DANGEROUS GOODS SERVICE SPA con nombre reservado

Arica, trece de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

nombre reservado, empresario, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, en representación de nombre reservado.P.A., sociedad del giro de transporte, manipulación y almacenamiento de carga, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la nombre reservado Local N° 002 Arica, organismo público constituido por la 3ª Comisaría de Carabineros de Arica, representada legalmente por su Jefe Subrogante Capitán de Carabineros Nicolás Muñoz Muñoz, denunciando como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta N° 9080/17 de 27 de julio de 2021, que decretó la suspensión de las operaciones de aparcamiento y trasbordo de material explosivo ejercidas por la recurrente, con vulneración de las garantías establecidas en los numerales 2°, 3° inciso quinto, 20°, 21° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la empresa recurrente fue creada para el transbordo y estacionamiento temporal de camiones con explosivos y cargas peligrosas, iniciando sus actividades el 9 de enero de 2019 con la autorización de la Dirección General de Movilización. Luego, se remite al marco normativo que regula el transporte, distribución y almacenamiento de explosivos, incluyendo el Decreto N°400 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°17.798, sobre control de armas, y el Decreto N°83 que aprueba el reglamento complementario de la Ley N°17.798, ambos del Ministerio de Defensa. Destaca que la Ley de control de armas confiere al referido Ministerio, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, la supervigilancia y control de las armas, explosivos, fuegos artificiales y otros elementos similares, y que una de las autoridades que la citada Dirección coordina en su calidad de autoridad central son las denominadas “Autoridades Fiscalizadoras”, que en el caso de la Región de Arica y Parinacota corresponde a la nombre reservado°002 que es ejercida por la Tercera Comisaría de Arica.

Asevera que con el fin de explotar su giro, la empresa recurrente diseñó un proyecto consistente en un estacionamiento o aparcadero de camiones dedicados al trasborde de explosivos, para lo cual celebró un contrato de arrendamiento con la SEREMI de Bienes Nacionales respecto de un predio de diez hectáreas ubicado en la Ruta 5 Norte, kilómetro 2085, costado poniente, y que dista a 13,75 kilómetros de la ciudad de Arica. Posteriormente, el 11 de enero de 2019 la recurrida procedió a dictar la Resolución N°9080/01 que autorizó a utilizar el terreno para el aparcamiento y transferencia de carga con explosivos, y el 18 de octubre de 2019 la Dirección General de Movilización Nacional dictó la Resolución N°96/002/00001 que autorizó a la recurrente para construir y operar una zona de transbordo de productos sometidos a control, sin observación o condicionamiento alguno.

Añade que con anterioridad a que se concediera la autorización, en los alrededores del sector en que se emplaza el terreno que sirve de almacén para el depósito y transporte de explosivos se instaló una toma ilegal de cincuenta familias en un bien de propiedad estatal, circunstancia que era totalmente conocida por la recurrida al momento de conceder y posteriormente renovar la autorización en comento, lo que incluso fue denunciado por la recurrente ante la SEREMI de Bienes Nacionales el 20 de enero de 2020, previo a obtener la renovación de la autorización.

No obstante, durante la vigencia de la renovación, de manera sorpresiva el 31 de mayo del año en curso se dictó el Informe Técnico N°6860 por la sucursal de Iquique del Banco de Pruebas de Chile correspondiente al Instituto de Investigaciones y Control, dependiente del Ejército de Chile. En dicho informe se reevaluaron las distancias de seguridad entre el sitio de aparcamiento y posibles asentamientos humanos en su alrededor, constatando la existencia de una instalación de cincuenta familias en una toma ilegal de terrenos que deslinda al costado poniente del sitio de trasbordo, y que podría verse afectada ante una posible explosión. Específicamente, se consignó que la zona de aparcamiento se encontraba a una distancia de 214 metros de lo que el informe denominó como “edificios habitados”, que no son sino las instalaciones de la toma ilegal. La conclusión del informe fue que no se cumplía con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley N°17.798 sobre control de armas y explosivos, en relación a los edificios habitados. Sin embargo, sostiene que la medición de la distancia de seguridad se hizo erróneamente, ya que no se calculó desde el almacén explosivo como manda el Reglamento Complementario, sino que desde el perímetro del terreno.

Señala que el acto impugnado corresponde a la Resolución Exenta N°9080/17, emitida por la recurrida el 27 de julio de 2021, en virtud de la cual procedió a decretar la “Suspensión de Operaciones de Aparcamiento y Trasbordo de Material Explosivo”, sustentada en el contenido del Informe Técnico N°6860 citado precedentemente, sobre el cual afirma la resolución impugnada: “Que, dicho informe es categórico en señalar el no cumplimiento de las distancias de seguridad, en relación a edificios habitados, toda vez que de acuerdo a la capacidad máxima de explosivos en dicho terreno (150.000 kilos DIN), la distancia de seguridad debiera ser 965,49 metros, situación que, de acuerdo a lo señalado en el informe técnico antes indicado, sería de 214 metros”. En razón de lo anterior, el acto recurrido apela a la “seguridad pública” manifestada en la “instalación de una toma de terrenos con la construcción y habitabilidad de viviendas, que involucra un número indeterminado de familias, situación que es altamente riesgosa para la vida de dichas personas”, para concluir lo siguiente: “A.- Que, del análisis de los antecedentes señalados y en el marco de las facultades administrativas que la Ley Nro. 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares y su Reglamento Complementario, otorgan a esta nombre reservado, considera que el no cumplimiento de las distancias de seguridad, pone en peligro la vida de las personas que legal o ilegalmente se encuentran viviendo en dichos terrenos, por lo tanto, es deber del Estado privilegiar y resguardar uno de los derechos más importantes señalados en el artículo 19 numeral 1 de la Constitución Política del Estado, que señala “La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”. Conforme a lo anterior esta nombre reservado se encuentra en la obligación de suspender toda actividad de aparcamiento, trasbordo y manipulación de material explosivo dentro de dichas instalaciones, hasta que se regularice dicha situación, para lo cual deberá solicitar una nueva evaluación de las distancias de seguridad, a fin que esta Autoridad se asesore nuevamente por el Banco de Pruebas de Chile y verifique si cumple o no con la normativa legal vigente al efecto”.

Sostiene que el razonamiento de la recurrida es arbitrario, pues luego de haber concedido una autorización para el desarrollo del giro de su representada en el año 2019, haber renovado la misma en el año 2020, y pese a haber estado en conocimiento de la existencia de una toma ilegal cercana al lugar, decide de forma intempestiva, durante la vigencia de dicha autorización, que un hecho sobreviniente e ilegal como la toma de un bien estatal y cuya resolución resulta de la exclusiva responsabilidad del Estado de Chile, sirva de antecedente para estimar que ya no se cumple con el requisito de la distancia de seguridad, apelando para ello al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. A respecto, argumenta que la inobservancia y negligencia del Estado respecto de la toma ilegal no puede significar consecuencias en el patrimonio de un tercero que ha actuado de buena fe, observando con celo las normas tanto legales como reglamentarias.

Añade que el acto impugnado es arbitrario e ilegal, por cuanto no es efectivo que la seguridad de quienes habitan en la toma ilegal se encuentre en riesgo, ya que la distancia fue calculada erróneamente en el Informe Técnico N°6860, puesto que la medición debió realizarse desde el almacén de explosivos mismo y no desde el perímetro del predio en que se contiene el primero, tal como aparece literalmente en el inciso primero del artículo 240 del Reglamento Complementario de la Ley N°17.798. En segundo lugar, afirma que la medición de la distancia de seguridad se realizó en abierta contradicción a la forma correcta en que se hizo en el año 2018 por el mismo Banco de Pruebas, que mediante el Informe Técnico N° 6148 de 8 de octubre de 2018, consignó que la distancia real del almacén de explosivos con los edificios habitados era de 1.281 metros, época en que la toma ilegal ya existía. En consecuencia, afirma que las circunstancias fácticas al momento de realizarse la medición de la distancia de seguridad en el año 2018 y 2021 eran las mismas; sin embargo, en el primer caso se calculó una distancia de 1.281 metros y en el segundo de 214 metros. En tercer lugar, sostiene que existe una falta de imputabilidad de la existencia de la toma ilegal como antecedente inmediato para la dictación del acto recurrido, ya que se pretende hacer pesar injustamente en un tercero los costos de la propia negligencia del Estado, pues si la recurrida no hubiera actuado de forma arbitraria, tendría que forzosamente haber instado por el término de la toma ilegal. Destaca que tal como aparece del Certificado N° 105547 de 21 de julio de 2021 emitido por la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Arica, el denominado “sector Quebrada Gallinazo” en el cual se emplazan tanto el terreno como la toma ilegal se encuentran fuera del límite urbano, por lo que no se permite un uso habitacional masivo ni la generación de nuevos asentamientos urbanos. Asimismo, señala que la toma ilegal no equivale a la denominación de “edificios habitados”, pues se trata de una serie de construcciones artesanales y ligeras que no tienen el carácter de “edificio” de acuerdo a su sentido natural y obvio, ya que no adhieren permanentemente al suelo.

En cuanto a las garantías conculcadas, sostiene que la resolución impugnada priva a su representada de derechos adquiridos en virtud de la Resolución N°96/002/00001, dictada por la Dirección General de Movilización Nacional el 18 de octubre de 2019 y de la renovación de dicha autorización mediante el Certificado de Renovación Anual N°5530161, emitido por la misma Dirección el 5 de octubre de 2020, pues no obstante encontrarse vigente la renovación de la referida autorización, la misma ha sido suspendida de manera arbitraria e ilegal, lo que ha aparejado como consecuencia la afectación del derecho a ejercer su actividad económica, a pesar de haber dado estricto cumplimiento a todos los requisitos establecidos tanto por la Ley de control de armas, como por su Reglamento Complementario.

Igualmente señala que se afecta su derecho de propiedad sobre los derechos conferidos por la Resolución N° 96/002/00001 y su renovación en el año 2020, siendo su representada actualmente titular de los derechos emanados de la referida Resolución y de la renovación, que la autoriza para utilizar un inmueble que, por lo demás, está siendo arrendado al propio Fisco de Chile, en el ejercicio de una actividad lícita y expresamente autorizada por la autoridad competente, derechos que se encuentran incorporados en su patrimonio.

Por otro lado, indica que se vulnera el derecho de toda persona a la igual repartición de las cargas públicas, pues el Estado de Chile no ha dado cumplimiento a sus obligaciones de impedir asentamientos ilegales, como lo constituye la toma ilegal instalada en terrenos fiscales adyacentes al terreno que el mismo Fisco le arrienda. De igual manera, tampoco ha cumplido con otorgar una política habitacional adecuada que disuada y haga innecesario a las personas asentarse en ocupaciones ilegales y carentes de cualquier servicio básico, siendo la recurrente la única que está soportando los perniciosos efectos de tales faltas de servicio, quien se está viendo privada de un derecho legítimamente adquirido. Asimismo, sostiene que se conculca la garantía de la igualdad ante la ley, ya que de manera arbitraria e ilegal la recurrida ha impuesto un trato diferenciado y no acorde a la razón mediante la dictación de la resolución impugnada, pues la ocupación ilegal que le sirve de fundamento existía en el lugar desde antes de la primera autorización y era conocida por la recurrida, quedando claro que el cambio de criterio no corresponde sino a una cuestión caprichosa y contraria a la razón, lo que constituye una discriminación arbitraria.

Finalmente, agrega que se ha afectado la garantía del debido proceso y la proscripción del juzgamiento por comisiones especiales, pues la recurrida durante la vigencia de la renovación de la autorización se ha constituido en una verdadera comisión especial, dado que de oficio y sin un cambio en las circunstancias que lo justifique, se ha arrogado facultades jurisdiccionales privando a su representada de sus derechos legítimamente adquiridos sin justificación alguna y además, sin pago.

Pide que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°9080/17, emanada de la nombre reservado Local N°002 Arica, con costas.

Informó en su oportunidad la recurrida, indicando que la Dirección General de Movilización Nacional autorizó mediante Resolución N°96/002/00001 a la empresa "Dangerous Good Services SPA", para ejercer su giro en el terreno indicado. Para ello contó con el Informe Técnico N°6148, emitido por el Banco de Pruebas de Chile, sucursal Iquique, de 8 de octubre de 2019, en el cual establece las distancias de seguridad para la cantidad de explosivos proyectados, consistente en 150.000 (ciento cincuenta mil) kilos, calculando las distancias conforme al artículo 240 del Reglamento Complementario de la Ley N°17.798, con respecto de edificios habitados en 1.281 metros, haciendo presente en el citado informe, rubro letra D, Desarrollo de la Actividad: punto 2, Provincia: Arica, inciso 4, que: "En el sector donde se emplazará el proyecto, en la actualidad no existen centros poblacionales, deportivos, recreativos, administrativos, comerciales y/o educacionales".

Asimismo, agrega que el referido informe, en su letra F, Conclusiones, punto 1 señala que: "De acuerdo al resultado de los análisis de distancias de seguridad calculadas y la ubicación geográfica donde se emplazará dicho terreno y conforme a la inspección personal, se estima que las distancias de seguridad en la superficie solicitada para la instalación de un área para el aparcamiento, trasbordo, despacho y almacenamiento temporal de explosivos, ubicados en el kilómetro 2.084 de la ruta 5 Norte, ubicado al costado poniente de la carretera internacional N° 5, CUMPLE, con lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 240 de la Ley N°17.798". El Punto 2, agrega: "Conforme a lo anterior se informa a Ud., que las distancias estipuladas en la tabla que precede, se está dando cumplimiento a las medidas de seguridad que estipula la Ley N° 17.798 con respecto a almacenamiento de explosivos, a fin de ser considerados en el terreno para el aparcamiento, trasbordo, despacho y almacenamiento temporal de explosivos, no obstantes (sic) estas medidas podrían verse afectadas en el caso que se construyan nuevas instalaciones aledañas al sector".

Por lo anteriormente descrito, y como requisito previo, se solicitó Informe Técnico en relación al Capítulo III, Banco de Pruebas de Chile, artículo 16, el cual señala: "El Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, en su función de Banco de Pruebas de Chile, prestará sus servicios proporcionando asesoría técnica especializada a la Dirección General y a las Autoridades Fiscalizadoras, directamente o a través de sus delegados en las Guarniciones del país, en lo referido a las siguientes materia: "Letra m) Otras Asesorías Mecánicas especializadas que requiera la Dirección General para dar cumplimiento a la supervigilancia y control, dispuestas tanto en la ley como en el presente reglamento".

Señala que conforme a la citada normativa se procedió a requerir certificación a la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Arica, con la finalidad de establecer que el sector donde se instaló la empresa recurrente se encontraba fuera del límite urbano, según se regula en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Añade que la Dirección de Obras dio respuesta mediante el Certificado N° 75273 de 16 de octubre de 2018, señalando que de acuerdo a los antecedentes registrados en dicha Dirección, y según los límites del Plan Regulador Comunal de Arica, aprobado por resolución afecta N° 4 de 3 de marzo 2009, el predio Rol N° 12126-9, ubicado en el sector Quebrada Gallinazo sin número de la comuna de Arica, se encuentra fuera del límite urbano, por lo que dicha Dirección de Obras no prohibió la instalación de almacenes de explosivos y otros usos ajenos a lo agrícola, uso que deberá ser autorizado por las autoridades competentes.

Agrega que en conformidad al artículo 15 letra L, del Reglamento Complementario de la Ley N° 17.798, la nombre reservado cuenta con la facultad de disponer y realizar controles en terreno de su área y jurisdicción. Bajo dicho marco normativo, el 21 de enero de 2020 la recurrida concurrió alrededor de las 11:00 horas al sector de estacionamiento de camiones contenedores de explosivos de la recurrente, constatando que existía una toma ilegal de personas en las cercanías de dicho estacionamiento. Por esa razón, el 10 de febrero de 2020 se solicitó mediante oficio N°01 a la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, que se pronunciara respecto de la situación legal en que se encontraba dicha toma, debido a que se emplazaba en las cercanías de la empresa recurrente en relación a la distancia de seguridad conforme a lo establecido en el artículo 240 del Reglamento Complementario de la Ley N°17.798. Al no recibir respuesta, el 4 de julio de 2021 se reiteró la petición a la SEREMI, adjuntando el Informe Técnico N°6860 del Banco de Pruebas de Chile.

Afirma que mediante Oficio N° 9080/10 de 17 de mayo de 2021, se solicitó al Banco de Pruebas de Chile la concurrencia al aparcamiento para efectuar las mediciones respectivas, a fin de comprobar en terreno si se estaba dando cumplimento al requisito de distancia mínima, evacuando el Informe Técnico N°6860 de 31 de mayo de 2021, que en lo pertinente indica que: "En la actualidad en el sector donde se encuentra el aparcamiento y trasbordo de explosivos, se instaló al costado, un centro poblacional (Toma ilegal de 50 familias)”, concluyendo lo siguiente: "1.- De acuerdo al resultado obtenido en terreno, producto del análisis de distancias de seguridad calculadas, la ubicación geográfica donde se instaló el aparcamiento, para trasbordo, despacho y almacenamiento temporal de explosivos, ubicado en el Km. 2084 de Ia Ruta 5 Norte, al costado poniente de la carretera internacional, este NO CUMPLE con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley Nro. 17.798", y: "2.- Conforme a lo anterior se informa a Ud., que al efectuar la reevaluación de las distancias estipuladas en la tabla que antecede, NO se está dando cumplimiento a las medidas de seguridad que estipula la Ley Nro. 17.798 "Control de Armas y Explosivos" con respecto a almacenamiento de explosivos, aparcamiento, trasbordo y despacho temporal de explosivos".

Añade que con el mérito del informe emitido por el Banco de Pruebas, y considerando la problemática existente y la seguridad de las personas allí asentadas, privilegiándose el interés general por sobre el particular, se procedió por parte de la recurrida a notificar al representante legal de la Empresa Dangerous Good Servicie S.P.A. del Informe Técnico N°6860, para su conocimiento y fines procedentes. El notificado el 22 de julio de 2021 presentó oposición a lo informado por el Banco de Pruebas, señalando que el citado Informe era erróneo y agregando que: "Como consecuencia de lo anterior, todos los errores y vicios de que adolece el Informe Técnico Nro. 6860, redundarían en un procedimiento administrativo manifiestamente arbitrario y lesivo para los derechos de su representada”, puntualizando además que el informe adolece de un error de cálculo. En dicho contexto y considerando sus alegaciones, la recurrida solicitó al órgano técnico que se pronunciara nuevamente para mejor resolver, mediante Oficio N° 9080/15 de 25 de junio de 2021.

Conforme a lo anterior, el órgano técnico a través de Oficio N°310500/6890 de 20 de julio de 2021, ratificó su Informe Técnico anterior en relación con el no cumplimiento de las distancias de seguridad ante edificios habitados, es decir, aquellos lugares destinados a la permanencia de personas (casas, edificios, oficinas, comedores, salas de estar, salas de reunión y otros). En este sentido, indicó que la permanencia de una o más personas establecidas en un lugar en forma legal o ilegal, constituye un sector habitado que debe ser legalmente protegido a través de los radios de seguridad correspondientes, lo que tiene directa relación con el artículo 59 del Código Civil y la definición de domicilio.

Agrega que con la respuesta obtenida respecto de la reevaluación del Informe Técnico del Banco de Pruebas de Chile, la recurrida emitió la Resolución Exenta N° 9080/17 que se impugna en la especie, la que resuelve "SUSPENDER LAS OPERACIONES DE APARCAMIENTO Y TRASBORDO DE MATERIAL EXPLOSIVO, por no cumplir con las distancias de seguridad normadas para la Ley de Control de Armas y Elementos Similares Nro. 17.978 y su Reglamento”. El recurrente, no conforme con lo resuelto, presentó un recurso de reposición y subsidiariamente recurso jerárquico el 4 de agosto pasado, impugnaciones que se encuentran actualmente en estudio.

Asevera que por “edificio habitado” se deben entender aquellos lugares destinados a la permanencia de personas (casas, edificios, oficinas, habitaciones, comedores, salas de estar, salas de reunión, otros), y como “edificios no habitados” los destinados al tránsito o estadía esporádicas de personas (cuartos de patio, lavaderos, pasillos y otros). Esta definición fue otorgada por la Dirección General de Movilización Nacional mediante su Resolución Exenta N°000847 de 07 de abril de 2014, en la cual se establece el procedimiento general para el cálculo de la equivalencia de explosivos y sustancias químicas derivadas del nitrato de amonio.

Por otro lado, alega la improcedencia de la acción constitucional impetrada, ya que se han deducido administrativamente recursos de reposición ante la nombre reservado° 002, Arica, y en subsidio recurso jerárquico para ante la nombre reservado Regional N° 002, Arica, en conformidad a lo señalado en el artículo 59 de la Ley N°19.880, arbitrios que a la fecha de confección de su informe, se encontraban pendientes de resolución. Por lo anterior, afirma que no se han agotado las instancias administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que tanto el asentamiento irregular de familias en las cercanías del predio arrendado por la recurrente, como el supuesto error en las mediciones de la distancia de seguridad, no son imputables a la recurrida y escapan al ámbito de su competencia, al no contar con las facultades para proceder al desalojo de las personas y no ser la entidad a la que le corresponde realizar el cálculo de las distancias. Hace presente que el 11 de enero de 2019 dictó la Resolución Exenta N°9080/01 que autorizó las actividades de la recurrente, pues en aquella época se verificaban la totalidad de los requisitos legales.

Agrega que como nombre reservado, en conocimiento de la problemática respecto de las tomas ilegales, el 10 de febrero de 2020 mediante Oficio N° 01 informó a la SEREMI de Bienes Nacionales, detallando claramente la toma de terreno, la cantidad aproximada de familias y el inconveniente que se produce por sobrepasar la distancia mínima que por ley se debe mantener con respecto al aparcamiento de camiones para el trasbordo de explosivos y nitrito de amonio. Asimismo, el 4 de junio de 2021 mediante Oficio N° 20, nuevamente se informó sobre la toma ilegal de terrenos colindante con el aparcadero de camiones de uso de explosivos.

Finalmente concluye que no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio que permitan acreditar, sustentar y admitir el presente recurso de protección, por lo que solicita su rechazo con costas, en atención a que la recurrida no ha vulnerado derecho alguno, actuando siempre conforme a derecho.

Dando cumplimiento al trámite decretado por esta Corte, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota evacuó informe, señalando que el inmueble materia del recurso corresponde a los lotes N° 12, 13 y 14 de la “Hacienda La Libanesa”, situados en el Valle de Lluta, quebrada Gallinazos, sector Chacalluta, que se encuentra inscrito a favor del Fisco de Chile a fojas 1.112 N°1.106, a fojas 1.113 N°1.107 y a fojas 1.114 N°1.108 del Registro de Propiedad del año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de Arica, con una superficie de 38,69 hectáreas, individualizado en el plano N°I-1-1685 C.R., cuyos deslindes son: Norte: parte alta de los cerros que forman el Valle de Lluta, que lo separa de terreno fiscal en línea sinuosa de 350 metros aproximadamente; Este: Club de golf “Río Lluta”, separado por línea recta de 1.035 metros, y parte de terreno particular o lote N°11, separado por línea recta de 70 metros; Sur: Terreno particular o lote N°11, separado por línea recta de 320 metros; y Oeste: Línea paralela a 16 metros al este de la línea de ferrocarril de Arica a Tacna en línea recta de 1.190 metros. Añade que dicho inmueble fue destinado mediante Decreto Exento Nº168 de 17 de agosto de 1993 del nombre reservado Nacionales, al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, para la construcción, habilitación y mantención del Cuartel General de la VI División del Ejército, y que hasta el año 2019 se encontró bajo la administración del Ejército de Chile, siendo devuelto el predio al Ministerio de Bienes Nacionales mediante el Decreto Exento N°110 de 25 de marzo de 2019.

Luego, refiere que el Ejército de Chile solicitó a la Gobernación Provincial de Arica el desalojo del inmueble objeto del recurso en junio y septiembre de 2016, y en abril y mayo de 2018, desalojo que fue ordenado en septiembre de 2018 por dicha Gobernación. Aquello provocó que doña nombre reservado interpusiera un recurso de protección ante esta Corte, Rol Nº 795-2018, en contra de Bienes Nacionales, Carabineros de Chile y el Ejército de Chile, con el objeto de que se dejara sin efecto el desalojo previsto para el 22 de octubre de 2018 en contra del Comité de Allegados Villa Los Laureles y Última Frontera, arbitrio que fue rechazado.

Continúa señalando que la SEREMI realizó un catastro de las ocupaciones ilegales en el sector, determinando que se trata de la ocupación ilegal más septentrional del país. Dicha ocupación se produjo bajo la administración del Ejército de Chile en el año 2016, en una superficie aproximada de 4,8 hectáreas, por el "Comité de Allegados de domicilio reservado, en una segunda oleada de ocupaciones la toma alcanzó las 5,8 hectáreas, por la "Agrupación Gallinazo Emprende”. Como resultado, al término de la administración del Ejército, el inmueble fue devuelto con una ocupación aproximada de 24 hectáreas, es decir, con un 63% de la superficie total ocupada, generando en la actualidad un nuevo y descontrolado núcleo urbano, al margen de la planificación territorial existente. A partir de esta ocupación, se han recibido diversas denuncias por hechos de connotación delictual que suceden tanto al interior de la propia ocupación, como en los alrededores de la "Villa Frontera”. Con el empadronamiento se logró identificar que estamos frente a un "campamento", pues se trata de un asentamiento informal, donde los hogares habitan en posesión ilegal del terreno sin seguridad de tenencia, carecen de infraestructuras y de al menos dos de los servicios básicos (agua y luz), y sus viviendas y loteos contravienen toda regulación de planificación y construcción. Este asentamiento informal consta de al menos 367 sitios, lo que permite inferir que se trata de 367 familias, las que se distribuyen en al menos 6 comités, sin que exista certeza de su calidad jurídica, y que en total suman un número aproximado de 1.074 personas.

En cuanto a las acciones desplegadas ante la ocupación ilegal, sostiene que mediante oficio Nº1688 de 30 de marzo de 2020, esta Secretaría de Estado informó al Intendente las diversas ocupaciones ilegales en inmuebles de la ciudad de Arica, a fin de solicitar la realización de una mesa de trabajo en conjunto con SERVIU, MINVU, y Gobierno Regional, debido la complejidad de las ocupaciones ejercidas en el sector La Libanesa, y analizar una solución en conjunto para las familias que debían ser reubicadas por la ocupación ilegal, tal como se ha efectuado respecto a los sectores de Quebrada del Diablo, SantaIrene y Quebrada Las Llosyas, en donde se están realizando las respectivas mesas de trabajo, con las entidades públicas correspondientes. Por otro lado, mediante Oficio Nº3030 de 14 de julio de 2020, esta Secretaría Regional remitió los antecedentes de las ocupaciones ilegales al Ministerio Público, a fin que la Fiscalía Local de Arica sea el órgano persecutor que investigue los hechos presuntivamente constitutivos de delitos, generándose la causa RUC 2000731865-1.

Finaliza señalando que el 19 de marzo de 2018 la empresa recurrente ingresó una postulación de arriendo del inmueble fiscal en comento para la explotación de su giro, y el 11 de marzo de 2019 la SEREMI otorgó en arrendamiento el citado terreno, amparado por una inscripción que rola a favor del Fisco a fojas 25 Vta., Nº 60 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 1935, Rol S.1.1. Nº12126-9 singularizado en el plano Nº15101-3104-CR., del Ministerio de Bienes Nacionales, de una superficie de 100.000 m2 (10 Ha), cuyos deslindes según plano son los siguientes: Norte: Terreno Fiscal, en línea recta AB de 257,30 metros. Este: Terreno Fiscal, en línea recta BC de 400,00 metros. Sur: Terreno Fiscal, en línea recta CD de 257,30 metros. Oeste: Terreno Fiscal, en línea recta DA de 400,00 metros. Posteriormente, mediante Carta Ingreso Nº64478 de 13 de agosto de 2021, la arrendataria solicitó modificar la superficie del inmueble otorgado en arriendo, en razón de la existencia de tomas ilegales en el sector, en virtud de lo cual esta Secretaría de Estado elaboró el Plano Ministerial Nº15101-3547 CR, que aumentó la superficie del inmueble a 15,82 hectáreas totales. Este plano se encuentra en proceso de certificación ante el Servicio Agrícola y Ganadero, Seremi de Agricultura y Servicio de Impuestos Internos, y con las certificaciones correspondientes, afirma que la Secretaría Regional dictará la Resolución respectiva tendiente a modificar la superficie del inmueble.

Por último, dando cumplimiento al trámite decretado por esta Corte, evacuó informe el Director del Instituto de Investigaciones y Control en su función de Banco de Pruebas de Chile. En cuanto al procedimiento empleado para la elaboración de los Informes Técnicos relacionados con esta causa, indica que se aplicó lo dispuesto en el artículo 240 del Reglamento Complementario de la Ley Nº 17.798, relativo a las distancias de seguridad que aplican a los almacenes de explosivos, el cual refiere que la cantidad de dinamita al 60% autorizada corresponde a "W" (150.000 kgDIN60%), dato que debe ser ingresado a cada una de las fórmulas correspondientes a edificios habitados, ferrocarriles, caminos y otros detallados en el mismo artículo. Precisa que el resultado corresponde a la distancia de seguridad calculada denominada "S", la cual es expresada en metros entre la zona de transbordo y los edificios habitados, ferrocarriles, caminos y otros. Luego, se miden las mismas distancias en el terreno y se compara la distancia real con la distancia calculada, debiendo ser igual o mayor la distancia efectiva que hay en el terreno (Distancia real). Agrega que la distancia de seguridad es tomada desde los bordes de la zona de transbordo, en atención a que se trata de un área o terreno que se utiliza como transbordo, en el cual se están moviendo explosivos o nitrato de amonio bajo las siguientes consideraciones: 1) Que ante una eventual detonación o explosión de un vehículo de carga, activa por "Simpatía" la carga de los 4 (cuatro) vehículos restantes cargados con explosivos o nitrato de amonio; 2) Lo anterior implica que, dependiendo de la ubicación de los transportes en la zona de transbordo, puede llegar a detonar la máxima cantidad de vehículos y carga autorizada.

En este contexto, asevera que ante una eventual explosión, los radios de seguridad deben ser tomados y medidos desde los límites del terreno y no desde solamente los lugares de acopio, y que dicho procedimiento fue el empleado en los dos informes evacuados por el Banco de Pruebas de Chile, tanto el del año 2018 como el del año 2021.

En lo que respecta a las diferencias entre los dos Informes Técnicos relacionados con esta causa, destaca que a la época de elaboración del informe del año 2018, en la inspección no existían edificios habitados dentro de los radios de seguridad de la zona de transbordo, tal como lo demuestra la fotografía adjuntada en dicho informe, agregando que en el mismo se dejó constancia que las mediciones realizadas pueden verse afectadas en el caso que se construyan nuevas instalaciones aledañas en el sector, lo que ocurrió en la especie.

Consecuente con lo antes señalado, afirma que no existen diferencias de procedimientos derivadas de los informes técnicos de la Sucursal Iquique del Banco de Pruebas de Chile, sino que resultados de mediciones de radios distintas que se refieren y relacionan con la "Distancia a edificios habitados", dejándose constancia que el resto de los cálculos y distancias a caminos públicos, ferrocarriles y otros, no tuvieron variación entre los informes técnicos ya detallados. Para mayor ilustración, acompaña una copia del set fotográfico del año 2018 que es parte del informe del mismo año y fotografía de un incendio ocurrido el año 2020 en cercanías a las instalaciones de la recurrente, que da cuenta de la extensión de los lugares habitados cercanos a las mismas.

En cuanto a las mediciones técnicas de cada informe, precisa que el elaborado en el año 2018 estableció lo siguiente: “Efectuadas las mediciones desde el borde de la zona de transbordo más cercana a los edificios habitados, los resultados fueron los siguientes: Distancia calculada: 965,49 metros (Con parapeto); Distancia real: 1.281 metros; Resultado: CUMPLE”. Por último, en lo que respecta al informe confeccionado en el año 2021, se proyectó lo siguiente: “Efectuadas las mediciones desde el borde de la zona de transbordo más cercana a los edificios habitados, los resultados fueron los siguientes: Distancia calculada: 965,49 metros (Con parapeto); Distancia real: 214 metros; Resultado: NO CUMPLE”.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie, el acto ilegal y arbitrario denunciado por el recurrente consiste en la Resolución Exenta N° 9080/17 emitida por la recurrida nombre reservado Local N°002 de Arica el 27 de julio de 2021, en virtud de la cual procedió a decretar la “Suspensión de Operaciones de Aparcamiento y Trasbordo de Material Explosivo” de la empresa que representa, fundándose la referida resolución en el Informe Técnico N° 6860 de 31 de mayo de 2021, emitido por el Banco de Pruebas de Chile, sucursal Iquique, el que, a juicio del recurrente, informa una medición de distancias de seguridad efectuada de manera errónea y contradictoria, además de aludir a la existencia de una toma ilegal de terreno cercana, que ha existido incluso con anterioridad a obtener la autorización y renovación para la realización de sus operaciones y cuya presencia en el sector no es de su responsabilidad ni le es imputable.

CUARTO: Que, en su informe la recurrida niega toda ilegalidad o arbitrariedad denunciada respecto de la resolución impugnada y, en síntesis, señala que de acuerdo al Informe Técnico N° 6860 citado precedentemente, la recurrente no cumple con la distancia mínima exigida respecto de cualquier edificio habitado, entendiendo por tal “aquellos lugares destinados a la permanencia de personas”, conforme lo señala el artículo 240 del Reglamento Complementario de la Ley N° 17.798. Por lo anterior y dadas las facultades fiscalizadoras que le confiere la ley, se procedió a decretar la suspensión de las operaciones de la recurrente hasta que sea subsanada la observación. Agrega que la recurrente impugna la forma de medición de la distancia entre su aparcadero y la toma ilegal, como también la permanencia de la misma en el lugar sin que se haya realizado ninguna acción al respecto; sin embargo, asevera que ninguno de los reproches son atribuibles a su parte. Finalmente, destaca que se encuentran pendientes los recursos de reposición y jerárquico interpuestos por el recurrente en contra de la resolución impugnada en la especie, por lo que la acción constitucional es improcedente.

QUINTO: Que, conforme a lo expuesto por el recurrente, se desprende que lo impugnado en el presente recurso es el fundamento de la resolución recurrida, el que se sustenta a su vez en el Informe Técnico N° 6860 del Banco de Pruebas de Chile, cuyos presupuestos fácticos son lo que realmente se controvierten en el recurso, en cuanto al modo en que se efectuó la medición de las distancias de seguridad que se le atribuye incumplir y a considerar en el terreno fiscal la existencia de un asentamiento irregular de personas en las cercanías del aparcamiento en donde se le autorizó operar, toma de terreno que ya existía a la época de otorgamiento de dicha autorización y su posterior renovación.

SEXTO: Que, en relación al argumento expuesto por la recurrida en su informe, en el sentido de que la presente acción constitucional sería improcedente por existir en contra del acto impugnado recursos administrativos pendientes de resolución, valga señalar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República que consagra el recurso de protección lo hace procedente “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, lo que permite desestimar tal argumento.

SÉPTIMO: Que, en la especie, existiendo controversia en cuanto a los puntos señalados, no corresponde que el asunto sea discutido por esta vía, ya que se trata de la impugnación de un acto administrativo intermedio que no es susceptible de ser reprochado, a lo menos, en el estado en que se encuentra la autorización que posee la recurrente.

A ello cabe agregar que las autorizaciones, en tanto acto administrativo, se circunscriben a la voluntad de la Administración en tanto ellas cumplan con los requisitos legales, y precisamente este último es el fundamento del acto recurrido y para lo cual se encuentra legalmente habilitada la recurrida.

Por último, dada la especificidad técnica que implican los antecedentes de este recurso y sus argumentos, para los cuales esta Corte estima que debe hacerse uso del principio de deferencia, en atención a aquellos, sobre todo porque se encuentran pendientes sendos recursos administrativos ante la autoridad que posee los conocimientos específicos que se requieren para su adecuada resolución.

OCTAVO: Que, además, el recurso impetrado no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, lo que es absolutamente ajeno a la finalidad propia del acción constitucional, cual es, constituir una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, indubitado, derecho que en la especie, como se ha referido, aparece expresamente controvertido, lo que obliga a desestimar el presente recurso.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de la sociedad nombre reservado Spa, en contra de la nombre reservado Local N° 002 de Arica.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 651-2021 Protección.