nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Arica, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

nombre reservado, Transportista, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, y dedujo recurso de protección, en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representado para estos efectos por su Director Regional, don Orlando Godoy González, por vulnerar las garantías constitucionales de los numerales 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que es acreedor verificado, por facturas impagas, en procedimiento concursal de reorganización del deudor Pampa Camarones, causa Rol C-8480-2016, seguido ante el 16° Juzgado Civil de Santiago.

Indica que no habiéndosele pagado ninguna factura por parte del deudor Pampa Camarones, el Servicio de Impuestos Internos, en virtud del Decreto Ley N° 825, sobre impuestos a la venta y servicios, lo conminó a pagar el Impuesto al valor agregado del cual técnicamente es recaudador, debiendo solicitar un crédito en la banca privada para enfrentar el cobro del IVA.

Asevera que su relación con la empresa deudora le acarreó la pérdida de dinero, del trabajo que facturó a su nombre y además, de hacerse cargo del impuesto de esas facturas como recaudador; IVA que jamás recaudó.

Refiere que como acreedor en procedimiento concursal de reorganización de Pampa Camarones, solicitó acogerse al beneficio establecido en el artículo 393 de la Ley N° 20.720, de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, y regulado en la circular N°62 del Servicio de Impuestos Internos de 18 de octubre de 2016 y luego de un largo procedimiento administrativo tributario, se resolvió otorgar este beneficio Expone que el 29 de marzo de 2019, fue notificado de la Resolución Exenta N° 51, del Servicio recurrido, en virtud de la cual: “HA LUGAR A LA SOLICITUD DE IMPUESTOS SOLICITADA POR EL CONTRIBUYENTE POR UN VALOR DE $ 24.545.536”. Sirviéndole esta devolución de dinero, para pagar el crédito solicitado para pagar el IVA.

Expresa que dado el estallido social en octubre de 2019, y que su rubro de transportista ligado a la minería, ya no era viable en Arica, se trasladó con su familia en la Tercera Región. A finales del mes de mayo de 2020, concurrió a su domicilio en Arica, y entre toda la correspondencia existente, se encontraba la Resolución Exenta N° 35 de 10 de febrero de 2020, la que señalaba: “RESUELVO:

1.- ANULESE la Resolución Exenta N° 51, de fecha 29 de marzo de 2019, emitida por la Dirección Regional de Arica.

2.- SE ACCEDE a la devolución de $3.872.985, conforme a la petición administrativa de fecha 28 de diciembre de 2018.

3.- En atención a los considerandos expuestos gírese el monto de $20.672.551, por reintegro de Impuestos Indirectos, por la devolución indebida obtenida por el contribuyente don nombre reservado, Rut .RUT reservado.”. Transformándolo el recurrido en un deudor de más de 20 millones de pesos en forma inesperada.

Sostiene que al mes de mayo de 2020, 11 meses después de la devolución, el dinero ya no existía por haber pagado sus deudas, las que se originaron en los créditos solicitados para pagar el IVA que cobrado por el Servicio de Impuestos Internos, como recaudador de lo que debió haber pagado la empresa deudora Pampa Camarones.

Argumenta que la Resolución Exenta N° 35 al señalar “ANULESE” está ejerciendo la nulidad del acto administrativo, para retrotraer todo al estado anterior, lo que se debió haber realizado conforme a las normas de los actos administrativos de la Ley N° 19.880, específicamente con lo previsto en el artículo 53 de la invalidación. En razón de lo anterior es que presentó una solicitud de Revisión de la Acción Fiscalizadora (RAF) el 28 de abril de 2021, y tal como lo señala la Resolución Exenta N° 129.529 de 23 de julio de 2021, en contra de la cual se impetra esta acción constitucional, le comunican el 6 de mayo del año en curso por correo electrónico a la casilla correo reservado -una casilla inexistente-, la admisibilidad de la RAF y lo citan a una audiencia para el 7 de mayo de 2021 a las 13:00 horas, a la cual no pudo asistir para presentar sus fundamentos y descargos, por haber sido notificado a un correo electrónico que no existe. Todo lo cual le ha provocado la indefensión.

En cuanto al derecho expone que el acto impugnado por esta vía, es la Resolución Exenta 129.529 de 23 de julio de 2021, de la Dirección Regional de Arica, del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que ha sido arbitraria e ilegal, en su razonamiento y resolución, en contravención de lo estatuido en el artículo 53 de la Ley N°19.880 y la propia Constitución Política de la República.

Indica que la ilegalidad de la Resolución Exenta 129.529, estaría dada en sus fundamentos en cuanto se basa en actos administrativos que no han cumplido con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de la República y que el actuar del Servicio recurrido ha vulnerado sus derechos fundamentales protegidos en los numerales 3 -La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos- y el 24° -en cuanto a la devolución de impuestos que le habían sido otorgadas- del artículo 19 de la Carta Magna.

Pide se acoja el presente recurso y se ordene el inmediato restablecimiento del imperio del derecho disponiendo como medida de protección que el Servicio de Impuestos Internos, realice los actos administrativos conforme a derecho para efectos de poder ejercer sus derechos garantizados en la Constitución, con costas.

Evacuando el informe solicitado por esta Corte de Apelaciones, el Servicio de Impuestos Internos, pide el rechazo del recurso de protección, teniendo en cuenta para ello que el 28 de diciembre de 2018, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 ter de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, el recurrente, representado por doña nombre reservado, solicitó una devolución de impuestos ascendente a la suma total de $24.545.536. Suma correspondiente al Impuesto a las Ventas y Servicios recargado sobre las facturas N°s 339, 343, 337, 362, 364, 366, 367, 370, 372 y 380 emitidas por la empresa Pampa Camarones S.A., RUT N° RUT reservado, contribuyente que se encontraba en procedimiento concursal de reorganización, a lo que se accedió mediante la Resolución Exenta N° 51, de 29 de marzo de 2019.

Señala que la empresa Minera Pampa Camarones S.A., actualmente Pampa Camarones S.P.A., solicitó, ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, el inicio del procedimiento concursal de reorganización de empresa deudora, conforme a las reglas contenidas en la Ley N° 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, dando origen a los autos caratulados "Puga/Pampa Camarones, Rol N° C-8480-2016. Posteriormente, se pudo constatar que el recurrente no detentaba la calidad de acreedor de cinco facturas respecto de las cuales había solicitado devolución de impuestos (N° 337, 339, 343, 366 y 367) en los términos exigidos en el artículo 27° ter, de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, ello de conformidad con el respectivo Acuerdo de Reorganización Judicial, que consta en el expediente concursal, razón por lo cual se procedió a emitir la Resolución Exenta N° 35, de 10 de febrero de 2020, mediante la cual se dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 51; accediéndose a la devolución solicitada sólo por la suma de $3.872.985; ordenando que se emitiera un giro por la suma de $20.672.551, para efectos de obtener el reintegro de los impuestos cuya devolución era improcedente.

Refiere que esta resolución fue notificada al contribuyente, el 12 de febrero de 2020, en el domicilio que mantiene informado en el Servicio, esto es, el ubicado en domicilio reservado.

Indica que el 8 de abril de 2020 el recurrente se enroló en el Servicio para ser notificado por correo electrónico, designando para este efecto la casilla correo reservado.

Luego, el 28 de abril de 2021, el contribuyente presentó una solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora de la Resolución Ex. N° 35, la que fue declarada admisible el 6 de mayo, citándosele a una audiencia para el día siete de mismo mes a las 13.00 horas, comunicación que fue dirigida a la casilla electrónica correo reservado.

No habiendo comparecido a dicha audiencia, se procedió a emitir la Resolución Exenta Nº 129.529, de 23 de julio de 2021, denegando la petición de revisión impetrada.

Sostiene que con ocasión del presente recurso, se pudo advertir que durante el proceso administrativo de tramitación de la solicitud de revisión, la citación a la audiencia de conciliación para que el contribuyente efectuara sus descargos, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 4º, del Nº 5, de la letra B, del artículo 6º, del Código Tributario y la Circular Nº12, de 17 de febrero de 2021, había sido despachada a una dirección de correo electrónico que no correspondía a la del recurrente, por lo que el 10 de septiembre de 2021 se procedió a corregir de oficio el vicio detectado emitiendo la Resolución Exenta Nº 130 mediante la cual se dejó sin efecto la Resolución Exenta N°129.529 y se ordenó retrotraer el procedimiento administrativo al estado de notificarse la admisibilidad de la solicitud y citarse a una audiencia conforme al artículo 6° del Código Tributario y la Circular 12, la que fue notificada el 10 de septiembre recién pasado por correo electrónico al recurrente, en la casilla correo reservado.

En mérito de lo anterior y encontrándose satisfecha la pretensión procesal del recurrente, consistente en que la repartición pública realice “los actos administrativos conforme a derecho para efectos de poder ejercer mis derechos garantidos en la Constitución” (sic), por lo que la presente acción carece de oportunidad.

Hace presente que al haberse dejado sin efecto el acto administrativo recurrido, también se ha invalidado la decisión adoptada con él, debiendo en consecuencia tramitarse un nuevo procedimiento administrativo, en el cual el recurrente podrá ejercer válidamente sus derechos y una vez finalizado, se dictará un nuevo acto de autoridad.

Sostiene que además de la falta de oportunidad de la presente acción, el recurso de protección no es la vía idónea para conocer del asunto. En efecto, el objetivo de esta acción es someter al imperio del derecho los actos u omisiones ilegales o arbitrarias que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de aquellas garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a través de un procedimiento urgente y excepcional, reservada para la tutela urgente y privilegiada de derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados indubitados, contemplándose en nuestro ordenamiento una serie de procedimientos y recursos a que los particulares pueden acudir cuando la finalidad perseguida sea distinta sean estos de orden administrativo como jurisdiccional. En el caso de marras ante afectaciones como la denunciada, señala que el Código Tributario ha dispuesto de un procedimiento adicional y especial para que los contribuyentes hagan valer sus derechos en el artículo 8 bis, pudiendo el contribuyente impugnar lo alegado haciendo valer el vicio en el mismo procedimiento de revisión de la acción fiscalizadora, recurrir directamente ante el competente Tribunal Tributario y Aduanero, a través del procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos, conforme al procedimiento del párrafo 2° del Título III del Libro Tercero de este Código, o deducir un “recurso de resguardo por vulneración de derechos” ante el correspondiente Director Regional o ante el Director, según corresponda, cuyos plazos, requisitos y procedimiento se detallan en la Circular Nº 12 del Director del Servicio de Impuestos Internos. Y en caso de pretender la revisión de la legalidad de la resolución que acoge en parte su solicitud de devolución, además, de la solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora, el Código Tributario cuenta con procedimientos declarativos especiales, tanto administrativos como jurisdiccionales, contenidos en el Titulo II de su el Libro Tercero.

En consecuencia el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal de Alzada, es una materia de lato conocimiento, que debe ser resuelta por medio de los procedimientos establecidos para tales efectos.

Es del caso que el recurrente plantea se ha afectado su derecho fundamental a ser oído dentro, del procedimiento administrativo de Revisión de la Actuación Fiscalizadora del Servicio, situación para la cual el legislador ha previsto, en materia tributaria, determinados procedimientos especiales, y que lo sucedido en la especie ha sido un mero error en el destino de una notificación, lo que constituye un vicio de procedimiento, susceptible de ser subsanado en el mismo procedimiento, haciéndolo presente en su oportunidad o, como ha ocurrido, subsanándose de oficio, en el momento en que se ha detectado.

En definitiva el Servicio recurrido, estima que no existe afectación de las garantías invocadas en los términos señalados por el recurrente. En primer lugar respecto de la garantía establecida en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que dice relación según se desprende de la lectura del recurso, con su derecho a la defensa y debido proceso, esta no se encuentra protegida por el artículo 20 de la Carta Magna la que solo garantiza el derecho consagrado en el inciso quinto, del numeral enunciado y en cuanto al derecho de propiedad, concluyendo que se trata de su derecho a la devolución de impuestos, precisa que sobre las solicitudes de devolución de impuestos, los contribuyentes solo detentan una mera expectativa, por ser una obligación del Servicio fiscalizar y revisar la procedencia de las mismas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, previo a resolver el fondo del presente recurso, es necesario señalar que de las garantías constitucionales que el recurrente estima vulneradas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la consagrada en el numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental, de la manera genérica como aparece del recurso, no es de aquellas que se protegen mediante esta acción, puesto que sólo lo es la establecida en el inciso quinto del referido numeral.

CUARTO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar del recurrido fue arbitrario o ilegal, y con ello vulneró alguna de las garantías protegidas por este arbitrio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza la garantía constitucional consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es la dictación de la Resolución Exenta N° 129.529, de 23 de julio de 2021, mediante la cual se pronunció sobre la solicitud de revisión de la actuación fiscalizadora de 28 de abril de 2021, por haber sido expedida sin previa audiencia, sin permitirle ejercer su derecho a ser oído, conculcando con ello, sus garantías constitucionales, por haberle sido notificada a un correo electrónico que no le pertenecía.

SEXTO: Que según admitió en su informe el recurrido, resultó efectiva la última situación descrita en el considerando precedente, por lo que el 10 de septiembre recién pasado procedió a corregir de oficio el vicio detectado emitiendo la Resolución Exenta Nº 130 mediante la cual dejó sin efecto la Resolución Exenta N°129.529 recurrida y ordenó retrotraer el procedimiento administrativo al estado de notificarse la admisibilidad de la solicitud y citarse a una audiencia conforme al artículo 6° del Código Tributario y la Circular 12, la que fue notificada el mismo 10 de septiembre por correo electrónico al recurrente, en la casilla correo reservado.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, no existiendo a esta fecha cautela alguna que adoptar, de acuerdo a la pretensión del recurrente, el presente recurso de protección no podrá prosperar, por haber perdido oportunidad.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos, por haber perdido oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 700-2021 Protección.