Protección contra Ministerio de Bienes Nacionales - Secretaría Regional Ministerial de Bienes Naci

Arica, treinta de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

Don nombre reservado, Rut RUT reservado, domiciliado en esta ciudad, dedujo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Ministerio de Bienes Nacionales - Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, representada por su Secretario Regional Ministerial, don nombre reservado, por estimar vulneradas con el actuar que califica como arbitrario e ilegal de la repartición pública recurrida, las garantías del derecho de propiedad e igualdad ante la ley.

Funda en los hechos su recurso señalando que el año 2020 inició un procedimiento administrativo de arrendamiento del inmueble fiscal ubicado en sector quebrada Las Llosyas del Valle de Azapa.

Añade que el 15 de marzo de 2021, mediante resolución exenta Nº E10127, se rechazó su postulación por las siguientes razones: no contar con giro tributario acorde al área postulada, no contar con derechos de aprovechamiento de aguas y la eventual existencia de vestigios arqueológicos en el lugar.

Indica que pidió reconsideración el 19 de marzo, acompañando un presupuesto de flete de agua y un documento del Servicio de Impuestos Internos donde se indicaba el giro agrícola. El 1 de abril siguiente, acompañó un contrato de venta de agua e informe del Consejo de Monumentos Nacionales que identifica algunas áreas de vestigios y solicita reubicar uno de los puntos del inmueble solicitado en arriendo, como asimismo, un contrato de arrendamiento de acciones de agua y su giro agrícola emitido por el Servicio de Impuestos Internos.

Reclama en contra de la Resolución Exenta Nº 296 de fecha 14 de junio de 2021, que le fuera notificada el 6 de julio de forma personal, que rechazó su recurso de reconsideración, esgrimiendo que los antecedentes proporcionados resultaban insuficientes para modificar la decisión adoptada, la que tiene su fundamento en la legislación vigente, que en virtud de la zona de alta demanda en que se encuentra emplazado el inmueble solicitado, debe disponerse de éste por medio de licitación pública.

Estima que dicha resolución es arbitraria por falta de motivación e inobservancia de los principios de transparencia y publicidad, pues esgrimir genéricamente que pese a cumplir con todo lo solicitado originalmente, ello no es suficiente, implica que dicha decisión es antojadiza.

En cuanto a la ilegalidad de la misma, acota que la resolución de la recurrida hace alusión -como nuevo elemento a la decisión originalmente adoptada- que dicho inmueble será licitado públicamente, lo que controvierte, ya que consultados los registros de licitaciones públicas del Ministerio de Bienes Nacionales desde su página web, no existe ninguna licitación para aquél.

Sostiene que la competencia del Ministerio de Bienes Nacionales para entregar en arrendamiento predios fiscales, radica esencialmente en el D.L. 1939 del año 1977, y en cuanto al procedimiento, en las normas contempladas en la Ley N° 19.880, por lo que, en este escenario, la recurrida dictó un acto administrativo carente de motivación y sustentado en información falsa sobre una supuesta licitación de ese inmueble, concluyendo el recurrente que es ilegal, pues en su emisión no se cumplieron las exigencias previstas en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, desde que carece de fundamentos de hecho que expliquen, verdaderamente, la decisión allí adoptada.

Estima vulnerado su derecho a la propiedad y la garantía constitucional del N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y pide que, acogiendo el recurso, se adopte como medida para restablecer el imperio del derecho acoger la presente acción constitucional, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta impugnada y ordenar seguir adelante con la tramitación del arrendamiento (sic).

Informando la recurrida, previa referencia a la normativa aplicable para la disposición de bienes fiscales, específicamente los artículos 66 y siguientes del D.L. N° 1939 del año 1977, expone que toda postulación a un arrendamiento debe ser analizada a fin de evaluar su pertinencia, cumplimiento de los requisitos legales y ajustarse a las políticas de administración del suelo fiscal.

En cuanto a la situación particular de la parte recurrente, expone que efectivamente postuló al arriendo de un inmueble fiscal de 15.000 m2, ubicado en la ruta A-137 para desarrollar un proyecto de plantación de árboles frutales, solicitud que fue rechazada, pues el Comité Técnico Evaluador determinó que no era posible tramitar la postulación por las primeras razones esgrimidas y que el recurrente refiriera y sumado a ellas, los criterios de la Orden Ministerial N° 1 de 23 de noviembre de 2018 relativa a los bienes que no se consideran como inmuebles disponibles. En contra de la misma el solicitante presentó recurso de reposición, adjuntando la recepción de aviso de cambio de giro ante el Servicio de Impuestos Internos, aclarando que el agua la adquirirá por camiones aljibe y posteriormente adjuntó contrato de arrendamiento de agua. Respecto del sitio arqueológico, aclara que conforme el correo electrónico del encargado de la Oficina del Consejo de Monumentos de Arica, se justificó que el inmueble presenta evidencias arqueológicas en ciertos puntos. Finalmente, y en cuanto a la licitación futura de los inmuebles del sector, indica que se realizó consulta en la unidad de fiscalización de la propia Secretaría antes de presentar la solicitud de arriendo. Sostiene que por todas las razones expuestas se rechazó el recurso de reposición del recurrente.

Refuta la afirmación de ilegalidad que se contiene en el recurso, pues dicha Secretaría de Estado ha actuado apegada a la normativa vigente del D.L. N° 1939 ya citado y a la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos.

Manifiesta, en otro orden de cosas, que el recurrente carece de un derecho indubitado que tutelar por la vía del recurso de protección.

Respecto de la resolución que se impugna, rechaza la arbitrariedad que se imputa en el recurso, refiriéndose especialmente a la motivación de los actos de la administración y a las directrices de dictámenes de la Contraloría General de la República al efecto, como asimismo a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, expresando que la resolución exenta N°296 de 14 de junio de 2021 contiene la justificación de la decisión adoptada, en la que se incorpora: “la alta demanda que se encuentra emplazado el inmueble solicitado, debe disponerse de este por medio de licitación.”

Sobre las garantías reclamadas, refiere que la disposición de inmuebles fiscales es una facultad del Ministerio, se mantiene dentro de sus competencias, el mero asentamiento no otorga a los ocupantes un derecho a la propiedad y el recurrente carece de derecho indubitado toda vez que se trata de una postulación rechazada.

Tampoco vislumbra la recurrida afectación de la garantía de igualdad ante la ley, pues el procedimiento aplicado al recurrente es exigido en todos los casos semejantes y cuya motivación principal es la correcta administración de los bienes fiscales, verificando su carácter de disponible de acuerdo a los criterios sobre la materia, contenidos, además en el Manual de Arriendos de 24 de febrero de 2021, siendo procesos públicos y transparentes, conforme la Orden Ministerial N° 1, que no es antojadiza.

Pide, en consecuencia, el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO, Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la parte recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio y que la recurrente estimó infringidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que no resulta controvertida, al tenor de las presentaciones de las partes, el hecho de que el recurrente postuló a un arriendo del bien inmueble fiscal ubicado en la Ruta A-137, sector quebrada Las Llosyas del Valle de Azapa, misma que fue rechazada por la Resolución Exenta N° E-10127 de 15 de marzo de 2021, en contra de la cual el actor dedujo recurso de reposición, también rechazado por Resolución Exenta 296/2021 de 14 de junio de 2021, ambas agregadas a la carpeta electrónica y que tienen como fundamento los que las partes señalaran en sus escritos respectivos.

CUARTO: Que la materia se encuentra regida por las disposiciones de los artículos 66 y siguientes del D.L. N°1939 de 1977 y también, administrativamente, por la Orden Ministerial N°1 de 23 de noviembre de 2018 que establece en forma detallada las condiciones y el procedimiento para la concesión de un arriendo fiscal, la que debe considerar, como señala su exordio, la administración eficiente y eficaz del patrimonio público y cautelar el interés fiscal.

QUINTO: Que, los principales fundamentos de la resolución recurrida para rechazar el recurso de reposición, versan sobre la alta demanda del lugar de emplazamiento del inmueble, la potestad discrecional y facultades privativas de la administración de celebrar o no el contrato, la viabilidad de los proyectos y que la sola circunstancia de ingresar una solicitud de arrendamiento de inmuebles fiscales no genera un derecho vinculante a su favor, entre otras consideraciones.

SEXTO: Que, en el sentido señalado, la resolución impugnada se observa debidamente motivada y carece de los elementos de ilegalidad o arbitrariedad que enarbola el recurrente en su arbitrio, para estimar conculcada alguna de las garantías que estima infringidas, amén de consistir en facultades propias de la Administración, regidas por normativa sectorial y que redundan en decisiones de conveniencia fiscal, debiendo rechazarse el recurso.

SÉPTIMO: Que, aun cuando lo señalado en las reflexiones que anteceden resulta suficiente para desestimar el arbitrio, debe recordarse que la acción de cautela de derechos fundamentales impetrada constituye una vía destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa. En efecto, puede advertirse que el recurrente únicamente postuló a un arriendo fiscal, teniendo una mera expectativa de un pronunciamiento favorable de la Administración, que no configura en sus extremos un derecho indubitado.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, con costas.

Se previene que la Ministra señora Claudia Arenas González fue de parecer de no hacer uso de la facultad contenida en el numeral 11° del Auto Acordado que regula la materia.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 676-2021 Protección.