nombre reservado con SUPER INTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Arica, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO:

nombre reservado, arquitecto, cédula nacional de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, comuna Arica, e interpuso recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, debido a que rechazaron sin justificación el pago de la licencia pre y post natal, conculcando con su actuar ilegal y arbitrario las garantías fundamentales previstas en los numerales 1, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que durante el año calendario 2018 obtuvo ingresos en su calidad de trabajadora independiente, con boletas de honorario, pagando sus cotizaciones en la operación renta 2019, cubriendo de tal forma, el pago de las cotizaciones para el periodo comprendido entre julio del 2019 a junio del 2020. A pesar de tener cubiertas las cotizaciones previsionales durante todo el año calendario 2019 y hasta febrero del 2020, obtuvo ingresos por pago de licencia de pre y post natal, y por licencia maternal, con ocasión del nacimiento de su hijo mayor, pagando directamente a la COMPIN sus cotizaciones mensualmente, como trabajadora independiente con licencia médica vigente de conformidad al Certificado de Cotizaciones de Cuenta de Cotizaciones Obligatorias, de 21 de enero del 2021 emitido por el Fondo Nacional de Salud (cotización obligatoria pagada mensualmente en forma voluntaria). Así, para el periodo comprendido entre julio del 2019 y junio del 2020, pagó doble cotización, por un lado a través de la Operación Renta y por otra parte a través de la COMPIN con ocasión de la licencia de pre y post natal.

Agrega que durante el año calendario 2019 sólo obtuvo ingresos provenientes del subsidio por licencia, por lo que su declaración de renta del año tributario 2020 (calendario 2019) no reconoce ingreso alguno, toda vez que la naturaleza de éstos corresponde a un ingreso no constitutivo de renta, no existiendo pago de imposiciones. Finalmente, durante el año calendario 2020 retomó sus actividades como trabajadora independiente, con boletas de honorario, pagando sus cotizaciones en la operación renta 2021 (Cotizaciones obligatorias pagadas a través de operación renta).

Señala que con ocasión del embarazo de su hija menor, el 15 de enero del presente año se le extiende la licencia médica número 3-47689416, correspondiente a 42 días de prenatal, la cual fue entregada a la COMPIN en tiempo y forma. Debido que su hija nació el 12 de marzo del presente año, esto es, con un retraso de 14 días de la fecha estimada, se le extendió la licencia médica número 3-50523414 por concepto de extensión de prenatal y finalmente se le extendió la licencia médica número 3-50523612 correspondiente a 84 días de postnatal.

Indica que respecto de la licencia médica número 3-47689416, correspondiente a 42 días de prenatal, fue autorizada sin derecho a subsidio por considerar que no cumplía todos los requisitos exigidos en su calidad de trabajadora independiente, en particular, encontrarse al día en las cotizaciones previsionales, toda vez que su declaración de renta del año comercial 2019 (año tributario 2020) no contenía ingresos constitutivos de renta. El 26 de enero del 2021 presentó reclamo ante la SUSESO, la cual, mediante la Resolución Exenta número R-01-UJU-28977-2021, de 14 de marzo del 2021, instruyó el pago del subsidio, en atención que cumplía con todos y cada uno de los requisitos de trabajador independiente, al haberse acreditado por un aparte i) el desempeño de una actividad remunerada, y por otra, ii) el pago de las cotizaciones previsionales a través de la Operación Renta del año calendario 2018. Sin embargo, el 18 de marzo de 2021 la COMPIN presentó Recurso de Reposición que fue resuelto mediante Resolución Exenta número R-01-IBS-61418-2021, de 17 de mayo del presente año, rechazando el pago del subsidio al considerar que no cumplía con los requisitos de pago de cotizaciones previsionales, tanto como trabajadora independiente obligada, como en calidad de trabajador independiente voluntario, toda vez que de conformidad a su declaración de renta del año calendario 2019 no se registra pago de cotizaciones previsionales, los cuales afectan al periodo comprendido entre el 01 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021. Con fecha 07 y 26 de mayo recurrió solicitando la reconsideración de la Resolución Exenta número R-01-IBS-61418-2021, la cual fue rechazada mediante Resolución Exenta número R-01-UNRA-115699-2021, de 2 de octubre del presente año, al considerar, al igual que la COMPIN que no se cumplían todos los requisitos, toda vez que la declaración de renta del año calendario 2019 no se registra pago de cotizaciones previsionales.

Señala que en los actos administrativos, solo se objeta uno de los requisitos del subsidio, teniendo por cumplidos los demás requisitos establecidos por el artículo 149 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1 de 2005, del Ministerio de salud, considerando la recurrida erróneamente que no se cumplió con el requisito exigido en su calidad de trabajadora independiente, esto es, encontrarse al día de las cotizaciones previsionales, sin embargo dicho pago se realizó mediante el doble pago de cotizaciones efectuados para el periodo comprendido entre julio del 2019 y junio del 2020, montos que debían considerarse necesariamente para los meses posteriores, de tal forma que quedó cubierto por la operación renta del año tributario 2019, y el periodo comprendido entre julio de 2020 y junio del 2021 con la cotización pagada por la COMPIN con motivo de la licencia médica post natal. Una interpretación en contra implicaría dejar en una grave situación de indefensión a la mujer embarazada, quien no contaría con previsión a pesar de haber cotizado doblemente, y por otro lado, constituiría un enriquecimiento sin causa para las entidades de seguridad social (FONASA, AFP, Instituto de Seguridad Laboral, etc.).

Alude a que dio cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el artículo 149 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 2005 del Ministerio de Salud, debiendo tener en consideración que el trabajador independiente, para efectos previsionales, puede encontrarse obligado a cotizar en razón de la actividad económica realizada o puede hacerlo en forma voluntaria. En efecto, de conformidad al artículo 89 del DL 3.500 de 1980, se encuentran obligados a cotizar los contribuyentes que perciban ingresos por actividades gravadas por el artículo 42 Nº2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y los socios de las sociedades profesionales que tributen conforme a ese último artículo, cuando anualmente emitieren boletas de honorarios (Cotizaciones obligatorias pagadas a través de operación renta). Para el caso de los trabajadores independientes obligados a cotizar, el inciso tercero de la norma dispone: “[…]En el caso de los trabajadores independientes a que se refiere el artículo 89 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, se entenderán cumplidos los requisitos señalados en los numerales 2, 3 y 4 del inciso precedente, a partir del día 1 de julio del año en que se pagaron las cotizaciones y hasta el día 30 de junio del año siguiente a dicho pago […]”. Tal como se aprecia, en el caso de los trabajadores independientes obligados a cotizar deberán acreditar la existencia de una licencia médica autorizada y el pago de las cotizaciones a través de la operación renta; en tanto que los trabajadores independientes que coticen voluntariamente, deben acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos señalados precedentemente y los actos administrativos objeto del presente recurso sólo cuestionan el último requisito, esto es, encontrarse al día en el pago de las cotizaciones.

En lo referente al requisito cuestionado, indica que la supuesta falta de pago de cotizaciones se debe a un problema temporal generado por la implementación de la Ley Nº 21.133 que estableció la incorporación de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, a los regímenes de protección social, a partir del 2019, y no a una falta de pago como señalan las recurridas, ya que desde el año 2018 a la fecha señala haber pagado todas sus cotizaciones de conformidad a la normativa legal y a lo informado por el Gobierno, por lo que a su juicio le corresponde el subsidio por la licencia cuestionada. Lo anterior en atención a que durante el año calendario 2018 trabajó en parte como dependiente y en parte como independiente, pagando sus cotizaciones obligatoriamente en el primer caso y voluntariamente en el segundo, por lo que la COMPIN pagó el subsidio correspondiente a la licencia de pre y post natal de su hijo mayor durante el año 2019 y parte del 2020 (pagando directamente sus cotizaciones previsionales). Además de las cotizaciones pagadas por la COMPIN en razón de la licencia pre y post natal, y en virtud de la entrada en vigencia del artículo 89 del DL 3.500 de 1980, a través de su declaración de renta del año tributario 2019 (correspondiente al año calendario 2018), pagó las cotizaciones para el periodo comprendido entre julio del 2019 y junio de 2020, en razón de las rentas obtenidas en su calidad de trabajadora independiente, con boletas de honorario. Una vez terminado el post natal (marzo del 2020) retomó sus actividades como trabajadora independiente, con boletas de honorario, pagando sus cotizaciones en la operación renta 2021. Señala que con motivo de la implementación de la Ley N° 21.133 se produjeron problemas temporales de pago de cotizaciones, en un periodo pagó doble imposición y en el otro se generó una vacancia. Sin embargo las cotizaciones pagadas doblemente deben considerarse necesariamente para los meses posteriores, de tal forma que el periodo comprendido entre julio del 2019 y junio del 2020 quedó cubierto por la operación renta del año tributario 2019, y el periodo comprendido entre julio de 2020 y junio del 2021 con la cotización pagada por la COMPIN con motivo de la licencia médica post natal. Que así lo han entendido las entidades de seguridad social que a la fecha no han efectuado reembolso algún, y salvo el caso de las recurridas, han dado la cobertura correspondiente. En este sentido, y tal como consta tanto en el Certificado de Afiliación de fecha 21 de enero del 2021 y el Certificado de Afiliación de fecha 26 de mayo del 2021, ambos emitidos por el Fondo Nacional de Salud, para el periodo cuestionado, se le considera activa, clasificándole en el Grupo D.

En relación a la falta de pago de cotizaciones previsionales en la declaración de renta del año tributario 2020, fundamento de los actos administrativos recurridos, se debe precisamente a que el legislador sustrajo de la base imponible del impuesto a la renta a los ingresos provenientes de subsidios. En efecto, el número 13 del artículo 17 de la Ley sobre Impuestos a la Renta, les otorga el carácter de ingreso no constitutivo de renta, razón por la cual no se declaran ni se pagan tributos sobre estos y habiendo percibido durante el año 2019 ingresos por concepto de subsidio por licencias médicas y siendo estas ingresos no constitutivos de renta, su declaración de renta se encuentra sin ingresos, efecto querido por el legislador, de tal forma que no resulta posible el pago de cotizaciones previsionales a través de la operación de renta.

Pide que se ordene a las recurridas el pago de las licencias rechazadas arbitraria e ilegalmente, con expresa condena en costas.

Informó en su oportunidad la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando en primer lugar, se declare extemporánea la acción constitucional impetrada, pues la recurrente tuvo conocimiento cierto del rechazo del subsidio por incapacidad laboral asociado a su licencia médica N° RUT reservado, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-61418-2021, de 17 de mayo de 2021, de la Superintendencia de Seguridad Social, deduciendo su acción el 1 de octubre de 2021, o sea, ya transcurridos cuatro del plazo para interponerla. De lo señalado se desprende que la acción constitucional de autos, contrariando la naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener el pago del subsidio por incapacidad laboral asociado a la licencia médica, el cual fue rechazado en todas las instancias administrativas previstas en el ordenamiento jurídico y el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para deducir la acción de protección se suspenda de modo alguno, por lo que si la recurrente, estimaba que las Resoluciones Exentas de esta Superintendencia adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir de protección tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de las mismas, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control. (Cita sentencias Rol Nº 81839-2014 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de 12 de diciembre de 2014, Rol N° 557-2015 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 7 abril de 2015, Rol Nº 1354- 2014 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción y sentencia de la Excma. Corte Suprema que confirma la Sentencia de 12 de mayo de 2020, de la Iltma Corte de Rancagua, Rol Nº 3020- 2020).

En subsidio alega la improcedencia de la acción de protección en materia de Seguridad Social, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar impetrada.

En cuanto al fondo del asunto, pide el rechazo de la acción deducida en atención a que la recurrente solo acreditó el desempeño de una actividad lucrativa con los correspondientes certificados emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, dando cumplimiento a lo instruido por la Circular N° 3.425 de 12 de julio de 2019, de esta Superintendencia y además, consta del comprobante de pago de cotizaciones Operación Renta 2019 del Servicio de Impuestos Internos, que se encuentra cubierta para el período 1° de julio 2019 al 30 de junio 2020, sin embargo, no registra haber realizado el pago de cotizaciones previsionales en la Operación Renta 2020, para quedar cubierta durante el periodo del 1° julio de 2020 al 30 de junio de 2021, por lo que, la recurrente no cumple los requisitos para tener derecho al subsidio, tanto en calidad de trabajadora independiente obligada como en la calidad de trabajadora independiente voluntaria.

Agrega que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, para aquello el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social. A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”. A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a la recurrida le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”. En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Indica que conforme al artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las Secretarías Regionales Ministeriales De Salud, las que tienen a su cargo las Comisiones De Medicina Preventiva E Invalidez (COMPIN), entidades que participan en la administración del derecho a licencia médica y del subsidio por incapacidad laboral. En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de los subsidios por incapacidad laboral asociados a las licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”. La regulación en materia de subsidios por incapacidad laboral de origen común compete a la Superintendencia de Seguridad Social. No obstante, tratándose de afiliados a ISAPRE, los reclamos relativos a estos subsidios deben efectuarse ante la COMPIN correspondiente al domicilio del trabajador, y de la resolución de éstos pueden apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante la Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Señala que además la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente, claramente su “derecho al subsidio por incapacidad laboral” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente el pago del subsidio por incapacidad laboral reclamado. (Cita sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago Rol Nº 19213-2014 y de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 33.059-2020, de 30 de abril de 2020 y Rol 36.942-2021, del 16 de junio de 2021, entre otras).

Reitera que no ha existido acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por la Carta Fundamental.

Informó en su oportunidad la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota, en representación de la Comisión de medicina preventiva e invalidez de la Región de Arica y Parinacota, solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida, señalando que la recurrente solicita el pago de subsidios por incapacidad laboral originados en sus licencias médicas N° 3.47689416, de inicio 15 de enero de 2021, reposo prenatal, por 42 días; N° 50523414, correspondiente al periodo de 26 de febrero a 11 de marzo de 2021, ampliación de prenatal, por 14 días y N° 50523612, por el periodo de 12 de marzo a 3 de junio de 2021, postnatal, por 84 días).

Indica que al respecto, el inciso 2° del artículo 149 del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, establece los requisitos copulativos para el goce de subsidios por incapacidad laboral de trabajadores independientes, calidad que inviste Ia recurrente y en el caso de las licencias médicas individualizadas la recurrente da cumplimiento a los tres primeros requisitos exigidos por el artículo 149, sin embargo, incumple el cuarto requisito, esto es, haber pagado la cotización de salud correspondiente al mes anterior al de inicio de su licencia prenatal, ya que no cotiza el mes de diciembre de 2020, debido a lo cual, es improcedente de acuerdo a la normativa vigente, pagar el subsidio por prenatal. En relación a las otras dos licencias médicas, que son otorgadas por ampliación de prenatal y posnatal, es decir, continuas a la primera, tampoco procede su pago, al no haber cotizado la recurrente los meses de enero y febrero del año 2021.

Refiere además que el COMPIN habiendo pagado a la recurrente la última licencia médica correspondiente al periodo de 8 de febrero a 16 de febrero de 2020, sin que posteriormente presentara nuevas licencias médicas durante el periodo comprendido entre 17 de febrero de 2020 hasta 14 de enero de 2021 (333 días), tampoco era factible que COMPIN enterara sus cotizaciones a través del mecanismo de pago de subsidios de incapacidad laboral. Es decir, los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, no registran cotizaciones de salud par ninguna vía.

Refuta el error en base al cual la recurrente indica haber pagado sus cotizaciones correspondientes al periodo de 1 de julio de 2020 hasta 30 de junio de 2021, a través de su declaración de renta que debía efectuar para ese periodo, en el mes de abril de 2020 (correspondiente a boletas emitidas en 2019) y que en definitiva no realizó y debido a ello, no figuran pagadas sus cotizaciones desde julio de 2020 hasta junio de 2021, conforme lo consignado en el Certificado de Cotizaciones emitido par FONASA con fecha 15 de octubre del año en curso y ello a la vez explica y respalda la decisión de COMPIN en el sentido de que no corresponde pagar esos subsidios por incapacidad laboral, sino solo autorizar las licencias médicas, cuyo pago requiere la recurrente mediante su recurso.

Agrega que la recurrente efectuó su declaración de renta en abril de 2019, respecto a las boletas de honorarios emitidas en 2018 y las cotizaciones de salud respectivas dieron cobertura a las licencias médicas presentadas durante el periodo julio de 2019 hasta junio de 2020, todas ellas pagadas oportunamente.

En cuanto al recurso de reposición que COMPIN interpuso ante la Superintendencia de Seguridad Social, en contra de la Resolución Exenta N° R-01-WU-28977-2021 de 14 de marzo del presente que instruía a COMPIN pagar a la recurrente el subsidio correspondiente a licencia médica N° 3-RUT reservado, por haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos pertinentes, ello se debió a que la Unidad de Subsidios detectó e hizo presente a la SUSESO mediante correo electrónico de 18 de marzo del año en curso, la falta de pago de las cotizaciones de salud necesarias para acceder al citado beneficio. Aquel fue acogido por Resolución Exenta N° R-01-IBS-61418-2021, disponiéndose el no pago de subsidio derivado de licencia médica N° 3-RUT reservado, presentada por la recurrente. En consecuencia el no pago de los subsidios de incapacidad laboral correspondientes a las antes mencionadas licencias médicas no implica en forma alguna, ilegalidad, arbitrariedad o vulneración de garantías constitucionales en el accionar de COMPIN respecto a la recurrente sino únicamente, la obligación impuesta por los artículos 89 y siguientes del DL N° 3.500 de 1980 y sus modificaciones, Ley N° 21.133, artículo 149 inciso 2° del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud e Instrucciones contenidas en Circular N°3425 de 12 de junio de 2019 de la SUSESO, todas las cuales imponen a la COMPIN ajustarse a ellas y velar por el correcto pago de los subsidios de incapacidad laboral a trabajadores, en este caso, independientes.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde al rechazó por los recurridos, del pago de las licencias médicas N° 3-47689416, correspondiente a 42 días de prenatal, N° 3-50523414 por concepto de extensión de prenatal y N° 3-50523612 correspondiente a 84 días de postnatal. Por no haber pagado sus cotizaciones previsionales, conculcando las garantías constitucionales previstas en los numerales 1, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteadas por las recurridas, de los antecedentes allegados al recurso aparecen que la recurrente tuvo conocimiento cierto del rechazo del subsidio por incapacidad laboral asociado a su licencia médica N° RUT reservado, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-61418-2021, de 17 de mayo de 2021, de la Superintendencia de Seguridad Social, presentando una reconsideración a lo resuelto, según indica, el 7 y 26 de mayo del presente año, la que fue resuelta mediante la resolución que se impugna, deduciendo su acción el 1 de octubre de 2021.

De lo anterior se desprende que la recurrente conoció los hechos que impugna, con bastante anterioridad a la fecha en que deduce su recurso, intentando revivir un plazo que ya había transcurrido en exceso, debiendo haber atacado, si lo estimaba pertinente, la resolución antes citada, pues la resolución impugnada no es más que la reiteración de los argumentos del reclamo ya interpuesto, de lo que se desprende que el conocimiento del acto reclamado que se denuncia como ilegal y arbitrario ocurrió con mucha anterioridad a la fecha en que pretende fijarlo, por lo que sólo cabe concluir que el recurso fue deducido de manera extemporánea.

CUARTO: Que, a mayor abundamiento, del tenor de la acción deducida se desprende que el recurso de protección impetrado no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado sino más bien, que se reconozca judicialmente la existencia de este derecho, lo que es absolutamente ajeno a la finalidad propia del acción constitucional, cual es, constituir una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, derecho que en la especie, como se ha referido, aparece expresamente controvertido, lo que obliga a desestimar el presente recurso.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 767-2021 Protección