nombre reservado con DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ARICA

Arica, doce de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece el abogado Enzo Varens Álvarez en favor de: 1) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 2) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 3) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 4) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 5) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 6) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 7) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 8) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 9) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 10) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 11) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 12) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 13) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 14) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 15) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 16) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 17) nombre reservado, sin RUT, domiciliada en domicilio reservado; 18) nombre reservado, sin RUT, domiciliada en domicilio reservado; 19) nombre reservado, sin RUT, domiciliada en domicilio reservado; 20) nombre reservado, sin RUT, domiciliado en domicilio reservado; 21) nombre reservado, sin RUT, domiciliada en domicilio reservado; 22) nombre reservado, sin RUT, domiciliado en domicilio reservado; 23) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 24) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 25) nombre reservado, sin RUT, domiciliada en domicilio reservado; 26) nombre reservado, sin RUT, domiciliada en domicilio reservado; 27) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 28) nombre reservado, sin RUT, domiciliado en domicilio reservado; 29) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 30) nombre reservado, sin RUT, domiciliada en domicilio reservado; 31) nombre reservado, sin RUT, domiciliado en domicilio reservado; 32) nombre reservado, sin RUT, domiciliada en domicilio reservado; 33) nombre reservado, sin RUT, domiciliada en domicilio reservado; 34) nombre reservado, sin RUT, domiciliado en domicilio reservado; 35) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 36) nombre reservado, sin RUT, domiciliada en domicilio reservado; 37) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 38) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 39) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 40) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 41) nombre reservado, RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; e interpone recurso de protección en contra de la Gobernación Provincial de Arica, -cuya continuadora legal es la Delegación Presidencial de la Región de Arica y Parinacota-; en contra del Servicio Regional de Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota (SERVIU), y en contra de Carabineros de Chile, XV Zona Policial, denunciando como acto ilegal y arbitrario el desalojo y demolición de viviendas habitadas por pobladores en Cerro Chuño ocurrido el pasado 6 de octubre, con vulneración de las garantías constitucionales previstas en los numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Comienza señalando antecedentes de contexto sobre el proceso de ocupación y relocalización de la población que habita en domicilio reservado, así como también el intento de desalojo ocurrido en el año 2017 y su posterior anulación judicial en la causa Rol Nº118-2017 de esta Corte, el programa de asentamientos precarios implementado por SERVIU, las solicitudes de abandono voluntario remitidas por dicha entidad pública a los pobladores de Cerro Chuño en enero y abril del año en curso, y el intento de desalojo que aconteció en junio pasado, que motivó la interposición de un recurso de protección por el recurrente, el que fue rechazado por falta de legitimación activa en causa Rol N°562-2021 de esta Corte.

Luego, en cuanto a los hechos que motivaron la interposición de la presente acción constitucional, refiere que a las 8:00 horas aproximadamente del pasado 6 de octubre de 2021, se apersonó personal del SERVIU de Arica y Parinacota, funcionarios de la Delegación Presidencial Provincial (sic) y el SEREMI de Gobierno en inmediaciones del Cerro Chuño, conjuntamente con maquinaria pesada y vehículos de construcción y de la policía.

Expone que los funcionarios informaron a los pobladores que el procedimiento se trataba de un desalojo “voluntario”; sin embargo, increpados posteriormente por los pobladores, manifestaron que efectivamente el desalojo no sería voluntario, sino que forzoso, procediendo al corte de luz de todo el sector en forma autónoma y sin intervención de CGE o del personal de la empresa de luz. Precisa que los funcionarios de las autoridades recurridas procedieron de manera similar al procedimiento frustrado de desalojo ocurrido en junio de 2021, es decir, el personal policial instaló un perímetro por todo el sector de la manzana J de Cerro Chuño con vallas papales, impidiendo el acceso y salida de toda persona. Asimismo, y tal como aconteció la vez pasada, los recurridos se negaron a exhibir las resoluciones que servían de sustento jurídico a su actuación material, a pesar de los requerimientos de los moradores y demás personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, el personal de Carabineros procedió a allanar y descerrajar un total de dos viviendas que en esos momentos se encontraban sin moradores. En cuanto a las viviendas con moradores, Carabineros procedió a retirar a las familias, con violencia a quienes se resistieron. Luego, el personal de Gobierno retiró los enseres personales de las familias, destruyendo muchos de ellos en el proceso. Finalmente, máquinas retroexcavadoras demolieron dos viviendas ya desalojadas, proceso que se repetiría al día siguiente.

A su juicio, las actuaciones descritas son ilegales, debido a que el SERVIU y la Delegación Presidencial han vulnerado el marco jurídico vigente relativo al desalojo de bienes raíces, aludiendo al artículo 4 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado. Añade que el artículo 26 del D.F.L. N° 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, en lo referente a las atribuciones para exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o nacional de uso público, se encontraría derogada tácitamente, pues conforme lo previene el artículo único del D.L. N° 1439, de 1976, la atribución indicada será ejercida por el Gobernador mientras no se dicten las normas definitivas sobre estas materias, lo cual aconteció el 21 de marzo de 1993, mediante la vigencia de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En consecuencia, la norma indicada fue derogada por el artículo 4 de la Ley N° 19.175.

En este sentido, argumenta que la autoridad provincial carece de facultades para disponer, como lo hizo, del desalojo administrativo de sus representados, en atención a la naturaleza de los bienes del Estado que están siendo ocupados por los recurrentes; además, existe un procedimiento especial establecido por el legislador para estos casos regulado en el artículo 19 del Decreto Ley Nº 1939 y, finalmente, sostiene que se ha vulnerado el principio de juridicidad. Por otra parte, asevera que la Delegación Presidencial carece de facultades para vigilar bienes de propiedad de SERVIU, sin que exista un acto administrativo que avale las actuaciones materiales de los recurridos, y en caso de existir, contraviene las formalidades legales, citando diversa normativa contenida en la Ley N° 19.880. Asimismo, denuncia la falta de proporcionalidad, en relación a que en un proceso de desalojo, supuestamente voluntario, se despliegue tanto personal policial, limitando la libertad de desplazamiento de los afectados.

Indica como garantías constitucionales infringidas las de los Nos 1, 2, 3 inciso quinto, 4, 5 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, fundado en que las recurridas, al disponer un procedimiento de desalojo sin ningún respeto por la dignidad de las personas a desalojar, vulnera efectivamente la integridad física de varios de sus representados, describiendo algunos de sus antecedentes clínicos; estima que el desalojo es discriminatorio y peyorativo hacia sus representados, toda vez que se ha dispuesto de un procedimiento que carece de las formalidades mínimas necesarias, que es absolutamente desproporcionado, y que vulnera una sentencia judicial con fuerza de cosa juzgada; asevera que las actuaciones de las recurridas ponen a los pobladores en peligro de verse afectados en sus derechos a la vida familiar y privada, por cuanto si no prestan su acuerdo a la ejecución de la medida, sus casas serán objeto de la intrusión forzosa de carabineros y otros agentes del Estado; asimismo, en relación a la garantía de no juzgamiento por comisiones especiales, argumenta que Bienes Nacionales (sic) se arroga una facultad que no tiene, sin interponer las acciones legales pertinentes, pretendiendo hacer justicia por propia mano; y en lo relativo al derecho de propiedad, afirma que se está privando a sus representados del pago de lo que gastaron en el mejoramiento de los inmuebles en su calidad de precaristas, mejoras que, por accesión, pasan a ser propiedad del SERVIU, existiendo un enriquecimiento sin causa.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, ordenando que se deje sin efecto el desalojo realizado por la Gobernación y el SERVIU, con auxilio de Carabineros, incluyendo el retiro de los cierres perimetrales, así como el del personal de demolición y de cualquier otro funcionario público relacionado con los hechos denunciados y se deje sin efecto cualquier acto administrativo formal emanado de tales servicios. Pide además, que tanto la Gobernación como el SERVIU se abstengan, en lo sucesivo, de efectuar desalojos voluntarios o forzosos por la vía administrativa, debiendo iniciar las acciones civiles correspondientes para tales efectos; y que se remitan estos antecedentes a la Contraloría Regional de Arica y Parinacota a fin de que instruya un sumario administrativo, con costas.

En su oportunidad evacuó informe la XV Zona de Carabineros de Chile, señalando que por Oficio N° 1227 de 23 de septiembre de 2021, el Delegado Presidencial Regional de Arica y Parinacota informó que mediante Oficio N° 1975 de 28 de mayo pasado, la Gobernación Provincial fue requerida por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Arica, para colaborar en lograr la restitución de 46 inmuebles de propiedad del SERVIU que estaban siendo ocupados irregularmente. En dicho contexto, se procedió a oficiar a Carabineros y se dictaron resoluciones de restitución, con el fin de lograr la desocupación y restitución de 16 viviendas ubicadas en la manzana J, villa El Solar, Cerro Chuño, ocupadas por 16 personas.

Para el cumplimiento del cometido, se solicitó la colaboración de Carabineros para los días 6, 7 y 8 de octubre, entre las 8:30 y 18:00 horas, más un servicio de carácter nocturno para evitar “retomas”, con el objeto de resguardar el orden y seguridad pública en el sector, mientras se debían producir las salidas voluntarias, así como también para la ejecución de las resoluciones acompañadas en el señalado Oficio, disponiéndose en consecuencia de los medios logísticos y recursos humanos necesarios para la labor. De esta manera, la Prefectura de Carabineros Arica N° 1 elaboró el Plan Operativo de Servicios Policiales N° 45, a fin de ejecutar los servicios policiales extraordinarios con recursos humanos y logísticos con que cuenta la repartición, con apoyo de las Unidades Especializadas de la XV Zona de Arica y Parinacota, todo ello para garantizar el normal desarrollo de la actividad programada y otras que pudieran presentarse en la práctica, para prevenir algún hecho de violencia que pudiera suscitarse en el sector "Manzana J", perteneciente al denominado "Cerro Chuño", en relación a 16 viviendas de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanismo Región de Arica y Parinacota, algunas de las cuales han sido ocupadas ilegalmente por terceros no individualizados.

Agrega que durante el desarrollo de este requerimiento, fue aplazada la intervención de la fuerza pública, toda vez que se efectuaba un proceso de restitución voluntario y la entrega de información de determinados beneficios para los ocupantes del sector.

Precisa que Carabineros dio cumplimiento a las Resoluciones Exentas N° 98, de 3 de junio de 2021, y N° 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 y 146, todas de 15 de junio de 2021 de la Gobernación Provincial de Arica, que autorizan la fuerza pública en caso de oposición, observándose en su totalidad los protocolos de actuación con apego irrestricto a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, destacando que en el procedimiento no se registraron desórdenes ni detención de personas, por lo que solicita el rechazo del recurso a su respecto, por no existir acto ilegal o arbitrario imputable a Carabineros.

Evacuando el informe solicitado por esta Corte el Servicio Regional de Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota, solicitó el rechazo del recurso, con costas. En primer lugar, detalla pormenorizadamente el contexto de la Ley N° 20.590, que “Establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica”, el proceso de relocalización de las familias, y las acciones de planificación multisectorial para la recuperación pacífica de las viviendas ocupadas irregularmente en el Cerro Chuño, específicamente, del polígono Villa Los Laureles, Manzana J, comprendiendo 16 viviendas.

Aclara que el proceso de desocupación de viviendas que da origen a este recurso, es la continuación de la desocupación que comenzó a ejecutarse materialmente el 16 de junio de 2021, y que fue suspendido por una orden de no innovar emanada por esta Corte en la causa Rol N° 562-2021, como producto de la interposición de un recurso de protección, el cual fue finalmente rechazado y confirmado su rechazo por parte de la Excma. Corte Suprema.

Luego, describe los beneficios otorgados para los ocupantes irregulares, consistentes en subsidios de vivienda y gastos de traslado transitorio, individualizando sus beneficiarios.

Alega la inexistencia de la cosa juzgada que se esgrime por el recurrente, por cuanto el primer intento de desalojo se realizó a las personas localizadas en el sector denominado “Villa el Solar” que es un sector distinto del actual (“Villa Los Laureles, manzana J” y “Villa Los Laureles-01 manzana J”), situación reconocida en la sentencia rol Corte N°118-2017. Además, destaca que en dicho recurso no fue interpuesto en contra del SERVIU de Arica y Parinacota, sin que el Servicio fuera emplazado; en consecuencia, los sujetos, el objeto y la causa de pedir son distintos a lo pretendido en la aludida causa Rol Corte 118-2017, razón por la cual no se cumple con lo exigido por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la triple identidad de la cosa juzgada, fundamentación que también fue reconocida en la causa Rol N° 562-2021 de esta Corte.

En otro aspecto, sostiene la falta de ilegalidad y arbitrariedad en las acciones del SERVIU de Arica y Parinacota, pues siempre han sido encaminadas a la entrega pacífica y voluntaria de los inmuebles, destacando que a los ocupantes irregulares se les había avisado con bastante anticipación que debían entregar voluntariamente los inmuebles (oficios Ord. N°0147, 1152 y 1160 de este SERVIU), y a cambio de ello, recibirían beneficios asociados a la situación particular en la cual se encontraban. En este contexto, a fin de dar cumplimiento a la ejecución de la programación, planificación y traslado voluntario de las familias a sus nuevos asentamientos, se requirió el apoyo de Carabineros, con el objeto de resguardar el orden público del sector en el cual se encontraban funcionarios y autoridades públicas, mientras los ocupantes irregulares (actuales beneficiarios) hacían entrega de las viviendas contaminadas, debiendo éstas ser demolidas según los permisos de demolición 188 y 189, de la Dirección de Obras Municipales. Añade que las resoluciones de la Gobernación Provincial dictadas el 15 de junio de 2021, ordenaban la restitución de los inmuebles fiscales, autorizando el auxilio de la fuerza pública e inclusive el descerrajamiento en los casos que se requiriera. No obstante, de un total de 16 viviendas, sólo en 2 fue necesario descerrajar para hacer ingreso, pues se encontraban sin moradores.

Sin perjuicio de lo anterior, destaca que las acciones ejecutadas por SERVIU tienen su fundamento en el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley N°20.590, que en su artículo 11 dispone, entre otras medidas de responsabilidad de la autoridad de Vivienda y Urbanismo, la relocalización de familias asentadas en zonas con presencia de polimetales, con el objeto de evitar la exposición por parte de ellos, así como también para disminuir el riesgo para la vida o salud de la población existente en dicho lugar. Además, la diligencia requerida de relocalización busca acatar estrictamente las instrucciones expresas emanadas de la Contraloría General de la República, contenidas en el capítulo 4.6 del informe Final de la Auditoría N°1122/2018 de 06 de diciembre de 2019, en cuanto dicho órgano de control ordenó al Servicio de Vivienda y Urbanización la demolición de la totalidad de las viviendas y que se vele porque una vez desocupadas no vuelvan a reutilizarse.

Niega que el Servicio haya incurrido en actos de hostigamiento, y en relación a lo expuesto sobre el corte de cables en el sector, hace presente que dichos cables correspondían a conexiones hechizas que tenían las viviendas que se encontraban “colgadas” al tendido eléctrico, los que debían ser cortados para poder ejecutar la correspondiente demolición de las viviendas, en virtud de las ordenes de demolición N°188 y N°189, ambas de 23 de septiembre de 2021, emanadas por la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Arica, a diferencia de anteriores oportunidades, en que solo se deshabilitaban y tapiaban las viviendas una vez desocupadas.

Por otra parte, alega la falta de legitimación activa de los recurrentes, toda vez que los inmuebles recuperados y demolidos, corresponden a los lotes números 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23; todos sitos de la manzana J, en su extremo sur, según el diagrama que acompaña en su informe, en circunstancias que los recurrentes ocupan irregularmente viviendas distintas de las que el día 6 y 7 de octubre 2021 fueron solicitadas, lo que se desprende del domicilio que individualizaron en el recurso. En este sentido, reclama que los recurrentes no tienen un interés directo e inmediato en la protección de las garantías que invocan, al no haber sido afectados por alguna acción del Servicio.

Enfatiza que los actos administrativos que avalan la actuación denunciada, corresponden a los emitidos por la Gobernación o Delegación Presidencial y los permisos de demolición que adjunta en su informe. Asimismo, refiere que el SERVIU no ha pretendido evitar la interposición de acciones posesorias u otras como lo indica el recurso, pues en este caso ello no es necesario, ya que la salida de los ocupantes era voluntaria, atendida a la importancia y conveniencia para ellos y sus familias, de los beneficios ofrecidos y otorgados y además que las ocupaciones eran de corta data. Finaliza controvirtiendo la existencia de vulneración de garantías constitucionales que se invocan en el recurso.

Por último, evacuó informe la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, solicitando el rechazo de esta acción constitucional, con costas. Como consideraciones previas, alude al contexto histórico del sector Cerro Chuño y lo dispuesto en la citada Ley N° 20.590, el trabajo multisectorial para lograr la desocupación de los inmuebles fiscales contaminados y lograr proteger la salud de sus ocupantes, los programas desplegados por SERVIU de subsidios habitacionales y bonos directos, y el recurso de protección Rol N° 562-2021 tramitado ante esta Corte, que fue rechazado.

Luego, sostiene que se retomaron las acciones conducentes para lograr la desocupación, restitución y demolición (en esta oportunidad 16 inmuebles ubicados en villa Los Laureles manzana J), motivo por el cual se envió el oficio N° 1227/2021 a Carabineros, solicitando colaboración para continuar con el proceso de restitución, el que se llevaría a cabo los días 06, 07 y 08 de octubre del corriente, días en que se recuperaron y demolieron 16 viviendas contaminadas. Afirma que este proceso fue realizado con apego estricto a la normativa legal vigente tanto nacional como internacional relativa a los desalojos. Precisa que el corte de luz es parte del protocolo a seguir en el caso de demolición de viviendas, contándose en ese sentido con los permisos correspondientes.

Asevera que en el proceso de desalojo se constituyeron en el lugar instituciones tales como INDH (Instituto de derechos Humanos), Servicio Mejor Niñez, Servicio Nacional de la Mujer y equidad de Género, OPD (oficina de Protección de derechos), entre otros; todo lo anterior da cuenta que existió un proceso de salida coordinada, y donde se adoptaron todas las medidas conducentes para garantizar los derechos de las personas que abandonaban las viviendas.

Destaca que previo a realizarse este proceso, el SERVIU avisó en múltiples oportunidades a los ocupantes que debían abandonar los inmuebles, toda vez que estaban contaminados con polimetales, motivo por el cual debían ser demolidos. Afortunadamente, los avisos surtieron efecto, ya que los ocupantes lograron comprender la importancia de hacer abandono de los inmuebles, así como también que existiría de parte del Estado un acompañamiento en la salida, entregándose de parte del SERVIU, según fuera procedente, beneficios de acuerdo a los programas y planificación señalados por dicha entidad al evacuar su informe.

Por otro lado, manifiesta que la Delegación es la continuadora legal de la Gobernación de Arica y dispone de las facultades establecidas en las letras a), d), h), e i) del artículo 4° del D.F.L. N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, así como también las establecidas en las letras e) y f) del artículo N° 26 y artículos 33 y 34 del Decreto con Fuerza de Ley N° 22 del año 1959, en lo relativo a ejercer la vigilancia y cuidar de la conservación de los bienes del Estado, fiscales o nacionales de uso público, descartando la derogación tácita que se argumenta en el recurso, y citando jurisprudencia que avala el ejercicio de tales atribuciones de restitución administrativa.

Sostiene que ni la ex Gobernación ni la actual Delegación han actuado de manera arbitraria, muy por el contrario, las actuaciones y actos administrativos que han emanado de la autoridad poseen motivación y extensa justificación. Descarta la existencia de cosa juzgada en relación con el recurso de protección Rol N° 118-2017 de esta Corte, por no concurrir los elementos de la triple identidad.

Enfatiza que no ha existido amenaza, perturbación o privación de la vida familiar de las personas que representa el recurrente, ni en relación a las restantes garantías constitucionales invocadas, ya que ellos no viven en ninguna de las 16 viviendas que fueron desocupadas, por lo que carecen de legitimidad activa.

Refiere que independientemente de que el proceso haya sido voluntario, siempre es necesario contar con el apoyo de Carabineros de Chile, institución que cumple un rol fundamental de cautelar el orden y seguridad en el procedimiento, protegiendo tanto a las personas que salían voluntariamente del sector, como así también al personal de los Servicios que se encontraban dirigiendo y cautelando el proceso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Constitución Política de la República se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, ante situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo, cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones competente adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de los Servicios recurridos fue arbitrario o ilegal y, establecido ello, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, previo a analizar el fondo del asunto, cabe ocuparse del efecto de cosa juzgada mencionado por el recurrente, en relación a la sentencia dictada en la causa Rol N° 118-2017 de esta Corte y para cuya resolución se ordenó traer a la vista como medida para mejor resolver.

En tal sentido, del cotejo de dicha causa y la presente se desprende que ambas difieren tanto en las personas recurrentes como las recurridas, pues en la primera actuó en calidad de recurrente el Instituto Nacional de Derechos Humanos en representación de aquellos que individualizó en su libelo, sin que correspondan a la identidad del recurrente de esta causa ni a la de quienes en cuyo favor interpuso la acción. Asimismo, el recurso pretérito fue dirigido contra la Gobernación Provincial de Arica y el Jefe de la XV Zona de Carabineros de Arica y Parinacota; en cambio, éste lo fue además contra el Servicio de Vivienda y Urbanismo, circunstancias ambas que desde ya excluyen la procedencia del efecto de cosa juzgada invocado, al no concurrir copulativamente los elementos de la triple identidad establecidos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: Que, corresponde ahora analizar, como primer requisito de la acción interpuesta de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la legitimación activa de los recurrentes, teniendo en consideración que tanto la Delegación Presidencial Regional como el Servicio de Vivienda y Urbanismo han argumentado que los recurrentes carecen de dicho presupuesto de procesabilidad.

Lo anterior es de suma relevancia, por cuanto sólo resultan ser titulares de la acción de protección aquellas personas que hayan sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la misma norma señala; es decir, los recurrentes deben acreditar de algún modo que detentan la calidad de agraviados, perjudicados o lesionados.

En este contexto, de la lectura del libelo recursivo, particularmente de la individualización de los domicilios de los recurrentes, se constata que ninguna de las viviendas en que éstos habitan fueron parte del procedimiento de desalojo desplegado los días 6 y 7 de octubre, considerando que los 16 inmuebles que fueron restituidos para su posterior demolición, se encuentran en sitios distintos, particularmente, los del extremo sur de la manzana J de la Villa Los Laureles en el sector de Cerro Chuño, de acuerdo al plano adjuntado en el informe de SERVIU.

Por lo demás, el propio apoderado de los recurrentes, admitió en estrado que sus representados no son de aquellos que recibieron subsidios o prestaciones de dinero por parte de SERVIU, en la operación de reubicación de los pobladores en otras viviendas, lo cual implícitamente significa que a quienes dice representar, no estuvieron involucrados en las dinámicas que se desencadenaron los días 6 y 7 de octubre del año en curso.

QUINTO: Que, lo anteriormente reflexionado constituye motivo suficiente para el rechazo de la presente acción constitucional, al advertirse la falta de legitimación activa de los recurrentes, y consecuencialmente, la inexistencia de las vulneraciones a las garantías constitucionales denunciadas, teniendo presente que el acto reclamado como ilegal y arbitrario en la especie, correspondía al proceso de desalojo desplegado el 6 y 7 de octubre del año en curso, hipótesis que limita y da un marco fáctico a la acción impetrada.

Tal aspecto resulta esencial pues, como ya se adelantó, este arbitrio constitucional está destinado a proteger a lesionados por los hechos denunciados, y ello no puede ser de otro modo, por cuanto su correlato se encuentra en las medidas que, también determinadamente, se pide que adopte esta Corte con el preciso objeto de restablecer al afectado en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías conculcados y que, en la especie, se presentaron con manifiesta generalidad, al solicitar dejar sin efecto el desalojo efectuado, así como los actos administrativos emanados de las recurridas, en caso de existir y que estas últimas se abstengan en lo sucesivo de efectuar desalojos voluntarios o forzosos por la vía administrativa, entre otras, en circunstancias que el acto de desalojo denunciado no afectó las viviendas en que habitan los recurrentes.

SEXTO: Que, sólo a mayor abundamiento, de los antecedentes aportados por el recurrente no resulta posible desprender la existencia de las conductas a que atribuyó la lesión de las garantías indicadas en el recurso, por cuanto de las fotografías allegadas sólo es posible apreciar la presencia de personal de Carabineros y la demolición de viviendas, sin que pueda establecerse con una mínima claridad que correspondan a los inmuebles habitados por los recurrentes, ni la existencia de un desalojo violento en Cerro Chuño o actos de hostigamiento desplegados por los organismos recurridos.

Contrariamente, de acuerdo a lo informado por las autoridades recurridas y la abundante documental acompañada, es posible asentar la existencia del plan en que se asiló el SERVIU para obtener la aquiescencia de algunos ocupantes de viviendas del sector “Villa Los Laureles, manzana J” del Cerro Chuño para hacer abandono de ellas a cambio de alguno de los beneficios que les permitan asentarse en un sector diverso para dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley N° 20.590, y proteger la salud de la población, puesto que resulta un hecho de público conocimiento, tanto en la región como a nivel nacional, la contaminación existente en el lugar por parte de polimetales, producida por la importación en tiempos remotos de desechos procedentes de Europa, lo cual por un lado, dio origen a juicios indemnizatorios en otros países y consecuencias que la Ley ya referida procura enmendar, de modo que la actuación desplegada por las recurridas no merece reproche alguno, y por el contrario, precisamente tiene el objetivo de proteger los derechos humanos de quienes habitan en dichas zonas, altamente contaminadas.

SÉPTIMO: Que, en último término, y en cuanto a las facultades que otorga la ley para adoptar el procedimiento que se llevó a efecto los días 6 y 7 de octubre del año en curso, se debe señalar que las letras e) y f) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 22 de 1959, del Ministerio del Interior, cuya última reforma ocurrió el 3 de octubre de 2011, en virtud de la Ley N° 20.537, expresamente establecen las siguientes atribuciones: “e) Ejercer la vigilancia y cuidar de la conservación de los bienes del Estado, fiscales o nacionales de uso público, cuidar que se respeten en el uso a que están destinados y, en especial, impedir que se ocupen en todo o en parte, se realicen obras, se lleven a efecto resoluciones o se ejecuten otros actos que embaracen o perturben el uso común; f) Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición, podrá hacer uso de las facultades que le otorga la presente ley”, por lo que se desprende que el actuar de los informantes se encuentra bajo la férula de la normativa citada, y por lo demás tiene loable objetivo, como se ha señalado de proteger el derecho a la vida, la integridad física y la salud de personas que viven en terrenos con alta toxicidad y procurando el consenso con quienes allí habitan para el retiro voluntario del resto o vestigios de las viviendas que allí existían, a cambio de subsidios habitacionales del Estado e incluso, entrega de dineros para el traslado de sus enseres, tal como prolíficamente lo señaló uno de los informantes, por lo que al no advertirse la afectación de las garantías constitucionales de los recurrentes, ni la existencia de actos ilegales o arbitrarios por parte de los recurridos, sólo resta actuar en consecuencia, rechazando la acción constitucional en comento.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado Enzo Fabián Varens Álvarez, en contra de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, del Servicio Regional de Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota, y de la XV Zona de Carabineros de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 781-2021 Protección.