nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Arica, ocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTO:

nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en la ciudad de Arica, en San Marcos N° 121.

Señala que en el mes de mayo de 2018, ingresó a trabajar como asesor en Cámara de Diputados, donde el sistema de pago de las remuneraciones es por transferencia bancaria.

Indica que después de la navidad recién pasada, se percata de que no hay fondos en su cuenta, por lo que, una vez revisadas sus liquidaciones de remuneraciones detecta que en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 se le realizó un descuento por $84.736, por concepto de crédito en CCAF Los Andes, cobro que estima no procede, ya que jamás ha contraído obligación alguna con aquella institución.

Agrega que en dependencias de la recurrida, le indicaron que el descuento se debía a dos créditos sociales de la CCAF La Araucana, lugar donde le entregaron dos certificados de cuotas, correspondientes a los folios de contrato N°011000144571 y N°011000169836, por $1.928.668 y $296.547, que datan de 26 de septiembre y 16 de octubre de 2009, lo cuales efectivamente solicitó, y en virtud de los mismos pagó 17 cuotas en el primero de los créditos, y 7 cuotas en el segundo, mientras duró su relación laboral con su empleador de aquella época, y hasta el 31 de mayo de 2010.

Señala que la recurrida no realizó las gestiones para obtener el pago de los créditos antes mencionados, y transcurridos ocho años, pretende hacer el cobro sin tener la facultad legal, ya que este beneficio se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado, por lo que estima vulnerado su derecho fundamental consagrado en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos son indebidos y afectan su derecho de propiedad sobre su remuneración. Solicita se deje sin efecto el descuento en sus remuneraciones de octubre, noviembre y diciembre de 2018, y enero de 2019, debiendo restituir el valor de los mismos, y que se abstenga de informar y de requerir a su empleador el descuento de sus remuneraciones por ese concepto.

En su oportunidad, informó la recurrida Caja Los Andes, solicitando el rechazo del recurso, señalando que según su base de datos Institucional, el recurrente presenta cotizaciones como afiliado trabajador por la Cámara de Diputados.

Indica que a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “Proyecto Intercajas”, la CCAF La Araucana les ha solicitado la gestión de descuentos en la remuneración del afiliado, por concepto de pago de cuotas de los créditos sociales códigos 11000169831 y 11000144571, otorgados por la referida institución.

En este contexto, de acuerdo a los compromisos contractuales contraídos, y al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, a través de la nómina de retenciones de crédito social de los meses de octubre de 2018 a enero de 2019, le informó al empleador del recurrente para que efectuara los descuentos, montos que luego fueron transferidos a La Araucana C.C.A.F. La Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros por encargo de C.C.A.F. La Araucana, en calidad de diputada para recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco “Proyecto Intercajas”.

Las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente.

En este contrato es parte, además, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº 7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al art. 1 de la Ley 18.833. Por lo expuesto solicita se rechace la presente acción constitucional.

Informando la CCAF La Araucana señaló que conforme su base de datos, al recurrente se le otorgaron dos créditos sociales, el Folio N° 011-000144571, de fecha 26 de septiembre de 2008, por un monto de $2.173.610 pesos, pactado en 60 cuotas, cada una por la suma de $59.753 pesos y, el Folio N° 011-000169836, de fecha 16 de octubre de 2009, por un monto de $361.317 pesos, pagadero en 18 cuotas, cada una por la suma de $24.983 pesos, créditos solicitados en su calidad de trabajador de la empresa Johnson’s S.A.

Respecto del primer crédito, a partir de marzo de 2010, no recibieron más pagos por dicho concepto, a pesar de enviar las respectivas nóminas a su empleador. En cuanto al segundo crédito, el recurrente cumplió con su obligación pagando desde la cuota N°1 a la N°4 inclusive, a través de descuentos en su liquidación, no recibiéndose a partir de marzo de 2010 más pagos por dicho concepto a pesar de enviar las respectivas nóminas a su empleador.

En consecuencia, y atendido el “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, se comenzó a enviar la respectiva nómina de descuento, hasta que en el mes de septiembre de 2018, es posible ubicarlo por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a la CCAF Los Andes, la que actuando en calidad de mandataria, procedió a comunicar al empleador del recurrente la existencia de los créditos sociales impagos y solicita efectuar el respectivo descuento en sus remuneraciones, para posteriormente remesar los fondos a su representada, con el objeto de pagar dichos créditos, a partir de octubre de 2018.

Por último, señala que sin reconocer los fundamentos que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, han dispuesto efectuar las gestiones pertinentes para proceder al cese del descuento de las cuotas de los créditos sociales descritos, y, asimismo, se restituirá al deudor la suma que ha sido descontada en sus remuneraciones y que hayan sido remesadas a esta Caja de Compensación. Y que, sin perjuicio de lo expuesto, y en el evento que el empleador efectuase con posterioridad a esta fecha un nuevo descuento sobre sus remuneraciones y este sea remesado, atendido que las nóminas se remiten con un mes anterior al del respectivo descuento, y las remesas se efectúan al mes siguiente del descuento, el Sr. nombre reservado puede acercarse a cualquiera de sus sucursales a solicitar la restitución de tal suma de dinero.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en cuanto al fondo, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, sobre el particular es menester señalar que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

CUARTO: Que, conforme se colige de la lectura del precepto antes citado, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

QUINTO: Que, por consiguiente, así como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en los Rol N° 18.404-2015 y 15.032-2016, al haberse descontado desde la remuneración del actor las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando las recurridas facultadas para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y considerando especialmente lo declarado por la recurrida CCAF La Araucana, en cuanto accede a las pretensiones del recurrente, lo que hace que el presente recurso pierda oportunidad, razones todas por las cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, y atendido lo expuesto en los considerandos que anteceden, habiendo obrado las recurridas dentro del marco legal que se los permitía, se estima que no han incurrido en vulneración o amenaza alguna a los derechos del afiliado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA la acción constitucional deducida por nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 76-2019 Protección.

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