Protección contra UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

Arica, catorce de enero de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, estudiante de tercer año de la carrera de medicina, e interpuso recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, el derecho que garantiza el artículo 19 en su numeral 2, 3 inciso quinto y sexto y 24 de la Constitución Política de la República, por el hecho de no habérsele anulado las notas obtenidas en el examen final de Fisiopatología II, imponiéndole la obligación de rendir una nueva evaluación bajo apercibimiento de impedir la progresión académica.

Funda su acción en que el 10 de diciembre de 2025, los estudiantes de tercer año de medicina de la recurrida rindieron el examen final de Fisiopatología II, desarrollada bajo estrictas medidas de seguridad y control académico, con prohibición y control del uso de teléfonos celulares durante la rendición de aquel, no existiendo al momento de la evaluación ninguna acta, observación o denuncia por parte del docente supervisor que diera cuenta de irregularidades, copias o filtraciones.

Indica que el 16 de diciembre las calificaciones fueron enviadas por el docente a la delegada del curso, quien vía WhatsApp informó las notas, el que fue satisfactorio para la recurrente, aprobando el ramo, pudiendo pasar a cuarto año de medicina.

Sin embargo, el 17 de diciembre al mediodía solicitó la renovación del crédito con garantía estatal para el año académico 2026, y el mismo día en la tarde, se les notificó por la delegada que el “Comité Técnico” de la carrera había determinado solicitar una investigación sumaria por una supuesta filtración de pruebas y anular unilateralmente las notas obtenidas, obligándolos a repetir la evaluación ya sea entre el 22 al 26 de diciembre de 2025 o en marzo de 2026.

Señala que frente a la determinación la delegada, en representación del curso, envió una carta el 18 de diciembre al Comité Técnico, impugnando la decisión, pero ese mismo día la Decana de la Facultad de Medicina la que informó que el sumario podría demorar más de un año y le indicó que o aceptaban rendir un nuevo examen, validando la anulación ilegal, o no podrían inscribir las asignaturas del próximo semestre, que tiene como prerrequisito Fisiopatología II, debido a que el ramo quedaría “inconcluso”.

Aquello, pone en riesgo su continuidad de estudios y financiamiento para el recurrente, puesto que, habiendo sido notificado de la aprobación del ramo, solicitó la renovación del crédito con garantía estatal para estudios superiores en 2026, agregando que no existe investigación sumaria en curso, de lo que no ha sido notificada del inicio de una investigación sumaria en su contra.

Indica que aquello afecta su derecho de propiedad al habérsele comunicado, por lo que la anulación unilateral constituye una privación legítima de la propiedad sobre su estatus de aprobación de la asignatura.

Por todo lo anterior solicita se acoja el recurso y se declare que la decisión es ilegal y arbitraria para la recurrente, se ordene mantener la validez de la nota, se ordene permitir la inscripción normal de asignaturas del siguiente semestre y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y supeditar cualquier medida disciplinaria al resultado de una investigación sumaria legalmente instruida, respetando la presunción de inocencia de la recurrente.

En la oportunidad procesal respectiva, informó al tenor del recurso la recurrida, dando cuenta en primer lugar de su orgánica así como la normativa institucional vigente aplicable a todos los estudiantes de la Carrera de Medicina, no solo resguardando sus garantías fundamentales, estableciendo derechos y deberes, sino que igualmente el acceso a un proceso formativo regular con claridad en cuanto a reglas que rigen la docencia y los procesos evaluativos, dando cuenta de la forma en que deben desarrollarse, controlarse y, en su caso, corregirse las evaluaciones cuando existan antecedentes que comprometan su integridad, asegurando que el itinerario académico del estudiantado se ajuste a criterios objetivos, verificables y coherentes con el desarrollo de su proceso formativo.

Respecto a los hechos que fundan la acción, señala que en relación a la evaluación ella no fue incorporada al sistema de intranet, y sólo se entregó por vía extraoficial vía WhatsApp, lo que reconoce el propio recurso a la delegada del curso, esto es, sin consolidación formal en el cierre de actas en el sistema intranet de Registraduría Universitaria.

Lo anterior tenía por finalidad entregarle un plazo de 48 horas para solicitar la reconsideración sobre la calificación obtenida ante el mismo académico, plazo que se concibe para que los estudiantes se comuniquen de manera personal para resolver consultas sobre la ponderación o resolución de las evaluaciones, antes de que se entregue la nota final y sea puesta en conocimiento de Registraduría para su consignación final en acta, lo que permite cerrar el semestre académico.

Indica que previo a ser presentados los resultados en intranet, el 16 de diciembre se recibió una denuncia por parte de un alumno, por correo institucional, dirigida al docente a cargo del examen final, en la que se advierte una eventual filtración del examen, junto con el uso de dispositivos móviles y acceso a internet durante la rendición de la evaluación.

En ese contexto, el estudiante denunciante da fe del acceso a internet o celular por algunos estudiantes, solicitando el resguardo de la identidad, adjuntando un documento denominado “examen final de Fisiopatología II” que evidencia ser una prueba de alternativas, destacando en rojo la alternativa correcta.

Atendido lo anterior, informó a Decanatura se iniciara una investigación sumaria, convocando de manera urgente el 17 de diciembre al Comité Técnico adoptando como acuerdo solicitar investigación sumaria por filtración del examen final de la asignatura, dejando sin efecto las notas del examen final y prorrogar la realización de una nueva evaluación, en fecha a acordar entre la Jefatura de Carrera y los estudiantes de la asignatura, considerando hasta marzo de 2026 que es el plazo máximo considerado por la institución para incluir las notas faltantes en el acta de cada estudiante (intranet), a fin de abrir las asignaturas correspondientes y que en el caso sublite tengan como prerrequisito la aprobación de la asignatura (2 de cuatro asignaturas correspondientes al séptimo semestre) o en caso de reprobación, cursar nuevamente la asignatura, agregando que respecto de dicha asignatura, se encuentra con extensión de plazo para cierre de acta.

Respecto de la presentación de los estudiantes, impugnando formalmente la decisión comunicada por la autoridad, solicitaban dejarla sin efecto y mantener las calificaciones, lo que fue comunicado el mismo 18 de diciembre de 2025, lo que derivó en gestiones con representantes estudiantiles, generando un acuerdo estudiantil comunicada el 19 de diciembre de 2025. En respuesta a aquello, se reiteró los vicios del proceso, invocando que se hará reserva del sumario administrativo, fijando la evaluación para la primera semana de marzo de 2026, indicando la necesidad de contar con consentimiento formal de los estudiantes para efectuar la evaluación en dicha fecha.

Indica que, respecto del ramo, se encuentra en estado “pendiente”, sin existir consolidación de calificación en el sistema intranet de la recurrente y que respecto de las evaluaciones, hay una dispersión en las calificaciones entre las pruebas solemnes y el examen final que tuvo como promedio del curso una nota cercana al 6, lo que tiene como hipótesis explicativa en relación al incremento en las calificaciones el conocimiento previo del instrumento, lo que se confirma con el material acompañado relativo a una evaluación previa.

Así, la decisión se adopta por la denuncia recibida, más los antecedentes que la acompañan, lo que configura un supuesto serio de vicio del proceso evaluativo que hace exigible una reacción inmediata e institucional diligente, convocando al Comité Técnico para resolver la situación emergente y dar una pronta resolución que vele por la calidad y proceso formativo, siendo adoptada la decisión por un comité técnico conforme a la norma interna, y que abarcó al grupo curso completo al que pertenece la recurrente.

Refiere que, desde la proporcionalidad de la medida, ello fue prescindiendo en primer lugar de imponer consecuencias personales y sin investigación, sino resguardando el ámbito académico, con la validez del examen y avance curricular, y separadamente en el ámbito administrativo disciplinario, activando una investigación sumaria para determinar responsabilidades disciplinarias, pretendiendo restablecer condiciones de igualdad y probidad dentro del proceso evaluativo, con valores puestos en valor por el propio docente al señalar que “la igualdad de condiciones y la probidad deben estar por encima de todo”.

En cuanto a las garantías invocadas, señala que no se afectó la igualdad ante la ley, pues no hubo trato diferenciado, selectivo o dirigido en contra de la recurrente, sino que fue una decisión académica adoptada frente a un hecho que afectó por igual al curso completo, habiéndose adoptada en el marco del Reglamento de Docencia de Pregrado, lo que fue aplicable a todos los estudiantes en una situación equivalente.

Respecto al derecho de propiedad lo que sostiene como amagado no constituye un bien incorporal sino una expectativa académica sujeta al cumplimiento de requisitos reglamentarios y a la verificación de las condiciones de validez del proceso evaluativo, máxime que la calificación del examen final no fue incorporado al sistema oficial de intranet, y se habría entregada por una vía extraoficial, sin existir un registro formal consolidada en los sistemas institucionales y sin constar su incorporación a la ficha curricular por los canales regulares, de tal manera que no se trata de un derecho patrimonial perfeccionado, sino un resultado preliminar o informal para resolver eventuales dudas o reconsideraciones planteadas por los estudiantes , por lo que la sola circunstancia de haber rendido una evaluación, o incluso de haber recibido una comunicación informal de un resultado, no confiere por sí mismo un dominio sobe él, la aprobación o promoción en términos patrimoniales.

Aduce que no hay afectación al debido proceso puesto que se toma la decisión con el objetivo de asegurar la continuidad y financiamiento de todos los estudiantes de la asignatura, y que el Comité Técnico no nace para este caso, ni es una comisión ad hoc, sino que está previsto en el Reglamento de la Carrera, cuya función es resolver temas emergentes y de pronta resolución.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, y por lo tanto cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estime vulnerados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, y la Corte de Apelaciones correspondiente en su caso deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, a juicio del recurrente, la arbitrariedad cometida por la recurrida consiste, en síntesis, en el hecho de haber anulado los resultados del examen final de la asignatura Fisiopatología II, en el marco de la carrera de Medicina, en la que se encuentra matriculada la recurrente.

TERCERO: Que del mérito de lo expuesto y conforme a los antecedentes aportados por las partes, se desprende que existió una denuncia por filtración del examen de Fisiopatología II, tomando el Comité Técnico, como medida precautoria que se siguiera una investigación sumaria y se anulara la evaluación respecto de todos los alumnos integrantes del curso, siendo la última de las decisiones la cuestionada por la recurrente.

CUARTO: Que, la decisión materia del recurso se ha adoptado a fin de resguardar la integridad de las evaluaciones conforme dispone el Reglamento de Docencia de Pregrado de la UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ, en sus artículos 23 y siguientes, teniendo por finalidad determinar el nivel de rendimiento alcanzado por los alumnos en el logro de los objetivos.

QUINTO: Que, el mismo reglamento establece la sanción respecto del alumno que vicie el proceso evaluativo. Sin perjuicio de lo anterior, atendido el hecho que en autos pudo verse involucrado un importante número de estudiantes, la decisión adoptada por la recurrida aparece del todo razonable, descartando alguna arbitrariedad, ya que aquella permite volver a aplicar la evaluación en el mes de marzo de 2026, libre de todo vicio, manteniendo a salvo, en caso de aprobación, la posibilidad de postular a las asignaturas que establecen como prerrequisito el haber aprobado la asignatura de Fisiopatología II y a los beneficios pertinentes.

SEXTO: Que, finalmente, habiendo descartado la existencia de un actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, se hace del todo inoficioso pronunciarse sobre las eventuales garantías constitucionales invocadas como afectadas o amenazadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 628-2025 Protección.