nombre reservado con SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

C.A. de Arica Arica, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece Matías Andrade Gálvez, abogado y deduce en favor de nombre reservado y nombre reservado, recurso de protección en contra de la SUBSECRETARIA DE BIENES NACIONALES, representada por nombre reservado por la dictación de las Resoluciones Exentas RA N° 324/1362/2025 y RA 324/1363/2025 ambas de 27 de noviembre de 2025 que disponen la no renovación de sus contratas para el presente periodo 2026.

Explica que los recurrentes son funcionarios a contrata desde el 7 de enero de 2011 y 3 abril de 2014 respectivamente y ambos después de 14 y 12 años con renovaciones sucesivas sin sanciones y buenas calificaciones, fueron notificados de la no renovación, fundado en la existencia de una causa penal en etapa de investigación, sus detenciones y posteriores formalizaciones, encontrándose actualmente suspendidos preventivamente de sus funciones en el marco de un sumario administrativo seguido en su contra.

Recurre de protección ya que con dicha decisión se vulnera el principio de inocencia del artículo 4 del Código Procesal Penal, asilándose la administración en la sola existencia de un proceso penal para fundamentar un quiebre de confianza, aun cuando se trata de una investigación en curso y con el recurrente nombre reservado sin medidas cautelares y con medidas de baja intensidad el recurrente nombre reservado.

Por otra parte, el sumario administrativo por los mismos hechos seguidos en contra de cada uno de ellos se mantiene en etapa indagatoria sin que exista hasta ahora formulación de cargos.

Destaca que sus representados gozan de estabilidad en el empleo, avalado por más de una década de servicio continuo dentro del Ministerio de Bienes Nacionales y que la decisión de poner término anticipado a sus contratas, vulnera de manera flagrante su derecho a la libertad de trabajo, entendido como la facultad de continuar desarrollando sus actividades en los mismos términos en que lo han venido haciendo durante este periodo, situación respaldada por el principio de confianza legítima.

Refuerza sus expectativas el que se haya formalizado la inclusión de los recurrentes en el Convenio de Desempeño Colectivo para el año 2026 -acto que presupone una evaluación positiva de sus funciones y una planificación de su continuidad laboral- siendo contradictorio se proceda ahora de manera intempestiva a la no renovación de sus contratas. Esta dualidad de criterios evidencia una falta de coherencia en la gestión, y no es posible sostener técnicamente que un funcionario es pieza clave para cumplir las metas institucionales del próximo año y, simultáneamente, prescindir de sus servicios sin que medie un cambio objetivo en sus competencias o en las necesidades del servicio.

En cuanto a las garantías vulneradas citan las previstas en los numerales 2, 3 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide se dejen sin efecto las resoluciones recurridas, ordenar su renovación para el periodo 2026 con el pago de sus remuneraciones, con costas.

En su oportunidad informó la recurrida y expuso que los recurrentes se desempeñaban, nombre reservado como profesional encargado de la Unidad de Catastro asimilado al grado 9 de la escala única de sueldos y nombre reservado como funcionario regulador Ministerio de Bienes Nacionales en calidad de analista de enajenaciones asimilado al grado 9, prestando servicios uno desde el 31 de enero de 2011 y el otro desde 12 de junio de 2014, ambos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Explica que el 3 de septiembre de 2025 en la causa Ruc N° 2200984626-7 se detuvo a los recurrentes en las dependencias de la Secretaria Regional Ministerial, imputándole los delitos de asociación ilícita, cohecho, violación de secretos y otros, resultando efectivamente formalizados el 4 de septiembre de 2025, decretándose únicamente en contra de nombre reservado las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. En audiencia de 12 de enero de 2026 los recurrentes fueron reformalizado y se mantuvieron las cautelares de nombre reservado.

Precisa que se instruyó un sumario administrativo en contra de los funcionarios con el objeto de investigar las eventuales faltas asociadas a la investigación penal, y mediante Resolución N° 3 de 4 de septiembre de 2025 del fiscal sumariante se dispuso la suspensión preventiva de sus funciones, fundado en el artículo 136 de la Ley N° 18.834, sumario que actualmente se tramita por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, desconociendo su estado actual. Antecedentes todos que quebrantaron la confianza institucional y se procedió a la no renovación de sus contratas.

Pide el rechazo de la acción constitucional, por no verificarse en la especie los presupuestos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que la resolución impugnada cuenta con la motivación y fundamentación requerida por la ley y los dictámenes de la Contraloría, explicándose en la propia resolución sus fundamentos de hecho y de derecho y que guardan relación con una serie de actuaciones administrativas, medidas preventivas y antecedentes derivados de requerimientos y oficios provenientes del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones y del Juzgado de Garantía de Arica, que dan cuenta de una investigación penal en contra de los recurrentes relacionados con delitos funcionarios y quienes, además, se encontraba suspendidos de sus funciones en virtud de un procedimiento disciplinario por eventuales afectaciones y falta grave al principio de probidad administrativa.

Afirma que la sola existencia de tales actuaciones, formalmente comunicadas y documentadas, constituye un antecedente objetivo que afecta la continuidad del vínculo funcionarial, atendido el estándar reforzado de idoneidad, responsabilidad, integridad y confianza institucional exigible a quienes desempeñan funciones públicas.

Finalmente niega la vulneración de garantías constitucionales y tras reiterar que las resoluciones cuentan con la debida fundamentación, que fue dictada por la autoridad ministerial en usos de sus facultades, citar jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones en los roles 471 y 473 ambos del año 2024, concluye que el principio de confianza legitima no obsta no renovar la contrata de funcionarios por motivos fundados.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario consiste en las Resoluciones Exentas RA N° 324/1362/2025 y RA N° 324/1363/2025 de 27 de noviembre de 2025, mediante las que se dispuso no renovar las contratas de los recurrentes para el año 2026, fundada en la existencia de una investigación penal formalizada y un sumario administrativo vigentes en contra de los funcionarios.

Dicha decisión, a juicio del apoderado de ambos, vulneraría el principio de confianza legítima, dado que ha prestado servicios ininterrumpidos por más de 10 años, excediendo el criterio unificado de cinco años establecido por la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema e infringe la presunción de inocencia, al tratarse de una sanción anticipada.

Para el Servicio recurrido, en cambio, la decisión de no renovar las contratas se encuentra fundada en un hecho objetivo, cual es la formalización de los funcionarios de la investigación penal en su contra por delitos de corrupción, en el marco de la causa RIT 5854-2022 del Juzgado de Garantía de Arica. Sostiene que estos hechos, sumados al allanamiento del Servicio por parte de la autoridad policial y la detención de los funcionarios, provocaron un quiebre irreparable en la confianza institucional y en la idoneidad requerida para el desempeño de la función pública, elementos que priman por sobre la expectativa de continuidad de los profesionales, conforme al principio de probidad administrativa.

CUARTO: Que, para resolver la controversia, es menester despejar el conflicto entre la estabilidad relativa del empleo a contrata, o “principio de confianza legítima” que invoca el recurrente, y el principio de probidad administrativa, contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y refrendado por el artículo 52 de la Ley N° 18.575, que mandatan a los funcionarios públicos el deber de observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Además, conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley N° 18.834, los empleos a contrata son esencialmente transitorios y los empleados bajo esta calidad jurídica duran, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y expiran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta su prórroga.

En la especie, constituye un hecho no controvertido que los recurrentes fueron objeto de una formalización por el Ministerio Público el 5 de septiembre de 2025, por delitos que atentan directamente contra la probidad pública y el patrimonio fiscal. Dicha investigación, constituye un antecedente que no podía ser desatendido por la autoridad administrativa al momento de decidir la prórroga de la contrata de los actores, considerando la naturaleza de las funciones desempeñadas, su repercusión en el interés público y la idoneidad moral de los funcionarios, pues es deber de la Administración resguardar el correcto funcionamiento del servicio y la fe pública.

La probidad es un requisito sine qua non de permanencia para todo funcionario público, cuya afectación, siquiera en grado de presunción fundada por el persecutor penal, habilita a la autoridad administrativa para ejercer su facultad de no renovar el vínculo, pues, los intereses personales del funcionario ceden, necesariamente, ante la preeminencia del interés general y la fe pública de todo Estado de derecho. Exigir lo contrario implicaría imponer al Estado la carga de tolerar riesgos inaceptables para la probidad administrativa, a la espera de una sentencia penal que podría tardar años, desatendiendo el mandato de protección del patrimonio público.

En similar sentido ha razonado previamente esta misma Corte, en autos Roles N°471-2024, N°472-2024 y N°473-2024, cuyo criterio fue confirmado por la Excma. Corte Suprema en los Roles N°4683-2025, N°5516-2025 y N°5027-2025, respectivamente.

QUINTO: Que, respecto a la presunta vulneración de la presunción de inocencia, la no renovación de la contrata es una decisión de gestión administrativa, y no constituye una condena penal, ni una sanción administrativa como la destitución. La Administración no está declarando la responsabilidad penal ni administrativa de los actores, sino constatando que, debido a la formalización y la naturaleza de los hechos investigados, los funcionarios han dejado de reunir las condiciones de confianza e idoneidad requeridas para el año 2026, lo que le impide prorrogar sus contratas al tenor del artículo 10 del Estatuto Administrativo que los rige.

SEXTO: Que, en consecuencia, no se visualiza la ilegalidad o arbitrariedad reprochada a la autoridad recurrida, por cuanto ha obrado dentro de las facultades del artículo 10 de la Ley N° 18.834, y en respeto irrestricto de los artículos 8 de la Constitución Política y 52 de la Ley N° 18.575, motivando el acto en antecedentes objetivos y de gravedad suficiente para fundar la pérdida de la confianza institucional y la idoneidad moral de los funcionarios no renovados; ni constituye un actuar meramente caprichoso de la recurrida, pues la decisión obedece a la protección de un bien jurídico superior, cual es la probidad funcionaria y la fe pública en el servicio, motivos que conducen indefectiblemente al rechazo de la acción constitucional.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en el folio 1.

Déjese sin efecto la orden de no innovar del folio 4.

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora Ríos, quien fue del parecer de acoger el recurso teniendo presente que los recurrentes han prestado servicios a la recurrida desde el año 2011 y 2014 en calidad de contratas, lo que necesariamente, a su criterio, los beneficia el principio de confianza legítima que implica en este caso desarrollar las funciones en la certeza de que si no hay causa legal que ponga término a sus contratas mantenidas por tantos años, no se verán desprovistos de ella, sino por las causales de término de los servicios establecidos en el Estatuto Administrativo para los funcionarios de planta, en este caso la destitución.

En tal escenario, habiendo sido sólo formalizados en sede penal por los delitos funcionarios que se les imputan, y encontrándose pendiente el sumario administrativo por faltas a la probidad, la no renovación de sus contratas, fundada en los procedimientos vigentes, significa una vulneración a la presunción de inocencia que toda persona tiene asegurada en el ordenamiento jurídico chileno.

Lo anterior, porque en sede penal, tal presunción solo se ve abatida por sentencia condenatoria firme, y en sede administrativa, con la resolución de término del sumario administrativo que imponga la sanción de destitución contemplada en la letra d) del artículo 121 y en el artículo 125 del Estatuto Administrativo.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N°638-2025 Protección.