nombre reservado con nombre reservado

Arica, veintiocho de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparecen los abogados Diego Ernesto Moraga Adasme, cédula de identidad N° RUT reservado, Cristóbal Alonso Tobar Zúñiga, cédula de identidad N°RUT reservado, Mario Paolo Sepúlveda Molina, cédula de identidad N°RUT reservado, Alan Jeremy Cáceres Moreno, cédula de identidad N°RUT reservado, Juan Pablo Díaz Navarro, cédula de identidad N°RUT reservado y Karina Osorio Rendon, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado (sic), nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado,nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado,RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado(sic), nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado,RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, y nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, e interponen recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Ministro de Salud, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 644 de 14 de Julio del año 2021, la que ha provocado privación del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1°, 2°, 4° y 6° del artículo 19 de la Carta Magna.

Refiere que desde el 26 de mayo del año en curso se estableció por el Ministerio de Salud de manera arbitraria un pase de movilidad, cuyo objetivo es otorgar mayores libertades de tránsito para aquellas personas que estén vacunadas contra el Covid-19, versus quienes están en contra de la vacunación, citando al respecto los artículos de la Resolución Exenta N° 644 de 14 de julio de 2021 “Tercer Plan Paso Paso”, que hacen referencia a los requisitos del pase de movilidad y sus efectos. Dicho pase puede ser obtenido por aquellas personas que hayan completado el esquema de vacunación contra SARS-CoV-2 en Chile hace al menos 14 días, y no se encuentren afectas a la medida de cuarentena o aislamiento, y su objetivo es eximir a las personas de las restricciones que explícitamente se señalen en los actos administrativos de la autoridad sanitaria, particularmente en lo relativo al desplazamiento en cuarentena y los traslados interregionales, según las disposiciones que transcribe en el recurso.

Señalan que se trata de una actitud irrespetuosa por parte del recurrido y que afecta la vida privada y a la honra de las personas y familias, quienes se cuidan, comen bien, se ejercitan y llevan una vida en sintonía con la naturaleza y el alma, y que son privadas del desplazamiento por no querer ocupar una forma de prevención y/o control de riesgo sanitario, que desde su perspectiva estiman innecesaria y nociva para el propio organismo, toda vez que cada una de las formulaciones disponibles en el país se encuentran en fase 3, es decir experimental, según la propia declaración de organismos internacionales como la FDA.

Sostienen que a su respecto se ha ejercido una discriminación aberrante, toda vez que cualquier no vacunado al querer asistir al cine, al gimnasio o comer en un patio de comidas de un centro comercial, se encuentra con un letrero que señala que “NO SE ADMITE GENTE SIN PASE DE MOVILIDAD”, siendo estos letreros abundantes en el país asimilando su situación con los judíos durante la segunda guerra mundial.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima vulneradas, invocan la integridad psíquica, la libertad individual y el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, la libertad de trabajo y su protección y el derecho a realizar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, orden público y seguridad nacional, dado que el pase de movilidad crea una distinción arbitraria entre ciudadanos sanos y vacunados, afectando las libertades básicas de quienes no desean vacunarse, en circunstancias que la vacunación es experimental y voluntaria.

Finalmente y previo a señalar como vulnerados con acto una serie de normativas nacionales e internacionales como, la Ley de Bases de Procedimientos de la Administración del Estado, la Ley “Zamudio”, la declaración de Helsinski, la declaración de nombre reservado, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San nombre reservado Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Código de Nuremberg, pide que se acoja el presente recurso, y en definitiva se deja sin efecto la Resolución Exenta 644 de 14 de julio de 2021 del Ministerio de Salud, en lo que dice relación al pase de movilidad o lo que esta Corte estime pertinente en igual o similar sentido, o en subsidio, se reestablezca el imperio del derecho y se otorgue un pase de movilidad a quienes suscriben este recurso de protección o algún documento legal que iguale los derechos y libertades de quienes tienen pase de movilidad, con costas.

En su oportunidad, evacuó informe el abogado Jorge Hübner Garretón, en representación del Ministerio de Salud, solicitando el rechazo del recurso. Asevera que en la Resolución Exenta N°494 del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de mayo de 2021, se incluyó el concepto de pase de movilidad, que permite a aquellas personas que han sido vacunadas a tener ciertas libertades en el contexto de la pandemia. Precisa que el Ministerio adoptó la decisión de conceder este beneficio a aquellas personas vacunadas, exclusivamente porque la inmunidad que se logra por medio de la vacunación es considerablemente mayor en calidad y en duración que aquella que eventualmente podría adquirirse por medio de haber contraído la enfermedad.

Sostiene que es un hecho público y notorio que nos encontramos ante una pandemia por COVID-19 que requiere de la adopción de múltiples medidas sanitarias para evitar su propagación, que desde febrero de 2020 se encuentra vigente en nuestro país una alerta sanitaria en virtud de las disposiciones del Código Sanitario; y que desde marzo de 2020 se encuentra vigente la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, bajo la cual, según lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Política, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. En este contexto, el Ministerio de Salud ha dictado sendas resoluciones que contienen medidas sanitarias destinadas precisamente a hacer frente a esta situación de pandemia, reducir los contagios, y en definitiva proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestro país.

Manifiesta que en el recurso se plantea una situación que supone una intervención en la adopción de políticas públicas en materia sanitaria, decisión que corresponden a quienes ejercen la Administración del Estado, y que en estas circunstancias tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población. Afirma que este tipo de planteamientos no deben discutirse en sede jurisdiccional, pues es improcedente que las nombre reservado de Apelaciones suplanten a la autoridad sanitaria a fin de fijar medidas técnicas de resguardo de la población ante situaciones como las que vive hoy el país, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia.

Así, indica que es el Presidente de la República o el Ministerio de Salud los órganos competentes y facultados para decidir las incidencias, permisos y prohibiciones que puedan existir, puesto que la adopción de políticas públicas y de medidas de esta naturaleza para hacer frente al brote del COVID-19 es una atribución propia y exclusiva de dichas autoridades, en atención al criterio y competencia técnica que en materia sanitaria les correspondan, razón por la que argumenta que la presente acción constitucional debe ser rechazada.

Sin perjuicio de lo anterior, descarta la existencia de una actuación ilegal o arbitraria, citando al efecto la normativa aplicable a las limitaciones que se reprochan en el recurso, particularmente la alerta sanitaria adoptada en virtud de las disposiciones del Código Sanitario, y la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que habilitó las restricciones a las libertades de locomoción y reunión, detallando además todas las medidas dinámicas adoptadas por la autoridad para evitar la propagación del COVID-19. Al respecto, sostiene que la legalidad y el correcto actuar de la Administración en la adopción de estas medidas bajo el manto normativo imperante ha sido reconocida por los Tribunales Superiores de Justicia, citando diversa jurisprudencia atingente.

Por otra parte, descarta la denominación de “tratamiento experimental” que la recurrente adjudica a la vacuna, aseverando que la tendencia de los índices es clara, en el sentido de la inmunidad que ésta otorga es efectiva para prevenir los casos graves y la muerte, por lo que el proceso de vacunación ha dado resultados positivos. De esta forma, afirma que la exigencia de la vacunación para obtener el pase de movilidad no es de manera alguna arbitraria, sino que se fundamenta en el efecto positivo que tiene la inoculación en la población, lo que se refrenda en una mejora en las cifras, y la consecuente disminución en las restricciones.

En relación a la supuesta ilegalidad que se reprocha, asevera que las medidas adoptadas tienen su fundamento en la Resolución Exenta N° 43, de 2021, del Ministerio de Salud, dictada al alero del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 104, de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prorrogado por los Decretos Supremos N° 269, N° 400 y N° 646, todos del 2020, y N° 72 de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, razón por la cual no existe actuar arbitrario ni ilegal de la autoridad.

Finalmente, sostiene que no se verifica ninguna afectación a las garantías reclamadas, pues simplemente se está otorgando el pase de movilidad a aquellas personas debidamente inoculadas, por lo que, a su juicio, el presente arbitrio constitucional debe necesariamente ser rechazado en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de los recurridos fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil -o arbitrario- producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto denunciado como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N°494 del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2021, particularmente en lo relativo a la implementación del denominado “pase de movilidad” y sus posteriores modificaciones, resolución Exenta N° 644, que es concedido a aquellas personas que hayan completado el esquema de vacunación contra SARS-CoV-2 en Chile hace al menos 14 días, y no se encuentren afectas a la medida de cuarentena o aislamiento, cuyo objetivo es reducir las restricciones a la libertad de desplazamiento en los términos que la misma Resolución indica, para aquellas personas que cumplan con los requisitos señalados, a diferencia de aquellas que no se hayan vacunado, cuyo es el caso de los recurrentes.

CUARTO: Que, por su parte, el recurrido Ministerio de Salud ha descartado la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la implementación del pase de movilidad, pues la medida se funda en la normativa dictada bajo el alero del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, en el contexto de la pandemia por COVID-19, y que ha justificado las restricciones a las libertades de locomoción y reunión con el fin de prevenir y evitar la propagación de la enfermedad. En este sentido, sostiene que el pase de movilidad se basa en los antecedentes técnicos y estadísticos que han permitido comprobar que la vacuna es efectiva para prevenir los casos graves y la muerte por COVID-19.

QUINTO: Que, el acto administrativo impugnado fue dictado dentro del marco normativo correspondiente al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública dispuesto mediante el Decreto Supremo N°104, de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prorrogado por los Decretos Supremos N° 269, N° 400 y N° 646, todos de 2020, y N° 72 de 2021, del referido Ministerio, así como también en virtud del Decreto N°4 de 2020, del Ministerio de Salud, que decretó la Alerta Sanitaria y otorgó facultades extraordinarias por la emergencia de salud pública por el brote de coronavirus, el que fue prorrogado mediante el Decreto N°1 de 2021, emitido por el mismo Ministerio. De lo anterior se sigue que todas las medidas extraordinarias y dinámicas dispuestas por la autoridad sanitaria, incluyendo el pase de movilidad en cuestión, han sido adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que detenta la Administración y otorgadas por el ordenamiento jurídico, lo que permite disipar cualquier imputación de ilegalidad.

SEXTO: Que, asimismo, el acto impugnado aparece debidamente fundado en los cuerpos normativos señalados precedentemente, a los que cabe agregar los artículos 36 y 57 del Código Sanitario, que habilitan a la autoridad sanitaria para aplicar las restricciones que por el presente recurso se reprochan, de modo que tampoco existe arbitrariedad en la actuación del Ministerio recurrido, al estar expresamente facultado para limitar a la población en virtud de las normas citadas anteriormente, y mediando consideraciones de carácter técnico, científico y estadístico; es decir, con fundamentos plausibles que no obedecen a la mera voluntad o capricho de la autoridad, no pudiendo esta Corte cuestionar los fundamentos de las medidas adoptadas por no tener las competencias para ello, atendido que dichas medidas se encuentran dentro de un marco de racionalidad, afectando lo menos posible los derechos fundamentales de los ciudadanos, motivos por los que la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por abogados Diego Ernesto Moraga Adasme, Cristóbal Alonso Tobar Zúñiga, Mario Paolo Sepúlveda Molina, Alan Jeremy Cáceres Moreno, Juan Pablo Díaz Navarro, y Karina Osorio Rendon, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en contra del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Salud.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 637-2021 Protección.