la vulneración al derecho a la honra y a la vida privada, es conveniente explicitar, que existen actos públicos realizados por una persona que no pertenecen al ámbito de protección de la vida privada, básicamente aquellas actuaciones externas que trascienden a quien las ejecuta, afectando el orden o la moral pública; causando daño a terceros; aquellos que tengan relevancia pública en virtud del acto mismo o de la persona que lo ejecuta, cuya difusión satisfaga la función de formación de una opinión pública libre; o afectando al bien común. La honra de la persona se afecta tanto por el hecho de serle atribuida una fama que no le corresponde, por estar basada en hechos falsos, como asimismo, por sus actuaciones y comportamientos que implican una vulneración del orden jurídico o de sus obligaciones éticas. La protección de la honra debe posibilitar recomponer las cosas en su justo término y preservar la verdad de la persona y sus actuaciones.

Niega la vulneración del derecho a la honra y vida privada, limitándose el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de emitir opinión, también garantizada constitucionalmente en el artículo 19 número 12 de la Carta Fundamental, ya que en el ejercicio de una facultad legal, que es la de fiscalizar los actos municipales, emitió su opinión respecto a lo que estima un aumento de sueldo injustificado de la recurrente, opinión que si bien se efectuó en términos duros, carece de elementos injuriosos o difamatorios.

Por último, y en cuanto a lo aseverado por la recurrente respecto a los dichos replicados por adeptos sociales y simpatizantes políticos del mismo partido al cual pertenece, replica que por cierto se hace por distintos medios de comunicación social”, no se han aportado antecedentes al respecto que pudiesen justificar un ataque o menoscabo a la honra de la recurrente. Al contrario, examinado el canal de Youtube donde se encuentra el video aludido en el recurso, no existen comentarios al respecto, ni positivos ni negativos, por lo que objetivamente no se puede aseverar que lo expresado haya alcanzado alguna relevancia en el público.

Solicita el rechazo del recurso de protección por no existir acto arbitrario o ilegal, como tampoco vulneración grave alguna a los derechos estimados como vulnerados, con costas.

Encontrándose en estado, se trajeron los autos en relación y se agregaron extraordinariamente a la tabla de esta Segunda Sala.

CON LO RELACIONADO, Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la parte recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que resulta pacífico que el recurrido profirió las expresiones que la recurrente estima vulneratorias de derechos, al ser expresamente reconocido por aquél.

El punto, de acuerdo a lo informado, radica, en primer término, si las expresiones se enmarcan en lo que preceptúan los artículos 71 y 79 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, conforme el recurrido plantea, y, enseguida si ellas se encuadran en el ejercicio de su propio derecho a la libertad de expresión.

CUARTO: Que las normas en análisis establecen lo siguiente:

El artículo 71 que “En cada municipalidad habrá un concejo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala esta ley”.

El 79, sólo en los párrafos pertinentes, que, “Al concejo le corresponderá:

c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la ejecución del presupuesto municipal, analizar el registro público mensual de gastos detallados que lleva la Dirección de Administración y Finanzas, como asimismo, la información, y la entrega de la misma, establecida en las letras c) y d) del artículo 27;

d) Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, las que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de quince días;

h) Citar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia”.

QUINTO: Que la facultad de fiscalización enarbolada por el recurrido como justificación a las declaraciones que profirió respecto de la recurrente, no guardan relación, a juicio de esta Corte, con los hechos que motivan el recurso, aún de la manera que el recurrido opta por contextualizarlos, en el ámbito de la función que ejerce y en una sesión del concejo.

Ello, porque queda claro del contrato de trabajo de la recurrente, acompañado en la carpeta electrónica, que mantiene una relación de subordinación y dependencia con el municipio de esta ciudad, prestando servicios como jefa de nombre reservado en el Departamento de Administración de Educación Municipal, obteniendo por los mismos una remuneración pactada con su empleador que es acorde a las que acompaña del portal de transparencia municipal, sin que conste ser cierto lo denunciado por el recurrido en cuanto a que ella, motu propio, se “haya subido el sueldo”, toda vez que no existe algún acto administrativo en que ello conste de manera alguna, ni cualquier otro acto en que aparezca aquello como verosímil.

La aseveración del recurrido relativa a que un eventual aumento de sueldo, que no se observa, se deban “a su solicitud y su voluntad para modificar su remuneración, ya que ella es funcionaria Código del Trabajo, sin su anuencia ese aumento no se hubiese producido” (sic), tampoco guardan relación con sus facultades de fiscalización, las que, de ejercerse en la especie, deben reprocharse a quien se encuentra encargado de la administración del patrimonio municipal, atribución de la que la recurrente no goza atendido lo que se observa de su contrato, debiendo hacerlas valer ante quien corresponda, si estima que existe, por quien corresponde, un mal uso de recursos públicos que haya ocasionado el déficit al que tangencialmente alude en sus descargos.

Por su parte, no acredita el recurrido, pidiendo hacerlo, dado su cargo y facultades, que los mayores ingresos que obtiene en enero y febrero ($83.000 y $67.000 respectivamente, se deban a una decisión de la actora, máxime si del mismo contrato se observan ciertas asignaciones eventuales que podría recibir (viáticos, pasajes y gastos reembolsables).

SEXTO: Que, zanjado el punto de las facultades fiscalizadoras, y entrando en el fondo de que este asunto se trata, una acción de protección de garantías constitucionales, de los términos en que las partes exponen sus argumentos, de lo que se trata este arbitrio, a juicio de la Corte, es de la colisión de dos derechos constitucionales, el derecho a la honra, por un lado, y la libertad de expresión, por el otro.

SÉPTIMO: Que el conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la honra ha sido abordado varias veces en nuestra jurisprudencia, mediante la jerarquización de ambos derechos, estableciendo una preferencia o mayor relevancia a favor del derecho a la honra.

Así lo ha fallado la Corte Suprema en Rol 21.053-93, sentencia de fecha 15 de junio de1993, estableciendo “Que el respeto a la vida privada, a la dignidad y a la honra de la persona humana y de la familia constituyen valores de tal jerarquía y trascendencia que la sociedad política se organiza precisamente para preservarlos y defenderlos, de modo que no puede admitirse concepción alguna del bien común que permita el sacrificio de ellos, ni convertir tal sacrificio en medio para que prevalezca otra garantía constitucional.”

Dicha interpretación ha sido cuestionada en la doctrina, pues, entre otras consideraciones, el respeto de la dignidad humana exige, de manera inmediata, que a cada individuo se le permita emitir expresiones y conocer las de otro, prerrogativa esencial para el desenvolvimiento completo de la personalidad humana, con lo que la doctrina de la jerarquización podría perder asidero.

OCTAVO: Que, por otro lado, también la Corte Suprema ha resuelto que “La racional y justa decisión de tales conflictos [de derechos] deberá siempre valorar, además de la consideración abstracta de los derechos en concurso, cuestiones de hecho como la calidad o estados de las partes, el cargo o autoridad pública que alguna de ellas detentare, las formas que revistiere el ataque contra la garantía constitucional o las circunstancias en que el denunciado ilícito se habría producido” (Rol 1.290-99, sentencia de fecha 29 de julio de 1999).

NOVENO: Que, sin perjuicio de ello y entendiendo, de las argumentaciones que las partes someten a la resolución de esta Corte, que colisionan dos derechos fundamentales, resulta útil para la decisión acertada de este asunto el determinar el grado de restricción de uno de los dos derechos fundamentales en contraposición (honra); luego determinar la importancia de la satisfacción del derecho contrario (libertad de expresión); y, finalmente determinar si la importancia del derecho contrario, justifica la no satisfacción o restricción del otro derecho (honra).

DÉCIMO: Que, en el primer orden de cosas, el grado de restricción del derecho a la honra parece mayor, pues no se vislumbra en caso alguno vulneración a la libertad de expresión en el acto que se reclama como ilegal o arbitrario. De acogerse el recurso, tampoco podría serlo, pues la opinión ya ha sido vertida en un espacio público y con divulgación, sin clase alguna de censura previa.

En cambio, la recurrente reclama que las expresiones del recurrido, que además es una autoridad municipal superior jerárquicamente a ella misma, han provocado trastornos en su honra al ser sujeto de críticas de personal de la municipalidad, provocándole una “mala fama” en su desempeño laboral.

Así las cosas y asentado lo relacionado en el motivo cuarto, el ejercicio del derecho, en la forma que lo ha efectuado, resalta, a lo menos, como abusivo, y restringe el derecho a la honra de su contendora en este arbitrio.

UNDÉCIMO: Que en el segundo aspecto a analizar, resulta evidente la importancia de la libertad de expresión, entendido, en concepto de Dworkin, en primer lugar como uno que busca defender los intereses del hablante: los individuos tienen un derecho a hablar “no en razón del beneficio de otros”, es decir, no en consideración de los intereses de la audiencia –por ejemplo, contar con suficiente información sobre asuntos políticos–, “sino porque sufrirían algún daño o insulto inaceptable si fueran censurados”.

Luego, si bien nuestro ordenamiento prohíbe la censura, lo cierto es que la limitación constitucional y legal de abusos cometidos en el ejercicio del derecho resulta ser clara, y no por ello, mayormente circunscrita, salvo la propia restricción que el constituyente ha efectuado.

En tal sentido, restringir la libertad de expresión en el ámbito de competencia de esta Corte, originado por la interposición del recurso, en tanto la satisfacción del derecho a la honra parece más relevante, en este caso no resulta suficientemente justificada.

No se trata de restringir o limitar el derecho a la honra de una persona, derecho que en sí mismo constituye un pilar del desarrollo de la personalidad, sino efectuar en el caso particular un ejercicio de ponderación en relación a la relevancia y efectos del ejercicio de los derechos en cuestión.

Que, al efectuar el ejercicio antes referido, es necesario tener presente que la recurrente sustenta un cargo dentro de la estructura municipal de alta relevancia y responsabilidad, y por su lado el recurrido, a su vez, ejerce un importante cargo público al integrar el cuerpo de Concejales de la Ilustre Municipalidad, dentro de las principales funciones se encuentra la de control y fiscalización de todos los servicios del Gobierno Municipal, y en su actividad puede cuestionar el desempeño de cualquiera de los miembros de esos servicios, especialmente de aquellos que por su cargo y posición poseen mayor poder de decisión y responsabilidad.

Que, conforme lo anterior las expresiones cuestionadas como injuriosas por la recurrente, a criterio de esta Corte, no constituyen una afectación en un nivel que su derecho a la honra prime por sobre el derecho del recurrido a opinar sobre una inadecuada política o decisión de una jefa de servicios puesto que tales expresiones –las cuestionadas- fueron vertidos en el contexto de crítica al desempeño funcionario y si bien, se ocuparon términos o palabras inadecuadas, tales no tuvieron por finalidad desacreditar la honra de dicha funcionaria, sino más bien hacer presente de forma intensa una crítica ya formulada con anterioridad de la cual no se había entregado una explicación.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, se RECHAZA la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

II.- Que no se condena en costas a la recurrente.

Acordado con el voto en contra del Fiscal Judicial, don nombre reservado, quien estuvo por acoger la presente acción constitucional teniendo presente que para resolver el presente arbitrio habría de determinarse si la importancia del derecho del recurrido justifica la restricción de aquél de la recurrente, no pudiendo la respuesta ser afirmativa, puesto que la opinión afecta seriamente su derecho a la honra, especialmente en su espacio laboral, no así la libertad del recurrido de opinar, la que no se ha visto limitada de modo alguno ni, entiende este disidente, lo será.

Como ha señalado nombre reservado, “sólo así puede inferirse al conceptualizar a la honra como el derecho fundamental que busca proteger el valor intrínseco de las personas frente a la sociedad y evitar todo menosprecio o acto difamatorio que lesione la apreciación o fama que los demás tengan de una persona”. (“El derecho a la honra como límite a la libertad de información hasta el momento de la acusación penal.”. Revista de derecho (Valparaíso, 2011), (37), 547-564. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512011000200014).

Finalmente, la opinión cuestionada, de la manera en que se ha verificado, lesiona o al menos perturba el derecho de la recurrente, pues, como se ha escrito, “el más sólido hincapié debe ser hecho en cuanto al concepto de dignidad y el daño que a ella, con certeza, siempre se le infiere cuando se quebrante la integridad psíquica o física de la persona, se penetra en su intimidad, se enloda su honor o se afecta su libertad de conciencia, derechos todos los aludidos que se hallan asegurados por la Constitución”. (Cea, José Luis: Derecho Constitucional Chileno. Tomo II. Derechos, Deberes y Garantías, 2004, pp. 39-40).

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 807-2019 Protección