nombre reservado CONTRA nombre reservado

Arica, trece de abril de dos mil veintitrés.

VISTO:

nombre reservado, a nombre de nombre reservado, Sargento Primero del Ejercito, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en esta ciudad, quien deduce acción constitucional de amparo en contra de nombre reservado, Coronel, Jefe de la SUBJEFATURA ZONAL DEL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO DE ARICA DEL EJERCITO DE CHILE, por habérsele prohibido el ingreso a las dependencias de dicha unidad, afectando con ello lo dispuesto en el artículo 19 Nº3 inciso 5 en relación al numeral 7º de la misma disposición, todas de la Constitución Política de la República.

Funda su acción en que el recurrente es integrante del Ejército de Chile desde 2000, desempeñando sus funciones en la unidad señalada, y que en atención a un accidente sufrido a fines de 2018, que previas investigaciones sumarias se determinó que correspondía a ocurrido en acto de servicio, quedó con un TEPT (trastorno de estrés post-traumático) por lo que se mantiene con licencia médica psiquiátrica.

En este contexto es que en diversas ocasiones ha concurrido a su lugar de trabajo para entregar o recibir documentación relacionada con las investigaciones sumarias que se desarrollaron. Sin perjuicio de lo anterior, y tras concurrir a solicitar una autorización de salida al extranjero con fines médicos (Perú – Tacna), realizando el trámite sin mayores inconvenientes, recibe una llamada desde su trabajo, donde le comunican que “Peralta tiene prohibida la entrada al cuartel por encontrarse con licencia médica”, y que si puede ir una vez al cuartel no se encontraría justificado su reposo médico, por lo que ordenan que se retire de la instalación, prohibiéndole a partir de ese momento su ingreso a la respectiva Unidad Militar.

Refiere que ello es un acto ilegal y arbitrario en su contra, y que además se ha visto impedido de ejercer su legítimo derecho a defensa al ser transmitida la orden verbalmente. Asimismo, indica que el recurrido se arrogó potestades de las que no está investido, actuando como comisión especial, desentendiéndose del principio de legalidad y supremacía constitucional en cuanto a la facultad jurisdiccional puesto que realiza una interpretación y aplicación de normas jurídicas arrogándose facultades jurisdiccionales.

Previas citas legales, solicita se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la orden de prohibir el ingreso, tránsito, permanencia y cumplimiento de las funciones militares asignadas al amparado al interior de la unidad militar donde presta sus servicios de planta, dictada por el recurrido; se declaren infringido el derecho a la libertad personal y seguridad individual y se ordene al recurrido a abstenerse de dictar órdenes, disposiciones, instrucciones, etc., que impliquen ejercicio jurisidiccional, mientras no se encuentre facultado e investido con dichas potestades.

Tras ser declarado admisible como recurso de protección se solicitó informe a la recurrida, quien señaló que los hechos denunciados no son ilegales ni arbitrarios, y carecen absolutamente de todo fundamento fáctico y jurídico, toda vez que, en primer lugar es improcedente la acción de amparo interpuesta, al no verse afectada su libertad personal o seguridad individual de modo alguno, a partir de las alegaciones formuladas por el recurrente, toda vez que el recurrido no ha emitido ningún tipo de orden directa al recurrente, de manera verbal, presencial, por vía telefónica, medios digitales, electrónicos, o resolución escrita, o al personal bajo su mando, que haga mención a lo descrito por el recurrente, y que afecte las garantías indicadas precedentemente.

Agrega que las veces que ha comparecido el recurrente a la unidad lo ha hecho por decisión exclusiva de éste, y en ningún caso por disposición u orden del recurrido, y respecto de la orden de que se retirara de la instalación, falta a la verdad el recurrente, toda vez que no ha existido entrevista personal con el recurrido, que asumió sus funciones en diciembre de 2022, máxime que el recurrente se encuentra con licencia médica desde septiembre de 2021.

Asimismo indica que no es potestad del recurrido prohibir la entrada al cuartel, puesto que las dependencias de la unidad se encuentran dentro del Cuartel Nº2 Rancagua, por lo que no tiene atribuciones sobre dicho cuartel así como tampoco respecto del personal de dicha unidad, toda vez que está a cargo de un funcionario de mayor jerarquía que el recurrido.

Indica que la única orientación entregada por el recurrido al personal de su unidad dice relación con el personal de área de administración del personal militar en cuanto a que aquellas personas que se encuentren con licencia médica, lo que incluye al recurrente, es que toda tramitación administrativa de carácter general o asociado a “ISAs” y procesos recursivos, se realice de manera reglamentaria.

Así las cosas, ninguna de las actuaciones llevadas a cabo ha tenido naturaleza disciplinaria, no correspondiente las afirmaciones del recurrente a formulación de cargos, pues no se le ha atribuido responsabilidad disciplinaria alguna.

Por todo lo anterior es que solicita sea rechazada la acción con expresa condenación en costas del recurrente, por la evidente carencia de fundamentos.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la presente acción constitucional, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la eventual prohibición de ingreso a la unidad militar a la que pertenece, por vía de una orden verbal emanada por parte del recurrente.

CUARTO: Que, primeramente, corresponde dejar asentado que la recurrida ha sostenido que en ningún momento se le ha prohibido el ingreso a la unidad militar a la que pertenece el recurrente, ni a las dependencias en que ésta se encuentra. En este sentido, ha acompañado antecedentes que permiten corroborar dichas circunstancias, en cuanto no existe prohibición alguna, salvo la instrucción entregada al recurrente en cuanto a que la tramitación de solicitudes debe realizarse por el conducto regular.

A su vez, el recurrente no acompañó antecedente alguno para sostener sus asertos, con la finalidad de desvirtuar lo indicado por la recurrida.

QUINTO: Que, de esta forma, la ocurrencia del hecho que motiva el presente recurso se encuentra dubitada, y sin perjuicio de encontrarse el recurrente actualmente con licencia médica, la recurrida ha sostenido que el primero no tiene prohibición para ingresar al recinto militar, razón por la cual, esta Corte no puede tomar medida alguna para reestablecer los derechos denunciados.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, a nombre de nombre reservado, en contra de nombre reservado, Coronel, Jefe de la SUBJEFATURA ZONAL DEL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO DE ARICA DEL EJERCITO DE CHILE.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL 79-2023 Protección.