Recurso de protección

Arica, catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

Se dedujo recurso de protección por nombre reservado en contra de nombre reservado, por vulnerar sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere mantuvo una relación con la recurrida fruto de la cual nació su hija de 4 años.

Indica que el 14 de agosto de 2026, la recurrida realizó una publicación en su red social Instagram, correspondiente a la cuenta [cebra], mediante la cual señala que se le adeudaría la suma aproximada de $40.000.000, atribuyéndole el supuesto incumplimiento de diversas obligaciones económicas, individualizando, entre ellas: 1) un crédito de consumo por la suma de $10.000.000; 2) un segundo crédito de consumo por la suma de $5.000.000; y 3) montos asociados a un accidente vehicular que habría afectado a un automóvil de propiedad de la recurrida, pretendiendo hacer valer eventuales obligaciones civiles, exponiendo públicamente imputaciones y exigiendo su cumplimiento mediante publicaciones efectuadas en redes sociales, no existiendo a la fecha procedimiento judiciales en su contra.

Señala que la recurrida ha confeccionado y distribuido diversos panfletos en forma presencial por distintos sectores de la ciudad de Puerto Montt, ciudad en la cual desempeña sus actividades laborales, difundiendo de esta manera las mismas imputaciones y antecedentes.

Indica que lo anterior le ha provocado un grave agravio en su vida personal y laboral, toda vez que la conducta desplegada por la recurrida evidencia que no existiría límite alguno en los medios utilizados para hacer valer sus pretensiones, llegando incluso a contactar y realizar gestiones ante dirigentes de Club Deportes Puerto Montt, quienes corresponden a sus jefes directos lo que podría incidir negativamente en una futura renovación de su contrato.

Agrega que la recurrida maneja sus redes sociales públicas y mantiene una carpeta en la sección de historias destacadas, denominada “Funa nombre reservado”, destinada específicamente a la difusión de antecedentes y publicaciones relacionadas con la referida funa.

Sostiene que la gravedad de los hechos se incrementa por el contenido de las imputaciones que contienen calificaciones de “estafador” y “mal padre”, atribuyéndole de manera directa la comisión del delito de estafa, pese a que no existe causa penal alguna en su contra por dicho ilícito, ni investigación o antecedente judicial que sustente semejante imputación. De esta manera, no se trata simplemente de expresiones críticas o de una opinión desfavorable, sino de la atribución pública de la comisión de un delito determinado, presentada frente a terceros como si se tratara de un hecho cierto.

Pide que se disponga el cese de la actividad ilegal y arbitraria, a efectos de que la recurrida elimine las publicaciones difamatorias y causantes de perjuicios vertidas en las redes sociales señaladas u otras alternativas dotadas de poder de masificación, y se abstenga de perseverar en lo futuro en publicar y/o compartir imágenes, palabras, frases, logos, o cualquier otro medio idóneo similar en estas relativas al recurrente, con expresa condenación en costas.

Informó en su oportunidad la recurrida, señalando que el recurrente durante el periodo que mantuvieron una relación sentimental, le solicitó adquirir y asumir diversos créditos, debido a que él se encontraba registrado en DICOM. En virtud de dicha situación, adquirió tres obligaciones financieras relacionadas directamente con él. La primera corresponde a un crédito automotriz destinado a la adquisición de un vehículo, respecto del cual quedaron pendientes 23 de un total de 48 cuotas, por un monto aproximado de $510.000 mensuales. La segunda corresponde a un crédito de consumo por $10.000.000, del cual quedaron pendientes 36 de un total de 48 cuotas, por un monto aproximado de $352.000 mensuales. La tercera corresponde a un avance de $5.000.000, respecto del cual quedaron pendientes 36 de un total de 48 cuotas, por un monto aproximado de $150.000 mensuales.

Indica que desde que el recurrente dejó de cumplir con sus obligaciones no contestó más sus llamadas, mensajes, manteniéndose prácticamente incomunicado. Debido a la gravedad de la situación y a la desesperación provocada por las obligaciones económicas que actualmente debe cumplir, decidió viajar hasta Puerto Montt, con la finalidad de conversar personalmente con nombre reservado y buscar una solución respecto de las deudas pendientes. Sin embargo, al llegar al lugar, nombre reservado se ocultó y no salió a conversar, en ese contexto se acercó un técnico del equipo, y ante su consulta explicó la situación.

Señala que producto de la desesperación y angustia que actualmente enfrenta, y ante la imposibilidad de encontrar una solución, tomó la decisión de realizar la publicación a la que se hace referencia, exponiendo los antecedentes y pruebas que se encontraban en su poder. Además, indica que actualmente le resulta muy difícil iniciar una acción judicial de carácter civil para exigir el pago de las obligaciones que se encuentran pendientes, debido a su situación económica, pues se encuentra pagando un abogado por la causa relacionada con pensión de alimentos.

Sostiene que cuenta con diversos antecedentes que permiten acreditar lo señalado, entre ellos comprobantes de depósitos, audios, fotografías y numerosas conversaciones en las cuales nombre reservado reconoce y asume las deudas y compromisos existentes, haciendo presente que la publicación realizada no obedeció a un ánimo de perjudicar gratuitamente a nombre reservado, sino que se produjo en un contexto de desesperación, angustia y preocupación económica, después de haber intentado reiteradamente obtener una solución, llegar a acuerdos y contactarlo sin obtener resultados.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer término, que quien la interponga sea el que, por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerandos que menciona a continuación. Esto es, exige que sea el titular del derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el caso que lo haga un tercero a nombre de otro, es este último el que debe detentar la calidad de personalmente afectado con la acción u omisión arbitraria o ilegal que lo motiva.

SEGUNDO: Que, a juicio de la recurrente, el acto ilegal y arbitrario consiste en haber efectuado desde su cuenta en la red social Instagram publicaciones con acusaciones infundadas y deshonrosas en su contra, que incluyen la imputación del delito de estafa, conculcando con ello su derecho a la honra y a la vida privada.

TERCERO: Que, consta en los antecedentes acompañados al presente recurso de protección, que la recurrida, tal como lo admitió en su informe, realizó una serie de publicaciones en la red social Instagram, en la que comparte antecedentes relativos a supuestas obligaciones de carácter económico que habría incumplido el recurrente, en las cuales aparece además su nombre completo y fotografía, atribuyéndole el delito de estafa, y diversos comentarios tendientes a denostar al recurrente, afectando su honra.

CUARTO: Que, acorde a lo anteriormente explicitado, las publicaciones realizadas por la recurrida a través de la red social Instagram, constituyen un atentado flagrante a las garantías constitucionales del recurrente, toda vez que no han sido utilizado los canales regulares para que la recurrente haga valer sus pretensiones, máxime cuando las publicaciones efectuadas por ésta puede afectar la consideración que terceras personas tengan o puedan formarse de él, teniendo, además, presente que en la misma se divulgó su imagen, sus nombres, y se le atribuye la comisión de un delito, todo lo cual constituye un acto de autotutela que el ordenamiento jurídico proscribe y reprocha, razón por la cual el presente recurso debe prosperar, toda vez que se han conculcado las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. Que SE ACOGE la acción constitucional deducida por nombre reservado debiendo doña nombre reservado adoptar todas las medidas conducentes para eliminar de la red social Instagram, toda publicación vertida en contra del recurrente.

II. Que se deja sin efecto la orden de no innovar decretada.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 656-2026 Protección.