nombre reservado con SEREMI DE SALUD DE LA REGIÓN DEL BIO BIO

Arica, nueve de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en Arica, y deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra del Ministro de Salud, don Enrique Paris Mancilla, y en contra de la Subsecretaria de Salud doña nombre reservado, denunciando como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta N°494 de 25 de mayo de 2021, del Ministerio de Salud, que implementa el pase de movilidad, otorgando mayores libertades de tránsito en aquellas personas que se encuentren vacunadas, vulnerando sus garantías establecidas en los numerales 1°, 2°, 21° y 22° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que mediante la dictación de la resolución exenta Nº494 impugnada, se establecieron medidas para el movimiento en el país, que se traducen en limitaciones y restricciones arbitrarias y discriminatorias para quienes no se han vacunado y disten de hacerlo, vulnerando así, derechos básicos y fundamentales de forma continua para toda la población nacional que haciendo uso de su autodeterminación personal no participará de la inoculación de la “vacuna experimental” propuesta por el gobierno.

Indica que específicamente la resolución impugnada conculca la garantía de igualdad ante la Ley, la libertad de conciencia y la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, pues se han establecido diferencias arbitrarias entre las personas que viven en este país y aludiendo a la necesidad de limitar el desplazamiento para limitar la propagación del virus, se ha implementado un carnet verde (PASE DE MOVILIDAD) generando dos tipos de ciudadanos, los vacunados y los ciudadanos no vacunados haciendo una diferencia y discriminación arbitraria donde los vacunados tienen unos derechos, versus, los no vacunados.

Señala que como trabajadora se ve vulnera en sus derechos constitucionales, así como también denuncia la vulneración del principio de legalidad, igualdad ante la ley, respeto del ser humano libre y sujeto de derechos, pues se pretende violar derechos fundamentales básicos discriminando a ciudadanos sanos frente a los vacunados, afectando posibilidades de desplazamiento y movilidad, y por ende restringiendo arbitrariamente la libertad personal, la libertad de trabajo, la libertad económica, la igualdad ante la ley, el derecho de autodeterminación. Indica que no tiene sentido restringir estos derechos en la gente sana, que no representa un riesgo ni un peligro público, promoviendo privilegios solo a personas vacunadas, cuando en la especie, las autoridades no pueden asegurar ni siquiera la no concurrencia de efectos adversos en vacunas, tal como ocurrió con Astra- Ze- neca.

Luego de reseñar antecedentes de las vacunas contra el SARS-COV-2, en especial sus contraindicaciones, reacciones adversas, y la incertidumbre sobre el grado de efectividad en el combate contra la enfermedad, asevera que la Resolución impugnada por el presente recurso, dispone medidas que la obligan a mantenerse confinada. Solicita que se acoja el presente recurso de protección, dejando sin efecto la resolución impugnada, con costas.

Informó en su oportunidad, el abogado Jorge Hübner Garretón, en representación del Ministerio de Salud, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Asevera que en la Resolución Exenta N°494 del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de mayo de 2021, se incluyó el concepto de pase de movilidad, que permite a aquellas personas que han sido vacunadas a tener ciertas libertades en el contexto de la pandemia. Precisa que el Ministerio adoptó la decisión de conceder este beneficio a aquellas personas vacunadas, exclusivamente porque la inmunidad que se logra por medio de la vacunación es considerablemente mayor en calidad y en duración que aquella que eventualmente podría adquirirse por medio de haber contraído la enfermedad.

Sostiene que es un hecho público y notorio que nos encontramos ante una pandemia por la enfermedad de COVID-19 que requiere de la adopción de múltiples medidas sanitarias para evitar su propagación, que desde febrero de 2020 se encuentra vigente en el país una alerta sanitaria en virtud de las disposiciones del Código Sanitario; y que desde marzo de 2020 se encuentra vigente la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, bajo la cual, según lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Política, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. En este contexto, el Ministerio de Salud ha dictado sendas resoluciones que contienen medidas sanitarias destinadas precisamente a hacer frente a esta situación de pandemia, reducir los contagios, y en definitiva proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestro país.

Manifiesta que en el recurso se plantea una situación que supone una intervención en la adopción de políticas públicas en materia sanitaria, decisión que corresponden a quienes ejercen la Administración del Estado, y que en estas circunstancias tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población. Afirma que este tipo de planteamientos no deben discutirse en sede jurisdiccional, pues es improcedente que las Cortes de Apelaciones suplanten a la autoridad sanitaria a fin de fijar medidas técnicas de resguardo de la población ante situaciones como las que vive hoy el país, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia.

Así, indica que es el Presidente de la República o el Ministerio de Salud los órganos competentes y facultados para decidir las incidencias, permisos y prohibiciones que puedan existir, puesto que la adopción de políticas públicas y de medidas de esta naturaleza para hacer frente al brote del COVID-19 es una atribución propia y exclusiva de dichas autoridades, en atención al criterio y competencia técnica que en materia sanitaria les correspondan, razón por la que a su juicio la presente acción constitucional debe ser rechazada.

Sin perjuicio de lo anterior, descarta la existencia de una actuación ilegal o arbitraria, citando al efecto la normativa aplicable a las limitaciones que se reprochan en el recurso, particularmente la alerta sanitaria adoptada en virtud de las disposiciones del Código Sanitario, y la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que habilitó las restricciones a las libertades de locomoción y reunión, detallando además todas las medidas dinámicas adoptadas por la autoridad para evitar la propagación del COVID-19. Al respecto, sostiene que la legalidad y el correcto actuar de la Administración en la adopción de estas medidas bajo el manto normativo imperante ha sido reconocida por los Tribunales Superiores de Justicia, citando diversa jurisprudencia atingente.

Afirma que la exigencia de la vacunación para obtener el pase de movilidad no es de manera alguna arbitraria, sino que se fundamenta en el efecto positivo que tiene la inoculación en la población, lo que se refrenda en una mejora en las cifras, y la consecuente disminución en las restricciones.

Niega cualquier tipo de ilegalidad en su actuar y sostiene que no se verifica ninguna afectación a las garantías reclamadas, pues simplemente se está otorgando el pase de movilidad a aquellas personas debidamente inoculadas, por lo que, a su juicio, el presente arbitrio constitucional debe necesariamente ser rechazado en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar del recurrido fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil –o arbitrario– producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto denunciado como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N°494 de 25 de mayo de 2021, del Ministerio de Salud, que implementa el pase de movilidad, otorgando mayores libertades de tránsito para aquellas personas que se encuentren vacunadas, estableciendo una discriminación arbitraria respecto de las personas que no se han vacunado.

CUARTO: Que, por su parte, el recurrido, Ministerio de Salud, ha descartado la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la implementación del pase de movilidad, pues la medida se funda en la normativa dictada bajo el alero del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, en el contexto de la pandemia por la enfermedad de COVID-19, y que ha justificado las restricciones a las libertades de locomoción y reunión con el fin de prevenir y evitar la propagación de la enfermedad. En este sentido, sostiene que el pase de movilidad se basa en los antecedentes técnicos y estadísticos que han permitido comprobar que la vacuna es efectiva para prevenir los casos graves y la muerte por COVID-19.

QUINTO: Que, el acto administrativo impugnado fue dictado dentro del marco normativo correspondiente al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública dispuesto mediante el Decreto Supremo N°104, de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prorrogado por los Decretos Supremos N° 269, N° 400 y N° 646, todos de 2020, y N° 72 de 2021, del referido Ministerio, así como también en virtud del Decreto N°4 de 2020, del Ministerio de Salud, que decretó la Alerta Sanitaria y otorgó facultades extraordinarias por la emergencia de salud pública por el brote de coronavirus, el que fue prorrogado mediante el Decreto N°1 de 2021, emitido por el mismo Ministerio. De lo anterior se sigue que todas las medidas extraordinarias y dinámicas dispuestas por la autoridad sanitaria, incluyendo el pase de movilidad en cuestión, han sido adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que detenta la Administración y otorgadas por el ordenamiento jurídico, lo que permite disipar cualquier imputación de ilegalidad.

SEXTO: Que, asimismo, el acto impugnado aparece debidamente fundado en los cuerpos normativos señalados precedentemente, a los que cabe agregar los artículos 36 y 57 del Código Sanitario, que habilitan a la autoridad sanitaria para aplicar las restricciones que por el presente recurso se reprochan, de modo que tampoco existe arbitrariedad en la actuación del Ministerio recurrido, al estar expresamente facultado para limitar a la población en virtud de las normas citadas anteriormente, y mediando consideraciones de carácter técnico, científico y estadístico; es decir, con fundamentos plausibles que no obedecen a la mera voluntad o capricho de la autoridad, no pudiendo esta Corte cuestionar los fundamentos de las medidas adoptadas por no tener las competencias para ello, atendido que dichas medidas se encuentran dentro de un marco de racionalidad y proporcionalidad, afectando lo menos posible los derechos fundamentales de los ciudadanos, motivos por los que la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Ministro de Salud y la Subsecretaria de Salud.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 626-2021 Protección.