nombre reservado con FISCO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Arica, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO y TENIENDO ADEMÁS PRESENTE:

Que, comparece FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ DE LA RIVA, abogado, domiciliado en domicilio reservado y deduce recurso de Protección en contra del Servicio Público descentralizado TESORERIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, representada por su Director Regional Tesorero don nombre reservado, Empleado Público, o quien a la época de la notificación lo subrogue, ambos con domicilio en domicilio reservado, de Arica, por la vulneración de Derechos y Garantías constitucionales, en relación al artículo 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 07 de octubre del año 2010 la Tesorería General de la República inicio la acción de cobro judicial de los impuestos adeudados en causa Rol C-1839-2010, ante el Segundo Juzgado de Letras de Arica.

Con fecha 30 de noviembre del año 2016 y habiendo transcurrido el plazo de inactividad por parte de la demandante, se solicitó el abandono del procedimiento, dando lugar a ellos el Juez de primera instancia mediante resolución de fecha 26 de diciembre de 2016. Una vez declarado el abandono del procedimiento, presentó una demanda ordinaria de prescripción extintiva, por los impuestos adeudados correspondiente al folio N°174108846 de fecha 12 de enero de 2007 en causa Rol N° C-1175-2017, seguida ante el Tercer Juzgado de Letras de Arica, la que actualmente se encuentra en la etapa de prueba. La recurrida fue notificada con fecha 08 de marzo de 2018.

Refiere que con fecha 02 de agosto de 2018 en una causa particular de cobranza Rit N° 52-2018 se requirió de pago a la Ilustre Municipalidad de Arica, a fin de proceder a dar cumplimiento a la sentencia dictada en la causa de tutela laboral N° 5-2018 y en este sentido, la Ilustre Municipalidad consignó la suma de $29.475.491, no obstante señaló que había recepcionado una resolución de la recurrida de 1 de diciembre de 2017 que ordenaba el embargo por un monto de $5.191.548, razón por la que el Tribunal de Cobranza ordenó a la Municipalidad depositar la suma de $5.191.548 en la cuenta del Tribunal. El día 20 de septiembre del año en curso, la Tesorería procedió a trabar embargo sobre los dineros correspondientes a la indemnización laboral que le corresponde.

Para los efectos de fundar su recurso de cautela constitucional, señala que no ha sido requerido de pago de ninguna forma por parte de la Tesorería General de la República, desde la interposición de la demanda causa Rol C-1839-2010, ante el Segundo Juzgado de Letras de Arica, la cual fue declarada abandonada y el domicilio que se indica para proceder al embargo de domicilio reservado, fue el de sus padres, pero no vive allí hace más de catorce años y aquello es de conocimiento de la recurrida. Por otra parte, los impuestos que pretende cobrar se encuentran judicializados en la causa Rol N° 1175-2017 del Tercer Juzgado de Letras, debiendo con la sola interposición de la demanda de prescripción y su respectiva notificación, haber suspendido el procedimiento administrativo hasta que se resuelva la demanda de prescripción.

En consecuencia, la recurrida, privándolo de su derecho a reclamar al notificarlo en un domicilio inexistente busca por vía administrativa un cobro del año 2007 que se encuentra en etapa de prueba en el tribunal de primera instancia, y a sabiendas de que puede ser declarada prescrita, pretende cobrar los impuestos, debiendo con la sola interposición de la demanda de prescripción y su respectiva notificación, haber suspendido el procedimiento administrativo hasta que se resuelva la demanda de prescripción.

En cuanto a las garantías conculcadas señala las dispuestas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La recurrida evacuando el informe de rigor señaló que el código tributario y código de Procedimiento civil, fijan procedimientos propios del procedimiento ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero, existiendo otras vías de solución, para estos procedimientos. Que, justamente en el expediente administrativo de cobro, caso N° 545/2008, deben evacuarse todas las presentaciones, alegaciones y defensas, no existiendo de parte del recurrente oposición de excepciones a la ejecución en la etapa administrativa ni tampoco solicitudes de reducción de embargo ni ningún otro requerimiento.

Informa que es efectivo que con fecha 20 de septiembre de 2018, se procedió a solicitar al Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, la retención de dineros en calidad de agente retenedor, a consecuencia de un embargo de estados de pago, facturaciones y/o cualquiera prestación pecuniaria que el contribuyente percibiera de Ilustre Municipalidad de Arica. Esta resolución fue notificada con fecha 01 de diciembre de 2017. En ese momento ni la Ilustre Municipalidad de Arica, ni el ejecutado se opusieron al embargo trabado en su oportunidad, no efectuando ninguna alegación en el expediente administrativo de cobro, sea solicitando alzamiento, suspensión u otra petición administrativa. Por tanto, una vez que se generaron estos dineros en favor del contribuyente la Ilustre Municipalidad de Arica, cumplió con informar y el Juzgado de Letras del Trabajo a retener, al no existir ningún acto del ejecutado solicitando alzamiento suspensión u otra diligencia en el proceso de cobro.

Según señala el recurrente, actualmente estaría en tramitación una demanda de prescripción, pero que a los términos del presente recurso, seria irrelevante tal antecedente, lo anterior porque el artículo 147 del código Tributario, expresamente entrega facultades al servicio de Tesorerías para suspender las acciones de cobro cuando estas órdenes provengan de cualquier tribunal de justicia. Según los antecedentes que expone el recurrente, nunca se solicitó dicha suspensión en la causa ordinaria donde se tramita la acción ordinaria de prescripción, existiendo una vía distinta e idónea para poder suspender acciones de cobro, imputaciones en la cuenta única tributaria de los distintos embargos trabados, cuya marca se ingresa en la cuenta Única Tributaria, impidiendo cualquier acción de cobro en contra del contribuyente mientras se tramita la causa donde fue solicitada y la suspensión de cobro se encuentre vigente. Por ende, no es materia propia de un recurso de protección, sino debe solicitar lo que corresponda en las causas judiciales y/o administrativas respectivas, siendo facultativo del juez acceder a ella en vista de los antecedentes del proceso.

En lo tocante al domicilio en conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Código Tributario, corresponde notificarle allí, pues el recurrente contribuyente no ha informado otro distinto.

En consecuencia no existe ninguna vulneración por parte del Servicio al ejercer sus facultades según lo dispuesto y autorizado y obligado bajo la normativa que los ampara, y que al encontrarse actualmente vigente el embargo de estados de pago que el contribuyente debiera percibir de Ilustre Municipalidad de Arica, y siendo remitidos en su totalidad sin efectuar el descuento respectivo por los montos adeudados por el contribuyente, es obligación del servicio solicitar su retención al Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, y en la medida que no exista alguna suspensión de cobro decretada por los Tribunales de Justicia, mal podría suspender a su arbitrio la cobranza, y ello es de manera independiente que el deudor se encuentre con una excepción de prescripción en trámite, ya que según la normativa general solo producirá sus efectos una vez declarada con sentencia ejecutoriada, y sólo entonces estará obligando a paralizar las acciones de cobro, y por consiguiente efectuar los descargos respecticos de las deudas en la cuenta Única Tributaria que incida en el fallo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer término que quien la interponga sea el que por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación a amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerandos que menciona a continuación. Esto es, exige que sea el titular del derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el caso que lo haga un tercero a nombre de otro, es este último el que debe detentar la calidad de personalmente afectado con la acción u omisión arbitraria o ilegal que lo motiva.

SEGUNDO: Que, necesario es tener presente a la hora de resolver el conflicto, que la finalidad del recurso de protección es precisamente la de obtener una acción de protección de los derechos fundamentales, dentro de un racional y justo procedimiento, rápido y eficaz, que tiene una dimensión constitucional, y a la que se recurre precisamente ante la inobservancia de garantías constitucionales precisas y concretas, en el caso de autos, el origen de la interposición del presente recurso, es evitar o al menos detener las acciones administrativas de la recurrida frente a una obligación impositiva no pagada por el recurrente y respecto de la cual se discute en la actualidad su prescripción ante el Tercer Juzgado de Letras.

TERCERO: Que, la cuestión jurídica que se propone a esta Corte de apelaciones y que dice relación con coartar la posibilidad de la recurrida de ejercer la acción de cobranza en contra del recurrente bajo el argumento de no estar debidamente notificado del cuaderno administrativo y de la existencia de una causa en sede civil donde se tramita su petición de prescripción respecto de los impuestos que pretende cobrar la recurrida, no hace más que reforzar la idea que no estamos ante un derecho indubitado.

CUARTO: Que, en este escenario no existiendo un derecho indubitado por parte del recurrente sobre los dineros embargados, pues la deuda que lo motiva se encuentra vigente y puede en ese estado instarse por su cobro entre tanto no exista una sentencia firme que declare la prescripción y no siendo el recurso de protección el mecanismo para discutir la falta de notificación del rol administrativo o los futuros efectos y alcances de una sentencia en sede civil, tratándose de una legítima cobranza, forzoso resulta rechazar el presente recurso de protección, ello sin perjuicio de otros derechos que le asisten al recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se RECHAZA el recurso de protección deducido por Francisco Javier Rodríguez de la Riva en contra de la Tesorería Regional de Arica y Parinacota, representada por su Director Regional Tesorero don nombre reservado.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 775-2018.- Recurso de Protección.

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