Protección contra Conservador de Bienes Raíces de Arica

Arica, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

En causa Rol N° 708-2021 Protección, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra del Conservador de Bienes Raíces de Arica, Fernando Rafael Manterola Salas, denunciando como acto ilegal y arbitrario la cancelación de la inscripción conservatoria en su favor del inmueble que individualiza, con vulneración de la garantía prevista en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 19 de junio de 2020 se dispuso a su nombre la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Arica, a fojas 1279 Nº 1421 2020, del inmueble ubicado en domicilio reservado (Cerro La Cruz), en virtud de la Resolución Exenta Nº E-52198 de 24 de diciembre de 2019 y por Resolución Rectificatoria Nº 351 de 12 de mayo de 2020, ambas dictadas por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, en relación a los antecedentes sobre regularización de posesión de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley Nº2.695, de 1979.

Posteriormente, el 20 de agosto del presente año, el recurrente tomó conocimiento de la cancelación de la inscripción antes individualizada y que fue realizada de oficio el 2 de agosto de 2021 por el Conservador de Bienes Raíces de Arica, en virtud de la Resolución Exenta Nº 155/2021 de 25 de marzo de 2021, dictada por el SEREMI de Bienes Nacionales de la región de Arica y Parinacota, acto administrativo arbitrario al no haberse seguido un procedimiento que asegurara los derechos del recurrente sobre la propiedad, y que a su vez ordenó invalidar la Resolución Exenta Nº E-24492 de 11 de julio de 2019, que aceptó la solicitud de regularización de la propiedad y ordenó efectuar las publicaciones señaladas en la Ley, específicamente en el diario La Estrella de Arica; la Resolución Exenta Nº E-52198, de 24 de diciembre de 2019, que aceptó la solicitud de regularización y ordena la inscripción del inmueble a nombre del recurrente; y la Resolución Rectificatoria Nº 0351 de 12 de mayo de 2020. Asimismo, la Resolución Exenta Nº155/2021 también ordenó la cancelación de la inscripción ya individualizada, pese a haber cumplido su parte con todos los requisitos contemplados en el Decreto Ley Nº 2.695.

Argumenta que el Conservador de Bienes Raíces de Arica, al cancelar de oficio la referida inscripción, ha actuado ilegal, arbitrariamente y fuera de las facultades que el Reglamento del Conservador de Bienes Raíces le otorga, atendido que el artículo 92 dispone que el Conservador no hará cancelación alguna de oficio; y asimismo, de algún modo resuelve una controversia que debe ser de conocimiento de los Tribunales de Justicia, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 728 del Código Civil, para que cese la posesión inscrita es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial; en circunstancias que ninguna de dichas hipótesis concurre en la especie, destacando que el Decreto Ley Nº 2695 en sus artículos 18 y siguientes señala un procedimiento especial para el caso en que terceros reclamen derechos sobre un inmueble sujeto a una regularización.

Solicita que se acoja el recurso, declarando que se deja sin efecto la cancelación de 2 de agosto del año 2021 de la inscripción Fojas 1279, N°1421 del Repertorio de Propiedades del año 2020 del recurrido, con expresa condena en costas.

Por su parte, en causa acumulada Rol N° 713-2021 Protección, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, denunciando como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta Nº 155/2021 de 25 de marzo de 2021, con vulneración de la garantía prevista en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tal como señala en su recurso en causa Rol N° 708-2021, el recurrente denuncia que el acto impugnado dictado por la referida SEREMI ordenó invalidar la Resolución Exenta Nº E-24492 de 11 de julio de 2019, la Resolución Exenta Nº E-52198, de 24 de diciembre de 2019, que aceptó la solicitud de regularización de acuerdo al Decreto Ley N°2.695 y ordena la inscripción del inmueble ya individualizado a nombre del recurrente, y la Resolución Rectificatoria Nº 0351 de 12 de mayo de 2020. Asimismo, el acto impugnado también ordenó la cancelación de la inscripción conservatoria de la propiedad en favor del recurrente, todo lo anterior en base a reclamos efectuados por terceros que pretendían oponerse a la solicitud de regularización de la propiedad, las que fueron realizadas de forma extemporánea y sin seguir el conducto regular que el Decreto Ley N°2.695 establece.

Argumenta que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la región de Arica y Parinacota ha actuado fuera de las facultades que el Decreto Ley Nº2.695 dispone respecto del procedimiento para regularización de títulos de dominio, pues no existe ningún artículo en dicho Decreto que permita al SEREMI de Bienes Nacionales dejar sin efecto la resolución que ordenó la inscripción del inmueble, y más aún con posterioridad a los plazos legales que el Decreto Ley dispone para que terceros puedan ejercer oposición, dado que el acto impugnado se dictó en base a reclamos deducidos por terceros totalmente fuera de plazo, específicamente el día 18 de enero de 2021, en circunstancias que el plazo máximo para oponerse correspondía al 22 de noviembre del año 2019.

En este sentido, destaca que su parte ya había adquirido la calidad de poseedor regular y que la propiedad se encontraba inscrita a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de Arica, según lo ordenó la Resolución Exenta Nº E-52198 de 24 de diciembre del año 2019 y por Resolución Rectificatoria Nº351 de 12 de mayo del año 2020, ambas dictadas por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, por lo que argumenta que la recurrida al ordenar dejar sin efecto la inscripción, resolvió una controversia que debe ser de conocimiento de los Tribunales de Justicia, infringiendo su derecho de propiedad.

Así las cosas, sostiene que la Resolución Exenta Nº 155 que ordenó la cancelación de la inscripción conservatoria se dictó fuera de las facultades que el Decreto Ley Nº 2695 entrega al Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, siendo un acto ilegal y arbitrario que vulnera su derecho de propiedad sobre el inmueble previamente individualizado, teniendo en consideración que la controversia originada en la oposición de terceros debe ser resuelta en sede jurisdiccional y no a nivel administrativo.

Solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 155 de 25 de marzo de 2021, con expresa condena en costas.

Al evacuar informe el Conservador de Bienes Raíces de Arica, don Fernando Rafael Manterola Salas, señala que el 19 de junio del año 2020 se inscribió en el Registro de Propiedad de dicho Conservador, a fojas 1279 Nº 1421, la Resolución Exenta Nº E-52198 de 24 de diciembre del año 2019, y su Resolución Rectificatoria Nº 351 de 12 de mayo del año 2020, ambas dictadas por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, en autos administrativos sobre regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz según el Decreto Ley Nº 2.695/1979, en virtud de la cual se concedió al recurrente la posesión regular de la propiedad ubicada en domicilio reservado (Cerro La Cruz), de la comuna y provincia de Arica.

Añade que dicho procedimiento de regularización afectó a la inscripción especial de herencia de fojas 442 Nº 510 del Registro de propiedad del año 2019 a favor de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado y; nombre reservado, todos quienes habían adquirido el inmueble señalado por herencia quedada al fallecimiento de doña nombre reservado, quién a su vez había adquirido el dominio de tal inmueble por compraventa de 10 de noviembre del año 1983 de parte de doña nombre reservado, y cuya inscripción de dominio a favor de la causante nombre reservado corre inscrita a fojas 3247 Nº 2469 del Registro de propiedad del año 1983.

Posteriormente, el 29 de marzo del año 2021, mediante Oficio SE15 Nº 1076/2021 emanado del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, se notificó a este Conservador de Bienes Raíces la Resolución Exenta Nº 155/2021 de 25 de marzo de 2021 que invalida las Resoluciones Exentas de Bienes Nacionales Nº E- 52198 y Nº 351, que habían concedido en su oportunidad la posesión regular del inmueble individualizado al recurrente, mandatando -en ese mismo acto administrativo- a este Conservador a cancelar la inscripción practicada a nombre del regularizante, de fojas 1279 Nº 1421 del Registro de Propiedad del año 2020 (incluidas las inscripciones de prohibiciones de fojas 787 vuelta Nº 902, y de fojas 788 vuelta Nº 903, ambas del Registro de Prohibiciones del año 2020, y que se practicaron al alero de lo exigido por el artículo 17 del D.L. Nº 2695/1979).

Agrega que el señalado acto administrativo de invalidación tuvo por fundamento, conforme rezan sus considerandos 5º, 6º y 7º, el haberse incurrido dentro del procedimiento administrativo de regularización en la omisión del trámite esencial exigido en el artículo 10º del Decreto Ley Nº 2.695, que impone la obligación al Ministerio de Bienes Nacionales de notificar la solicitud de regularización mediante carta certificada al supuesto propietario del inmueble. Por lo anterior, se resolvió por dicho organismo público, conforme a sus prerrogativas y facultades, invalidar las resoluciones señaladas y retrotraer el procedimiento administrativo hasta la etapa de notificar al presunto propietario.

Luego, habiendo sido requerido este Oficio Conservatorio de la solicitud de cancelación, el Conservador procedió a requerir previamente a la SEREMI de Bienes Nacionales que acompañara las demás piezas pertinentes del expediente administrativo de invalidación, en especial la notificación de la persona afectada por dicha resolución, y la certificación correspondiente de no existir recurso administrativo pendiente contra la misma. Con posterioridad, el SEREMI de Bienes Nacionales dio cumplimiento a lo requerido por el Conservador, acompañando: a) Resolución Exenta Nº E-25103 de 16 de junio del año 2021 emanado del nombre reservado Nacionales, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto por el recurrente en contra de la resolución Nº 155 sobre invalidación; b) Ordinario Nº E-64397, que notificó al afectado del rechazo de su recurso jerárquico; y c) Copia de la constancia del envío de la carta certificada de la notificación anterior, tal como lo exige el procedimiento administrativo contenido en la Ley Nº 19.880.

Por consiguiente, teniendo presente lo requerido por la SEREMI de Bienes Nacionales, las resoluciones y documentos fundantes de su solicitud, los efectos propios de los actos administrativos (presunción de legalidad, imperio y ejecutoriedad), y el hecho de que a la fecha de la dictación de la resolución de invalidación (25 de marzo de 2021) no había transcurrido el plazo legal de prescripción adquisitiva ipso iure de corto tiempo que establece el artículo 15 inciso 2º del Decreto Ley Nº 2.695, (por lo cual el regularizante era solamente poseedor y no dueño) se procedió a practicar el 2 de agosto del 2021 la subinscripción marginal requerida, por haber dejado de existir, en virtud de la invalidación declarada, el título posesorio que la motivó.

Por otra parte, asevera que la presente acción constitucional no constituye la vía idónea para impugnar las actuaciones de los Conservadores de Bienes Raíces, dado que el artículo 18 del Reglamento Conservatorio de Bienes Raíces establece un procedimiento judicial especial de reclamación para resolver la cuestión impugnada en la especie, citando jurisprudencia al respecto. Asimismo, destaca que el recurrente carece de un derecho indubitado para ejercer la presente acción constitucional, pues era solamente poseedor regular del inmueble y a la fecha no ha operado la prescripción adquisitiva de corto tiempo prevista en el Decreto Ley N°2.695 y, en tal sentido, no existe un derecho de propiedad susceptible de ser amparado por el presente arbitrio.

En otro aspecto, precisa que no es efectivo que el Conservador haya actuado de oficio, como se indica en el recurso, sino que actuó por petición expresa de la SEREMI de Bienes Nacionales, quien mediante oficio SE15 Nº 1076/2021 de 25 de marzo de 2021 notificó la resolución Nº 155 de invalidación y requirió la correspondiente cancelación de la inscripción. En segundo lugar, refiere que tampoco compete a este Conservador, por carecer de facultades legales para aquello, entrar a calificar el mérito, oportunidad o fundamento que haya tenido la SEREMI de Bienes Nacionales para dictar la resolución invalidatoria que se impugna por el recurrente, pues dicho acto administrativo goza en virtud del artículo 3º de la Ley Nº 19.880, de presunción de legalidad, imperio y de exigibilidad inmediata frente a terceros, por consiguiente, y mientras no se declare lo contrario, ya sea por el propio ente estatal o por un tribunal de justicia en procedimiento idóneo (conforme lo expresa el artículo 53 de la ley Nº 19880), aquella Resolución Exenta se reputa legal y conforme a derecho, no adoleciendo de vicio alguno que impida su subinscripción, más aún, que como se señaló, dicha solicitud de cancelación fue realizada por el propio organismo público que expidió la resolución que sirvió de justo título posesorio al recurrente y cuyo dominio no ha adquirido a la fecha. En este sentido, añade que lo anterior encuentra sustento normativo en lo establecido en los artículos 12, 13, 14, 90 del Reglamento Conservatorio de Bienes Raíces, en los cuales se establece claramente que el Conservador de bienes Raíces debe inscribir (subinscribir en este caso) los títulos presentados sin tardanza, y que sólo está facultado a rehusar lo solicitado cuando el título presentado sea en algún sentido legalmente inadmisible, noción que se encuentra reconducida vía ejemplos a de defectos de orden formal, salvo el caso de ser visible un vicio de nulidad absoluta en el título, lo que no aconteció en la especie.

En cuanto a la vulneración del derecho de propiedad que alega el recurrente, asevera que la inscripción que se practica a favor del regularizante, y mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción adquisitiva, es un mero reconocimiento de aquella circunstancia de hecho, que no otorga derecho real alguno sobre el inmueble mientras no opere el modo de adquirir de prescripción; en consecuencia, la circunstancia de adquirir el dominio sigue siendo una mera expectativa para el regularizante, sujeta -por ejemplo- a que no exista oposición judicial, revocación o invalidación de su justo título mientras se encuentre pendiente dicho plazo de prescripción adquisitiva. Lo anterior se ve refrendado, además, por la circunstancia de que tampoco resulta aplicable al regularizante inscrito que no ha completado el plazo de prescripción adquisitiva, la presunción de dominio que consagra el artículo 700 inciso 2º del Código Civil, pues como ya se señaló, toda persona que accede a este procedimiento excepcional de “saneamiento de la propiedad” es porque indudablemente no es dueño absoluto y exclusivo de la cosa poseída, sino únicamente un mero poseedor material, cuyo justo título posesorio cede ante oposición del poseedor inscrito conforme a las reglas generales que establece nuestro Código Civil, tal como lo señala el artículo 19 Nº 1 del mismo Decreto Ley Nº 2.695.

Finaliza su presentación solicitando el rechazo del recurso interpuesto en su contra, por no existir actuación arbitraria ni menos ilegal al consignar la subinscripción marginal del acto administrativo de invalidación ordenado por la SEREMI de Bienes Nacionales.

Al evacuar informe la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, solicita el rechazo de la presente acción constitucional, con costas. Indica que el Decreto Ley N° 2.695 establece un procedimiento administrativo que se sustancia ante el Ministerio de Bienes Nacionales, al cual le son aplicables en forma supletoria las normas contenidas en la Ley N° 19.880, tal como lo dispone su artículo 2°. En este sentido, destaca que el artículo 53 de la Ley en comento establece que “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto. La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada.

El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario”.

Manifiesta que en virtud de dicha potestad invalidatoria, y teniendo en consideración las solicitudes de información y denuncias formuladas, ingresadas en la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Arica y Parinacota con los folios N° AQ001W0031372, AQ-001W0031379 y SIAC-CO-CE-0439216, además del requerimiento efectuado ante el Ministerio de Bienes Nacionales signado con el folio INPR-2021-3505 del 18 de enero de 2021, se analizó exhaustivamente el expediente administrativo SISTRED N° 61850 de saneamiento del dominio del inmueble ya individualizado, detectándose vicios legales, los cuales guardan relación con la omisión de un trámite esencial durante el procedimiento de Saneamiento de Título, consistente en la falta de notificación al presunto dueño del inmueble, establecido en el artículo 10° del Decreto Ley N° 2.695.

Precisa que analizando el expediente aún más a fondo, fue posible detectar que en todos los oficios enviados tanto al Servicio de Impuestos Internos, Servicio Electoral y Servicio de Registro Civil e Identificación, se consultó por doña nombre reservado, sin individualizar el Rol Único Nacional (RUN), de modo que tales instituciones no podían tampoco informar el domicilio sin ese dato esencial. Agrega que tampoco existe constancia en el expediente administrativo de las respuestas que habrían dado dichas entidades. Por otra parte, la notificación del presunto dueño se habría practicado al mismo solicitante de autos, es decir, al recurrente de la presente acción de protección, lo cual no se ajusta al espíritu de la ley, pues mal puede notificarse como presunto dueño del inmueble, con el objeto de advertirle que existe un solicitante que pretende regularizar el referido inmueble, al propio solicitante de regularización.

En vista de lo anterior, y considerando que no se practicó la notificación del presunto dueño conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 2.695 de 1979, se incurrió en un error de derecho en la dictación de las resoluciones que aceptaron la solicitud y regularización de la posesión material, lo que de acuerdo al artículo 53 de la Ley N° 19.880, es susceptible de ser anulado mediante la invalidación de oficio, por no dar cumplimiento a un requisito que la ley establece como esencial en el procedimiento de regularización. Destaca que la falta de notificación al presunto dueño implica dejar en indefensión a quienes tienen derechos legítimos sobre el inmueble, como sucedió en el presente caso, pues con la regularización en favor del recurrente, se canceló la inscripción de fojas 442 N° 510 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica, correspondiente al año 2019, a nombre de doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, todos herederos de doña nombre reservado (propietaria originaria del inmueble), y el último de los herederos individualizados, además, cónyuge sobreviviente de la fallecida. Por tanto, tal omisión no solo vicia el procedimiento, sino además trae consecuencias negativas en contra de quienes sí tienen un derecho de dominio indubitado sobre el bien raíz.

Así las cosas, para proceder a la invalidación, en este caso, de oficio, y dar pleno cumplimiento al artículo 53 de la Ley N° 19.880, se concedió audiencia al recurrente en forma previa, a través del oficio SE15 N° 440/2021 de 15 de febrero de 2021, a fin de que señalara lo que estimara pertinente en relación a la invalidación de oficio propuesta; ésta se notificó, según comprobante de Correos de Chile, el 23 de febrero de 2021, respecto de la cual, don nombre reservado presentó carta el 26 de febrero de 2021 evacuando sus alegaciones al respecto, dentro del plazo de 5 días dispuestos para ello. Amén de lo anterior, se le dio a conocer al recurrente en su oportunidad, que el plazo de dos años con que cuenta la administración para proceder a la invalidación de un acto administrativo contrario a derecho no guarda relación con el plazo de dos años para presentar las acciones de dominio que a los terceros pudieran asistirles. En el primer caso, el plazo comienza a computarse desde que se dictó el acto administrativo de que se trate y es más bien un deber para los Órganos de la Administración Pública; en el segundo caso el plazo de dos años comienza a contabilizarse desde la respectiva inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, luego de los cuales el solicitante se hace dueño del inmueble por prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno. En consecuencia, este segundo plazo está establecido tanto para los terceros interesados, para ejercer las acciones de dominio que correspondan, como para el solicitante de regularización para establecer la fecha cierta en la cual se hace dueño.

A mayor abundamiento, se le señaló al recurrente que debido al efecto que se produce una vez que se adquiere el dominio del inmueble por el evento de la prescripción adquisitiva de corto tiempo contemplada en el citado Decreto Ley, no es posible invalidar actos administrativos si es que ha operado la prescripción a favor del solicitante, situación que no ocurre en la especie, encontrándose la administración dentro de plazo para poder invalidar el acto administrativo contrario a derecho.

De esta forma, y no existiendo argumentos en contrario de parte del solicitante que permitieran variar lo razonado precedentemente, se dictó la Resolución Exenta N° 155 de 25 de marzo de 2021, invalidando las resoluciones exentas que concedieron la calidad de poseedor regular, y ordenando, conjuntamente, la cancelación de la inscripción del dominio a nombre del recurrente, por el error de derecho antes mencionado. Asimismo, se ordenó la prosecución del procedimiento administrativo contenido en el expediente folio N° 61850, desde la notificación al presunto dueño que corresponde, de conformidad a los antecedentes que obran en el proceso y a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley N° 2.695 de 1979, debiendo realizarse posteriormente el informe jurídico que prescribe el artículo 11, la dictación de la resolución exenta que acoja o deniegue el trámite y las publicaciones legales, en caso que corresponda.

Asevera que la Resolución Exenta que invalidó los actos administrativos precedentes, se notificó al recurrente mediante Oficio N° 1077 de 25 de marzo de 2021, verificándose la notificación, conforme a los comprobantes de Correos de Chile, el 29 de marzo de 2021. En dicho oficio, se le informó además que, en conformidad al artículo 59 de la Ley 19.880, podía interponer recurso de reposición ante la misma autoridad que dictó el acto administrativo y en subsidio recurso jerárquico para ante el Señor nombre reservado Nacionales, en caso de disconformidad con lo resuelto, mediante presentación fundada, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación administrativa de la presente resolución. Así, don nombre reservado presentó recurso jerárquico el 31 de marzo de 2021, y dándose la tramitación respectiva, fue rechazado por el nombre reservado Nacionales a través de la Resolución Exenta N° E-25103 de 16 de junio de 2021, y que fue notificado al recurrente mediante Oficio Ord N° E-64397 de 6 de julio de 2021, verificándose la notificación, según comprobante de Correos de Chile, el 9 de julio de 2021. Finalmente, mediante Oficio SE15 N° 1076 de 25 de marzo de 2021, se notificó al Conservador de Bienes Raíces de Arica que procediera a la cancelación de las inscripciones ordenadas por esta Secretaría Regional Ministerial, la cual se materializó el 2 de agosto de 2021.

Alega la extemporaneidad del presente recurso, teniendo en consideración que la fecha cierta en que se terminó de tramitar completamente el acto administrativo de invalidación ante esta Secretaría Regional Ministerial, informando la invalidación y que se procedería a la cancelación de la inscripción efectuada a nombre del recurrente, fue el 9 de julio de 2021, que corresponde a la época en que el recurrente fue notificado de la resolución que rechazó su recurso jerárquico. En este sentido, al haberse interpuesto el recurso el 30 de agosto de 2021, se encuentra fuera del plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Sin perjuicio de lo anterior, afirma que el recurso de protección no constituye la vía idónea para impugnar la invalidación, considerando que el artículo 53 de la Ley N°19.880 dispone que el acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.

Por otra parte, refiere que la invalidación es una facultad discrecional de la Administración y de carácter revisor, por lo que no existe acto ilegal ni arbitrario, destacando que el ejercicio de tal potestad debe someterse a la regulación que establece el artículo 53 de la Ley N° 19.880, de acuerdo con lo cual la invalidación procede previa audiencia del interesado y dentro de dos años contados desde la notificación o publicación del acto que se pretende dejar sin efecto, requisitos que fueron cumplidos en la especie.

Finalmente, descarta que concurra en favor del recurrente un derecho de propiedad, puesto que con la resolución que acoge la regularización y ordena la inscripción del inmueble saneado a nombre del solicitante de regularización, el Ministerio de Bienes Nacionales lo que hace es reconocer la calidad de poseedor regular al poseedor material sobre dicho bien raíz, a fin de quedar habilitado para adquirir su dominio por prescripción, siendo necesario que opere dicho modo de adquirir para detentar la calidad de dueño, cuestión que no acontece en el presente caso respecto del recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie, los actos reclamados como arbitrarios e ilegales corresponden a la cancelación practicada por el Conservador de Bienes Raíces de Arica de la inscripción de un inmueble en favor del recurrente, obtenida en virtud de un procedimiento de regularización de la pequeña propiedad raíz de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley N°2.695 de 1979; así como también la Resolución dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la región de Arica y Parinacota, que invalidó las resoluciones que aceptaron la solicitud de regularización planteada por el recurrente y ordenaron la inscripción del inmueble a su favor, dictaminando además el acto administrativo impugnado, la cancelación de la inscripción en favor del recurrente practicada en el Conservador de Bienes Raíces, de acuerdo al citado procedimiento previsto en el Decreto Ley N°2.695.

CUARTO: Que, en primer lugar, corresponde analizar la alegación de extemporaneidad planteada por la Secretaría Regional Ministerial recurrida. Al respecto, teniendo en consideración que el acto reclamado corresponde a la Resolución Exenta N° 155 de 25 de marzo de 2021, la que a su vez fue impugnada por el recurrente mediante la interposición de un recurso jerárquico, el que fue rechazado por la autoridad en virtud de la Resolución Exenta N° E-25103 de 16 de junio del año en curso, y cuya notificación al recurrente se verificó el pasado 9 de julio.

En este sentido, se advierte que efectivamente el recurso entablado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales lo fue con posterioridad al vencimiento del plazo de treinta días que establece el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dado que ello aconteció el 1 de septiembre del año en curso, razón suficiente para rechazar el recurso de protección Rol N°713-2021, acumulado a esta causa.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, debe aclararse que dicha acción constitucional tampoco constituye la vía idónea para la resolución de la controversia, dado que para el caso de la resolución invalidatoria dictada por la SEREMI recurrida, el inciso final del artículo 53 de la Ley N° 19.880 establece que tal resolución será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.

SEXTO: Que, despejado lo anterior, en cuanto al recurso de protección Rol N°708-2021, del mérito de los antecedentes se advierte que el recurrente carece de un derecho indubitado que lo habilite para entablar el presente arbitrio constitucional cautelar y de emergencia, teniendo en consideración que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley N°2.695, una vez practicada la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces en favor del solicitante, éste adquiere la calidad de poseedor regular, mas no la de dueño, por cuanto es menester que transcurra el plazo de dos años contados desde la época de la inscripción para que el interesado adquiera el dominio del inmueble por prescripción, de modo que no es admisible amparar por esta vía un derecho de propiedad del que no se es titular.

En este caso, la inscripción en favor del recurrente se produjo el 19 de junio de 2020 y, en consecuencia, sólo desde el 19 de junio de 2022 éste adquiriría la calidad de dueño del inmueble, detentando en el intertanto una mera expectativa de poder adquirir el dominio de la propiedad en cuestión, antecedentes suficientes para rechazar el recurso de protección interpuesto, teniendo presente que la acción constitucional no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por tanto, en situación de ser amparados.

SÉPTIMO: Que, por último, de lo anterior se sigue que la cancelación de la inscripción conservatoria, tildada de ilegal y arbitraria por el recurrente, no es tal, sino todo lo contrario, pues ella se amparó en un acto administrativo dictado por una autoridad competente y dentro del ámbito de sus atribuciones, ajustándose el señor Conservador de Bienes Raíces al procedimiento establecido en su Reglamento.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZAN, con costas, los recursos de protección deducidos por nombre reservado, en contra del Conservador de Bienes Raíces de Arica y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la región de Arica y Parinacota.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 708-2021 Protección (acumulada 713-2021 Protección).