nombre reservado con SERVICIO DE SALUD ARICA

Arica, uno de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparecen los abogados Claudia Paz Victoria Sarmiento Ramírez y William Harold García Machmar, en representación convencional de nombre reservado, médico cirujano, domiciliado en domicilio reservado, y deducen acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio de Salud de Arica, denunciando como acto ilegal y arbitrario la Resolución N° 1716 de 31 de agosto de 2021, que rechazó la solicitud de traslado de lugar de cumplimiento del período asistencial obligatorio del recurrente, con vulneración de las garantías establecidas en los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refieren que el recurrente es médico cirujano y actualmente becario del programa de especialización impartido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Precisan que los términos de su beca están fijados por la Resolución Exenta N° 1362 del Servicio de Salud de Arica de 11 de junio de 2019, que aprobó el convenio sobre derechos, obligaciones y garantías del becario firmado entre el Servicio de Salud y el recurrente ante Notario. Manifiestan que en virtud del señalado convenio, se otorgan al becario los derechos del pago de matrícula aranceles y un estipendio mensual, mientras que entre las obligaciones se estipula la dependencia del director del establecimiento destinado, el deber de docencia y la obligación de cumplir con las actividades asistenciales en el lugar al que fue destinado. Añaden que para asegurar el cumplimiento de este convenio se estableció una cláusula penal de 7.702 UF, y que la fecha de ingreso del recurrente al Programa Asistencial Obligatorio (en adelante, indistintamente “PAO”) de Arica es el 20 de septiembre de 2021.

Aseveran que desde que se firmó el referido Convenio hace más de tres años, la vida del recurrente ha cambiado de modo radical. En efecto, inició una relación de pareja con la señora nombre reservado, contrayendo un Acuerdo de Unión Civil el 12 de julio de 2021. Añaden que el desempeño del recurrente en sus labores ha sido reconocido por sus superiores, contando con al menos seis anotaciones de mérito por su trabajo en el Hospital de Arica, y destacan que desde abril a septiembre de 2020 se desempeñó como Jefe Técnico de la Unidad de Cuidados Intensivos, viviendo en un hotel lejos de su pareja, exponiéndose a los riesgos de la pandemia por COVID-19 y contrayendo la enfermedad a causa de sus servicios.

Por lo anterior, el recurrente buscó la forma de cumplir adecuadamente con el Convenio, dado que su vida familiar ahora se desarrollaba a miles de kilómetros del lugar destinado para cumplir con el PAO. En este sentido, solicitó el traslado del lugar de cumplimiento del programa de especialización en otro servicio de salud en dos oportunidades, al amparo del artículo 20 del Reglamento sobre acceso y condiciones de permanencia en programas de especialización, aprobado mediante Decreto Supremo N° 91/2001/Ministerio de Salud.

La primera solicitud fue efectuada el 15 de febrero de 2021, fundada en razones de índole familiar en los términos señalados en el Reglamento; no obstante, la petición fue rechazada mediante Oficio Nº 819 de 26 de febrero de 2021. La segunda solicitud fue presentada el 22 de marzo de 2021 y se fundó en razones de salud mental del recurrente, acreditadas por un informe psicológico. En tal oportunidad, mediante Oficio N° 1591 de 23 de abril de 2021, el Servicio de Salud Arica desestimó la solicitud señalando que el proyecto de vida familiar que mantiene con su actual pareja carece de justificación suficiente. La tercera solicitud, de 27 de agosto de 2021, se justificó en haber contraído un Acuerdo de Unión Civil con su pareja durante la vigencia del Convenio, y que durante el año 2018 ella fue destinada al Hospital de la Armada en Viña del Mar. El recurrente solicitó cumplir tres años del PAO en el Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota y luego el traslado a Arica para cumplir con los años restantes. Adicionalmente, el 10 de agosto del año 2021, se sostuvo una reunión vía Zoom entre el Servicio de Salud de Arica, el Departamento de Capacitación, Formación y Educación Continua del Ministerio de Salud y la Unidad de Defensa Laboral Médica de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico –en representación del recurrente– a objeto de evaluar la situación; sin embargo, el Servicio de Salud de Arica nuevamente rechazó la solicitud mediante la Resolución N° 1716 de 31 de agosto de 2021, acto notificado ese mismo día y que se impugna mediante la presente acción de protección.

Argumentan que el acto es ilegal y arbitrario por carecer de una adecuada fundamentación. En efecto, las justificaciones se encuentran expuestas en sus considerandos 9° a 12° y, a mayor abundamiento, en su considerando 14°, en el siguiente tenor:

“9.- Que, con relación al Acuerdo de Unión Civil esgrimido como causal de petición de traslado (actualmente) es dable reiterar el razonamiento ya informado a Ud. a través del Ordinario Nº 1591 de 23 de abril de 2021, de esta repartición, como ya se le expresara anteriormente, en base al proyecto de vida familiar que mantiene con su actual pareja - a la fecha conviviente civil - este (sic) razón carece de justificación suficiente ya que se trata de un compromiso o vínculo civil adoptado de forma posterior a la época en que contrajo la obligación con este Servicio (respaldada en escritura pública suscrita con fecha 14 de febrero de 2019) y encontrándose ya obligado con este servicio no sólo a la obtención del título de especialidad y sino también a la devolución en tiempo asistencial producto del pacto suscrito entre el médico y el Servicio de Salud de Arica.

10.- Del mismo modo, pretender justificar su decisión de traslado amparándose en el acuerdo de Unión civil que contrajo con su conviviente con fecha 12 de julio de 2021, resulta inoponible a este Servicio y absolutamente improcedente. Asimismo, el solo hecho de contraer una obligación de forma posterior a la ya existente, no libera al obligado de su cumplimiento, considerando que las razones que alegan no se condice (sic) con los presupuestos u opciones señaladas en el artículo 20 del reglamento.

11.- Que contrariamente a lo alegado en la presentación de fecha 27 de agosto de 2021, el servicio no desconoce el valor de la familia razón por la cual (sic) queda de manifiesto la propuesta realizada por este Servicio sobre el otorgamiento de facilidades al doctor nombre reservado en términos de desplazamiento, flexibilidad horaria y otras herramientas que están permitidas dentro del marco normativo para que el profesional pueda viajar con la mayor regularidad posible en el contexto que se requiere su especialidad para cubrir turnos.

12.- Que en cuanto a los fundamentos de la solicitud debe tenerse presente lo señalado en el artículo 20 del decreto 91, el que refiere hechos excepcionales que deben fundar una petición de traslado y que por tanto, hicieran factible otorgarlo. Consecuentemente, se deben expresar situaciones personales relevantes que serán calificadas por el Director, situaciones familiares graves o razones de salud, cuyos tratamientos requieran del cambio o se vean facilitados por el traslado; (…)

14.- Que a mayor abundamiento, resulta imperioso considerar las siguientes circunstancias:

- Que, el Período Asistencial Obligatorio consiste en una obligación de desempeño contraída libremente para habilitarse a acceder al financiamiento que constituyen las becas de especialidad de acuerdo a la letra b) del artículo 1°, del Decreto Supremo 507.

- Es de importancia recalcar que, la obligación de devolución nace de un mandato legal al tomar el cupo para realizar la especialización.

- Que tanto la beca a la que accedió el profesional, así como todas aquellas que el Servicio de Salud de Arica gestiona, tienen por finalidad contar con los especialistas necesarios para dar respuesta a las necesidades de prestaciones de salud actuales y futuras de la población beneficiaria de la región.

- Que por lo anterior se ha considerado las características de la Región de Arica y Parinacota, alejada de centros formadores de especialistas y de otros establecimientos de salud que puedan otorgar las prestaciones médicas requeridas supliendo la escases (sic) de aquellas.

- Que lo expresado hace que cada uno de los médicos beneficiados con las becas gestionadas y financiadas con recursos públicos se transformen en colaboradores invaluables para lograr el objetivo de la red asistencial del cual este servicio es llamado por ley a gestionar y que es el de mejorar las condiciones de salud de la población de nuestra región.

- Que establecido lo anterior, corresponde asentar también que la Contraloría General de la República, cuyos pronunciamientos en materias de su competencia (conforme con lo prescrito en el inciso final del artículo 6º de la Ley Nº de 10.336) son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, y que ya se ha pronunciado respecto a un caso similar al planteado, señalando en lo pertinente que las referencias genéricas a condiciones climáticas, motivos familiares y de salud, no justifican un abandono del PAO”.

Aseveran que la primera ilegalidad que se advierte en la motivación del acto impugnado es que no realiza ninguna ponderación de las razones de salud esgrimidas por el recurrente. Lo anterior habría requerido al menos una descripción de las razones que desestiman la condición aludida, explicitando la forma en que no configura alguna de las hipótesis señaladas por la normativa. Sin embargo, el Servicio desestima su revisión de mérito al esgrimir que la condición de salud del recurrente data del año 2018, incumpliendo la solicitud el término de treinta días hábiles contados desde la fecha del hecho en que se funda contenido en el artículo 20 inc. 3° del Reglamento. Manifiestan que la utilización de una formalidad para omitir el análisis implica una comprensión limitada y equívoca de la condición psicológica y psiquiátrica de un individuo, cuya naturaleza compleja, continua y dinámica hace que una interpretación formal carezca de justificación.

Refieren que esta falta de fundamentación constituye la segunda ilegalidad de la resolución, que no puede salvarse por la simple mención al acta de la reunión celebrada el 10 de agosto de 2021.

Indican que la tercera ilegalidad que se observa en el acto impugnado dice relación con el análisis que se hace del Acuerdo de Unión Civil, pues desconoce la relevancia jurídica que tiene dicha institución y, específicamente, el deber de convivencia y ayuda mutua que genera entre los convivientes. La decisión administrativa, entonces, entorpece deliberadamente el cumplimiento de los deberes legales que el recurrente tiene con su familia.

La cuarta ilegalidad radica en la ponderación del interés público que hace en su considerando cuarto. En éste se destaca la importancia de que el becario cumpla con el compromiso contraído, señalando que el compromiso es adquirido de manera libre por el doctor nombre reservado, que el deber o carga de cumplir con el programa asistencial es de origen legal y que los servicios del recurrente son necesarios para el Servicio. Empero, estas consideraciones omiten ponderar los intereses del recurrente.

En cuanto a las garantías constitucionales infringidas, invocan la igualdad ante la ley, dado que la falta de ponderación del acto impugnado respecto de la condición de salud del doctor nombre reservado, el Acuerdo de Unión Civil celebrado y del cumplimiento alternativo del PAO implican una diferencia de trato respecto de otros solicitantes que se encuentran en circunstancias similares. A su vez, la falta de motivación supone que el Servicio de Salud ha dado un trato similar al doctor nombre reservado respecto de otros becarios psíquicamente íntegros, solteros o cuyo cumplimiento alternativo del PAO no ha sido solicitado, en circunstancias que el recurrente ha presentado antecedentes que dan prueba de su situación diferenciada. Asimismo, el acto impugnado involucra una afectación no sólo a la intimidad y dignidad del doctor nombre reservado, sino que impide el desenvolvimiento mismo de la convivencia familiar; así, omite considerar las circunstancias particulares del recurrente respecto de su condición psíquica. A su vez, el acto impugnado impacta en la comunión y participación de los miembros de la familia, impidiendo la convivencia misma en virtud de una decisión ilegal y arbitraria de la autoridad. Finalmente, la decisión vulnera la integridad física y psíquica del recurrente, quien cuenta con dos informes psicológicos que permiten acreditar fehacientemente los daños y perjuicios psíquicos ocasionados por la decisión de la autoridad, los que describen latamente.

Solicitan que se acoja el recurso, ordenando que se acoja la solicitud de traslado el lugar de cumplimiento del período asistencial obligatorio del recurrente, junto con las demás medidas que esta Corte estime pertinentes.

Al evacuar informe el abogado Patricio Contreras Pastén, en representación del Servicio de Salud de Arica y de su Directora, solicitó el rechazo de la presente acción constitucional, con costas. Refiere que el 15 de febrero del año en curso, el recurrente presentó una solicitud de traslado de lugar de desempeño del período asistencial obligatorio, aduciendo que “mientras cursaba el programa de formación conocí a mi actual pareja, con la que tenemos un proyecto de vida familiar, el que se vería interrumpido si retorno a Arica”, aseverando tajantemente que le sería imposible trasladarse a esta región. En dicha oportunidad, acompañó el documento denominado “Aceptación cupo de especialización año 2018 Concurso CONE Servicios de Salud, médicos cirujanos”, cupo N° 117, y el Certificado de habilitación. Destaca que en dicha solicitud no se indica el momento en que dichas razones familiares habrían nacido, esto para efectos del cómputo del plazo de treinta días que establece el artículo 20 del Decreto N° 91, de 2001, del Ministerio de Salud para poder hacer uso del derecho de solicitar el traslado; por otra parte, tampoco acompañó documentos que acreditaran lo expuesto en el cuerpo de su presentación. Por lo tanto, dicha solicitud fue rechazada a través del Ordinario N° 819, de 26 de febrero de 2021, que dejó establecido el déficit de especialistas que existe a nivel nacional, que las postulaciones a las becas y la suscripción de los acuerdos es totalmente voluntario, que la planificación realizada por el Servicio de Salud de Arica en cuanto a la proyección de requerimientos de especialistas estableció el desarrollo de ciertas áreas prioritarias, entre las que se encuentra la Medicina Interna, y que la pandemia que aún atraviesa el mundo y, particularmente, la región de Arica y Parinacota, han puesto en relieve las necesidades de la red asistencial pública. Finalmente, dicha comunicación establece también que el acceder a las solicitudes de traslado es una cuestión excepcional y que solo puede tener lugar en casos calificados mediante resolución fundada dictada al efecto.

Posteriormente, el 22 de marzo del año en curso, el recurrente presentó una segunda solicitud de traslado, la que se fundó además de la causal de razones familiares, en que tenía otros antecedentes de carácter médico. Precisa que en dicha solicitud, el recurrente relató que desde el año 2018 se encuentra en tratamiento psicológico tras la separación con su ex cónyuge, describiendo las conductas detalladas en el informe psicológico que adjuntó en tal ocasión. Indicó además que su principal preocupación era que el cambio de ciudad implicara una grave amenaza para su salud mental. En dicha oportunidad, acompañó un informe psicológico suscrito por el psicólogo nombre reservado, sin fecha, y en el que se sugiere continuar tratamiento psicoterapéutico manteniendo las condiciones ambientales; nuevamente la escritura de caución, repertorio N° 0108, de 05 de enero de 2018; y el documento denominado “Cambio aumento, disminución jornada contratada”, sin fechar, relativo a la Dra. nombre reservado. Sostiene que esta segunda solicitud también adolecía de falencias que no podían salvarse de ninguna manera; primero, por cuanto el artículo 20 del Decreto N° 91, establece que las solicitudes de traslado deben adjuntar toda la documentación de respaldo pertinente, por lo que debe excluirse la posibilidad de realizar dos solicitudes en distintas oportunidades fundadas en las mismas razones, o que éstas se “complementen” entre sí, sin perjuicio de que no se acompañaron los antecedentes que acrediten las razones familiares expuestas. Asimismo, esta segunda solicitud también adolecía de la imposibilidad de determinar la fecha en que debe computarse el plazo de treinta días ya indicado, y en caso de pretender fundarse en un tratamiento psicológico, éste databa del año 2018, esto es, antes de la suscripción del Convenio, e incluso antes de trasladarse a la ciudad de Valparaíso, además de que el informe en cuestión no tenía expresada ni siquiera la fecha de su emisión. Por tales consideraciones, el Servicio de Salud dictó el 23 de abril de 2021, el Ordinario N° 1591, por el que se rechazó esta segunda solicitud, señalando que los motivos expresados carecen de justificación suficiente, pues la relación de pareja que mantiene a la fecha el solicitante es un hecho posterior a la celebración del Convenio y, por tanto, se trata de un compromiso personal que ha sido generado en total conciencia de todas las obligaciones a las que voluntariamente se obligó.

Luego, el 2 de junio del presente año, el recurrente presentó una solicitud de permiso sin goce de sueldo por 178 días, entre el 20 de septiembre de 2021 hasta el 18 de marzo de 2022, es decir, desde el inicio de su programa asistencial obligatorio. Dicha solicitud fue rechazada a través del Ordinario N° 2465, de 24 de junio del año en curso, fundado en la contingencia sanitaria provocada por el virus del SARS-CoV2, el crecimiento extraordinario de la demanda hospitalaria en Unidades de Cuidados Intensivos, así como también la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Regional de Arica en relación a la contingencia sanitaria. Además, se tuvo especialmente en consideración la falta de médicos en la especialidad de Medicina Interna.

Continúa señalando que el pasado 10 de agosto se celebró una videoconferencia por Zoom entre representantes del Servicio de Salud, del Departamento de Capacitación, Formación y Educación Continua del Ministerio de Salud y la abogada de la Unidad de Defensa Laboral Médica (UDELAM). Dicha reunión se celebró porque el recurrente se puso en contacto con personal de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico (FALMED), quienes, a su turno, solicitaron dicha reunión. En la instancia se entregaron propuestas para dar al profesional requirente otras alternativas, como términos de desplazamiento, flexibilidad de horarios y otras herramientas permitidas dentro del marco normativo, a fin de que pueda trasladarse regularmente a Valparaíso. Además, se dejó establecido que, de existir la posibilidad de realizar una permuta con otro profesional del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, ésta sólo sería posible si se tratase de un profesional de la misma especialidad, por el mismo tiempo y en la misma condición de PAO, lo que revela claramente que la intención del Servicio de Salud siempre ha sido velar por las necesidades de la red asistencial de la región, lo que elimina cualquier tipo de arbitrariedad o ilegalidad.

Por último, el pasado 27 de agosto el recurrente presentó una tercera solicitud de traslado, haciendo referencia a las solicitudes ingresadas anteriormente, e insistiendo en las razones de carácter familiar y de salud, sin aportar antecedentes materiales. Asimismo, esta nueva solicitud pone énfasis en la reunión celebrada, aduciendo que en dicha ocasión se tuvieron a la vista los antecedentes aportados por el profesional, consistentes en su Acuerdo de Unión Civil e informe psicológico, siendo este último el mismo ya tenido a la vista anteriormente.

Destaca que nuevamente es posible realizar una serie de observaciones a esta solicitud de traslado final, la que difícilmente pueda entenderse como tal, pues en lo formal fue ingresada por el recurrente en virtud del artículo 3 de la Ley N° 19.880 y lo establecido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de petición, y no conforme a las normas del artículo 20 del Decreto N° 91, de 2001, del Ministerio de Salud. En este sentido, el recurrente solicitó un pronunciamiento formal del actuar del Servicio de Salud en relación a asuntos ya analizados y resueltos, de manera que dicho pronunciamiento queda indisolublemente ligado a tales peticiones. Sin perjuicio de ello, aun cuando pudiera desprenderse de esta última presentación una nueva solicitud de traslado, tampoco se observa que el solicitante haya cumplido con las formalidades propias de tal requerimiento, ya que no acompañó a la misma ningún antecedente, ni siquiera el Certificado de Acuerdo de Unión Civil o el informe psicológico a los que alude, e incluso en el caso de que efectivamente los hubiese acompañado, es posible advertir que el Certificado en cuestión acredita que la celebración del referido Acuerdo de Unión Civil tuvo lugar el 12 de julio de 2021, vale decir, más de treinta días hábiles antes de la presentación de esta última petición y, por ende, nuevamente fuera de plazo para hacerla valer como documento fundante de la misma.

En tal sentido, el recurrente ingresó su solicitud en virtud del artículo 3º de la Ley N° 19.880 y también del derecho de petición por lo que el acto administrativo que resolviese a su respecto debía guardar relación con tales normas y, por tanto, bajo tal prisma deben de analizarse los fundamentos establecidos en la Resolución Exenta N° 1716, de 31 de agosto de 2021, que es el acto impugnado en la especie.

Sobre el particular, precisa que este último acto administrativo resolvió el rechazo de la solicitud de traslado, ya que tal es la única respuesta “formal” que es posible entregar a lo que el solicitante requería. Asimismo, por cuanto del tenor literal de la referida solicitud se hacía énfasis en la reunión sostenida, la Resolución en estudio debió de analizar dicho antecedente y pronunciarse sobre lo verdaderamente requerido, señalado en el párrafo final de su presentación, antes de la parte petitoria: «Por todo lo anterior es que se requiere la dictación de la resolución que indique si se consideró el acuerdo de unión civil que celebré y cuáles fueron los motivos para preferir la necesidad asistencial por sobre la protección constitucional de la familia.».

Destaca que esta última petición del recurrente pretende desconocer los pronunciamientos ya dictados por el Servicio, entremezclando sus solicitudes anteriores ya resueltas con una reunión que carece de todo tipo de poder vinculatorio sobre el Servicio de Salud Arica, y a la que, en honor a la buena fe, éste tuvo el agrado de participar. Por otra parte, sostiene que la resolución impugnada le comunicó sobre los recursos que procedían en su contra, los que no fueron utilizados por el recurrente.

En otro aspecto, refiere que el programa asistencial obligatorio del recurrente comenzaba el pasado 20 de septiembre, quien presentó licencia médica por los días 20 y 21 del mismo mes, sin que se encuentre justificado, hasta el momento de presentación del presente informe, las inasistencias por los días restantes, que van desde el miércoles 22 al martes 28, ambos del mes y año en curso.

En lo relativo a las ilegalidades y arbitrariedades que se denuncian en el recurso, precisa que la resolución no incurre en arbitrariedad en ninguna de sus hipótesis, por cuanto en la especie la fundamentación del acto no es escasa, errónea o inexistente, sino que la decisión a la que arribó el Servicio de Salud es contraria a los intereses del recurrente. En cuanto al Decreto N°91 y las solicitudes de traslado, efectivamente éste reconoce formas de cumplimiento alternativas, y como son excepciones, deben interpretarse restrictivamente y otorgarse en casos calificados mediante una resolución fundada; en este sentido, la solicitud de traslado no constituye un derecho que deba resolverse favorablemente en todo caso, al tratarse de una facultad discrecional ejercida por la Administración, que debe analizar los antecedentes que recaen sobre la misma, lo que se cumplió en la especie.

Descarta que el acto impugnado carezca de fundamentación, pues el estado de salud invocado por el recurrente y su tratamiento datan del año 2018, es decir, con anterioridad a la suscripción del convenio, y al que ahora alude para fundar su petición; en cuanto al Acuerdo de Unión Civil, reitera que se trata de un antecedente que no acompañó en la tercera solicitud, y que a la fecha de su presentación habían transcurrido más de treinta días, según el plazo previsto en el artículo 20 citado previamente; no obstante, desecha que el Servicio recurrido incurra en un entorpecimiento del cumplimiento de las obligaciones que emanan del Acuerdo, pues el acto fue celebrado por el recurrente en perfecto conocimiento de las obligaciones que emanan del Convenio suscrito, y de las anteriores decisiones de rechazar la solicitud de traslado. Respecto a la omisión de la ponderación del interés público con los del recurrente, afirma que la alegación no resulta atendible, pues lo exigido se encuentra en las consideraciones que en el propio recurso se transcriben, particularmente, que del Convenio suscrito entre las partes nace un mandato legal, que la finalidad de las becas es contar con los especialistas necesarios para dar respuesta a las necesidades de prestaciones de salud actuales y futuras de la población de la región, que Arica y Parinacota se encuentra alejada de centros formadores de especialistas y de otros establecimientos de salud que puedan otorgar las prestaciones médicas requeridas supliendo las escasez de aquella, y que los médicos beneficiados con las becas gestionadas son colaboradores invaluables para lograr el objetivo de la red asistencial. Por otra parte, el recurrente olvida que el Servicio de Salud estuvo disponible para otorgarle todas las facilidades para mantenerse en contacto con su familia. Finaliza este acápite aseverando que en el recurso se realizan imputaciones de ilegalidad vagas e imprecisas, y que se confunden con la arbitrariedad, por cuanto la autoridad obró conforme a lo dispuesto en el artículo 20 citado y dentro de sus facultades legales.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, particularmente la igualdad ante la ley, refiere que el recurrente da a entender que tiene conocimiento de otros casos similares, mas no llega a indicar o precisar ninguno, y en todo momento hace referencia a otros profesionales y sus circunstancias, señalando que las suyas, aparentemente, serían más gravosas, pero sin llegar a describir ninguna que ilustre su punto. Así, el recurso carece de un análisis más detallado de por qué debería entenderse vulnerada la garantía de igualdad ante la ley en el hecho descrito, o cómo se incurriría en una discriminación arbitraria. En lo que respecta al respeto y protección a la vida privada y a la honra, por cuanto el acto impugnado impediría el desenvolvimiento mismo de la convivencia familiar, afirma que la imputación resulta inverosímil, pues al momento de suscribir el Convenio el recurrente tuvo pleno conocimiento de las implicaciones que conllevaba el acceder a la beca, esto es, el deber de cumplir su periodo asistencial obligatorio en la ciudad de Arica, por los seis años que se establecieron y, asimismo, el recurrente no puede desconocer que al momento de celebrar su Acuerdo de Unión Civil estaba en conocimiento no sólo del ya aludido Convenio, sino también de las respuestas que el Servicio había entregado a sus reiteradas solicitudes. Finalmente, descarta la vulneración a la integridad física y psíquica del recurrente, teniendo presente que únicamente se acompañó por parte del profesional funcionario un solo informe psicológico, siendo el segundo de ellos únicamente conocido por la recurrida a través de esta acción de protección. Igualmente, enfatiza que ninguno de dichos informes acredita perjuicios, pues sólo dan cuenta de las acciones seguidas y de las sugerencias del tratante, sin que de ello se advierta que el recurrente ha padecido o padecerá malestar, perjuicio u obstáculo alguno respecto de su estado de salud, que obligue a una determinación distinta de la ya realizada.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto calificado por el recurrente como ilegal y arbitrario, corresponde a la Resolución N° 1716 de 31 de agosto de 2021, que rechazó la solicitud de traslado de lugar de cumplimiento de su período asistencial obligatorio, lo anterior en relación al Convenio suscrito con el Servicio de Salud recurrido que lo obliga a desempeñar su especialidad de medicina interna en la Región de Arica y Parinacota. Particularmente, denuncia que la resolución incurre en falta de fundamentación, al no haberse ponderado debidamente las razones de índole familiar y de salud que justificaron su solicitud con los intereses públicos involucrados.

Por su parte, el órgano público recurrido controvierte que el acto referido revista caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, por cuanto emitió una decisión fundada, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el marco normativo que cita, y haciéndose cargo de las razones expuestas por el recurrente, sin perjuicio de no haber sido acompañada la documentación que la normativa exige y su extemporaneidad.

CUARTO: Que para un adecuado análisis del presente asunto, debe atenderse a la normativa especial que rige la materia, esto es, los programas de becas de especialidad para médicos financiados con recursos públicos. En la especie, el artículo 12 de la Ley N° 19.664, preceptúa que “Los profesionales funcionarios que accedan a programas de especialización financiados por las entidades empleadoras o por el Ministerio de Salud tendrán la obligación de desempeñarse en los organismos a que pertenecen, a lo menos, por un tiempo similar al de duración de los programas.

El profesional que no cumpla con esta obligación deberá reembolsar los gastos originados con motivo de la ejecución de los programas y aquellos derivados del incumplimiento, para lo cual constituirá una garantía equivalente a estos gastos incrementados en el 50%, cuando corresponda. El profesional que no cumpla su obligación deberá, además, indemnizar los perjuicios causados por su incumplimiento. Además, quedará impedido de reingresar a la Administración del Estado hasta por un lapso de seis años.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero, los profesionales funcionarios podrán solicitar cumplir su compromiso de desempeño en un Servicio distinto de aquel con el cual se encontraren obligados. Para ello, se requerirá el acuerdo de los respectivos Directores de Servicios de Salud de origen y de destino, quienes podrán otorgarlo sólo en casos calificados mediante resolución fundada. Para el ejercicio de esta facultad se requerirá que tanto el Servicio de Salud de origen como el de destino cuenten con las disponibilidades presupuestarias necesarias para ello, pudiendo el Servicio de origen traspasar al de destino los recursos y dotación de personal que se liberen por el cambio del profesional, cuando este último Servicio no cuente con presupuesto para ese fin. Con todo, el Servicio de Salud de origen deberá endosar al Servicio de Salud de destino la garantía otorgada por el profesional funcionario. A esta misma disposición quedarán sujetos los profesionales funcionarios de la Etapa de Destinación y Formación que soliciten cambio a otro Servicio de Salud. El reglamento regulará el mecanismo mediante el cual se autorizarán las solicitudes a que se refiere este inciso, el plazo para ser presentadas y la fecha a contar de la cual produzcan efecto.

A su turno el artículo 17 del Decreto N° 507 de 13 de marzo de 1991 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de Becarios en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, dispone que “El término de la beca, implica el compromiso u obligación por parte del becario de efectuar una fase asistencial a continuación del período formativo, en calidad de funcionario, en algún establecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud por un lapso igual al doble del de la duración de la beca”.

Finalmente, el Decreto N°91 de 11 de julio de 2001 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre acceso y condiciones de permanencia en programas de especialización a que se refiere la Ley Nº 19.664, dispone en su artículo 20, contenido en el título que regula el compromiso de desempeño obligatorio, lo siguiente: “ (…) los profesionales funcionarios podrán presentar una solicitud fundada ante el Director del Servicio de Salud del que dependan, adjuntando toda la documentación de respaldo pertinente, para cumplir su compromiso de desempeño en un Servicio de Salud distinto de aquel con el cual se encontraren obligados. Para los efectos de este artículo, la solicitud deberá fundarse en hechos tales como los siguientes:

-Razones de salud en la persona del profesional o de familiares directos, fehacientemente acreditadas, cuyos tratamientos requieran del cambio o se vean facilitados por el mismo -Situaciones personales relevantes, calificadas por el Director, que obliguen al cambio.

-Cambio en las condiciones de trabajo profesional en el Servicio de Salud por razones ajenas al interesado, debidamente acreditadas.

-Situaciones de carácter socioeconómico o familiares graves que afecten en forma directa al profesional o a su familia directa, comprobadas fehacientemente.

Para ello, se requerirá el acuerdo de los respectivos Directores de Servicios de Salud de origen y de destino, quienes podrán otorgarlo sólo en casos calificados mediante resolución fundada, debiendo el primero remitir al segundo la solicitud y antecedentes recibidos a fin de que se pronuncie primero sobre la misma, a fin de tener su decisión como un antecedente de la resolución que aquel deba dictar. Para el ejercicio de esta facultad se requerirá que tanto el Servicio de Salud de origen como el de destino cuenten con las disponibilidades presupuestarias necesarias para ello, pudiendo el Servicio de origen traspasar al de destino los recursos y dotación de personal que se liberen por el cambio del profesional, cuando este último Servicio no cuente con presupuesto para ese fin. Con todo, el Servicio de Salud de origen deberá endosar al Servicio de Salud de destino la garantía otorgada por el profesional funcionario. A esta misma disposición quedarán sujetos los profesionales funcionarios de la Etapa de Destinación y Formación que soliciten cambio a otro Servicio de Salud.

El plazo para presentar la solicitud a que se refiere el inciso anterior será de treinta días hábiles contado desde la fecha del hecho en que se funda la solicitud.

La aceptación de la solicitud deberá ser dada tanto por el Director del Servicio de Salud de origen y como por el de destino, en el orden indicado en el inciso segundo y fundada en el mismo hecho, la que producirá sus efectos a contar de la fecha de la resolución de aceptación que dicte el Servicio de Salud de origen.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes aportados por las partes se coligen los siguientes hechos, directamente relacionados con el acto que se impugna mediante el presente recurso:

1° Que el 11 de junio de 2019 el Servicio de Salud de Arica dictó la Resolución Exenta N° 1362, que aprueba el convenio sobre derechos, obligaciones y garantía de becario en programa de especialización de medicina interna, suscrito entre el Servicio y el recurrente, estableciendo la cláusula cuarta, letra g), que el período asistencial obligatorio de seis años deberá ser cumplido por el recurrente en el Hospital Dr. Juan Noé Crevani de Arica; circunstancia que por lo demás es pacífica según se desprende de los escritos de las partes.

2° Que el 15 de febrero de 2021, el recurrente presentó una solicitud de traslado del lugar de cumplimiento del programa asistencial obligatorio fundada en motivos familiares, afirmando que su pareja, la Dra. nombre reservado, se encontraba desempeñando su programa asistencial obligatorio en el Hospital de la Armada, de acuerdo a una escritura que asevera “presentará en su oportunidad”. Por lo anterior, solicitó su traslado al Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota, al serle imposible trasladarse a Arica por los perjuicios que implicaría el separarse de su pareja. La solicitud se fundó en la causal prevista en el artículo 20 del Decreto N°91 del Ministerio de Salud, consistente en “situaciones personales relevantes, calificadas por el Director, que obliguen al cambio”.

3° Que el 26 de febrero de 2021, el Servicio de Salud de Arica rechazó la solicitud planteada mediante el ORD N° 819, teniendo en consideración la proyección de requerimientos y el déficit de especialistas de medicina interna en la región, además de la situación de emergencia por la pandemia y el consiguiente aumento de camas críticas.

4° Que el 22 de marzo de 2021 el recurrente presentó una segunda solicitud de traslado, añadiendo a las razones de índole familiar expuestas en su primera presentación, el hecho de encontrarse en tratamiento psicológico desde el año 2018, tras la separación de su ex cónyuge, acompañando un informe firmado por el psicólogo nombre reservado, sin fecha, que sugiere mantener las condiciones ambientales en que se encuentra el paciente en Viña del Mar, por su rol relevante respecto de los logros de su tratamiento.

5° Que el 23 de abril de 2021, el Servicio de Salud recurrido rechazó la segunda solicitud planteada por el recurrente mediante el ORD N° 1591. Primeramente, la autoridad refirió que la presentación puede entenderse como una de reconsideración de la decisión ya adoptada, destacando que la convalidación es inadmisible, pues el artículo 20 del Decreto N°91 señala expresamente que el solicitante debe acompañar toda la documentación fundante de la petición. Sin perjuicio, calificó la presentación de extemporánea, pues el tratamiento psicológico aludido data del año 2018, excediendo el plazo de treinta días previsto en la misma norma. A mayor abundamiento, indicó que el informe psicológico no contiene un diagnóstico clínico específico, y que las razones familiares aducidas carecen de justificación suficiente, considerando que su relación de pareja es un hecho posterior a la época en que se contrajo la obligación con el Servicio. Finaliza reiterando la necesidad de contar con médicos especialistas en la región.

6° Que el recurrente contrajo acuerdo de unión civil el 12 de julio del año en curso con nombre reservado.

7° Que el 10 de agosto de 2021 se llevó a cabo una reunión entre el Departamento de Capacitación, Formación y Educación Continua del Ministerio de Salud, el Servicio de Salud recurrido y la abogada de UDELAM, con la finalidad de analizar una nueva petición de traslado ante los dos rechazos previos. Se levantó acta de la reunión, constando que el Servicio propuso dar facilidades al recurrente en términos de flexibilidad horaria, desplazamiento u otras herramientas para que pueda viajar con la mayor regularidad posible, en el contexto de que se requiere su especialidad para cubrir turnos. Se consignó además que, de ser posible una permuta, deberá serlo en los mismos términos y condiciones para idéntica especialidad.

8° Que el 27 de agosto de 2021, el recurrente presentó una “solicitud de respuesta formal” en virtud del artículo 3° de la Ley N°19.880 y el artículo 19 N°14 de la Constitución Política, con el fin de que el Servicio emita un acto administrativo que formalice la decisión de rechazar la solicitud de traslado, informando si se consideró el acuerdo de unión civil celebrado por su parte y cuáles fueron las razones para preferir la necesidad asistencial por sobre la protección constitucional de la familia. Finaliza solicitando el traslado al Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota.

9° Que el 31 de agosto de 2021 el Servicio recurrido dictó la Resolución Exenta N° 1716, que rechazó la solicitud de traslado del recurrente y que corresponde al acto administrativo impugnado por el presente recurso de protección.

En cuanto a sus fundamentos, en síntesis, el acto refiere que el acuerdo de unión civil esgrimido carece de justificación suficiente, ya que se trata de un compromiso posterior a la época en que contrajo la obligación con el Servicio, y estima que las razones invocadas no se condicen con los presupuestos establecidos en el artículo 20 del Reglamento sobre la materia (considerandos 9° y 10).

Asimismo, el Servicio sostiene que no ha desconocido el valor de la familia, cuestión que queda de manifiesto con las propuestas sugeridas en la reunión celebrada el 10 de agosto, en orden a conceder facilidades al recurrente para que pueda viajar con regularidad con la mayor regularidad posible (considerando 11°).

Por otra parte, manifiesta que el artículo 20 del Decreto N°91 establece hechos excepcionales que funden una solicitud de traslado y que hicieren factible su otorgamiento, calificando como insuficientes los antecedentes presentados por el recurrente y que justificaron tanto la presente solicitud como las anteriores (considerandos 12° y 13°).

Finalmente, el Servicio recalca que el período asistencial obligatorio consiste en una obligación de desempeño contraída libremente para habilitarse a acceder al financiamiento que constituyen las becas de especialidad; que la obligación de devolución nace de un mandato legal al tomar el cupo para realizar la especialización; que tanto la beca a la que accedió el profesional, así como todas aquellas que el Servicio de Salud de Arica gestiona, tienen por finalidad contar con los especialistas necesarios para dar respuesta a las necesidades de prestaciones de salud actuales y futuras de la población beneficiaria de la región; y que por lo anterior se han considerado las características de la Región de Arica y Parinacota, alejada de centros formadores de especialistas y de otros establecimientos de salud que puedan otorgar las prestaciones médicas requeridas supliendo la escasez de aquéllas (considerando 14°).

10° Que el recurrente debía iniciar su programa asistencial obligatorio el 20 de septiembre pasado; sin embargo, presentó licencia médica por los días 20 y 21 de septiembre, y su inasistencia desde el 22 de septiembre no ha sido justificada.

SEXTO: Que conforme a los hechos establecidos en el razonamiento anterior, y teniendo especialmente en consideración los fundamentos expuestos por el Servicio de Salud de Arica en el acto administrativo impugnado, se desprende que el órgano público recurrido emitió el acto en el ejercicio de sus atribuciones y conforme con sus facultades legales, sin que se advierta una inexistente, deficiente o errónea motivación al rechazar, por tercera vez, la solicitud de traslado planteada por el recurrente.

En efecto, lo pedido por el recurrente en su tercera presentación del pasado 27 de agosto, era que el Servicio emitiera un pronunciamiento formal sobre la solicitud de traslado, aludiendo a la reunión celebrada el 10 de agosto, y que se aclarara si se ha tenido en consideración el acuerdo de unión civil contraído por su parte, además de explicitar las razones para preferir las necesidades de la red asistencial por sobre la protección de la familia. De la lectura y análisis de la resolución impugnada, se advierte que el Servicio dio cumplimiento cabal a lo solicitado en todos sus términos, en virtud de los argumentos descritos latamente en el motivo precedente, por lo que cabe descartar la falta de fundamentación que se imputa en el recurso.

Lo anterior teniendo en consideración que, sin perjuicio de la extemporaneidad constatada por el Servicio, dado que el hecho que justificó esta tercera solicitud, cual es el acuerdo de unión civil indicado, se celebró con más de treinta días de antelación a la solicitud, y en consecuencia fuera del plazo previsto en el artículo 20 del Decreto N°91, de igual manera el órgano recurrido expuso pormenorizadamente las razones por las que la situación familiar y de salud del recurrente resultan insuficientes para acceder a la petición de traslado, atendido el déficit de profesionales con su especialidad en el Hospital Regional de Arica y la contingencia sanitaria provocada por la pandemia que ha agravado dicha situación crítica.

Asimismo, el Servicio recurrido en el acto impugnado niega que no hayan sido consideradas las circunstancias familiares del recurrente, pues manifestó la voluntad de concederle todo tipo de facilidades para que pueda viajar con regularidad a la ciudad en que vive su conviviente civil, tal como se advierte del acta de la reunión celebrada el 10 de agosto.

En conclusión, el acto impugnado no reviste caracteres de ilegalidad, en tanto fue dictado en el ejercicio de las atribuciones que detenta el Servicio de acuerdo a la normativa citada; y tampoco puede atribuírsele el carácter de arbitrario, ya que se encuentra debidamente fundado, explicitando las razones del porqué no concurren en la especie los requisitos de procedencia que fija la normativa analizada y que habilitan para conceder el traslado solicitado.

SÉPTIMO: Que, en virtud de lo razonado precedentemente, se constata que el recurso no se funda en una ilegalidad o arbitrariedad cometida por la recurrida en razón de una ausente o deficiente fundamentación, sino más bien en una discordancia con la decisión emitida por el Servicio, la que resulta contraria a los intereses personales del recurrente.

A mayor abundamiento, valga precisar que el recurso de protección solo ampara derechos indubitados, los que en la especie no concurren, toda vez que el recurrente no detenta un derecho a ser trasladado, ya que aquella solicitud se encuentra sujeta a la decisión de la Directora del Servicio de Salud de Arica, quien en uso de una potestad discrecional reglada puede acceder o no al referido traslado, resolviéndose en este caso el no otorgamiento de manera legal y fundada, en cuanto a sus requisitos de procedencia.

OCTAVO: Que, en consecuencia, al no constatarse ilegalidad o arbitrariedad alguna que afecte las garantías constitucionales invocadas, la presente acción debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por los abogados los abogados Claudia Sarmiento Ramírez y William García Machmar, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Salud de Arica.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 737-2021 Protección.