Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Arica, veinticuatro de abril de dos mil veinticinco.

VISTO:

nombre reservado, de nacionalidad peruana, cédula de identidad para extranjeros NºRUT reservado e interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación ilegal y arbitraria de la Resolución Exenta N°9124 de 7 de marzo de 2024, mediante la cual se constata la revocación tácita de la residencia definitiva, dispone su abandono del país en un plazo de 15 días, y decreta prohibición de ingreso por 25 años, constituyendo dicha resolución una vulneración a las garantías constitucionales de los numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Señala que se ha vulnerado s derecho a la integridad psíquica, la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que jamás fue notificado del procedimiento de revocación tacita de la residencia definitiva iniciada en su contra y consecuentemente con ello le fue impedido de emitir los descargos correspondientes, aludiendo la referida resolucion a la “falta de interés en resolver su situación migratoria”, cuestión que carece de veracidad, toda vez que tiene pareja y una hija chilena a quienes debe cuidar, además de su deber como trabajador con contrato de trabajo.

Acusa que nunca fue notificado del inicio del procedimiento de revocación de su residencia ni de la resolucion ya sea de manera presencial, carta certificada o correo electrónico, aseverando incluso que el oficio de notificación de la resolución impugnada y a la cual accede mediante o vía transparencia del Servicio recurrido (recibida el 10 de febrero de 2025), que el correo electrónico allí incorporado es erróneo.

Aduce que ingresó a Chile en el año 2006, que reside en el país hace 18 años y que desde el año 2015 goza de la residencia definitiva.

Agrega que tiene un empleo estable como maestro primera electromecánico especialista en la empresa ingeniería Agrosonda SpA, en Calama; que mantiene una convivencia con una ciudadana boliviana con quien tiene una hija chilena que nació en el año 2024.

Refiere que el año 2015 fue condenado en juicio abreviado como autor del delito de robo con intimidación, en un hecho confuso, ya que conforme a los consejos de su defensora reconoció su responsabilidad en los mismos, siendo inocente, solo con la perspectiva de quedar en libertad. Sin embargo, estuvo 9 meses en prisión preventiva, luego estuvo con libertad vigilada intensiva y en noviembre de 2020 el Juzgado de Garantía de esta ciudad tuvo por cumplida la pena.

Sostiene que solo al intentar realizar un viaje a Perú en 2024, se enteró que no podía salir del país por encontrarse, en palabras de la PDI “Con problemas con extranjería”, por lo que en el mes de julio del año pasado concurrió a las dependencias de Extranjería, oportunidad en la que me indicaron esperar la notificación de una resolucion que daba inicio a un proceso de revocación de la residencia, de la que acusa jamás fue notificado ni del oficio ordinario N°68.644 que da inicio al procedimiento ni de la Resolución Exenta y de la cual deviene finalmente en la dictación del acto ilegal y arbitrario, sin ponderación de los verdaderos hechos y que se impugna mediante el presente recurso.

Pide se acoja el presente recurso y se deje sin efecto la Resolución Exenta N°9124, de fecha 07 de marzo de 2024, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones, por ilegal y arbitraria, al no permitirle evacuar sus descargos en tiempo y forma, y ponderando de manera errónea la situación familiar y de estabilidad laboral, ordenando, en consecuencia, al Servicio Nacional de Migraciones dejar sin efecto la orden de abandono expedida en su contra, y en su reemplazo, se le otorgue una residencia temporal, a fin de que pueda permanecer de manera regular en el país, desarrollando sus derechos fundamentales, cumpliendo con su trabajo y manteniéndose a cargo de su familia, y considerando que el procedimiento administrativo seguido en su contra, lo ha sido con grave infracción al debido proceso, se condene al pago de las costas de esta causa a la recurrida.

En su oportunidad, evacúo el informe respectivo el Servicio recurrido y solicitó su rechazo, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y protegidas por la presente acción.

Expone que el amparado ingresó a Chile por primera vez el 5 de julio de 2012, a través del control de frontera Chacalluta y que 5 de junio de 2015, el Ministerio del Interior, otorgó al extranjero Permanencia Definitiva, mediante Resolución Exenta N°92437.

Asimismo, refiere que el 27 de octubre de 2015, el extranjero fue condenado en causa RIT 3264-2015 del Juzgado de Garantía de Arica a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, sin costas, como autores del delito consumado de robo con intimidación, castigado por el artículo 436 inciso 1° del Código Penal y que en virtud de esta sentencia y por Oficio Ordinario N° 68.644 del 14 de noviembre de 2022, se notifica en el último domicilio registrado por el recurrente ante esta autoridad migratoria, del inicio de un procedimiento sancionatorio en su contra.

Señala que el 7 de marzo de 2024, en Resolución Exenta N°9.124, del Servicio Nacional de Migraciones, se revoca la residencia definitiva del recurrente y dispone su abandono del país en el plazo de 15 días. Acto administrativo que fue notificado a través de Oficio Ordinario N°27784 del 30 de mayo de 2024. Indicando que no se ha dictado acto administrativo por parte del Servicio que aplique la medida de expulsión en contra del “amparado”.

Expone que la revocación de la residencia definitiva, se encuentra estatuida en el artículo 89 de la Ley 21.325 y en ella se establece que se debe revocar de forma imperativa las residencias en los casos previstos en el artículo 32 de la misma ley, esto es, que se prohíbe el ingreso al país de los extranjeros que hayan sido condenados en Chile o en el extranjero o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero informados por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por los organismos de justicia con que Chile tiene convenios, por los delitos de…, robo con intimidación o violencia, …”.

En cuanto a las ponderaciones dispuestas en el artículo 129 de la ley 21.325, además del delito cometido y la residencia otorgada en el año 2015, destaca que la autoridad administrativa no contaba con nuevos antecedentes por parte del recurrente, toda vez que no acompañó documentos a título de descargos. Circunstancias fueron contrastadas con la conducta desplegada por el extranjero, el daño causado y sus particulares efectos en el fenómeno migratorio. Ponderado todo lo expuesto, se determinó que el tiempo de prohibición de ingreso al país es de 25 años desde que se cumpla la medida de abandono.

Asimismo, señala que estableciéndose la legalidad y mérito para haber revocado el permiso de residencia permanente del “amparado”, conforme Al sistema migratorio creado por la Ley 21.325, la autoridad migratoria se encuentra siempre, en principio, obligada a disponer el abandono del territorio nacional de cualquier extranjero cuyo permiso de residencia haya sido revocado con arreglo a la ley, lo que transforma a la misma en una disposición imperativa.

Así la falta de compulsividad en la orden de abandono es la diferencia sustancial con una orden de expulsión, atendido que esta última es una medida que puede adoptar la autoridad administrativa o judicial (en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley N°18.216, modificada por la Ley N°20.603) y que se cumple por la Policía de Investigaciones de Chile.

Siendo posible concluir que la orden de abandono es una consecuencia necesaria e imperativa ante una revocación de un permiso basado en causas legales y teniendo mérito para aquello.

Finalmente, en la resolución impugnada se reservaron expresamente los recursos administrativos determinados en la Ley 21.325.

Estima que se ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo a su juicio, acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en la Constitución Política de la República.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, informando el Servicio recurrido, señaló que la decisión que pretende impugnar el recurrente por esta vía, es el resultado que la ley migratoria prevé para situaciones como la señalada, pues deriva de la falta de cumplimiento a las obligaciones impuestas por la normativa migratoria -en este caso, ser condenado por el delito de robo con intimidación, resultando la medida impuesta idónea y proporcionada, al haber sido pronunciada por la autoridad competente y especialmente facultada al efecto, por lo que no existiría la vulneración alegada.

CUARTO: Que, conforme a lo anterior, cabe precisar que el artículo 89 de la Ley 21.325 establece: “Revocación imperativa. Se revocarán las residencias o permanencias de quienes: 1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2.”. Por su parte, el artículo 32 N°5, establece la prohibición de ingreso al país a los extranjeros que “5. Hayan sido condenados en Chile o en el extranjero, o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero informados por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o por los organismos de justicia con que Chile tiene convenios, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, trata de personas según lo dispuesto en el artículo 411 quáter inciso segundo del Código Penal, lesa humanidad, genocidio, tortura, terrorismo, homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio, secuestro, sustracción o secuestro de menores considerando lo prescrito en el artículo 141 inciso quinto e inciso final del Código Penal, robo con intimidación o violencia, robo con homicidio y robo con violación; la comercialización, producción, importación, exportación, distribución, difusión, adquisición, almacenamiento o exhibición de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, donde se utilice menores de edad; aquellos contemplados en los párrafos V y VI del Título séptimo y en los artículos 395, 396 y 397 numeral 1º, todos del Libro II del Código Penal”..”.

QUINTO: Que, entonces, del tenor de la resolución recurrida se constata que se revocó la residencia definitiva al recurrente por no reunir los requisitos de la legislación de extranjería para mantener el beneficio impetrado, en específico, por haber sido condenado en el año 2015, por el delito de robo con intimidación, lo que hacía procedente la revocación de su beneficio, de conformidad a la normativa antes señalada.

SEXTO: Que, en cuanto a la orden de abandono del país contenida en la resolución impugnada, tampoco resulta ilegal ni arbitraria, ya que el Servicio de Migraciones se encuentra obligado a disponerla, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 inciso cuarto de la Ley 21.325, que señala: “Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país, que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado para ingresar al país, conforme al artículo 136”, a lo que debe agregarse que una resolución de abandono no implica la expulsión del país, por lo que en la especie tampoco podría tenerse dicho acto como vulneratorio a las garantías que esta acción resguarda.

SEPTIMO: Que, en cuanto a la falta de notificación alegada por el recurrente y conforme a la documentación acompañada por el Servicio recurrido, tal aseveración queda desacreditada, desde que consta el envió de las notificaciones por carta certificada al domicilio consignado por el propio recurrente ante el Servicio.

OCTAVO: Que, por lo antes razonado, habiendo dictado la resolución recurrida dentro de las esferas de las facultades legales del Servicio Nacional de Migraciones, la que fue debidamente fundada, siendo notificado de todo el procedimiento el recurrente en el domicilio que él mismo indicó, no cabe más que rechazar el presente recurso.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 75-2025 Protección.