Protección contra SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Arica, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Se dedujo recurso de protección en favor de doña nombre reservado, en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N°NUM000 de 8 de julio de 2026, que rechazó el recurso de reposición administrativa deducido en contra de la Resolución Exenta N° NUM001 de 10 de junio de 2026, la cual la excluyó como beneficiaria del proyecto habitacional “DIRECCION000”, conculcando las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la resolución que impugna dispuso la exclusión de la recurrente como beneficiaria del proyecto habitacional “DIRECCION000”, correspondiente al programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S. N° 49 de 2011, por aplicación de la sanción contemplada en el artículo 61 del D.S. N°49 de 2011, y además ordenó al Departamento de Operaciones Habitacionales del SERVIU de la Región de Arica y Parinacota efectuar los trámites necesarios para la reasignación del subsidio habitacional, mediante el proceso de reemplazo señalado en el artículo 57 del mismo cuerpo legal.

Señala que la resolución expresa que la Entidad Patrocinante “Salfa Austral” informó la detección del incumplimiento de la recurrente al momento de la postulación efectuada con fecha 28 de septiembre de 2023, según Certificado de Calificación Definitiva del Proyecto, consistente en omitir información respecto de la existencia en propiedad de acciones y derechos hereditarios sobre un bien raíz ubicado en DIRECCION001 de la comuna de Arica, adquiridos por sucesión por causa de muerte en el año 2021, inscritos a fojas NUM002 N° NUM003 y fojas NUM004 N° NUM005, ambos del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2021. Asimismo, se detectó que figuraba con derechos sobre un inmueble rural ubicado en DIRECCION002, hijuela número NUM006 “DIRECCION004”, de la comuna de DIRECCION005.

Indica que el SERVIU se pronunció respecto del caso en comento, señalando que la recurrente incurrió en infracción administrativa por cuanto, a la fecha de su postulación (28 de septiembre de 2023), mantenía vigentes dichos derechos y acciones, transfiriéndolos posteriormente con fecha 09 de enero de 2026. En tal sentido, la autoridad estimó que debió informar al momento de postular la existencia de tales derechos y acciones adquiridos y no lo hizo, incurriendo en incumplimiento normativo, específicamente de lo exigido en el artículo 3° letra f) del D.S. N°49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 2011.

Sostiene que la reposición fue rechazada, en síntesis, porque la norma legal aplicada, esto es, el artículo 61 del D.S. N° 49 de 2011, es imperativa y no admite excepciones respecto al no cumplimiento de requisitos de postulación, además de establecer la sanción específica de exclusión en caso de incumplimiento de la normativa vigente.

Alega que los actos recurridos son ilegales y arbitrarios por infringir los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 al carecer de la debida fundamentación, pues la recurrida no ponderó adecuadamente o, derechamente, no analizó todas y cada una de las circunstancias que rodean al incumplimiento normativo sancionado mediante la exclusión como beneficiaria de proyecto habitacional. En efecto, se aplica la sanción del artículo 61 del D.S. N° 49 de 2011, en relación con el artículo 3° letra f) del mismo cuerpo normativo, sobre la mera existencia de “acciones y derechos” hereditarios sin informar al momento de realizar la postulación, equiparando arbitrariamente una cuota hereditaria abstracta y compartida sobre un inmueble común con la propiedad efectiva de una vivienda. Tal razonamiento resulta jurídicamente incorrecto, toda vez que la existencia de acciones y derechos hereditarios dentro de una comunidad indivisa no implica necesariamente la existencia de dominio efectivo, uso material ni disponibilidad habitacional real respecto del inmueble.

Sostiene que la recurrida desnaturaliza completamente la finalidad social del subsidio habitacional regulado en el D.S. N° 49, cuyo objeto consiste en impedir el acceso al beneficio a personas que efectivamente cuentan con una solución habitacional previa, situación completamente diversa a la de esta parte, toda vez que su representada detentaba derechos y acciones hereditarios de carácter familiar y que, además, respecto del inmueble rural en la comuna de DIRECCION005, este carece por completo de factibilidad habitacional según certificado N° NUM007 de la Secretaría de Planificación de la Ilustre Municipalidad de DIRECCION005, por lo que no es apto para constituir morada.

Argumenta que concurren causales que atenúan significativamente la responsabilidad de la recurrente. En primer término, el error de derecho, toda vez que al momento de postular, creyó de buena fe que el requisito de no ser propietaria se satisfacía por el solo hecho de no contar con una vivienda propia, En segundo término, la buena fe, que se manifiesta en que tan pronto fue instruida sobre la exigencia de desprenderse de dichos derechos, procedió de inmediato con aquello.

Finalmente, sostiene que la sanción aplicada carece de proporcionalidad y razonabilidad, solicitando que se dejen sin efecto las Resoluciones Exentas N° NUM001 y N° NUM000, disponiendo su inmediata reincorporación a la nómina de beneficiarios del Proyecto “DIRECCION000” y la consecuente entrega material de la vivienda.

Informó la recurrida solicitando el rechazo de la acción de protección.

Señala que la beneficiaria posee fecha de postulación de 28 de septiembre de 2023, de acuerdo a Certificado de Calificación Definitiva del proyecto. Indica que con antelación a la postulación se realiza la etapa de organización de la demanda por parte de la Entidad Patrocinante “Salfa Austral”, mediante capacitaciones acerca de los Derechos y Deberes del Postulante, constando la asistencia de la recurrente a la reunión informativa de fecha 28 de febrero de 2023. En dichas instancias se les comunica expresamente que en el caso de poseer derechos hereditarios en comunidades deben informar y presentar certificado de vigencia al momento de postular, bajo sanción de exclusión.

Señala que, tras analizar los antecedentes antes del proceso de entrega de los inmuebles, se constató que la recurrente poseía acciones y derechos inscritos a su nombre al momento de su postulación, adquiridos en el año 2021, los cuales fueron transferidos recién en el año 2026. Por tanto, ante la infracción del artículo 3 letra f) del D.S. N°49, se procedió a aplicar la sanción de exclusión contemplada en el artículo 61 del mismo cuerpo normativo mediante la Resolución Exenta N°NUM001 de 10 de junio de 2026.

Sostiene que la obligación de informar es personal de la postulante, quien no puede trasladar su responsabilidad a terceros. Añade que, si bien consta que con fecha 09 de enero de 2026 la recurrente enajenó sus derechos hereditarios sobre el inmueble de DIRECCION001, dicha transferencia posterior no subsana la omisión de la información al momento de postular, que constituía un requisito de admisibilidad.

Concluye que el SERVIU actuó bajo el imperio de la ley, de manera fundada y dentro de sus atribuciones, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a su exclusión del beneficio de subsidio habitacional respecto del Proyecto Habitacional “DIRECCION000”, decretado mediante la Resolución Exenta N°NUM001 de 10 de junio de 2026 y confirmado por Resolución Exenta N°NUM000 de 8 de julio de 2026, ambas del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Arica y Parinacota.

TERCERO: Que el marco regulatorio aplicable al caso de autos se encuentra constituido por el Decreto Supremo N°49 de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

Al respecto, el artículo 3° letra f) del citado reglamento establece como un requisito general e imperativo de postulación que: “tratándose de postulantes que tengan derechos en comunidad sobre una vivienda o si los tiene su cónyuge o conviviente u otro miembro del núcleo familiar declarado, deberán presentar certificado de dominio vigente o copia de la escritura en que consten dichos derechos o el instrumento que acredite tal condición, en ambos casos con certificado de vigencia extendido con no más de 90 días corridos de anticipación a la fecha de postulación”.

A su turno, el artículo 61 del mismo texto legal dispone de manera categórica que: “Si antes de la aplicación del subsidio se detecta una infracción del postulante o de uno o más de los integrantes de un grupo organizado, el SERVIU dejará sin efecto la respectiva solicitud de postulación, o procederá a la exclusión de el o los postulantes infractores de la nómina de seleccionados (...)”.

CUARTO: Que, de los antecedentes aportados al proceso, consta que la fecha de postulación de doña nombre reservado al referido subsidio estatal fue el 28 de septiembre de 2023, según consta en el Certificado de Calificación Definitiva.

Asimismo, se encuentra acreditado mediante las respectivas inscripciones conservatorias del año 2021 (fojas NUM002 N° NUM003 y fojas NUM004 N° NUM005, ambas del Conservador de Bienes Raíces de Arica) que, a la data de su postulación, la recurrente poseía la calidad de titular de acciones y derechos hereditarios sobre dos inmuebles inscritos a su nombre.

Es un hecho pacífico que la recurrente omitió declarar dicha circunstancia al momento de formalizar su postulación al subsidio, no habiendo presentado los títulos ni los certificados de vigencia requeridos por la norma técnica del artículo 3° letra f) del D.S. N°49.

QUINTO: Que, en lo concerniente a las alegaciones de la recurrente fundadas en su falta de conocimiento sobre la existencia de los derechos hereditarios y la pretendida falta de asesoría de la entidad patrocinante, estas deben ser desestimadas. Consta de los antecedentes el acta de Plan de Acompañamiento Social correspondiente a la etapa de "organización de la demanda", de fecha 28 de febrero de 2023, suscrita por la recurrente, documento que acredita que la Entidad Patrocinante "Salfa Austral" proporcionó capacitaciones específicas e información detallada sobre los deberes, prohibiciones e inhabilidades que rigen el proceso de postulación, haciéndose expresa mención a la incompatibilidad de detentar derechos hereditarios no declarados.

Bajo este contexto, la obligación de declarar fielmente la realidad patrimonial e inmobiliaria constituye un deber personal, directo y de carácter indubitado para todo postulante, regido por el principio de buena fe que sustenta el sistema de asignación de recursos públicos, no resultando admisible pretender trasladar dicha responsabilidad a la entidad de asesoría técnica o a los funcionarios del servicio público.

SEXTO: Que, la actora argumenta que el artículo 3° letra f) del D.S. N°49 contempla una vía de subsanación al disponer que, para el pago del subsidio, el postulante deberá acreditar haber cedido dichos derechos. Sin embargo, una correcta exégesis de la citada disposición permite concluir que dicha facultad de regularización posterior está reservada exclusivamente para aquellos postulantes que, actuando con transparencia, declararon al momento de postular la existencia de sus derechos y acciones sobre inmuebles, acompañando los certificados correspondientes.

La norma en cuestión, no ampara la regularización de omisiones o declaraciones inexactas detectadas de forma posterior por la autoridad de vivienda. Admitir que la transferencia de los derechos hereditarios realizada en el año 2026 (fojas NUM008 N° NUM009) sanea con efectos retroactivos la omisión en que se incurrió en el año 2023, implicaría validar la vulneración de los requisitos de postulación, desvirtuando los mecanismos de control que garantizan que el subsidio habitacional sea asignado de manera transparente a personas que cumplan estrictamente con las condiciones de vulnerabilidad y carencia habitacional real al momento de su postulación.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, al haberse constatado objetivamente la infracción reglamentaria consistente en omitir información sustancial sobre derechos de propiedad vigentes a la fecha de la postulación, el SERVIU de la Región de Arica y Parinacota no ha incurrido en un actuar ilegal ni arbitrario. Por el contrario, el órgano recurrido ha actuado en el ámbito de sus potestades y de conformidad con el mandato imperativo contenido en el artículo 61 del D.S. N°49, que le impone la obligación de excluir a los postulantes infractores de la nómina de seleccionados.

Un actuar diverso por parte del SERVIU, consistente en dispensar de manera discrecional el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reglamentarias, habría constituido una infracción al principio de legalidad y una discriminación arbitraria en perjuicio de los restantes postulantes del comité que sí se sometieron rigurosamente a las exigencias normativas, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley protegida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, por consiguiente, al no verificarse la existencia de un acto ilegal o arbitrario imputable a la recurrida, ni la afectación de garantías constitucionales preexistentes e indubitadas de la recurrente, la presente acción de protección debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU) DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 631-2026 Protección.