nombre reservado con nombre reservado

Arica, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

nombre reservado, Abogada, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce, por sí, recurso de protección en contra de nombre reservado, trabajadora, domiciliada en domicilio reservado, Santiago por al acto ilegal y arbitrario cometido al solicitar información personal respecto de sus entradas y salidas durante su jornada laboral a través de Gobierno Transparente, atentando contra la garantía prevista en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que 7 de agosto del año en curso recibió un correo electrónico de la Encargada de RRHH del IND de la Región de Arica y Parinacota, informándole que el 20 de julio a través del Portal de Transparencia del Estado para el IND, se había presentado una solicitud de nombre reservado para que se le informara respecto de las entradas y salidas de nombre reservado y de nombre reservado, la que fue aclarada con fecha 31 de julio del 2019, por nombre reservado, cónyuge de nombre reservado, en el sentido de señalar que expresamente solicitaba el registro de asistencia o la copia de aquel, de los funcionarios nombre reservado y nombre reservado, quienes se encontraban cumpliendo funciones en el IND de Arica y Parinacota en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, personas a las que no conoce e ignora la intencionalidad real de la información solicitada.

Para fundar su recurso de cautela constitucional afirma que la solicitud de los requirentes no se ajusta a los artículos 5 y 10 de la Ley N° 20.285, ya que lo solicitado no son de documentos, actas, resoluciones o contratos que guarden relación con la fundamentación de actos del IND, sino que información de carácter personal.

Se trata de acto arbitrario e ilegal que implica una entrega de información de personal, que representa una amenaza y que impacta su vida personal como familiar, ya que de aceptarse el acto arbitrario y proceder a entregar la información solicitada, se sabrían todos sus movimientos de traslado por 5 años, ignorando la real intención de su solicitud, lo que la afecta y perturba, pues es madre de 3 menores de edad a quienes debe resguardar y al entregar dicha información sin saber con qué intención se pide pone en riesgo su vida y la de su familia.

Pide que deje sin efecto la solicitud al Gobierno Transparente.

Informando la recurrida nombre reservado, señala que se ha deducido recurso de protección en su contra por la solicitud en el marco de la ley 20.285 de Transparencia, al Instituto Nacional del registro o copia del registro de asistencia de los funcionarios nombre reservado y nombre reservado, quienes cumplían funciones en el IND de Arica y Parinacota en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019”. Esta solicitud de información quedó registrada bajo el ID BA002T0002106.

Señala que el recurso de protección debe ser rechazado, pues nombre reservado no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno, en la medida que en la especie se ha limitado a aplicar, de manera plena y cabal, la normativa que rige a las solicitudes de información a servicios públicos en el marco de las facultades que otorga a los ciudadanos la ley 20.285 de Transparencia y tal cual ha sido refrendado por el Consejo de la Transparencia y por la Corte de Apelaciones de Santiago.

En el recurso de protección se argumenta que nombre reservado habría incurrido en un acto arbitrario o ilegal al solicitar copia del registro de asistencia de la recurrente, ya que según ella este acto no cumpliría con lo que establece la ley 20.285. Los planteamientos que se formulan en el recurso de protección desconocen el contenido de la normativa legal vigente en la materia.

A diferencia de lo señalado por la recurrente en su recurso el Consejo de la Transparencia ha precisado que los actos sobre los que se puede solicitar información son los que están en el ámbito específico de la función interna de la Institución a la que puede referirse una solicitud de información, abarcando entre otras materias la Gestión de Personas, la que corresponde a toda la información relativa al personal contratado en una institución en cualquiera de sus formas, incluidas las personas contratadas honorario. Dicha información podrá referirse al control de asistencias, licencias médicas, hoja de vida funcionaria, faltas disciplinarias, concursos públicos, calificaciones, etc. Además, el mismo Consejo de la Transparencia aclaró que entenderá por la expresión “documentos” que pueda requerir el solicitante en el marco de la ley 20.285, y son aquellos que tienen el carácter de Documentos Oficiales, es decir aquella información que se materialice en un acto formal dictado por la institución pública, por ejemplo, decretos, ordenanzas, resoluciones, oficios, etc.; y aquellos que tienen el carácter de Documentos Operacionales, que es aquella información que apoya el funcionamiento de la institución o sirva de fundamento para la toma de decisiones, que no quepa en la categoría de documento oficial.

De lo anterior es dable, entonces señalar, que la materia a la que se refiere la solicitud del nombre reservado, sobre la que se ha presentado este recurso de protección, se ajusta a lo permitido por la Ley de Transparencia, y no se le considera una información reservada.

Contrario a lo señalado por la recurrente toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado y que para ejercer este derecho, no requiere expresar una causa o motivo.

Por otra parte, este derecho supone la obligación de los organismos públicos de responder a las solicitudes de información realizadas por las personas y hacer entrega de lo requerido, a menos que exista una causal de secreto o reserva estipulada por la misma ley.

Mañosamente la recurrente señala que la solicitud original y que la subsanación solicitada por el IND a la solicitud original, fueron realizada primero por nombre reservado y luego por otra persona nombre reservado, no obstante como podrá apreciar en la solicitud original de 20 de julio de 2019, se indica como correo electrónico de contacto: correo reservado.

Por otro lado, en ninguna parte de la ley, tal cual ella misma señala, establece como requisito que el correo electrónico indicado en caso de solicitar que la información se le fuera entregada en formato digital y enviada por vía electrónica, deba ser concordante con el nombre de la persona solicitante, o que al menos contenga su nombre en él. La ley sólo establece que debe indicar un correo electrónico, cualquiera sea éste.

El recurso de protección también debe ser rechazado, en atención a que nombre reservado está solicitando información que el mismo Consejo de la Transparencia y la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago han sancionado como de carácter pública y no personal, por lo que el Servicio Público al que se le solicita, está en la obligación de entregarla, ya que constituye un mecanismo de rendición de cuentas del servicio público requerido.

A través de múltiple jurisprudencia del Consejo de la Transparencia, respecto del control de asistencia de un funcionario público, en especial las decisiones de amparo del Consejo de la Transparencia Roles A181-09, C434-09, C485-09, C492-09, C209-10 y C846-10 y C34-11, se concluye, en términos generales, que todos los funcionarios se encuentran obligados a registrar su asistencia a través del sistema que la autoridad respectiva haya establecido. Además, pese a reconocer que los datos contenidos en el registro de control de asistencia constituyen datos personales del funcionario individualizado, pues contiene información concerniente a una persona natural identificada, se ha estimado que la esfera de privada del personal que desempeña funciones en la Administración del Estado, se ve claramente reducida en atención al control social que sobre ellos se ejerce, con motivo de la función pública que desempeñan, lo cual, en virtud de lo establecido en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, otorga a los registros en cuestión la naturaleza de información pública. Además el Consejo de la Transparencia señala que la entrega de estos registros constituye un mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad, puesto que permite fiscalizar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral por parte de los funcionarios públicos.

El Consejo de la Transparencia, a través de las decisiones de amparo roles C1366-18; C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17 y C1241-18 ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios y ex funcionarios.

En lo que respecta a lo señalado por la recurrente en cuanto alterar su entorno familiar, la recurrente no explicita cómo la información, catalogada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, el Consejo de la Transparencia y la ley como pública, puede afectar su seguridad, a sus hijos o a su entorno familiar, sobre todo tratándose de registros que dan cuenta del ingreso y salida de la jornada laboral, información que habla sobre hechos del pasado, por lo que no es posible establecer una relación natural de causa y efecto.

En concordancia con los argumentos detallados en los puntos anteriores, la supuesta afectación de la honra de la recurrente no puede ser fundamento suficiente para reconocer la publicidad de tal expediente (los registros de asistencia) ya que la información solicitada por nombre reservado en nada afectan a la protección de sus datos personales, ya que no se solicita información a este respecto, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, y por lo tanto cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estime vulnerados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, y la Corte de Apelaciones correspondiente en su caso deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie los hechos que se reputan ilegales y arbitrarios y de los que da cuenta el recurso, es la solicitud de nombre reservado precisada por la actual recurrida, quienes al amparo de Ley de Transparencia N° 20.285 requieren los registros de asistencia de la abogada recurrente durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y a 2019 como funcionaria del Instituto Nacional de Deportes.

CUARTO: Que el artículo 4° de la Ley 20.285, establece el principio de transparencia de la función pública que consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

En su artículo 5° se dispone que en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. En efecto en su artículo 21 se establecen las causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, entre estas: cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

Por otra parte en su artículo N°10, se dispone que el acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.

Finalmente en su artículo 12 se previene que la solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener: a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso. b) Identificación clara de la información que se requiere. c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado. d) Órgano administrativo al que se dirige.

QUINTO: Que, en este escenario corresponde dilucidar si los registros de entrada y salida de los últimos 4 años, que abarcan más de 40 meses continuos, de la recurrente, funcionaria de un Servicio Público, es de aquella información a la que tiene libre acceso toda persona por el solo hecho de recurrir a la Ley N° 20.285, precisando desde ya que la ley en comento no exige que se indiquen por el solicitante, más allá de su individualización los motivos que guían su requerimiento de información.

SEXTO: Que, lo que debe decidirse por esta Corte es si por la calidad de servidora pública de la recurrente, la protección de su vida privada en la esfera del cumplimiento de su asistencias al IND debiera ceder frente a la recurrida para permitir el control social del cumplimiento de las jornadas laborales sobre quienes ejercen labores remuneradas con recursos públicos.

SEPTIMO: Que, es de parecer de esta Corte que el conocimiento de los registros de entrada y salida de la recurrente como funcionaria de un servicio público no se enmarca dentro de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 20285, normas que establecen a quienes se aplica la ley, define el principio de trasparencia y que determina los actos y resoluciones que deben ser públicos, que dicen relación con los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones que establece la aludida ley, naturaleza que no tiene el registro de asistencia de la recurrente.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, el control de asistencia de los empleados públicos corresponde a los entes fiscalizadores del mismo Servicio en que éstos se desempeñan, quienes deben adoptar las medidas administrativas que procedan ante el incumpliendo de los horarios de trabajo.

Con lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de nombre reservado, y consecuentemente el Instituto Nacional del Deporte, Nivel Central, deberá rechazar la petición formulada por doña nombre reservado, respeto del registro de entrada y salida de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 y 2019 de la recurrente, a sus labores como funcionaria de dicho Servicio.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada. Comuníquese.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 733-2019 Protección.