Protección contra Jefa Subrogante de la Brigada Investigadora de Robos

Arica, trece de julio de dos mil veinte.

VISTO:

Compareció Leopoldo Parra Zúñiga, abogado, en representación de nombre reservado, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpuso recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Jefa Subrogante de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Arica, de la Policía de Investigaciones de Chile, quien dictó la resolución PRI N°58-2020, sancionando al recurrente con la medida disciplinaria de “un día de permanencia en el cuartel”, conculcando con su actuar ilegal y arbitrario las garantías fundamentales previstas en los numerales 2, 3 inciso quinto y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su arbitrio constitucional señalando como antecedentes previos, que el recurrente cumplió en la Brigada Investigadora de Robos la labor de segundo jefe desde el uno de noviembre de dos mil diecinueve, hasta la llegada de la Comisario nombre reservado, siendo en ese periodo evaluado siempre positivamente. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, fue designado en “cometido funcionario” para desempeñar funciones de manera inmediata en la Brigada de Investigación Criminal de Arica.

Agrega que previo a la designación, el diecisiete de marzo pasado, la Contraloría General de la República por Dictamen N° 3610, instruyó a los Servicios Públicos directrices sobre el desempeño laboral, y citando el artículo 45 del Código Civil indica que el caso fortuito, como lo es el brote del Covid-19, constituye una situación de excepción en orden a eximir del cumplimiento de ciertas obligaciones y plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño. Indicando el documento aludido que se debe tener en especial consideración la necesidad de resguardar la salud de los servidores públicos y de la población evitando la propagación de la pandemia.

En relación con lo anterior, sostiene que el veinticuatro de marzo pasado, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante orden N° 7, decretó a los funcionarios de jerarquía inferior de todo Chile, respecto de las labores investigativas, que se reducirán sólo a casos que tengan especial relevancia, gravedad o complejidad y que no permitan que las diligencias sean postergadas, indicando que será responsabilidad de cada jefe de unidad dar cumplimiento a esta instrucción, teniendo presente que la protección de la salud y la vida, bienes jurídicos que sobre todo en las actuales circunstancias, son de mayor relevancia que los demás. En la misma fecha, mediante minuta informativa, la Comisario Montiel le ordena al recurrente entregar los documentos y órdenes de investigar que tenía en su poder. Posteriormente, el treinta de marzo, el Director General de la Institución, por resolución exenta N° 90, ordena la suspensión de los procesos disciplinarios, tanto para aquellos procesos iniciados como para aquellos que se quieran instruir.

Indica que a pesar de las resoluciones emitidas por la autoridad institucional la Comisario Montiel, interpeló al recurrente mediante la exigencia de un acto administrativo denominado “cuenta escrita”, en que el recurrente señaló que su designación en cometido funcionario fue intempestiva, refiriendo que era patente la imposibilidad material de un desempeño óptimo, generada por la crisis sanitaria. Agrega que nunca reconoció hechos, ni menos confesó o aceptó responsabilidad y a pesar de lo señalado, la Comisario Montiel resuelve aplicarle una Medida Disciplinaria de Propia Iniciativa, sin estar suficientemente acreditada la falta.

Agrega que en su oportunidad se ejercieron por el recurrente los recursos de reclamación correspondientes, alegando errores en la apreciación de los hechos, en el cómputo de los plazos de las órdenes de investigar e instrucciones particulares que se le imputó no haber entregado en tiempo, además de la imposibilidad de concurrir al cuartel para dar cumplimiento a sus obligaciones a propósito de las medidas sanitarias imperantes, existiendo problemas de operatividad y funcionalidad. Sin embargo, sus alegaciones no fueron ponderadas rechazándolas por Resolución N° 08 de seis de mayo de dos mil veinte, que resuelve el primer recurso de reclamación y posteriormente por Resolución N° 03 del once de mayo del año en curso, que resuelve el recurso de reclamación del artículo 31 del Reglamento de Disciplina de la Policía de Investigaciones de Chile.

En síntesis, conforme a lo señalado latamente en su recurso, las ilegalidades del acto reclamado están constituidas por no haber respetado los actos reglados del Procedimiento de Propia Iniciativa; Falta de investidura de la Comisario nombre reservado, en atención a que se había ordenado por el superior jerárquico la suspensión de la tramitación e instrucción de procedimientos administrativos; inexistencia de medios de convicción en el proceso disciplinario. Además, al resolver sus recursos no fueron ponderadas las circunstancias esgrimidas por su parte, siendo simplemente desechadas, lo que afecta el deber de fundamentación de las decisiones administrativa y los principios de transparencia y publicidad que rigen los actos administrativos.

Pide que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución recurrida, adoptando todas las medidas necesarias para permitir el ejercicio de los derechos con plenitud, ordenado dejar sin efecto la Resolución PRI N° 58-2020 y todos los actos administrativos derivados de la misma, con costas.

Informó en su oportunidad nombre reservado, Prefecto Jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota, indicando que al Comisario nombre reservado fue sancionado con la medida disciplinaria de un día de permanencia en el cuartel, por no haber informado dentro de los plazos otorgados veintidós decretos emanados del Ministerio Público y el Juzgado de Garantía, todos los cuales se encontraban pendientes, sin haber realizado diligencias y en algunos de los casos con plazo vencido, los que fueron devueltos mediante minuta de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, dilatando trámites investigativos ordenados por el Ministerio Público sin justificación alguna, desentendiéndose de las instrucciones y comunicados que la propia institución ha impartido, no dando cumplimiento a la Orden General N° 2153 del trece de junio de dos mil siete, transgrediendo con ello lo normado en el reglamento de disciplina del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, Titulo II, De las Faltas, artículo 6° numeral 2, “contra el sistema jerárquico y compañerismo, letra b) “La negligencia o el descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores; numeral 3 “Contra del Buen Servicio”, letra a) “No cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios.”.

Señala en lo referente a la procedencia del recurso, que la acción de protección no es una nueva instancia administrativa en la que se pueda revisar el acto impugnado, ya que excede su finalidad, no siendo el medio idóneo para entrar nuevamente en el conocimiento administrativo de la situación planteada por el recurrente, por lo que debe ser rechazado.

En cuanto al fondo sostiene que no ha existido ningún acto que atente contra los derechos fundamentales del recurrente y el acto recurrido no es en ningún caso arbitrario, pues en él se puede apreciar la aplicación de un procedimiento reglado conforme a la normativa legal.

En cuanto a los hechos, señala que al disponer el cometido funcionario respecto del recurrente, a contar del veinticuatro de marzo del año en curso, éste hizo entrega de las órdenes que se encontraban en su poder para ser tramitadas, señalando expresamente que “no fueron diligenciadas”, tratándose de siete órdenes de investigar, seis instrucciones particulares y seis órdenes de detención, constatándose en el sistema informático por la Jefa Subrogante, Comisaria nombre reservado, que no se había iniciado su tramitación, según lo que latamente detalla en su informe.

Agrega que de la revisión de sistema BRAIN, durante el mes de febrero del año dos mil veinte, el recurrente no tuvo devolución de ningún Decreto, lo que también consta en labor mensual consignada en su hoja de vida, debidamente firmada el dos de marzo del presente año. Además, se estableció que durante el mes de marzo tampoco se consignó devolución de ningún Decreto, situación que a su juicio demuestra una total falta de interés, dilatando sin justificación su diligenciamiento y demostrando absoluta falta de compromiso e inobservancia en el cumplimiento de sus deberes.

Sostiene que se le pidió cuenta escrita al recurrente, respecto del atraso en el diligenciamiento de los documentos endosados, no esgrimiendo en su respuesta ninguna razón que justifique su actuar, solamente aduciendo que debido a la pandemia y al distanciamiento social que se instruyó, ha sido dificultoso efectuar para todos el trabajo policial. Agrega que conforme a los antecedentes señalados se sancionó con la medida disciplinaria referida.

En cuanto a los recursos de reclamación impetrados, sostiene que fueron rechazados por considerar que el atraso en la tramitación de los Decretos de investigar, sin informar, no son justificables, debiendo haber informado las órdenes en los plazos establecidos. Agrega que la referida sanción fue refrendada por el jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota al conocer del recurso jerárquico, confirmándola, expresando que los argumentos del recurrente carecen de sustento y se escudan en circunstancias que no dan cuenta del motivo por el cual se produjo la dilación en el diligenciamiento de los Decretos investigativos, los cuales no registraron tramitación alguna al ser endosados.

Finalmente sostiene que no existe infracción alguna en su actuar, a la normativa institucional, encontrándose todo el procedimiento disciplinario ajustado a derecho.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución PRI N°58-2020, mediante la que se le aplico la sanción disciplinaria de “un día de permanencia en el cuartel”.

CUARTO: Que conforme a la normativa aplicable al efecto, en lo que importa a este recurso, la Orden General N° 1486, del cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, “Reglamento Para la Aplicación de las Medidas Disciplinarias de Propia Iniciativa, modificado por la Orden General N° 1606, del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en su artículo 7 establece el procedimiento para la aplicación de la medida disciplinaria mencionada, y dispone: “El Superior, en conocimiento de un hecho que importe una falta, pedirá cuenta escrita al funcionario afectado, indicándole que acompañe todos los antecedentes que acrediten si versión.”. Asimismo, en su artículo 11 contempla la posibilidad de que el superior emita su resolución con la sola cuenta escrita del funcionario.

Por su parte, la Orden General N° 1506 del catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete, “Reglamento de Documentación”, modificada por la Orden General N° 2.153 del trece de junio de mil novecientos noventa y siete, establece en su artículo 79, respecto de los plazos para el procedimiento policial, “El funcionario dispondrá de los siguientes plazos para el diligenciamiento y devolución de las órdenes recibidas del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia: a) Cuando la orden especifique plazo, deberá ceñirse estrictamente a él; si se estima que el plazo otorgado no es suficiente para una completa investigación, deberá solicitar al fiscal previo conocimiento del jefe de unidad, antes de su vencimiento, ampliación del mismo. b) Cuando las órdenes no señalen plazo, estos deberán ser fijados por los respectivos subjefes de unidades, utilizando criterios similares a aquellos dispuestos por los fiscales o jueces en situaciones de características semejantes. Estos plazos se contaran desde la fecha de recepción del documento en la unidad.”.

QUINTO: Que, en lo referente a la Orden N° 7, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, aludida por el recurrente, y que establece el “Plan de Actuación Operativo de la Policial de Investigaciones de Chile, para enfrentar la pandemia por COVID-19”, cabe señalar, que si bien establece medidas de contención extraordinarias en lo relativo a las restricciones en la prestación de servicios, dispone en lo pertinente, que “será responsabilidad de cada jefe de unidad” dar cumplimiento a las instrucciones teniendo presente que la protección de la salud y la vida son bienes jurídicos de mayor importancia, e indica expresamente que “cada jefe de una región policial y de otras jefaturas, determinara los servicios y la flexibilidad de los horarios laborales, de acuerdo a su realidad situacional y contingencia, teniendo presente lo señalado en el párrafo anterior relaticos al derecho a la salud y la vida”, no contemplando tal documento disposición alguna que exima a los funcionarios del cumplimiento de sus funciones, otorgando a las respectivas jefaturas la determinación del modo en que se cumplirán las mismas ante la situación de excepción.

SEXTO: Que, en cuanto a la Resolución Exenta N° 90, de treinta de marzo de dos mil veinte, que suspende los plazos de procedimiento administrativos a propósito del brote de Covid-19, se advierte que la misma fue dejada sin efecto mediante Resolución Exenta N° 99, de treinta de abril de dos mil veinte, a partir del cuatro de mayo, entre otras razones, para mantener la continuidad de la función pública y atendido a que las autoridades y funcionarios públicos deben observar los principios de eficiencia y eficacia, control jerárquico y cumplimiento de la función pública consagrado en el artículo 3 de la Ley N°18.575. Asimismo, y aun entendiendo que la referida disposición rigió por un mes, es dable señalar que en ella se contemplaba la suspensión de los plazos en las investigaciones sumarias y sumarios administrativos, cuyo no es el caso, pues en el presente recurso se reclama de la resolución que impone una medida disciplinaria de propia iniciativa, que no fue precedida por investigación administrativa, y , en todo caso, la referida suspensión de plazos se encontraba orientada a resguardar las garantías de un debido proceso, salvaguardando la posibilidad de que los involucrados puedan ejercer sus derechos oportunamente, lo que en la especie y conforme a los dichos y antecedentes de prueba presentados por las partes ocurrió, ejerciendo el recurrente los recursos legales pertinentes.

SÉPTIMO: Que, en otro orden de ideas, no parece serio y verosímil el argumento del recurrente, para justificar el incumplimiento de las órdenes que le fueron endosadas, sosteniendo que con ocasión de la emergencia sanitaria producto de la pandemia por Covid-19, no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado, teniendo en consideración que de acuerdo a los antecedentes conocidos por esta Corte, a lo menos cinco de ellas le fueron endosadas en los meses de enero y febrero del presente año, las que se encontraban vencidas, no habiendo sido informadas.

OCTAVO: Que, de los antecedentes expuestos no se vislumbra algún tipo de ilegalidad o arbitrariedad en la medidas disciplinarias de propia iniciativa, impuesta al recurrente, debido a que ésta se ajusta la normativa vigente. Además, el inculpado con responsabilidad administrativa, pudo ejercer en el procedimiento su derecho a defensa y además interpuso los recursos legales correspondientes, encontrándose debidamente fundamentado el motivo de su sanción administrativa, que fue impuesta por el funcionario competente, actuando dentro de la esfera de sus facultades, razón por la cual no existe algún tipo de vulneración a sus garantías constitucionales, debiendo ser desestimada la presente acción constitucional.

NOVENO: Que, tampoco es posible calificar la resolución impugnada de arbitraria o carente de razón y/o de sentido, si ella misma expone y contiene los motivos que fundamentaron la decisión.

DÉCIMO: Que de esta manera, habiéndose dictado la resolución impugnada por el superior jerárquico, en un procedimiento legalmente tramitado y señalando los fundamentos de sus decisiones, su actuación no puede estimarse arbitraria ni ilegal, lo que torna improcedente referirse a las garantías denunciadas como vulneradas y en consecuencia, el recurso deberá rechazarse.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por Leopoldo Parra Zúñiga, en representación de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 680-2020 Protección.