Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Arica, diecisiete de abril de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Se dedujo recurso de protección de garantías constitucionales en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por conculcar con su actuar ilegal y arbitrario, la garantía fundamental consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que nombre reservado ingresó a Chile por un paso no habilitado, con posterioridad ingresó al país su cónyuge nombre reservado, quien cuenta con contrato de trabajo y residencia definitiva, con quien volvió a contraer matrimonio en Chile el 7 de enero de 2021, el 5 de enero de 2011 nació su hija Camila Luiriannys, la que se encuentra cursado 7° año en el Colegio Ejército de Salvación.

Agrega que la recurrida no acogió a tramitación su solicitud de residencia temporal dentro de Chile de manera ilegal y arbitraria, al no contener los motivos de hecho ni de derecho en que se funda.

Pide que se deje sin efecto la resolución recurrida, ordenando regularizar la situación migratoria de la recurrente en un plazo no superior a 90 días..

Informó en su oportunidad el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso, pues a su juicio, no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, siendo improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República.

Indica que la extranjera ingresó por un paso no habilitado en el año 2020 y el 1 de diciembre de 2021 presentó una carta de solicitud de regularización migratoria y con fecha 10 de marzo de 2022 se emite por parte del Servicio Nacional de Migraciones el Oficio Ord. N° 11.251 que solicita mayores antecedentes de la extranjera, en específico otros documentos que estime necesario para resolver la situación migratoria. Posteriormente, el 12 de abril de 2023 la extranjera presentó Solicitud de Residencia Temporal y el 12 de enero de 2024 el Servicio Nacional de Migraciones emitió la Resolución exenta N° 63542259 que no acoge a trámite la solicitud de residencia temporal dentro de Chile, por no constar en los registros su ingreso al país, sin embargo, señala que no se ha dictado a se ha dictado acto administrativo que aplique la medida de expulsión.

Señala que las normas en materia migratoria aplicables al caso de autos son aquellas establecidas en la Ley N° 21.325 y el respectivo reglamento, las cuales, al ser normas de Derecho Público, comenzaron a regir in actum, al momento de entrar en vigencia, esto es, el 12 de febrero de 2022.

En cuanto al rechazo cita el artículo 50 inciso final del reglamento de extranjería, que establece lo siguiente: “No se admitirán a trámite las solicitudes de residencia de extranjeros que hayan sido expulsados, que cuenten con una medida de abandono del país o de prohibición de ingreso vigentes; o bien se encuentren en condición migratoria irregular al momento de la solicitud. Esto último, sin perjuicio de la atribución conferida al Subsecretario del Interior en los numerales 8 y 9 del artículo 155 de la ley Nº 21.325.”, concluyendo que es la propia ley la que señala que para aquellos extranjeros que se encuentran en estado o situación irregular tienen como medio idóneo para solicitar regularización, la solicitud que permite el artículo 155 N° 9, esto es, la facultad del Subsecretario del Interior, y no las residencia temporal, ya que esta tiene como prerrequisito la regularidad en el mismo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la decisión de la recurrida de no admitir a trámite su solicitud de residencia temporal en el país.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos por el recurrente y por el recurrido en su informe, se advierte que no se encuentra discutido el hecho que la extranjera nombre reservado, ingresó al país por un paso no habilitado, manteniendo por tanto una situación migratoria irregular, antecedente, este último, que constituye precisamente el motivo del rechazo de su solicitud de residencia temporal.

QUINTO: Que, el artículo 50 del Reglamento de Extranjería, en lo que importa al recurso, dispone que “No se admitirán a trámite las solicitudes de residencia de extranjeros que (…) se encuentren en condición migratoria irregular al momento de la solicitud. Esto último, sin perjuicio de la atribución conferida al Subsecretario del Interior en los numerales 8 y 9 del artículo 155 de la ley Nº 21.325.”, encontrándose la extranjera en el referido caso, constituyendo un impedimento legal expreso para conceder el visado temporal que pretende y advirtiendo esta Corte que el fundamento de la resolución impugnada es precisamente la circunstancia de no constar información de su ingreso al país, debido al ingreso irregular, no se observa ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la recurrida, quien actuó dentro de la esfera de sus facultades fundamentando debidamente la resolución dictada, lo que obliga a desestimar el presente arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Rol N° 80-2024 Protección.