ISS SERVICIOS GENERALES LTDA con INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE ARICA

Arica, veintidós de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, domiciliada en domicilio reservado y en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LTDA. interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo, representada por nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, a fin de que se deje sin efecto la resolución Nº 1591 de 25 de septiembre de 2018 que niega lugar a su recurso de reconsideración por estimarlo extemporáneo, declarándolo en plazo.

Expresa que su representada fue sancionada, mediante resolución N°4564/18/31, de fecha 15 de junio de 2018, notificada el día 25 de julio del año en curso, al pago de una multa de 80 Unidades Tributarias Mensuales por no comunicar personalmente o por escrito al trabajador el término de contrato en el plazo de 3- días hábiles; no enviar a la Inspección del trabajo dentro del plazo de 3 días hábiles copia del aviso de término del contrato de trabajo y no otorgar finiquito de trabajo y no poner el pago a disposición del trabajador dentro del plazo de 10 días.

Por medio de ORD N° 1591 de 25 de septiembre de 2018, suscrito por el recurrido, se le informó que la reconsideración fue rechazada por extemporánea, al considerar que el plazo de 30 días previsto para dicho trámite es de días corridos.

Sostiene, que dicho plazo debe computarse sólo respecto de días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que impone la multa, y en consecuencia, la reconsideración enviada por Chile express el día 24 de agosto de 2018, fue presentada dentro de plazo.

Argumenta, que existe numerosa jurisprudencia que ya ha zanjado el asunto.

En cuanto a las garantías constitucionales estima vulneradas las previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en presentación bajo el folio 13562, evacua el informe doña nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso de protección, por no existir vulneración a las garantías constitucionales alegadas, con condena en costas. En cuanto al recurso, acota, que a la recurrente se le cursó una multa, la que fue notificada con fecha 25 de julio de 2018, interponiendo el día 27 de agosto, recurso de reconsideración ante Inspección Provincial del Trabajo de Arica, esto es, habiendo transcurrido 38 días corridos de su notificación. El plazo de 30 días señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos y no de días hábiles.

Sostiene, que la norma citada no señala si este plazo corresponde días corridos o hábiles, en consecuencia, ante el silencio de la ley, se debe observar el tratamiento que otras normas del Código del Trabajo dan a los plazos en este tipo de materias, mencionando los artículos 312, 435 y 503 del mismo cuerpo normativo, todos los cuales señalan expresamente y con precisión la naturaleza de los términos allí dispuestos, en consecuencia, concluye que, cuando el legislador ha querido hacer excepción a la regla general de días corridos, lo ha manifestado de manera expresa.

Agrega, que de lo anterior fluye que el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos, porque no se refiere a la negociación colectiva ni al procedimiento de aplicación general.

Explica, que el legislador en el artículo 503 del Código del Trabajo, especifica que el plazo para reclamar judicialmente de las multas que impone la Dirección del Trabajo, es de días hábiles, habiendo entendido previamente la jurisprudencia, ante el silencio de la ley, en el texto anterior del artículo 474 que se trataba de días corridos. De lo anterior concluye, que los plazos previstos en los artículos 481 y 482, del citado cuerpo normativo, para pedir la reconsideración administrativa, mantuvieron su naturaleza de días corridos en la actual redacción de los incisos 1° y 2° del artículo 512, que quedó en el título final del Código, después de la modificación introducida por la Ley N°20.087.

Afirma, que existiendo una norma legal expresa y especial que regula el procedimiento y los plazos para ejercer el derecho a reclamar en contra de una multa impuesta por infringir la legislación laboral, la de pedir la reconsideración de ésta en sede administrativa, mal podría aplicarse el artículo 25 de la ley N°19.880, ajena a la realidad laboral, y que tiene el carácter de supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del mismo cuerpo legal, pues implicaría introducir un término excepcional, no acorde a los plazos del Código del Trabajo, que contempla días continuos, como regla general, y los plazos de días hábiles, es decir, descontados los feriados, como excepción. Aquella norma sería una especie de contra excepción al comprender el día sábado como inhábil.

Además es necesario dejar asentado que la Ley N° 20.087 que sustituyó el artículo 474 del Código del Trabajo por el actual artículo 503 modificando el plazo de 15 días por 15 días hábiles, lo hizo para zanjar la discusión del plazo, luego si no lo hizo respecto del artículo 512, no existe ninguna razón para estimar que el plazo de días se deba computar como días hábiles. Cita jurisprudencia de Dictámenes en apoyo a su tesis y finaliza señalando que el acto recurrido no es ilegal ni arbitrario, caprichoso u antojadizo.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, se configura como una acción de carácter tutelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos reconocidos en la referida norma, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, por lo que, requiere la existencia de una acción u omisión reprochable; la cual debe ser ilegal o arbitraria, y que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas mediante el recurso.

CUARTO: Que, concordante con lo anterior es dable argumentar que, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Magna, con el fin de que la Corte de Apelaciones respectiva adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

QUINTO: Que, en la forma en que se ha expuesto la discusión, la controversia radica en determinar si el plazo de treinta días para presentar reconsideración administrativa, ante el Director del Trabajo, previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos o hábiles.

SEXTO: Que, esta Corte comparte el criterio sostenido por la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 809-2014, 8384-2014, 18414-2015, 16.288-2016, 18.432-2016, Rol Nº 314-2017, Rol Nº 44940-2017 y Rol Nº 2208-2018 sobre recursos de protección, en el sentido de que se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que, por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N°19.880 respecto a los procedimientos administrativos, atendido lo dispuesto en el artículo 1° de la misma ley, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

SEPTIMO: Que, es un hecho no controvertido, que a la recurrente se le cursó una multa administrativa el día 15 de junio de 2018, la que le fue notificada el día 25 de julio, interponiendo el día 27 de agosto de 2018, recurso de reconsideración ante Inspección Provincial del Trabajo de Arica.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario al recurrente, que debe ser enmendado por esta vía.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido por ISS SERVICIOS GENERALES LTDA. en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO y en consecuencia se deja sin efecto la resolución ordinaria N°1591 de 25 de septiembre de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la recurrente el día 27 de agosto de 2018, respecto de la Resolución N° 4564/18/31, de 15 de junio de 2018.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 772-2018 Protección