Protección contra Inspección del Trabajo de Arica

Arica, once de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Compareció el abogado Álvaro Fernández Núñez, mandatario judicial y en representación de don nombre reservado, armador artesanal, con domicilio en esta ciudad, y dedujo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Inspección del Trabajo de Arica, representada por don nombre reservado, respecto del acto administrativo consistente en la resolución de multa N° 4564/21/005-1, de fecha 12 de abril del año en curso, que aplicó una multa laboral, y que califica de ilegal y arbitrario, pidiendo se deje sin efecto.

Fundó en los hechos el recurso, indicando que por resolución de multa N°4564/21/5, la Inspección Provincial del Trabajo de Arica, a través del fiscalizador don nombre reservado, aplicó una sanción de 10 Ingresos Mínimos Mensuales por haber incurrido en la siguiente infracción: “No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización como contratos de trabajo y planillas de cotizaciones organismos administración del seguro de la ley n°16.744 de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, respecto a la tripulación de la embarcación de pesca artesanal nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado.”.

Razona que en ningún momento su representado fue notificado del inicio de fiscalización y de la resolución que aplicó la multa, sin conocer su contenido, el que sólo advirtió el 14 de septiembre del año en curso a través de una gestión en la Tesorería General de la República, encontrándose aquélla en etapa de cobro por un monto, a esa fecha, de $2.172.260.

Sostiene que tanto a la fecha de la supuesta fiscalización como al momento de deducir el recurso, es armador de la embarcación “nombre reservado”, dedicándose a la actividad de pesca artesanal, no es empleador de persona alguna ni ejerce vínculo de subordinación y dependencia.

Alega que la ilegalidad y arbitrariedad que denuncia, consiste en no haber tenido conocimiento del proceso de fiscalización, aseverando no haber sido notificado y la inobservancia de las normas del proceso general de fiscalización, contenidas en el Manual de Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo y en el artículo 46 de la Ley N° 19.880, citando asimismo el compendio de Derechos y Deberes del Ciudadano Fiscalizado de la Inspección del Trabajo.

Refiere que su actividad es la pesca de recursos hidrobiológicos, ciñéndose a las normas contenidas en la Ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, la que ejerce bajo la modalidad de contrato o sociedad a la parte, y no a través de contratos de trabajo, negando la circunstancia de ser un empleador, actividad definida por su artículo 2 N° 62), tratándose aquél de carácter civil, y no laboral, interpretación que, además, ha seguido la Dirección del Trabajo de Arica y Parinacota, que reconociendo el principio de autonomía de la voluntad, comprende que el régimen contractual civil es el corriente y habitual, en este tipo de actividades.

En tal sentido, plantea que la multa carece de fundamento, no existen relaciones laborales y, además, la multa no se le notificó, sin perjuicio de carecer aquélla de sustento en el ámbito de la seguridad social.

Estimando infringidas las garantías de los numerales 3°, por faltas al debido proceso, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pidió como medida para restablecer el imperio del derecho, dejar sin efecto la Resolución de multa 4564/21/005-1, de 12 de abril de 2021.

Informando, la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de Arica, por intermedio de su apoderado don nombre reservado, pidió el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Expone como cuestión preliminar, que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer asuntos laborales, como es el caso de la resolución de multa N° 4564/2021/05-1 del 14 de abril de 2021, cursada por el fiscalizador nombre reservado, por no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo. Para el efecto existen las normas establecidas en el Libro V, Título II, del Código del Trabajo, que señalan que el empleador infraccionado puede recurrir judicial o administrativamente, estimando que la competencia en la materia, por disposición del artículo 420 letra e) del cuerpo legal citado, se encuentra radicada en los Juzgados de Letras del Trabajo.

En cuanto al fondo, refiere que el proceso de fiscalización N° 1501/2021/277, que culminó con la multa que cuestiona el recurrente, se originó a solicitud del Departamento de Inspección de la Dirección Nacional del Trabajo, con el fin de realizar la “Primera fiscalización conjunta de organismos públicos”, razón por la cual se realizó junto a la Capitanía de Puerto de Arica, SERNAPESCA y Seremi de Salud, de acuerdo a las instrucciones señaladas en el Manual de procedimiento de fiscalización de la Dirección del Trabajo versión 2.0, de agosto de 2017, se siguieron además las instrucciones impartidas en la Orden de servicio N°01 de 16 de marzo de 2020 de la Dirección del Trabajo y de conformidad con las facultades y obligaciones legales contenidas en la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, en el Código del Trabajo, artículos 2 y 19 del Decreto Ley 3.500 de 1980 y demás normas legales pertinentes y, en atención de que a la época de fiscalización la Región se encontraba en estado de Emergencia Sanitaria provocada por el COVID-19, se realizó parte de la misma de manera remota, esto es, a través de correos electrónicos.

Explica que en la multa que se cursó al recurrente, el fiscalizador, don nombre reservado, se constituyó en dependencias del sector de Caleta Quiane, perteneciente a la empresa Corpesca, en compañía de las restantes instituciones que fiscalizaron, siendo trasladados en una embarcación de la Armada de Chile hasta el lugar en que se encontraban las embarcaciones. Allí, se tomó contacto con la tripulación de la embarcación “nombre reservado”, ubicando al Patrón de Pesca (capitán), Sr. nombre reservado, a quien se le informó del procedimiento de fiscalización que se iniciaba, de los deberes y derechos, se le entregó el Anexo FI-1, el que firmó en señal de aceptación. Se tuvo presente lo dispuesto en el artículo 4° del Código del Trabajo y la presunción de derecho de representación del empleador, donde se señala que “se presume de derecho que representan al empleador y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, (…) el capitán de barco (…)”.

Añade que se entrevistó a los trabajadores que se desempeñaban en la embarcación, quienes al momento de la visita se encontraban en maniobras de descarga de pesca realizada al término de la de la faena, y señalaron que tienen sus contratos de trabajo escriturados y que el empleador les otorga todos los implementos de seguridad necesarios para protegerse de los riesgos a que se encuentran expuestos, acorde al trabajo que realizan.

Finalmente, respecto de las materias a fiscalizar, el Patrón de pesca señaló que la empresa tiene toda la documentación laboral al día, pero que no se encontraba en la embarcación, razón por la que el 9 de abril se la solicitó a través de modalidad remota, enviando un correo electrónico a la casilla correo reservado, correspondiente al dueño y empleador Sr. nombre reservado, además de contacto telefónico, otorgando un plazo para su entrega hasta el 12 de abril de 2021, cuestión que no ocurrió.

Resalta que es el personal de SERNAPESCA el que facilita la documentación actualizada de la embarcación, constatando que el armador y dueño es el recurrente.

De esta manera, se sancionó como una infracción a los artículos 31 y 32 del D.F.L. N°2 de 1967, por no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, notificada en los términos del artículo 508 del Código del Trabajo, mediante carta certificada, la que acompañó, junto con el restante expediente administrativo, a la carpeta electrónica.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO, Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la parte recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio y que la recurrente estimó infringidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que no resulta controvertido, al tenor de las presentaciones de las partes, el hecho de que el recurrente nombre reservado, con giro de pesca marítima artesanal, fue sancionado en el marco de la Fiscalización N° 1501/2021/277, por Resolución de multa N° 4564/21/5 de 14 de abril del año en curso, por haber incurrido en la siguiente infracción: “No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización como contratos de trabajo y planillas de cotizaciones organismos administración del seguro de la ley n°16.744 de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, respecto a la tripulación de la embarcación de pesca artesanal nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado.” (sic).

CUARTO: Que el inciso tercero del artículo 503 del Código del Trabajo, preceptúa que: “La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción.”.

El cuerpo legal en comento, además, establece en sus artículos 506 ter, 511 y 512, la posibilidad de formular reclamo administrativo en contra de la resolución en cuestión.

QUINTO: Que del mérito de la norma transcrita en el motivo precedente, y la mención a las demás, resulta que el recurso de protección no se constituye en la vía idónea para efectuar reclamaciones respecto de multas administrativas como la que originó este recurso, existiendo un procedimiento especial, sea administrativo, de competencia del Director del Trabajo, o judicial, de competencia de un Tribunal especial, y que contempla, éste último, incluso el régimen recursivo de los procedimientos ordinarios laborales.

SEXTO: Que, aun cuando lo señalado en las reflexiones que anteceden resulta suficiente para desestimar el arbitrio, por haberse declarado admisible este recurso conforme la resolución de 19 de octubre pasado, se analizarán cuestiones de mérito del mismo.

SÉPTIMO: Que examinado el expediente de fiscalización, resalta como evidente que la persona que se encontraba presente en la embarcación, al momento de practicarse la fiscalización “presencial” y entrevistar a tres trabajadores, era el Patrón de Pesca Sr. nombre reservado, quien suscribió la documentación respectiva en su calidad de representante del empleador, como consta en la página 13 del expediente administrativo.

En tal sentido, resulta útil recordar que el inciso primero del artículo 4° del Código del Trabajo dispone que: “Para los efectos previstos en este Código, se presume de derecho que representa al empleador y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco y, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica.”.

En consecuencia, la norma citada establece una presunción de derecho, aplicable a las materias regidas por el Código, y que no pueden inaplicarse en esta sede de protección, ya que ha sido el propio recurrente quien ha optado por esta vía cautelar y de emergencia.

De este modo y para estos sentenciadores, la representación descrita, presumida de derecho por el legislador, alcanza, es suficiente, para estimar que el recurrente ha tomado cabal conocimiento de la fiscalización de que fue objeto, debiendo tomar, en su oportunidad, los resguardos respectivos y efectuar las alegaciones que estimara pertinentes en la sede administrativa, resultando, ahora, no sólo impertinentes sino además, extemporáneas, lo que conduce al rechazo del recurso.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, declara:

I.- Que se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado Álvaro Fernández Núñez, mandatario judicial y en representación de don nombre reservado, en contra de la Inspección del Trabajo de Arica.

II.- Que se deja sin efecto la orden de no innovar decretada. Comuníquese oportunamente.

Cúmplase, en su oportunidad, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 783-2021 Protección.