nombre reservado con nombre reservado

Arica, tres de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Compareció el abogado Eduardo Gaspar Ramos, en representación de nombre reservado, y dedujo recurso de protección en contra de nombre reservado por haber conculcado de manera ilegal y arbitraria su derecho de propiedad.

Refiere que la recurrente es dueña de dos predios rurales ubicados en la Villa Ausipar, del sector Livilcar, Comuna de Arica, denominados “El Peral” y “Ausipar”. El primero es utilizado para fines agrícolas, y tenía cierre perimetral demarcado con ramas y árboles de membrillo y molles, de una superficie de 3.608 m2, el que adquirió por Resolución Nº 0751 de la Secretaría Regional del Ministerio de Bienes Nacionales Región Arica Parinacota, que regularizó la posesión material a su favor, y ordenó su inscripción a fs. 1.457, Nº 1.766, del Registro de Propiedad del año 2015, del Conservador de Bienes Raíces de Arica. El segundo predio llamado “Ausipar”, se encuentra ubicado a unos 200 metros del predio El Peral, con una superficie de 1.955 m2, en el cual el padre de doña nombre reservado construyó 2 casas de adobe de antiquísima data, además tenía un cierre perimetral de cañas y madera. Este predio lo adquirió por Resolución Nº 892 del Ministerio de Bienes Nacionales Región Arica Parinacota, que le concedió título gratuito de dominio, la que se inscribió a su favor a fs. 3.188 vuelta, Nº 2556, del Registro de Propiedad del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de Arica.

Indica que el predio “El Peral”, se encuentra en su costado Este, contiguo al predio de doña nombre reservado, y a continuación de éste último, también en su costado Este, separado por una pirca, se encuentra ubicado el predio de nombre reservado que hoy ocupa su hijo, el recurrido nombre reservado.

Sostiene que desde el fallecimiento del padre de la recurrente en el año 2008, ella ha concurrido periódicamente junto a su hija y yerno a realizar las labores de siembra, riego, y cultivo de los frutales y hortalizas. Sin embargo, en los meses de noviembre de 2023 a enero de 2024, se ausentó por enfermedad y el 10 de febrero de 2024, aproximadamente a las 11:00 horas, al llegar al predio “El Peral” para efectuar las labores descritas encontró que se habían retirado y destrozado los cercos de caña y madera, habían talado los árboles de yaro y molle, se habían quemado las plantas de membrillos que marcaban los deslindes del terreno, sorprendiendo en el acto al recurrido en actitud amenazante, habiendo incinerado recientemente los cercos y ramas, les indicó que todo ese sector era de su propiedad, pues se lo habían vendido.

Señala que al subir la recurrente al predio “Ausipar” donde se encuentran las casas, encontraron cambiados los candados de sus puertas, y al ver hacia adentro por sobre sus muros, se dieron cuenta que éste había sustraído las camas, colchones, ropas de trabajo, una serie de herramientas agrícolas, entre otras cosas.

Afirma que el recurrido hasta hoy en día se niega a abandonar los mencionados inmuebles que por vías de hecho se apropió, y ha amenazado a la recurrente y su familia expresándoles que no se acerquen al lugar, por lo que se sienten debido a que el recurrido es una persona violenta que fue condenado por maltrato animal en los años 2016 y 2018. Por lo anterior la recurrente denuncio los hechos a Carabineros de Chile del Retén de San Miguel de Azapa, y posteriormente a la Fiscalía Local de Arica, la que rotuló la investigación bajo el RUC 2400244214-7.

Finalmente sostiene que la conducta del recurrido, consistente en la destrucción de los cierres perimetrales de predios ajenos, su ocupación material por la fuerza, la sustracción de mobiliario e implementos de trabajo agrícola que se mantenía en las casas, el descerrajamiento y posterior cambio de los candados de las puertas con el ánimo de apropiarse de ellas y de los terrenos en ausencia de su dueño, es evidentemente antijurídica, contraria al deber de respetar la propiedad ajena, alterando el estado de cosas existente, lo que constituye una perturbación y privación del ejercicio legítimo del derecho fundamental amagado, el cual se encuentra indubitado al estar amparado por las inscripciones conservatorias respectivas.

Pide que se ordene al recurrido reponer los cercos de los predios “El Peral” y “Ausipar”, que derribó y quemó, y hacer entrega de las llaves de los candados de las casas ubicadas en el predio “Ausipar”; Cesar en la ocupación material que ejerce sobre los predios “El Peral” y “Ausipar”, haciendo abandono de ellos dentro de tercero día desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia, con costas.

Informó en su oportunidad el recurrido quien en primer lugar alegó la extemporaneidad de la acción deducida pues el recurrente señala como fecha del acto u omisión el 10 de febrero de 2024, cuando en realidad el recurrido realizaba actos de posesión con anterioridad a la fecha fijada por la recurrente, sin que este acredite de alguna manera por qué recién el 10 de febrero de 2024, se habría enterado de los actos que denuncia, los que por su naturaleza no pueden mantenerse ocultos.

En cuanto al fondo, niega categóricamente haber “tomando” terreno del recurrente y precisa el recurrido es heredero de los bienes dejados por su padre don nombre reservado, fallecido el 20 de junio de 2011, quien antes de fallecer, el 12 de junio de 2003 compró mediante escritura de compraventa de bien inmueble ante el Notario Armando Sánchez Risi, el terreno ubicado en Ausipar, Azapa de la comuna y provincia de Arica, siendo el vendedor de dicho terreno don nombre reservado, siendo los deslindes de dicha propiedad los siguientes: NORTE: camino público; SUR: caja de rio; ESTE: nombre reservado; OESTE: con terrenos de Beneficencia, pirca de por medio. Que, dicha propiedad tiene la inscripción está a fojas 191 numero 143 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2005 del Conservador de Bienes Raíces de Arica. La propiedad actualmente tiene el Rol: 03320 – 00039 de la comuna de Arica en el Servicio de Impuestos Internos, registrada como Vina de Ausipar.

Agrega que la referida propiedad fue incluida en la posesión efectiva de don nombre reservado, y quien aparece como vendedor en dicha compraventa es el padre de la recurrente, don nombre reservado quien falleció en el año 2008 y que había comprado dicha propiedad mediante escritura pública de 24 de octubre de 1961 a don nombre reservado el terreno ubicado en Ausipar, Azapa, cuyos deslindes son: NORTE: camino público; SUR: caja de rio; ESTE: nombre reservado; OESTE: con terrenos de Beneficencia, pirca de por medio. Posteriormente, debido al fallecimiento de la cónyuge de don nombre reservado, se realizó la posesión efectiva de doña nombre reservado, realizando inscripción de la misma a fojas 5261 N° 2661 del año 2000, realizando la inscripción especial de herencia sobre el bien de AUSIPAR, a fojas 5267 N° 2667 del año 2000 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica. Sien la propiedad vendida por don nombre reservado a nombre reservado, un terreno que comprende los predios EL PERAL y AUSIPAR que reclama la recurrente. Que, el padre del recurrido, don nombre reservado, falleció en Camiña el 20 de junio de 2011, por lo que el recurrido tramito en su calidad de heredero la posesión efectiva en la que se incluyó dentro de los bienes del causante la propiedad inscrita a fojas 191 numero 143 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2005 del Conservador de Bienes Raíces de Arica y vive en ese lugar junto a su familia desde hace más de 19 años, despejando cualquier posibilidad de señalar que el “estatus quo” ha sido modificado por mi representado, ya que es él quien es vecino del sector desde mucho antes que haya adquirido el predio que ostenta.

Agrega que el recurrido vive en el lugar hace más de 19 años, realizando corte de pastizales, plantación y siembra para cosecha de verduras y frutas, por lo que existen actos de posesión como una huella que existía para recorrer a pie el borde del predio, y recoger en carretas (primero) o vehículos menores (después) el producto de la siembra. Actualmente el recurrido realiza limpieza del terreno para siembra de pastizal de forrajes para sus caballos, plantación y cosecha de verduras, haciendo actos de posesión.

Sostiene que el recurrido no ha retirado ni destrozado los cercos de caña y madera, talado los árboles de yaro y molle, ni se habrían quemado las plantas de membrillos que marcaban los deslindes del terreno, sino que estaba habilitando el terreno para la siembra de alfalfa y otros cultivos.

Concluyendo que el recurrido no ha quitado cerco alguno, pudiendo advertir de las imágenes de Google Earth, que en el terreno de AUSIPAR, no existía un supuesto cerco en los terrenos de EL PERAL y AUSIPAR. Por otro lado no es efectivo que se habría cambiado los candados de sus puertas, ni se habían sustraído las especies que se encontraban en su interior, dado que como se ha señalado la posesión de la propiedad que reclama la recurrente es a lo menos del año 2003, fecha en la cual el padre de la recurrente le vendió al padre del recurrido ejercida por él y su declaración, corresponde a un juicio de lato conocimiento. Además no existe prueba de que el recurrido haya intimidado o violentado a la recurrente, por lo que la recurrente no es titular de un derecho indubitado, debiendo rechazarse la acción deducida por no exiasto9r perturbación o amenaza a sus derechos y no ser la vía idónea al efecto.

Se trajeron los autos en relación CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie, el acto ilegal y arbitrario denunciado por la recurrente, consiste en haber efectuado el recurrido acciones tendientes a ocupar ilegalmente los predios “El Peral” y “Ausipar”, privándolo de su derecho de propiedad.

CUARTO: Que, cabe el rechazo de la alegación de extemporaneidad de la acción constitucional impetrada toda vez que, aun en el caso que se ponga en duda la fecha en la cual la recurrente tomó conocimiento del supuesto hecho vulneratorio de garantías constitucionales, podría estimarse que la naturaleza de los hechos daría pábulo de concluir que el mismo podría tener efectos permanentes.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, del tenor del informe de la recurrida, se desprende que desconoce en términos absolutos la ocupación ilegal que se le imputa, argumentando que la ocupación de los predios se efectúa hace más de diecinueve años el cual heredó de su padre, quien a su vez adquirió los referidos predios por compraventa efectuada con el padre de la recurrente, no existiendo una modificación del estado de las cosas existente, siendo las alegaciones formuladas por la recurrente materia de un juicio de lato conocimiento.

SEXTO: Que, el quid del asunto está en determinar si es posible atribuir al recurrido los actos de modificación y ocupación ilegal y arbitrario de los predios “El Peral” y “Ausipar”, denunciados por quien pide el amparo de sus derechos, debiendo esta Corte analizar si el recurrente acompañó antecedentes que permitan dar por acreditado los presupuestos fácticos de su acción, esto es, la alteración del statu quo por parte del recurrido. Al efecto, los antecedentes acompañados por la recurrente resultan del todo insuficientes para atribuir al recurrido las acciones que imputa.

Por el contrario, fue la recurrida quien aportó antecedentes en esta causa, para fundamentar sus alegaciones, consistentes, entre otros, en título de dominio y documentos que fundamentarían la posesión del terreno que alega, como asimismo documentos que dan cuenta del enrolamiento de la propiedad en el Servicio de Impuestos Internos SÉPTIMO: Que, de lo dicho en el motivo que antecede, queda de manifiesto que no es posible establecer que el recurrido haya efectuado acciones de ocupación ilegal, como tampoco es posible determinar el estado anterior de las cosas ya que al respecto no se acompañaron antecedentes suficientes para determinar cuáles serían los deslindes precisos de ambas propiedades y que permita afirmar que nos encontramos frente a un derecho indubitado, y consecuencialmente no se encuentra acreditado de manera fehaciente el presupuesto material de la acción, por lo que no es posible para esta Corte advertir que se haya alterado por parte del recurrido el statu quo, mediante un acto de auto tutela que atente contra el derecho de propiedad.

OCTAVO: Que, por lo razonado, no se observa ilegalidad o arbitrariedad que pueda ser imputada al recurrido, al no haber acreditado el recurrente los presupuestos de procedencia de la acción, no correspondiendo a esta Corte, habida consideración al carácter tutelar, urgente y extraordinario de la presente acción, efectuar labores indagatorias, debiendo, en caso que procediere, impetrar las acciones pertinentes en un juicio de lato conocimiento, lo que obliga a desestimar el presente arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por Eduardo Gaspar Ramos, en representación de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 64-2024 Protección.