Protección contra Ministro de Salud

Arica, dos de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece Natalia Ravanales Toro, abogada, en representación de doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, todos con domicilio en esta ciudad, y deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra del Ministro de Salud, don Enrique Paris Mancilla, en contra de la Subsecretaria de Salud doña nombre reservado y en contra don Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, Presidente de la República, denunciando como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta N° 644 de 14 de julio de 2021, del Ministerio de Salud, que establece el tercer plan “PASO A PASO”, otorgando mayores libertades de tránsito en aquellas personas que se encuentren vacunadas y cuenten con el denominado “pase de movilidad”, vulnerando sus garantías establecidas en los numerales 1°, 2°, 21° y 22° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que mediante la dictación de la resolución impugnada se establecieron diversas excepciones a los confinamientos, cuarentenas y restricciones a la movilidad de aquellas personas que hubieren completado su proceso de vacunación voluntario y obtenido con ello el denominado “Pase de Movilidad”, varias que describen en el recurso, que se traducen en limitaciones y restricciones arbitrarias y discriminatorias para quienes no se han vacunado y no quieran hacerlo, vulnerando así, derechos básicos y fundamentales de forma continua para toda la población nacional que haciendo uso de su autodeterminación personal no participará de la inoculación de la que los recurrentes llaman “vacuna experimental” propuesta por el gobierno, conculcando derechos inalienables por el hecho de ser connaturales a la persona, destacando que hay ciertas situaciones excepcionales bajo las que los derechos que la Constitución garantiza pueden ser, en pos del bien común, restringidos o suspendidos en su ejercicio, pero no privarlos.

Indica que específicamente la resolución impugnada conculca la garantía de igualdad ante la Ley, la libertad de conciencia y la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, pues se han establecido diferencias arbitrarias entre las personas que viven en el país, y aludiendo a la necesidad de limitar el desplazamiento para limitar la propagación del virus, se ha implementado un carnet verde (pase de movilidad) generando dos tipos de ciudadanos, los vacunados y los no vacunados haciendo una diferencia y discriminación arbitraria donde los vacunados tienen mayores derechos que los no vacunados.

Sostiene que se vulneran sus derechos constitucionales, así como también denuncia la vulneración del principio de legalidad, igualdad ante la ley, respeto del ser humano libre y sujeto de derechos, pues se pretende violar derechos fundamentales básicos discriminando a ciudadanos sanos frente a los vacunados, afectando posibilidades de desplazamiento y movilidad, y por ende restringiendo arbitrariamente la libertad personal, la libertad de trabajo, la libertad económica, la igualdad ante la ley, el derecho de autodeterminación. Indica que no tiene sentido restringir estos derechos en la gente sana, que no representa un riesgo ni un peligro público, promoviendo privilegios solo a personas vacunadas, cuando en la especie, las autoridades no pueden asegurar ni siquiera la no concurrencia de efectos adversos en vacunas, tal como ocurrió con Astra- Zeneca y otras vacunas que señala, refiriéndose a que éstas se tratan de vacunas exprés cuyos efectos son desconocidos en ciertos grupos de población, considerando los recurrentes que el gobierno, con las campañas de vacunación, ha sometido a la población a una experimentación científica que negocio farmacéutico que pone en grave riesgo la integridad y la vida de las personas.

Luego de reseñar antecedentes principalmente obtenidos de diversas fuentes electrónicas que cita en el texto del recurso, respecto de las diversas vacunas que existen en la actualidad contra el SARS-COV-2, en especial sus contraindicaciones, reacciones adversas, y la incertidumbre sobre el grado de efectividad en el combate contra la enfermedad, como asimismo al hecho de que los laboratorios no responderán de aquellos eventuales efectos indeseados, por pactarlo así los contratos de distribución, asevera que la Resolución impugnada por el presente recurso, dispone medidas que los obligan a mantenerse confinados.

En cuanto a la igualdad ante la Ley, plantea que si la decisión libre de no vacunarse se le asocia a una restricción a los derechos individuales, se produce discriminación arbitraria, proscrita en el Artículo 19 Nº2 de la Constitución, afectando además otras normas constitucionales relevantes y tratados internacionales ratificados por Chile, refiriéndose asimismo a cada una de las garantías que estiman vulneradas y cómo cada una de ellas lo es con el actuar de la autoridad.

Reseña las sentencias del Tribunal Constitucional y de tribunales pertenecientes al Poder Judicial relativas a la inaplicabilidad del artículo 318 del Código Penal en materia Penal, como argumento en favor de los recurrentes.

Pide que se deje sin efecto la resolución exenta N° 644 de 14 de julio de 2021, declarando la ilegalidad del uso del pase de movilidad y de las medidas sanitarias que significan violación a Derechos Fundamentales, por ser discriminatorias y arbitrarias.

Informó en su oportunidad, don nombre reservado, Ministro Secretario General de la Presidencia, por orden del Presidente de la República.

En primer lugar y previas referencias a la real naturaleza del recurso constitucional de protección, razona que la pretensión de los recurrentes excede el ámbito de aplicación de esta acción cautelar al pretender utilizarla como una herramienta de control jurisdiccional constitucional a posteriori de normas válidamente emitidas. Tampoco resulta viable emplear la acción de protección con el objeto de cuestionar las decisiones que adoptan los órganos competentes al ejecutar las atribuciones que la ley les concede a través de los actos administrativos correspondientes, de modo que esta acción se aparta de esa función tutelar para vincularse con la adopción y el mérito de determinadas medidas de políticas públicas sanitarias. En particular, el Pase de Movilidad y sus efectos en contexto de pandemia, cuestión ajena a la competencia de los Tribunales.

Sin perjuicio, alega derechamente la improcedencia del recurso, por no reunir los requisitos del artículo 20 de la Carta Fundamental, al no existir acción ni omisión ilegal o arbitraria, ya que el Presidente de la República ha actuado conforme la Constitución y las leyes en la adopción de múltiples medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, en este sentido la alerta sanitaria decretada conforme las disposiciones del Código Sanitario y el estado de excepción constitucional de catástrofe contemplado en el texto fundamental, y que en cuanto al procedimiento de vacunación, este encuentra sustento en los artículos 32 y 36 del primer cuerpo legal citado, medidas todas que han ido variando conforme información técnica disponible día a día.

Destaca fallos de esta y otras Cortes de Apelaciones, en que se cuestionó el Pase de Movilidad por recurrentes, y que culminaron con el rechazo de los arbitrios.

Respecto de la vacunación como hecho atentatorio contra las garantías de los recurrentes, invocada en el recurso, informa que el Instituto de Salud Pública, junto a un comité de expertos compuesto por profesionales reconocidos en el área de la salud, ha autorizado hasta la fecha seis vacunas para proteger a la población del país contra el COVID-19, implementando el Plan nacional de vacunación 2021 COVID-19, #yomevacuno, el cual tiene como objetivo general preservar la integridad de los servicios asistenciales, las funciones críticas que permiten mantener la infraestructura del país; y prevenir mortalidad y morbilidad en subgrupos de la población, definidos por las condiciones biomédicas asociadas a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias a infección por COVID-19, recomendándose la inoculación de quince millones de personas como población objetivo para obtener inmunidad en alrededor del 80% de la población, vacuna que es voluntaria y se recomienda hacerlo.

Respecto a los efectos del Pase de Movilidad, hace presente que se trata de una medida dictada en el contexto de la pandemia de COVID-19. Así, la resolución exenta N° 644, de 2021, del Ministerio de Salud, en su considerando decimoquinto señala que “el desarrollo de la pandemia es dinámico, requiriendo la actualización permanente de las medidas sanitarias, de modo que la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ha permitido llevar a cabo una ejecución eficiente y coordinada de las medidas que ha dictado la Autoridad Sanitaria, para el manejo y control del COVID-19, además de poder disponer de un robusto plan de vacunación, que se ha desarrollado a nivel mundial, en resguardo de la población.

Informó finalmente, el abogado Jorge Hübner Garretón, en representación del Ministerio de Salud, solicitando el rechazo del recurso, con costas, planteando, en primer término, la improcedencia del recurso de protección al caso, conforme el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Asevera que la Resolución Exenta N°644 de 2021, no es ilegal o arbitraria, y no conculca las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, al respecto explica que según Resolución Exenta N°494 del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de mayo de 2021, se incluyó el concepto de pase de movilidad, que permite a aquellas personas que han sido vacunadas a tener ciertas libertades en el contexto de la pandemia. Precisa que el Ministerio adoptó la decisión de conceder este beneficio a aquellas personas vacunadas, exclusivamente porque la inmunidad que se logra por medio de la vacunación es considerablemente mayor en calidad y en duración que aquella que eventualmente podría adquirirse por medio de haber contraído la enfermedad.

Sostiene que es un hecho público y notorio que nos encontramos ante una pandemia por la enfermedad de COVID-19 que requiere de la adopción de múltiples medidas sanitarias para evitar su propagación, que desde febrero de 2020 se encuentra vigente en el país una alerta sanitaria en virtud de las disposiciones del Código Sanitario; y que desde marzo de 2020 se encuentra vigente la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, bajo la cual, según lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Política, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. En este contexto, el Ministerio de Salud ha dictado sendas resoluciones que contienen medidas sanitarias destinadas precisamente a hacer frente a esta situación de pandemia, reducir los contagios, y en definitiva proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestro país.

Manifiesta que en el recurso se plantea una situación que supone una intervención en la adopción de políticas públicas en materia sanitaria, decisión que corresponden a quienes ejercen la Administración del Estado, y que en estas circunstancias tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población. Afirma que este tipo de planteamientos no deben discutirse en sede jurisdiccional, pues es improcedente que las Cortes de Apelaciones suplanten a la autoridad sanitaria a fin de fijar medidas técnicas de resguardo de la población ante situaciones como las que vive hoy el país, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia, la que cita.

Así, indica que es el Presidente de la República o el Ministerio de Salud los órganos competentes y facultados para decidir las incidencias, permisos y prohibiciones que puedan existir, puesto que la adopción de políticas públicas y de medidas de esta naturaleza para hacer frente al brote del COVID-19 es una atribución propia y exclusiva de dichas autoridades, en atención al criterio y competencia técnica que en materia sanitaria les correspondan, razón por la que a su juicio la presente acción constitucional debe ser rechazada, expresando además que no se trata de una acción popular Sin perjuicio de lo anterior, descarta la existencia de una actuación ilegal o arbitraria, citando al efecto la normativa aplicable a las limitaciones que se reprochan en el recurso, particularmente la alerta sanitaria adoptada en virtud de las disposiciones del Código Sanitario, y la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que habilitó las restricciones a las libertades de locomoción y reunión, detallando además todas las medidas dinámicas adoptadas por la autoridad para evitar la propagación del COVID-19. Al respecto, sostiene que la legalidad y el correcto actuar de la Administración en la adopción de estas medidas bajo el manto normativo imperante ha sido reconocida por los Tribunales Superiores de Justicia, citando diversa jurisprudencia atingente.

Afirma que la exigencia de la vacunación para obtener el pase de movilidad no es de manera alguna arbitraria, sino que se fundamenta en el efecto positivo que tiene la inoculación en la población, lo que se refrenda en una mejora en las cifras, las que destaca, en la efectividad de aquellas, a las que también alude, y la consecuente disminución en las restricciones, considerando que la vacunación ha dado resultados en términos de que disminuye las afecciones graves por COVID, de manera tal que no es un tratamiento experimental como refiere la recurrente. A su vez, este exitoso proceso de inoculación ha permitido mejorar los índices de contagios, en términos que gracias a la progresiva vacunación, se verifica una tendencia a la baja en los distintos índices.

Niega cualquier tipo de ilegalidad en su actuar y sostiene que no se verifica ninguna afectación a las garantías reclamadas, pues simplemente se está otorgando el pase de movilidad a aquellas personas debidamente inoculadas, sumado al hecho de que en el recurso no se señalan con claridad hechos que puedan constituir vulneración a derechos que se encuentren protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que justifique el ejercicio de esta vía cautelar excepcional y teniendo presente, además que la situación que se denuncia excede la naturaleza y objeto de esta acción constitucional y que no se mencionan circunstancias fácticas que hagan procedente la tutela de urgencia que supone la acción constitucional de protección, por lo que, a su juicio, el presente arbitrio constitucional debe necesariamente ser rechazado en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar del recurrido fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil –o arbitrario– producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto denunciado como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N°494 del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2021, particularmente en lo relativo a la implementación del denominado “pase de movilidad” y sus posteriores modificaciones, resolución Exenta N° 644, que es concedido a aquellas personas que hayan completado el esquema de vacunación contra SARS-CoV-2 en Chile hace al menos 14 días, y no se encuentren afectas a la medida de cuarentena o aislamiento, cuyo objetivo es reducir las restricciones a la libertad de desplazamiento en los términos que la misma Resolución indica, para aquellas personas que cumplan con los requisitos señalados, a diferencia de aquellas que no se hayan vacunado, cuyo es el caso de los recurrentes.

CUARTO: Que, por su parte, el recurrido Ministerio de Salud ha descartado la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la implementación del pase de movilidad, pues la medida se funda en la normativa dictada bajo el alero del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, en el contexto de la pandemia por COVID-19, y que ha justificado las restricciones a las libertades de locomoción y reunión con el fin de prevenir y evitar la propagación de la enfermedad. En este sentido, sostiene que el pase de movilidad se basa en los antecedentes técnicos y estadísticos que han permitido comprobar que la vacuna es efectiva para prevenir los casos graves y la muerte por COVID-19.

QUINTO: Que, el acto administrativo impugnado fue dictado dentro del marco normativo correspondiente al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública dispuesto mediante el Decreto Supremo N°104, de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prorrogado por los Decretos Supremos N° 269, N° 400 y N° 646, todos de 2020, y N° 72 de 2021, del referido Ministerio, así como también en virtud del Decreto N°4 de 2020, del Ministerio de Salud, que decretó la Alerta Sanitaria y otorgó facultades extraordinarias por la emergencia de salud pública por el brote de coronavirus, el que fue prorrogado mediante el Decreto N°1 de 2021, emitido por el mismo Ministerio. De lo anterior se sigue que todas las medidas extraordinarias y dinámicas dispuestas por la autoridad sanitaria, incluyendo el pase de movilidad en cuestión, han sido adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que detenta la Administración y otorgadas por el ordenamiento jurídico, lo que permite disipar cualquier imputación de ilegalidad.

SEXTO: Que, asimismo, el acto impugnado aparece debidamente fundado en los cuerpos normativos señalados precedentemente, a los que cabe agregar los artículos 36 y 57 del Código Sanitario, que habilitan a la autoridad sanitaria para aplicar las restricciones que por el presente recurso se reprochan, de modo que tampoco existe arbitrariedad en la actuación del Ministerio recurrido, al estar expresamente facultado para limitar a la población en virtud de las normas citadas anteriormente, y mediando consideraciones de carácter técnico, científico y estadístico; es decir, con fundamentos plausibles que no obedecen a la mera voluntad o capricho de la autoridad, no pudiendo esta Corte cuestionar los fundamentos de las medidas adoptadas por no tener las competencias para ello, atendido que dichas medidas se encuentran dentro de un marco de racionalidad, afectando lo menos posible los derechos fundamentales de los ciudadanos, motivos por los que la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por la abogada Natalia Ravanales Toro, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Presidente de la República don Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, del Ministro de Salud, don Enrique Paris Mancilla y de la Subsecretaria de Salud doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministra señora Claudia Arenas González.

Protección N° 618-2021.

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