nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLIC

Arica, veinte de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO:

nombre reservado, de nacionalidad libanesa, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, con domicilio en esta ciudad, y dedujo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que de manera ilegal y arbitraria ha omitido pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva impetrada por el recurrente, vulnerando las garantías fundamentales consagradas en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 16 de agosto de 2021 el recurrente solicitó el beneficio de permanencia definitiva, bajo el número de solicitud N°21373572.

Asevera que ingresó al país de manera regular hace 7 años y cuenta con contrato de trabajo desde diciembre de 2017, que el 13 de febrero de 2020 postulo a la permanencia definitiva la que se tuvo por desistida por no haber acompañado dentro de plazo legal certificado de antecedentes legalizado y apostillado.

Obtenido el certificado de antecedentes, solicitó nuevamente la residencia definitiva el 16 de agosto de 2021, aprobándose el avance del estado de trámite el 8 de diciembre de 2021 y desde aquella fecha su situación migratoria no ha avanzado, debiendo en enero de 2023 solicitar una ampliación de la solicitud de residencia definitiva, la que es válida por 180 días.

Indica que a la fecha el recurrente no ha recibido ninguna respuesta por parte del Servicio recurrido, omisión que vulnera los principios de celeridad, conclusivo y de inexcusabilidad al infringir los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.880, lo que le ha generado graves problemas, puesto que su cédula de identidad se encuentra vencida desde el 3 de abril de 2020 al igual que su licencia de conducir, con todas las complicaciones que ello irroga.

Pide ordenar a la recurrida emitir pronunciamiento sobre su solicitud en un plazo no superior a 30 días corridos para concluir la solicitud de permanencia definitiva, proveyéndole de todos los certificados y estampados que correspondan hasta obtener efectivamente su cedula de identidad y licencia de conducir, con costas.

Informó en su oportunidad el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que atente contra las garantías fundamentales.

Señala que el recurrente ingresó por primera vez al país el 18 de noviembre de 2015. El 30 de marzo de 2017 la Gobernación Provincial de Arica, otorgó por primera vez visa con vigencia hasta el 12 de febrero de 2018, la que fue otorgada nuevamente el 26 de marzo de 2019, por un año. El 4 de febrero de 2021 solicitó la permanencia definitiva, la que el 29 de julio de 2021 fue declarada desistida.

El 16 de agosto de 2021, el extranjero solicitó el beneficio de la residencia definitiva, mediante la solicitud ID N° 28160687, la que actualmente se encuentra en trámite, en etapa de Análisis II.

Asimismo, sostiene que el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste y obtener certificado de visa en trámite. En consecuencia, entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Asevera que de acuerdo a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 21.325, todos los extranjeros que ostenten un certificado de residencia en trámite vigente son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que posea actualmente haya perdido su vigencia. Así la libertad de la recurrente no se encuentra amenazada, restringida o conculcada.

Relaciona lo anterior con lo establecido en el artículo 45 de la Ley N° 21.325 que indica que los extranjeros residentes en Chile pueden acreditar su situación regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente; y aun en el caso que ésta se encuentre vencida, la misma mantiene su vigencia, siempre y cuando se acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente.

Sostiene, además, que el Servicio ha dado cumplimiento al artículo 43 de la Ley N° 21.325, remitiendo los respectivos oficios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prorroga de residencia temporal en trámite.

En cuanto al tiempo de tramitación, invoca lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, donde se establece que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad, lo que significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país. Así el plazo del artículo 27 no resulta fatal para la Administración, citando jurisprudencia al efecto.

En consecuencia, sostiene que estando en tramitación la solicitud del extranjero, se deriva que mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, concluyendo que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado como ilegal y arbitrario corresponde a la omisión de pronunciamiento en que ha incurrido la recurrida respecto de su solicitud de regularización migratoria presentada el 16 de agosto de 2021.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe, se advierte que la petición de permanencia definitiva se interpuso el 16 de agosto de 2021. Por su parte, la recurrida informó que la solicitud del recurrente se encuentra en etapa de “Análisis II”, pese a que ha transcurrido a la fecha de esta sentencia un año, siete meses y cuatro días desde su interposición.

QUINTO: Que, sin duda ha existido una demora excesiva en la resolución de la petición del recurrente. No obstante lo anterior, no se puede dejar de advertir que al tener el recurrente acceso a un certificado de residencia definitiva en trámite y su cédula de identidad -aun cuando se encuentre vencida- es suficiente para acreditar su situación migratoria regular en el país, hasta que la administración resuelva en definitiva su petición, y teniendo en consideración que el Servicio ha dado cumplimiento a lo estatuido en el artículo 43 de la Ley N° 21.325, remitiendo los respectivos oficios a diversas instituciones públicas para solicitar que se reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros, que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite, por lo que no existe un perjuicio reparable por esta vía, en atención al exceso del tiempo de tramitación. A mayor abundamiento, de acuerdo al artículo 27 de la Ley N°19.880, que establece el caso fortuito o fuerza mayor, que en el presente caso se entiende como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, lo que significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria, sin que ello implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros.

SEXTO: Que, haciéndose cargo este Tribunal de Alzada sobre las alegaciones acerca del impedimento para la obtención de la licencia de conducir del recurrente, es necesario ilustrar que de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 21.428, en su artículo único, dispone que se prorroga la vigencia de todas las licencias de conducir cuyo control correspondiere realizar durante los años 2020, 2021 y 2022, las cuales se entenderán vigentes hasta el día y mes señalados en la licencia respectiva, del año 2023, lo que en este caso recién ocurrirá el 20 de abril del año en curso; a mayor abundamiento y aun llegando aquella data, y teniendo en consideración los requisitos para la obtención de la misma, entre los cuales se encuentra tener una cédula de identidad vigente, tal como se indica en el artículo 43 de la Ley N° 21.325, se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud, concurriendo respecto del recurrente la primera hipótesis.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 68-2023 Protección.