Protección contra Universidad de Tarapacá

Arica, trece de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Madelaine Flores García, abogada, por nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Universidad de Tarapacá, por haber dictado la Resolución VRA N° NUM000, de 13 de agosto de 2026, que le denegó el derecho de inscribir y rendir su examen de grado en segunda oportunidad en la carrera de Derecho.

Explica que ingresó a la carrera de Derecho el año 2000 y egresó en marzo de 2006, aprobando su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial entre 2007 y 2008. Además, cursó y terminó un Magíster en Análisis Integral de Proyectos en 2013 en la misma universidad.

Señala que por problemas de salud de su padre, dificultades familiares, económicas y cuadros de depresión, no pudo finalizar oportunamente su titulación; no obstante, solicitó semestres y prórrogas adicionales entre 2011 y 2015 que le permitieron elaborar y aprobar su memoria de prueba con nota 6,0.

Refiere que durante años ha intentado inscribir fecha para rendir su examen de grado, pero la universidad se lo ha impedido por mantener deudas de arancel.

Explica que en julio de 2026 ingresó una nueva solicitud para rendir su examen de grado, sin embargo, mediante la Resolución VRA N° NUM000, la universidad rechazó su solicitud, aplicando de forma retroactiva normativas posteriores a su egreso, en especial el cierre del Programa de Titulación Especial regido por el Decreto Exento N° 00.55/2023 desconociendo la ley educacional vigente que impide negar la inscripción de exámenes de grado por deudas pendientes.

Sostiene que el acto reclamado ha vulnerado su integridad psíquica, la igualdad ante la ley respecto de otros egresados que si han podido rendir su examen y el derecho de propiedad sobre bienes incorporales respecto de su condición de egresado.

Solicita que se ordene a la Universidad permitirle rendir su examen de grado en condiciones debidas, con costas.

Informando la Universidad de Tarapacá, solicita el rechazo, con costas.

Explica, en primer lugar, que el régimen aplicable al recurrente se contiene en el Decreto Exento N° 00.914/1995 y su modificación por Decreto Exento N° 0.333/2003, que establecían un plazo máximo de ocho semestres desde el egreso para rendir memoria y examen de grado, plazo que expiró en marzo de 2010.

Contextualiza que el actor reprobó el examen de grado en 2006 y la memoria en 2008; y que, no obstante habérsele concedido sucesivas prórrogas extraordinarias hasta aprobar su memoria en 2015, no rindió el examen pendiente, configurándose en julio de 2016 su pérdida de carrera.

En cuanto al Programa Docente de Titulación Especial, explica que éste se creó en 2013 y se cerró en 2023 mediante el Decreto Exento N° 00.55/2023, con plazo extraordinario para Derecho hasta el segundo semestre de 2024. Destaca que, pese a que el recurrente regularizó sus deudas a fines de 2023, no postuló a la ventana extraordinaria, ingresando recién una solicitud en julio de 2026, pretendiendo invocar un programa extraordinario que ya no se encontraba vigente.

Explica que la resolución impugnada rechazó la solicitud precisamente por no encontrarse vigente el programa de titulación especial, debiendo aplicarse, entonces, el Decreto Exento N° 00.914/1995 referido previamente, que impone el plazo máximo de 8 semestres desde el egreso para rendir el examen de grado.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, lo impugnado es la Resolución VRA N° NUM000, de 13 de agosto de 2026, que rechazó la solicitud del recurrente de inscribir y rendir su examen de grado en segunda oportunidad en la carrera de Derecho.

TERCERO: Que, si bien el actor ha esgrimido en su recurso que el motivo del rechazo responde a que éste mantendría deudas pretéritas con la Universidad, así como que se le estarían aplicando normativas posteriores a la fecha de su egreso para impedirle rendir su examen de grado, de la lectura del acto recurrido aparece con claridad que el motivo del rechazo fue que “El Reglamento indica que un estudiante de Derecho una vez egresado tiene ocho semestres para concluir Memoria y Examen de Grado”, normativa que, como ha aclarado la recurrida, emana del Decreto Exento N° 00914.95, del 28 de julio de 1995, que contiene las normas del Reglamento de Docencia de Pregrado de la Carrera de Derecho de la Universidad de Tarapacá, modificado por la Resolución Exenta VRA N° 0.333/2003 del 17 de octubre de 2003.

En este sentido, registrando el actor el egreso formal de su carrera en marzo de 2006, la extensión temporal reglamentaria expiró indefectiblemente en marzo de 2010, configurándose su pérdida de carrera en julio de 2016 tras agotarse las autorizaciones extraordinarias que se le otorgaron.

CUARTO: Que, en cuanto al denominado “Programa Docente de Titulación Especial”, éste fue regulado e implementado mediante el Decreto Exento N° 00.252/2013, otorgando a los estudiantes la posibilidad extraordinaria de titulación por sobre los períodos ordinarios, sin embargo, tal programa concluyó con la dictación del Decreto Exento N° 00.55/2023, acto que fijó como límite perentorio para la carrera de Derecho la clausura del segundo semestre de 2024.

Al respecto, si bien es cierto que la resolución impugnada refiere que en diciembre de 2018 el actor ingresó una solicitud para acogerse a tal programa, aquella no fue ingresada al sistema en dicha época “por no tener el visto bueno de recaudación”, sin embargo, dada la antigüedad de tales hechos no es posible esgrimirlos como parte de la acción constitucional enderezada, por encontrarse latamente fenecidos, siendo cualquier alegación a su respecto extemporánea. De esta manera, su mención en la Resolución VRA N° NUM000 es contextual, y no constituye uno de los motivos por el cual se rechazó la nueva solicitud del recurrente presentada en julio de 2026.

Sobre esta última solicitud, consta claramente que fue ingresada cuando la vigencia del Programa Especial y su período de gracia ya se encontraban agotados.

QUINTO: Que, a razón de lo anterior, se debe desechar la alegación del actor relativa a que se le habrían aplicado normas inexistentes al momento de su egreso. En efecto, y como se dijo, el deber de aprobar la totalidad de las fases de graduación dentro del período de ocho semestres posteriores al término de las asignaturas emana de preceptos normativos que ya se hallaban plenamente vigentes durante su período formativo, esto es, el Decreto Exento N° 00.914/1995 y su modificación por Resolución Exenta VRA N° 0.333/2003.

Por ende, el régimen extraordinario instaurado en 2013 y su conclusión formal en 2024 no alteraron retroactivamente las bases de su vínculo académico, limitándose la autoridad universitaria a constatar la extinción de los plazos reglamentarios originarios y la improcedencia de acogerse a un programa excepcional ya extinto.

SEXTO: Que, los mismos argumentos permiten desestimar el supuesto impedimento de rendir el examen de grado por existir deudas de aranceles. Esto porque, por una parte, los documentos acompañados por la recurrida acreditan todos los saldos quedaron regularizados al 31 de diciembre de 2023, no registrándose obligaciones pendientes; y, por otra parte, la denegación de la solicitud no subordinó el examen al pago de suma alguna, sino que se fundó exclusivamente en la falta de un régimen normativo vigente que permitiera validar una nueva inscripción de examen al margen de los plazos expirados.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la decisión adoptada por la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Tarapacá fue emitida en el marco de sus atribuciones estatutarias y dentro de su competencia, no configurándose una actuación arbitraria o ilegal que amague derechos constitucionales del actor, razón por la cual la acción así enderezada debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado en contra de la Universidad de Tarapacá.

Acordada con el voto en contra de la ministra Sra. Juana Ríos Meza, quien fue del parecer de acoger la acción constitucional, teniendo presente que si bien la decisión adoptada por la Vicerrectoría Académica de la Universidad fue emitida en el marco de sus atribuciones estatutarias, también se encuentra facultada para otorgar vías de solución para los ex estudiantes que tengan la posibilidad de materializar su titulación, como ocurrió, precisamente, con la habilitación especial del Programa Docente de Titulación Especial iniciado el año 2013 y terminado en el año 2024.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 697-2026 Protección.