Protección contra Delegación Presidencial Regional de la Región de Arica y Parinacota y la Ilustre

Arica, tres de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

Recurso de Protección interpuesto por veinte (20) residentes domicilio reservado, en contra de la Delegación Presidencial Regional de la Región de Arica y Parinacota y la Ilustre Municipalidad de Arica, a fin de que se amparen los derechos garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política, específicamente los numerales 1º (derecho a la vida e integridad física y psíquica), 8º (derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación) y 24 (derecho de propiedad), que estiman vulnerados por la arbitrariedad e ilegalidad de la inacción administrativa de las autoridades demandadas.

Señala que el Condominio DIRECCION000 constituye un proyecto de vivienda de carácter residencial ubicado en la proximidad de DIRECCION002, DIRECCION003 y el DIRECCION004. El proyecto fue desarrollado a partir de diciembre de 2021, expectativa en la que los propietarios adquirieron sus inmuebles confiando en que gozarían de un entorno de convivencia pacífica y seguro, acorde con las características promocionales de un condominio residencial.

Alegan sobre:

Deterioro de las Condiciones de Seguridad Pública A juicio de los recurrentes, durante los últimos meses se ha producido un grave deterioro en las condiciones de seguridad y convivencia en la zona, específicamente en el entorno inmediato del condominio. Este deterioro se ha manifestado de múltiples formas que, en conjunto, generan una situación que estiman insostenible y que afecta gravemente sus derechos fundamentales.

Ruido y Disturbios Nocturnos: Los recurrentes denuncian la existencia de ruido persistente y música a volumen peligrosamente alto, proveniente de establecimientos de diversión nocturna ubicados en las inmediaciones, particularmente de la Discoteca Infiernillo y del Pub Terraza Mestiza. Estos disturbios ocurren principalmente durante las noches de jueves a lunes por la madrugada, interrumpiendo el descanso de las familias e impidiendo el uso normal de las viviendas.

Consumo Público de Drogas y Alcohol: Los recurrentes documentan la ocurrencia de consumo abierto de drogas ilícitas y alcohol en espacios públicos adyacentes al condominio, incluyendo patios de acceso a DIRECCION003.

Refieren haber encontrado evidencia material de este consumo en forma de botellas de alcohol descartadas y otros residuos asociados.

Infracciones Vehiculares y Conducción Peligrosa: Se denuncia la ocurrencia de infracciones de tránsito graves en la avenida adyacente, incluyendo conducción bajo la influencia del alcohol, exceso de velocidad y estacionamientos prohibidos. Los recurrentes refieren que vehículos con modificaciones estéticas de carácter distintivo (equipos de neón) utilizan la avenida como punto de concentración y circuito de exhibición, generando riesgo para la seguridad vial.

Impacto en la Seguridad Física de los Residentes: Como consecuencia de este contexto, los recurrentes se han visto obligados a limitar el uso de sus departamentos y espacios comunes, restringiendo el acceso de sus familias a terrazas, áreas verdes y estacionamientos. El uso normal de las viviendas ha sido comprometido por la percepción de riesgo inmediato.

Incidente de Impacto Balístico: Como evidencia de la gravedad de la situación, los recurrentes denuncian que el 1º de agosto de 2026 se produjo un impacto de proyectil de arma de fuego que atravesó la estructura de un departamento ubicado en Torre 2, piso 8, del condominio. Este hecho constituye, a juicio de los recurrentes, la materialización del riesgo permanente al que están expuestos.

A continuación, exponen las facultades que tiene la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota y señalan que:  Velar por el orden público y la tranquilidad en su jurisdicción territorial, garantizando que se respeten estas condiciones fundamentales.  Requerir el auxilio de la fuerza pública -Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones- con carácter exclusivo para cumplir sus funciones y mantener el orden, siendo la única autoridad habilitada para movilizar la policía.  Adoptar medidas preventivas frente a situaciones que alteren gravemente la normalidad, particularmente en materias de seguridad ciudadana e inmigración irregular.  Ejercer vigilancia de bienes nacionales de uso público, impidiendo su ocupación ilegal, lo que incluye los espacios de acceso a la Isla del Alacrán.

Y respecto de la Ilustre Municipalidad de Arica, los recurrentes argumentan que le corresponde:  Ejercer la potestad reglamentaria mediante ordenanzas municipales de cumplimiento general y obligatorio, con posibilidad de sancionar infracciones con multas de hasta cinco unidades tributarias mensuales.  Fiscalizar el cumplimiento de ordenanzas a través de inspectores municipales en materias de ruidos molestos, ocupación indebida de bienes nacionales de uso público y acumulación de basura.  Otorgar y controlar patentes de alcoholes conforme a la Ley N° 19.925, cuyo artículo 25 expresamente prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, caminos, plazas, paseos y lugares de uso público.  Administrar bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna.  Ejercer funciones de prevención social en materia de seguridad pública comunal.

En síntesis, los recurrentes fundamentan que existe una omisión arbitraria e ilegal de ambas autoridades, que conocen la problemática, pero no han ejercido sus facultades legales para controlar actividades delictivas y perturbadoras que vulneran los derechos a la integridad física, psíquica, de propiedad y a vivir en un ambiente libre de contaminación acústica garantizados constitucionalmente.

Los recurrentes argumentan que la omisión de las autoridades recurridas es arbitraria porque:  Carece de todo fundamento jurídico y razonable: No existe razón alguna que explique por qué, tras años de denuncias y requerimientos concretos, no se ha dispuesto un dispositivo policial nocturno permanente en el sector.  Se trata de inactividad selectiva: Mientras los Carabineros responden a las llamadas de los vecinos de manera tardía o limitada, sin presencia sostenida, la Delegación Presidencial no ha coordinado un control preventivo permanente. Cuando Carabineros concurre, lo hace solo para ordenar bajar el volumen de música, desapareciendo apenas abandona el lugar, momento en que la música reaparece minutos después.  Falta de lógica o criterio conocido: La actuación es completamente desproporcionada frente a una problemática conocida, localizada, periódica y cíclica (todos los fines de semana). Frente a un problema conocido, ubicado geográficamente y que se repite en horario identificable (jueves a lunes, madrugada), es posible constatar que no se ha ejercido la función de resguardo de orden y seguridad que la ley encomienda.

Aborda la ilegalidad de las omisiones de las recurridas, diciendo que:  Incumplimiento de deberes legales expresos: Las autoridades recurridas conocen formalmente los hechos (han sido requeridas reiteradamente) y disponen de facultades legales para intervenir —sea a través del resguardo del orden público, la fiscalización de patentes, el control de ruidos molestos o el aseo del sector— sin embargo, nada eficaz han hecho.  Violación de competencias específicas: o La Delegación Presidencial Regional tiene por función coordinada velar por la tranquilidad y orden público mediante la fuerza pública, lo que incluye la prevención de delitos. Su inactividad en un sector donde ocurren carreras clandestinas, conducción en estado de ebriedad, consumo público de drogas y alteraciones graves de la tranquilidad constituye un incumplimiento de sus atribuciones. o La Municipalidad de Arica tiene obligaciones expresas en materia de fiscalización de locales comerciales (incluyendo discotecas y bares), control de patentes de alcohol, fiscalización de ruidos molestos, aseo y ocupación del espacio público. No ha dispuesto inspectores municipales para cursar multas por infracciones; no ha fiscalizado si la Discoteca Infernillo opera sin patente; no ha controlado el consumo de alcohol en la vía pública (expresamente prohibido por ley); no ha fiscalizado los ruidos molestos; no ha asegurado la limpieza del sector; ni ha implementado cierre o control del acceso a la Isla del Alacrán.  Inactividad selectiva y diferenciada: Los controles preventivos que se han dispuesto solo se extienden hasta las 24:00 horas, terminando precisamente cuando comienzan los hechos denunciados (entre las 3:00 y 7:00 de la madrugada). Esto revela una inactividad selectiva que deja a los recurrentes en completa indefensión frente a conductas que constituyen infracciones legales expresas.

Aseverando que la omisión se ha sostenido durante años y ante requerimientos concretos, lo que demuestra que no se trata de un incumplimiento Informó la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota y luego de desarrollar los fundamentos de la recurrente, desarrolla extensamente la distribución de competencias establecida por la Ley Nº21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, y la Ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Según este análisis, la entrada en vigor de la Ley Nº21.730 modificó sustancialmente la distribución de competencias en materia de seguridad pública.

El Ministerio de Seguridad Pública se crea como autoridad civil especializada en la conducción de políticas de seguridad pública, prevención del delito y coordinación de instituciones policiales, separando seguridad pública de Interior y fortaleciendo la conducción civil de las policías.

En lo específico, el artículo 23 de la Ley Nº21.730 atribuye a los secretarios regionales ministeriales de Seguridad Pública las funciones de resguardar, mantener y promover la seguridad pública y orden público en la región; generar las condiciones necesarias para su restablecimiento; coordinar instancias estratégicas con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y demás organismos competentes; coordinar la ejecución de políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad Pública; implementar la Política Nacional de Seguridad Pública a nivel regional; adoptar medidas de prevención de delitos, reducción de factores de riesgo y fortalecimiento de factores protectores; prestar asistencia con autoridades regionales, provinciales y comunales para identificar prioridades y proyectos coherentes con la Política Nacional; y promover medidas de prevención y reducción de delitos.

Por su parte, según la Ley Nº19.175, el Delegado Presidencial Regional conserva expresamente atribuciones de vigilancia sobre la tranquilidad y protección de las personas y bienes en la región, y ejercicio del rol general de coordinación regional de gobierno. La Delegación subraya que la distribución de competencias entre la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública (que ejecuta funciones específicas de seguridad) y el Delegado Presidencial Regional (que coordina gobierno en general) establece una división clara y complementaria de funciones.

La Delegación acredita mediante documentación y estadísticas la existencia de múltiples intervenciones previas a la interposición de la acción de protección: 1. Operativo interinstitucional en abril de 2026: Liderado por el Delegado Presidencial Regional y coordinado por la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública, con participación de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Armada de Chile, SENDA y Ministerio Público, abarcando específicamente el sector de acceso a DIRECCION003, estacionamientos del Condominio DIRECCION000 y sector costero hasta DIRECCION005. 2. Formalización de coordinaciones el 18 de mayo de 2026: La Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública inició formalmente coordinaciones destinadas a abordar incivilidades y hechos delictivos en distintos sectores del borde costero de Arica, incluyendo expresamente la DIRECCION003 y DIRECCION002. 3. Reunión de trabajo el 27 de mayo de 2026: Desarrollada en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial, con participación del Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Carabineros de Chile, Dirección de Seguridad de la Ilustre Municipalidad de Arica y tres representantes de los habitantes del Condominio DIRECCION000 (nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado). En esta instancia fueron escuchados directamente los planteamientos de los vecinos, particularmente respecto de consumo de alcohol y drogas en espacios públicos, ruidos asociados a vehículos, utilización de estacionamientos, problemas de tránsito y funcionamiento de establecimientos nocturnos. Se formularon requerimientos concretos a instituciones competentes: o Al Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones: instalación de reductores de velocidad o mejora de los existentes en Avenida Comandante San Martín (con observación de que los dispositivos actuales son bajos, no continuos y no controlan adecuadamente el objetivo), así como revisión del proceso de otorgamiento de certificados de revisión técnica. o A la Ilustre Municipalidad de Arica: ajuste de reductores de velocidad a norma. o A Carabineros de Chile: gestión de recursos que permitan controlar efectivamente las inconductas denunciadas y mitigar las incivicidades que afectan. o A la Dirección de Seguridad de la Ilustre Municipalidad de Arica: acciones preventivas y de control en coordinación con Carabineros, incluyendo instalación de CCTV. 4. Formalización de medidas y seguimiento (junio-julio de 2026):

Mediante Oficio NºNUM000 de 2 de junio de 2026, se formalizaron las medidas acordadas. Con fecha 15 de junio de 2026, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones ofició a la Dirección de Tránsito y Transporte Público solicitando regularizar reductores de velocidad. Durante junio y julio se efectuaron gestiones de seguimiento de los compromisos, incluyendo intentos de coordinación con representantes del Condominio DIRECCION000 para revisar el avance de medidas acordadas. Mediante Oficio NºNUM001 de 1 de julio de 2026, la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública requirió a Carabineros de Chile, Dirección de Seguridad Municipal y Capitanía de Puerto informar sobre acciones desarrolladas en el borde costero.

Asevera que la Delegación, dentro de un plan preventivo, cita el Plan Abreviado Nº 67, vigente desde 23 de octubre de 2025, destinado a regular la ejecución de servicios policiales focalizados de orden y seguridad en el sector borde costero, orientados principalmente al control del consumo de alcohol en vía pública, carreras clandestinas y otras incivilidades, dentro del área de operaciones de la 1ra. Comisaría de Arica. Este plan establece programación de servicios los viernes y sábado entre las 23:00 y 04:00 horas, en el sector comprendido entre el estacionamiento Polyvan y sector Golden Omega, contemplando regulación de tránsito, controles de identidad, vigilancia y observación preventiva, además de recorridos y controles en sectores de mayor concentración. El plan se encuentra vigente y sujeto a normalización del sector sin perjuicio de ajustes conforme a necesidades operativas.

Durante el período analizado, la 1ra. Comisaría Arica registra veinte servicios preventivos de carácter ordinario desarrollados en DIRECCION001 y sector DIRECCION003, principalmente bajo la modalidad de servicio de población programados entre las 23:00 y 07:00 horas. La cobertura policial se estructura mediante componentes complementarios: servicios focalizados contemplados en el Plan Abreviado Nº 67, patrullaje preventivo ordinario del Cuadrante Nº 2 bajo el concepto de patrullaje preventivo, y servicios extraordinarios, fiscalizaciones e intervenciones específicas dispuestos conforme a la evolución de la problemática.

Carabineros de Chile informó la existencia de servicios preventivos ordinarios desarrollados mayoritariamente entre las 23:00 y 07:00 horas, y de un plan de servicios focalizados para el borde costero durante horario nocturno.

Paralelamente, durante el período analizado en 2026, se registran servicios preventivos, controles, fiscalizaciones, procedimientos policiales y acciones de coordinación interinstitucional, desarrollados tanto mediante el despliegue ordinario de la 1ra. Comisaría Arica como a través de servicios focalizados y extraordinarios. Asimismo, se mantiene vigente el Plan Abreviado Nº 67, destinado al resguardo del borde costero frente al consumo de alcohol en vía pública, carreras clandestinas y otras incivilidades, contemplando servicios focalizados los días viernes y sábado con término sujeto a la normalización del sector, sin perjuicio de los reforzamientos que sean dispuestos conforme a necesidades operativas.

Además, especifican actividades con otros organismos competentes Enel borde costero, como la Capitanía de Puerto de Arica, que efectuó fiscalizaciones preventivas y patrullajes en distintos sectores del borde costero (DIRECCION002, DIRECCION005 y DIRECCION003), desarrollando controles de identidad preventivos, cursando citaciones e infracciones y ejerciendo las atribuciones que legalmente corresponden a la Autoridad Marítima. Los resultados de estos patrullajes preventivos produjeron 238 controles de identidad preventivos, 30 citaciones por infringir la Orden Ministerial Nº 02/1998, y 79 infracciones al artículo 25 de la Ley 19.925 sobre expendido y consumo de bebidas alcohólicas.

Estadísticas de control, fiscalización y procedimientos registran 43 controles de identidad, 301 controles vehiculares, 5 locales de alcoholes fiscalizados, 177 infracciones de tránsito, 304 denuncias registradas, 22 procedimientos con detención y 25 personas detenidas. Adicionalmente, la Central de Comunicaciones (CENCO) registra 46 requerimientos en sector focal, 44 requerimientos registrados de jueves a lunes, 28 requerimientos de jueves a lunes entre las 22:00 y 07:59 horas, 21 casos de ruidos molestos/contaminación acústica en horario crítico, y 29 servicios extraordinarios de borde costero verificados.

La planificación policial no se encontraba limitada exclusivamente a horarios anteriores a la madrugada, conforme los recurrentes alegaban. Carabineros de Chile informó la existencia de servicios preventivos ordinarios desarrollados mayoritariamente entre las 23:00 y 07:00 horas y de un plan de servicios focalizados para el borde costero durante horario nocturno.

Respecto del episodio ocurrido el 1 de agosto de 2026 (impacto balístico que afectó un departamento del Condominio DIRECCION000), la Delegación reconoce la gravedad del hecho pero puntualiza que ocurrió en un contexto en el cual ya existían medidas preventivas previamente coordinadas. Para las madrugadas de 1 y 2 de agosto estaban programados servicios policiales extraordinarios en el borde costero entre las 01:00 y 06:30 horas. La ocurrencia posterior del hecho delictivo motivó nuevamente el análisis en instancias de coordinación respectivas. El comité de seguridad del 3 de agosto de 2026 abordó el asunto, y con fecha 4 de agosto, Carabineros de Chile informó la programación de nuevos servicios extraordinarios destinados al borde costero, incluyendo sectores de DIRECCION003, DIRECCION005 y DIRECCIO002. Cabe destacar que estas nuevas coordinaciones fueron efectuadas con anterioridad a la interposición de la acción de protección presentada el 5 de agosto de 2026.

La Delegación sostiene que la gravedad de un hecho delictivo ejecutado por terceros no permite, por sí solo, concluir la existencia de omisión legal o arbitraria atribuible a esta autoridad, especialmente cuando los antecedentes demuestran la existencia previa de medidas preventivas y posteriores acciones de refuerzo frente a la evolución de la problemática. Distingue entre la persistencia de determinadas conductas ejecutadas por terceros y la existencia de una omisión jurídicamente imputable a la Delegación Presidencial Regional.

La circunstancia de que las medidas adoptadas por distintos órganos competentes no hayan logrado eliminar completamente los fenómenos denunciados no permite concluir, por ese solo hecho, que la Delegación Presidencial Regional haya incurrido en omisión legal o arbitraria. Los problemas planteados en el recurso comprenden materias sometidas a competencias diversas, circunstancia que exige necesariamente una respuesta interinstitucional y no permite atribuir al Delegado Presidencial Regional la ejecución directa de potestades legalmente radicadas en otros organismos.

La Delegación subraya que en materia de bienes nacionales de uso público (terrenos identificados como bienes nacionales de uso público conforme a lo preceptuado en artículos 5º letra c) y 63 letra f) de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades), compete al municipio la administración de estos bienes. El artículo 4º letra h) de la Ley Nº19.175 establece que corresponde al delegado presidencial provincial ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los bienes nacionales de uso público. Esta atribución de vigilancia de los bienes no habilita a la autoridad regional para intervenir en el ejercicio de las facultades que competen a las municipalidades para administrar los bienes a su cargo, siendo que de acuerdo con el principio de coordinación consagrado en el inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº18.575, Bases Generales de la Administración del Estado, los órganos de la administración deben cumplir sus cometidos de manera coordinada y propender a la unidad de acción.

De este modo, el Delegado Presidencial competente únicamente puede adoptar medidas tendientes a que se respete el uso de los bienes en cemento, impedir su ocupación ilegal u obtener administrativamente su restitución, solo en el evento que el municipio así lo solicite.

En consecuencia, la persistencia de las situaciones denunciadas o la disconformidad de los recurrentes con los resultados obtenidos no resulta suficiente para configurar, por sí misma, la omisión legal o arbitraria que se pretende imputar a esta autoridad.

Respecto del derecho a la vida y la integridad física y psíquica (artículo 19 Nº1 CPR), la Delegación reconoce que la exposición reiterada a situaciones de violencia, ruidos u otras circunstancias de entidad suficiente puede, atendidas las particularidades de cada caso, comprometer el legítimo ejercicio de dicha garantía constitucional. Sin embargo, la gravedad objetiva de un hecho ejecutado por terceros no permite, por sí solo, atribuir su ocurrencia a una acción u omisión legal o arbitraria del Delegado Presidencial Regional. Para que el recurso prospere respecto de esta autoridad debe acreditarse que existió una actuación concreta jurídicamente exigible al Delegado que fue omitida de manera legal o arbitraria y que dicha omisión produjo o contribuyó jurídicamente a la privación, perturbación o amenaza del derecho invocado.

Los antecedentes expuestos precedentemente no permiten arribar a dicha conclusión. Por el contrario, antes de la interposición del recurso existían medidas preventivas, coordinaciones interinstitucionales y servicios extraordinarios destinados precisamente al sector objeto de la acción, incluyendo intervenciones desarrolladas durante horarios nocturnos y de madrugada.

Respecto del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (artículo 19 Nº8 CPR), la Delegación sostiene que no resulta suficiente invocar la existencia de ruidos u otras circunstancias potencialmente susceptibles de producir una afectación ambiental. Es necesario, además, identificar una actuación u omisión contraria al ordenamiento jurídico que sea concretamente imputable a la Delegación Presidencial Regional. En el presente caso no se identifica una disposición legal que imponga a la autoridad regional la obligación de ejecutar directamente la totalidad de las fiscalizaciones, controles o medidas destinadas a evitar las fuentes de ruido denunciadas por los recurrentes. Las materias involucradas se encuentran distribuidas entre distintos órganos sectoriales y municipales, sin perjuicio de las competencias específicas que la legislación mantiene radicadas en el Delegado Presidencial Regional.

Respecto de esta última garantía, los antecedentes acompañados dan cuenta de que la autoridad ejerció actuaciones de coordinación e intervención dentro de su ámbito competencial, razón por la cual no se configura una omisión legal susceptible de serle imputada en los términos exigidos por el inciso segundo del artículo 20 de la Constitución.

Respecto del derecho de propiedad (artículo 19 Nº24 CPR), los hechos que directamente generan las molestias denunciadas corresponden principalmente a actuaciones realizadas por terceros, mientras que respecto de la Delegación Presidencial Regional los antecedentes acreditan la realización de acciones dentro del ámbito de sus competencias y la coordinación con los organismos legalmente llamados a intervenir. No se advierte de qué manera una conducta legal o arbitraria de esta autoridad habría privado, perturbado o amenazado el derecho de propiedad de los recurrentes en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La Delegación concluye que el conflicto descrito por los recurrentes corresponde a una problemática real y compleja, cuya existencia no es necesario desconocer para resolver adecuadamente la presente acción constitucional. Sin embargo, la existencia de dicha problemática no equivale jurídicamente a la existencia de una omisión legal o arbitraria del Delegado Presidencial Regional.

Se ha acreditado que, dentro del ámbito de las competencias que el ordenamiento jurídico reconoce y en coordinación con las autoridades sectoriales correspondientes, se desarrollaron diversas actuaciones con anterioridad a la presentación del presente recurso destinadas a abordar las situaciones denunciadas, las cuales continuaron siendo objeto de seguimiento y reforzamiento conforme evolucionaron los antecedentes.

De esta manera, no se configuran respecto de esta autoridad los presupuestos necesarios para acoger la acción de protección, toda vez que no se ha acreditado la existencia de una acción u omisión legal o arbitraria concretamente imputable al Delegado Presidencial Regional que sea causa de la privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocada.

Evacua el Informe requerido la Ilustre Municipalidad de Arica, y pide el rechazo del recurso con costas y expone que la Unidad de Inspecciones de Seguridad Pública (UDIEM), dependiente de la Dirección de Seguridad Pública, ejecutó fiscalizaciones durante el período comprendido entre enero de 2025 y agosto de 2026 respecto de los establecimientos Infiernillo, Maracuyá y Terraza Mestiza. Las labores de inspección tuvieron como finalidad verificar cumplimiento de normativa sobre funcionamiento de establecimientos comerciales, expendio y consumo de bebidas alcohólicas, y condiciones de tránsito.

Los establecimientos fueron fiscalizados en los siguientes aspectos: verificación de la existencia y vigencia de patentes municipales, fiscalización de la Ley de Alcoholes en conjunto con Carabineros de Chile, control de tránsito y ocupación irregular de bienes nacionales de uso público. Cabe destacar que Maracuyá e Infiernillo mantienen la misma patente comercial por corresponder a una misma dirección, por lo que las infracciones constan únicamente contra Maracuyá.

Durante el período analizado se registraron las siguientes infracciones: el 19 de marzo de 2025, una infracción a Maracuyá por basura en vía pública; el 2 de mayo de 2025, infracción a Terraza Mestiza por basura en vía pública; el 4 de mayo de 2025, infracción a Maracuyá por violación de la Ley de Alcoholes; el 28 de junio de 2025, nueva infracción a Maracuyá por violación de la Ley de Alcoholes; el 7 y 8 de agosto de 2026, dos infracciones de tránsito. Estas acciones tuvieron carácter preventivo y de control territorial, buscando reducir factores de riesgo asociados a concentración de público, consumo de alcohol en vía pública y control de tránsito.

Agrega que el Departamento de Inspecciones Generales ejecutó fiscalizaciones bajo las atribuciones de los Inspectores Municipales conforme a la Ley Nº 3.063 de Rentas Municipales y la Ley Nº19.925 de Alcoholes.

Fiscalización en "Espacio Alacrán" (domicilio reservado, RUT Nº RUT reservado), atendida por nombre reservado. Se detectó que el establecimiento emitía boletas a nombre de "Espacio Alacrán", pero la patente de alcoholes estaba inscrita a nombre de nombre reservado (RUT Nº NUM002), bajo roles NºNUM003 y NºNUM004. Esta irregularidad constituía el ejercicio de la actividad de expendio de bebidas alcohólicas por contribuyente distinto al titular registrado de la patente, motivo por el cual se cursó citación por infringir artículo 43º de la Ley Nº19.925 de Alcoholes.

Fiscalización en "Maracuyá" (domicilio reservado), atendida por nombre reservado (RUT NºNUM005). Se constató que el establecimiento contaba con una pista de baile en pleno funcionamiento, pero carecía de patente para ese giro. Se cursó citación al Juzgado de Policía Local por infringir artículo 3º de la Ley Nº19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

El Municipio ha asumido la representación judicial en procedimientos infracciónales sobre Ley de Alcoholes, específicamente en los autos Rol 753-2026 EG del 3º Juzgado de Policía Local (Terraza Mestiza) y Rol 725-2026 EO del 3º Juzgado de Policía Local (Infiernillo).

Adiciona que el servicio de aseo en el sector centro está establecido bajo Propuesta Pública Nº 49/2022, contratación del servicio de aseo integral de vías públicas urbanas y rurales, borde costero y ríos. El Condominio DIRECCION000 queda comprendido en el sector B (sectores de playa, un paseo peatonal y DIRECCION001).

Las labores de limpieza establecidas en la licitación excluyen las zonas concesionadas a servicios externos de mantenimiento de áreas verdes, incluidos bandejones y jardineras del sector playa y paseos peatonales de Comandante San Martín. El servicio comprende limpieza manual y mecánica de playas, retiro de desechos desde receptáculos, retiro y nivelación de arena, y limpieza de paseos peatonales. En Avenida Comandante San Martín, el servicio contratado con Cosemar SpA comprende barrido diario de 7 días a la semana entre las 00:00 y 08:00 horas, con 3 frecuencias de lavado los martes, jueves y sábado en el mismo horario.

Respecto de la recolección de residuos sólidos domiciliarios, el sector corresponde al cuadrante 2 con frecuencia martes, jueves y domingo a partir de las 21:00 horas. Durante 2025 se cursaron partes al local comercial Maracuyá por disposición inadecuada de residuos, situación que fue corregida por el propietario.

Conforme al Plan Regulador Comunal de Arica vigente (aprobado en 2009), el sector materia de consulta se encuentra emplazado en Zona ZET (Zona de Equipamiento, Esparcimiento, Deporte y Turismo). El artículo 39 de la Ordenanza Plan Regulador define esta zona como áreas dispersas en el borde costero, destinadas preferentemente a actividades turísticas, recreativas y de esparcimiento.

La tabla normativa de la zona establece expresamente como usos permitidos el Equipamiento clase Comercio y Equipamiento clase Esparcimiento. El artículo 2.1.33 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones define Comercio como actividades de compraventa de mercaderías diversas, incluyendo "restaurantes, fuentes de soda, bares, discotecas, y similares". En consecuencia, desde el punto de vista de la normativa urbanística, el destino discoteca se encuentra permitido en la Zona ZET como actividad comprendida dentro de clase de equipamiento expresamente admitida por el Plan Regulador.

El Municipio sostiene que los antecedentes demuestran la inexistencia de omisiones alegadas en el recurso y que, por el contrario, se han efectuado fiscalizaciones respectivas. Remite a jurisprudencia de la Corte Suprema (Estratec Limitada con Sociedad Informática Humano Chile S.A., Tercera Sala, 16 de mayo de 2006, Rol Nº 969-2006) que establece que constituye requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto ilegal (contrario a la ley, según el artículo 1º del Código Civil) o arbitrario (producto del mero capricho), que provoque privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales.

Subraya que las fiscalizaciones en cuestión comprenden toda la comuna de Arica, incluyendo su radio urbano, lo que impide en los hechos una focalización específica en determinados lugares o establecimientos. En materia de infracciones a la Ley de Alcoholes, manifiesta haber fiscalizado todo el sector centro y los valles de la ciudad.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales alegadas refiere que respecto del artículo 19 Nº1 (derecho a la vida e integridad física y psíquica), el Municipio sostiene que, sin perjuicio de la inexistencia de omisión arbitraria o ilegal, no se ha acreditado de manera alguna la existencia de daños a la integridad física o psíquica de los recurrentes.

Respecto del artículo 19 Nº8 (derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación), afirma que no se ha acreditado afectación por contaminación acústica. Cita jurisprudencia que establece que la exigencia de las Cortes es que se acredite que los ruidos sobrepasan la norma de emisión (nombre reservado

Ortiz, Recurso de Protección Casos y Jurisprudencia, Editorial Punto Lex, 2007, pág. 5), correspondiendo esta acreditación a los recurrentes, quienes no han cumplido esta carga probatoria.

Respecto del artículo 19 Nº24 (derecho de propiedad), sostiene que, sin perjuicio de la inexistencia de omisión arbitraria o ilegal, no se ha acreditado afectación al derecho de propiedad, toda vez que bajo ningún respecto los recurrentes han visto afectado el uso, goce y disposición de tal derecho. Añade que ningún recurrente ha acreditado ser propietario de los departamentos del sector, siendo que el libelo recursivo expresa que los comparecientes son propietarios o arrendatarios, quedando así en evidencia que incluso los recurrentes manifiestan expresamente no ser propietarios de los departamentos en cuestión.

Se trajeron los autos en relación CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o bien, arbitrario y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, a juicio de los recurrentes, las autoridades demandadas incumplen obligaciones legales que les corresponden. Señalan: falta de requerimiento oportuno de apoyo policial, ausencia de coordinación específica para medidas preventivas en el sector, inexistencia de patrullaje permanente en horarios sensibles, omisión de retenes fijos o móviles de fiscalización, y carencia de operativos suficientes coordinados frente a los hechos planteados. Tal inacción, a su parecer, menoscaba el derecho a la vida e integridad física-psíquica, el derecho a un medio ambiente sin contaminación, y el ejercicio normal de la propiedad.

CUARTO: Que, cabe señalar que la Ley N° 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, señala expresamente en su artículo 1° que dicha secretaría de Estado es la encargada de colaborar con el Presidente de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y del orden público, a la prevención del delito y, en el ámbito de sus competencias, a la protección de las personas en materia de seguridad, restándole específicamente a los Delegados Presidenciales ciertas funciones, entre ellas, el resguardo del orden público, toda vez que ya no les corresponde la conducción política ni la responsabilidad directa de mantener, promover o restablecer la tranquilidad y seguridad pública en la región, función esta que ahora le compete a los Secretarios Regionales Ministeriales de Seguridad Pública y Directores Provinciales de Seguridad Pública.

QUINTO: Del análisis de la documentación resulta que ambos recurridos han adoptado diversas acciones concretas orientadas a mejorar la seguridad y orden del sector. La Delegación Regional reporta la realización de operativos coordinados, coordinación de reunión con vecinos el veintisiete de mayo de dos mil veintiséis, y se desplegaron servicios preventivos con participación de Carabineros en horarios sensibles. El Municipio ha ejecutado inspecciones a establecimientos comerciales problemáticos (Maracuyá en marzo de 2025, Terraza Mestiza en mayo de 2025), levantando infracciones y controlando cumplimiento normativo.

SEXTO: La jurisprudencia constitucional pacífica reconoce que el deber de las autoridades no consiste en garantizar la ausencia absoluta de delitos o conductas antisociales. Más bien, corresponde a las autoridades el diseño e implementación de políticas públicas razonables de prevención y control. En este caso, los antecedentes demuestran que ambas autoridades han cumplido tal cometido: coordinaciones interinstitucionales, operativos de Carabineros, inspecciones municipales focalizadas y diálogo permanente con vecinos afectados.

SEPTIMO: Que, por otra parte, no se puede dejar de soslayar que la recurrente imputa la arbitrariedad de los recurridos desde el año 2021 a la fecha, sin embargo, tal como lo establece el Auto Acordado de la presente acción constitucional, éste arbitrio señala un plazo específico de 30 días corridos desde que se tuvo conocimiento de los hechos para denunciar la ilegalidad o arbitrariedad que estime pertinente, situación que por cierto no aconteció en el caso de autos, razón por la cual no es posible conocer de los hechos cometidos con anterioridad al 05 de julio de 2026, esto es, cuando se encontraba en plena vigencia la Ley N° 21.730, de tal manera que no es posible acoger lo sustentado por la recurrente en estrado en orden a que el Delegado Presidencial tiene plena facultades para conducir la política ni la responsabilidad directa de mantener, promover o restablecer la tranquilidad y seguridad pública en la región.

OCTAVO: Que, no obstante, lo anteriormente anotado resulta relevante señalar que las autoridades recurridas han incrementado progresivamente sus esfuerzos, sosteniendo reuniones de coordinación como la realizada en el mes de mayo de este año, a la cual asistieron representantes de los vecinos, lo que sin lugar a dudas evidencia un cabal conocimiento del problema y voluntad de enfrentarlo de manera integral, sin que sea posible sostener que por el hecho que la problemática subsista, ello sea causa de una falta de diligencia de los recurridos, sino a la complejidad inherente a cuestiones de orden público que requieren tiempo y coordinación multisectorial.

NOVENO: Que por el contrario, con la documentación acompañada por los recurridos éstos lograron acreditar fehacientemente que han ejercitado sus competencias específicas. Así, la Delegación Regional, en su calidad de coordinadora de servicios de seguridad regional, ha articulado servicios preventivos de Carabineros; a su vez la Ilustre Municipalidad de Arica, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, ha cursado infracciones contra establecimientos que incumplen la normativa legal, sin que sea posible sostener que porque tales acciones, no alcanzan, a juicio de los recurrentes, la intensidad deseada por ellos, representan un incumplimiento del deber de diligencia conforme lo exige el ordenamiento jurídico.

DECIMO: Que, a mayor abundamiento, tampoco puede estimarse configurada una arbitrariedad de parte de los recurridos, en el sentido del artículo 20 de la Constitución, toda vez que las autoridades han desplegado gestión cierta y debidamente documentada, de modo que aunque lamentablemente ella no haya eliminado completamente los fenómenos delictivos denunciados por los recurrentes, no se puede dejar advertir que para que exista tal arbitrariedad se requiere una irracionalidad manifiesta o decisión carente de todo fundamento, situación que no existe en el caso sublite, sino que por el contrario, existe una coordinación entre las instituciones recurridas con el fin de implementar las políticas públicas de seguridad regional y control municipal.

UNDECIMO: Que, respecto del argumento de vulneración de derechos fundamentales: si bien es cierto que un alto nivel de ruidos y conductas anómalas de terceros generan molestia, es dable señalar que la recurrente no acreditó de manera alguna que tal malestar alcance la magnitud de privación o perturbación grave del derecho a la vida e integridad física que justifique el amparo constitucional, pues no acompañó antecedente objetivo alguno, emanado de la autoridad pertinente, que diga relación con el alto nivel de decibeles denunciados, toda vez que la sola denuncia por ruidos molestos incorporada al proceso no resulta ser probanza suficiente para establecer fehacientemente que los recurridos han vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República.

DUODECIMO: Que, en cuanto al derecho de propiedad: la posibilidad de disfrutar del inmueble no queda enteramente impedida por problemáticas de orden público parciales o fluctuantes. Los recurrentes continúan usando y habitando sus departamentos. La existencia de molestias derivadas de terceros no configura perturbación del derecho de propiedad en los términos que la jurisprudencia exige para amparo constitucional, máxime que la recurrente no acreditó de manera alguna la propiedad del inmueble tanto de ella ni tampoco de cada uno de sus representados, de tal manera que no es posible sostener la vulneración del derecho constitucional establecido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

DÉCIMO TERCERO: Que, cabe destacar que en materia de seguridad pública existen otros órganos e instancias especializadas (Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros, Policía de Investigaciones) cuyas funciones específicas guardan relación con investigación y persecución de conductas delictivas.

Corresponde a tales organismos y no a esta Corte, mediante el presente arbitrio constitucional, determinar estrategias de persecución de delitos. Las funciones coordinadoras de Delegación Regional y fiscalizadoras del Municipio se han ejercido conforme lo acredita la documentación allegada al presente recurso.

DÉCIMO CUARTO: Que, por todo lo anterior, no se configuran los elementos que la jurisprudencia exige para acoger un recurso de protección: si bien pueden identificarse problemáticas de orden público en el sector, no media omisión arbitraria imputable a los recurridos, sino más bien ejercicio razonable de sus competencias conforme a políticas públicas de seguridad e inspección que, aunque perfectibles, responden al ordenamiento jurídico.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección presentado por Gabriel nombre reservado y otros en contra de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota y la Ilustre Municipalidad de Arica.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°622-2026 Protección.