nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

Arica, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece el abogado, don Nicholas Navarro Soto, en representación de don nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, en su calidad de Presidente de la Asociación Gremial Parque del Automóvil Arica, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Arica Rut Nº RUT reservado, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su Alcalde don Gerardo Espindola Rojas, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haberse vulnerado sus garantías constitucionales de los Nº1, 14, 15, 16, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente junto a 32 personas conforman la Asociación Gremial Parque del Automóvil, quienes tienen por objeto la venta de vehículos usados importados de Japón.

Indica que dicha Asociación Gremial se encuentra emplazada, en el terreno privado, ubicado en calle Antártica esquina Santiago Arata, de esta ciudad, lugar que era un sitio eriazo, en el cual se consumía drogas y servía para que delincuentes se ocultaran.

Agrega que los socios de la Asociación recurrente, aportaron el capital necesario para nivelar el terreno, invirtieron en iluminaria solar y mantienen actualmente nocheros, con el fin de evitar la delincuencia en dicho inmueble. Refiere, que dicha propiedad no es municipal ni fiscal, sino que pertenece a particulares, los cuales no tienen problemas de que dicho terreno se emplace “el proyecto”. La información sobre este terreno la obtuvieron de la SEREMI de Bienes Nacionales de esta Región.

Arguye que durante los días 26 al 30 de agosto del año en curso, inspectores municipales comenzaron a llegar de forma violenta y prepotente, con la finalidad de erradicar a las personas de la Asociación Gremial y sus vehículos, cursando multas absurdas como “vehículo mal estacionado que obstruye la circulación”. Complementa que el día 30 de agosto de 2019, alrededor de las 11 de la mañana, llegan al inmueble en comento, 10 inspectores municipales, buscando al Presidente de la Asociación Gremial, con el solo propósito de cursar varios partes, quien no se encontraba en el lugar, por lo que comenzaron a realizar amenazas, como por ejemplo, que iban a sacarlos con máquinas, que enterrarían los autos, otorgando un plazo de 48 horas para salir de ese terreno que sería municipal. Complementa, que dejaron boletas de advertencia y partes, solicitaron cédulas de identidad a sabiendas que eso no lo pueden realizar.

Concluye que la actuación de los funcionaros municipales es injusta, por cuanto, el lugar que no es de uso público, se realizaron amenazas en forma abusiva y acosadora, lo cual ha causado un daño a la integridad física y síquica, se afectó igualdad ante la ley, el derecho a reunirse libremente, el de asociarse sin permiso previo, la libertad de trabajo y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y a la certeza jurídica.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, ordenando a la recurrida, que se abstenga de realizar amenazas de advertencia, de cursar multas de tránsito o en su defecto se adopten las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Evacuando el informe solicitado por esta Corte de Apelaciones, la Ilustre Municipalidad de Arica, a través de su apoderado, señaló, que desde la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Arica, se informó, que se tomó conocimiento, del inicio de obras en el terreno ubicado en Avenida Santiago Arata con calle Eilat, consistente en la nivelación del terreno. Agrega, que ante dichas obras se consultó a la Dirección de Obras Municipales, la cual informó que el terreno en cuestión, según el Servicio de Impuesto internos no contaba con Rol, en consecuencia, se considera área libre.

Refiere que en virtud de lo señalado anteriormente el día 12 de julio en curso, inspectores municipales concurrieron al inmueble en comento, procediendo a cursar dos partes, a don nombre reservado, el primero, por ocupar un bien nacional de uso público, sin permiso municipal. El segundo, por activar sin patente municipal. Complementa que el día 27 de agosto de 2019, inspectores municipales concurren al mismo inmueble, cursando una nueva infracción a nombre reservado, por activar sin patente municipal, al haber infringido el artículo 23 del Decreto Ley N° 3063 de Rentas Municipales.

Arguye que las actuaciones realizadas por la unidad de Inspecciones Municipales, se ajustan a derecho, en virtud de la ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Decreto Ley N° 3063 sobre Rentas Municipales.

Menciona que el actor ha señalado que el fin de la Asociación que representa, es la venta de vehículos, actividad que se enmarca en el supuesto del artículo 23 del citado Decreto Ley N° 3.063. Sin perjuicio de lo expuesto, el fundamentar que el terreno en cuestión, es de un particular, implicaría no comprender, de qué manera se vulneraria su derecho a la propiedad, por el contrario, de las propias fotografías acompañadas por el recurrente, se da cuenta que en el terreno, se observan materiales que demuestran la intención de cercar el inmueble y a su vez la instalación de luminarias, obras que a su vez, no cuentan con los permisos respectivos otorgados por la Dirección de Obras Municipales ni de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, además, la petición del actor, tiene por objeto, que la Ilustre Municipalidad de Arica, se abstenga de notificarle multas, lo que es improcedente, ya que los partes cursados no dicen exclusiva relación con la ocupación del terreno, sino que además por ejercer actividades lucrativas sin la correspondiente patente, lo cual viene en demostrar, que el actuar de la unidad de Inspecciones Municipales se ajusta a derecho.

Es por los motivos expuestos que solicita el rechazo del recurso, con costas.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer término que quien la interponga sea el que por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación a amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerandos que menciona a continuación. Esto es, exige que sea el titular del derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el caso que lo haga un tercero a nombre de otro, es este último el que debe detentar la calidad de personalmente afectado con la acción u omisión arbitraria o ilegal que lo motiva.

SEGUNDO: Que, a juicio del recurrente la arbitrariedad cometida por la recurrida, consiste en que durante los días 26 al 30 de agosto del año en curso, inspectores municipales concurrieron, al terreno privado, ubicado en calle Antártica esquina Santiago Arata, quienes de forma violenta y prepotente, con la finalidad de erradicar a las personas de la asociación gremial y sus vehículos, cursaron multas, realizaron amenazas, causando un daño a la integridad física y síquica, igualdad ante la ley, el derecho a reunirse libremente, el de asociarse sin permiso previo, libertad de trabajo y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y a la certeza jurídica.

TERCERO: Que, son hechos asentados al recurso: Que, la Asociación Gremial recurrente, no es dueña del terreno sobre el cual se instalaron para efectuar la venta de vehículos que traen desde Japón.

Que los recurrentes ejercen en el inmueble en comento una actividad lucrativa, como lo es la venta de vehículos.

Que, inspectores municipales han cursado distintas infracciones, por la vehículos mal estacionados, por la ocupación de bienes nacionales de uso público y por infracción a la Ley de Rentas Municipales.

CUARTO: Que, la asociación recurrente, si bien indicó en su recurso de protección, que los dueños del terreno no tienen problemas en que “ellos se emplacen en dicho inmueble”, cabe señalar, que no existe certeza de quien es el actual propietario del mismo, o si se trata de un bien nacional de uso público, menos aún acreditaron tener alguno tipo de autorización para emplazarse en dicho lugar.

QUINTO: Que, respecto de la supuestas amenazas y tratos arbitrarios que habrían cometido funcionarios municipales, los cuales afectaría la integridad física y psíquica del recurrente, no se acompañó algún tipo de prueba o antecedentes que permitan dar por acreditada tales afirmaciones, no exiostiendo arbitrariedad en el actuar de dichos funcionarios.

SEXTO: Que, el artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del año 2009, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que fijó el Texto Refundido Coordinado y Sistematizado de la Ley del Tránsito, establece: “Carabineros de Chile y los Inspectores Fiscales y Municipales serán los encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente ley, sus reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o las Municipalidades, debiendo denunciar, al Juzgado que corresponda, las infracciones o contravenciones que se cometan. Asimismo, fiscalizarán el cumplimiento de las normas sobre jornada de trabajo de los conductores de vehículos destinados al servicio público de pasajeros o de carga, contenidas en el Código del Trabajo, y denunciarán su incumplimiento a la Inspección del Trabajo correspondiente al domicilio del empleador.”.

SÉPTIMO: Que, en virtud de la norma transcrita, se desprende que los funcionarios municipales se encuentran facultados para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Tránsito, así como también la Ley de Rentas Municipales, en consecuencia, no existe ilegalidad en el actuar de la recurrida.

OCTAVO: Que, en virtud de lo indicado en los considerandos precedentes, no existiendo arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de los funcionarios de la Municipalidad de Arica, la presente acción constitucional debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado, don Nicholas Navarro Soto, en representación de don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Arica.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°801-2019 Protección.

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