nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Arica, veintitrés de enero de dos mil veintitrés.

VISTO:

nombre reservado, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, con domicilio en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que de manera ilegal y arbitraria ha omitido pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva impetrada por el recurrente, vulnerando las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2 y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 11 de mayo de 2020 realizó la solicitud de permanencia definitiva en Chile con vinculo chileno, bajo el número de solicitud N°5422371, luego de 11 meses aproximadamente, recibió un correo en que se le solicitaba presentar una certificación de su contrato de trabajo, situación que subsanó el 18 de mayo de 2021, mediante la solicitud N° 24521593, y hasta la fecha no ha sido resuelto.

Indica que transcurrido un año y ocho meses de ingresada la última solicitud, el Servicio Nacional de Migraciones no ha respondido, circunstancia que ha generado graves problemas y serias vulneraciones a derechos fundamentales.

Alude a la vulneración de las reglas contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, la que establece los principios de celeridad y economía procedimental, excediendo con creces el plazo contemplado en el artículo 27 de la referida ley.

Pide ordenar a la recurrida emitir pronunciamiento sobre su solicitud.

Informó en su oportunidad el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que atente contra las garantías fundamentales.

Señala que la recurrente ingresó por primera vez al país el 7 de mayo de 2019. El 13 de agosto de 2019, la Gobernación Provincial de Arica y Parinacota otorgó a la recurrente por primera vez una visa de Residencia Temporaria por vinculo chileno, la cual se mantuvo vigente hasta el 13 de agosto de 2019. Agrega que el 2 de junio de 2020, el recurrente solicitó el beneficio de la residencia definitiva, mediante la solicitud ID N° 5422371, la que actualmente se encuentra en trámite, en etapa de Análisis II.

Asimismo, indica que la recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste y obtener certificado de visa en trámite. En consecuencia, entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

En cuanto al tiempo de tramitación, invoca lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, donde se establece que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encontraba nuestro país, término que no resulta fatal para la Administración, citando jurisprudencia al efecto. Por último, sostiene que resulta improcedente el silencio administrativo de acuerdo a lo previsto en los artículos 64 y 65 de la citada Ley. Añade que encontrándose vigente el término para que la Autoridad administrativa resuelva las solicitudes del recurrente y debido a la reciente fecha del pago realizado, no es posible pronunciarse sobre su solicitud en el informe.

En consecuencia, sostiene que estando en tramitación la solicitud del extranjero, se deriva que mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, concluyendo que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado como ilegal y arbitrario corresponde a la omisión de pronunciamiento en que ha incurrido la recurrida respecto de su solicitud de permanencia definitiva presentada el 11 de mayo de 2020 y complementada el 18 de mayo de 2021.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe, se advierte que la petición de permanencia definitiva se interpuso el 11 de mayo de 2020 y se complementó el 18 de mayo de 2021. Por su parte, la recurrida solo se limita a informar que la solicitud del recurrente se encuentra en etapa de “Análisis II”, pese a que ha transcurrido hasta la fecha de esta sentencia un año y más de ocho meses desde su interposición.

QUINTO: Que, lo razonado precedentemente permite concluir que la recurrida no ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que contempla un plazo máximo de seis meses en que los órganos de la Administración deben pronunciarse respecto de las solicitudes que presenten los administrados, el que debe computarse a lo menos desde el 18 de mayo de 2021, lo que importa una vulneración a la garantía constitucional contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al no haber resuelto oportunamente las referidas peticiones, en desmedro de los recurrentes.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en un caso similar en la sentencia Rol N° 86.868-21, estableciendo que “(…) queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

(…) Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente (...).”.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, debiendo el recurrido pronunciarse dentro de noventa días hábiles en relación a la solicitud del recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 7-2023 Protección.