Recurso de protección

Arica, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece JORGE BAEZA TORREALBA, abogado, en representación de don nombre reservado y de don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado; por el hecho de rehusarse a darles las facilidades necesarias para movilizar a su padre en un avión con instalaciones apropiadas para su condición de salud, y hospitalizarlo en la Clínica Alemana, con grave amenaza y perturbación de sus derechos a la Vida y a la libre elección en Salud, que asegura el artículo 19 Nos 1 y 9 de la Constitución Política de la República.

Refiere que su padre es ingeniero constructor, de 82 años, en 2005 comenzó a experimentar un fuerte deterioro en su salud, y en esa época adquirió un departamento en Las Condes, contratando un plan de salud exclusivo en la Clínica Alemana, para ser atendido según requería, viajando entre 2005 y 2024 en numerosas oportunidades a visitar a hijos y nietos, y someterse a controles médicos, manteniendo en Arica el asiento principal de sus negocios.

Refiere que dicha clínica cuenta con la más alta tecnología disponible en el país, con 49 médicos entre cardiólogos y cardiocirujanos especialistas.

Indica que en 2007 se le debió instalar un desfibrilador e iniciar un tratamiento médico en dicha clínica, dispositivo que debe ajustarse periódicamente y cada cierto tiempo ser extraído del cuerpo para cambiar la batería, por lo que fue intervenido en dicha clínica en 2023 donde le remplazaron el dispositivo por un marcapasos de alta tecnología. En esas circunstancias el 12 de junio de 2023 sufrió un síncope que derivó en un infarto cerebral, quedando imposibilitado de comunicarse y movilizarse por sí mismo, pasando una larga convalecencia en Santiago, hasta enero de 2024, cuando regresa a Arica.

Señala que, entre el 12 de junio de 2023 al 30 de julio de 2025 los hermanos se encargaron de contratar y remunerar a los profesionales que velan por su salud, incluyendo una hija que dejó su trabajo para dedicarse a sus cuidados, así como los demás que compatibilizan sus labores con los cuidados.

Agrega que el 04 de julio de 2025 el juez del 2° Juzgado de Letras de Arica, conociendo de una demanda de interdicción de la recurrida, la designó curadora provisional de su marido, sin notificarlo, ni declararlo interdicto y antes de oír a los parientes, tras lo cual declaró su propia implicancia y se inhabilitó para seguir conociendo del pleito, el que actualmente se encuentra “acéfalo”.

Refiere que el 18 de agosto pasado su padre fue visitado por un notario, acompañado por su hija, para acreditar la condición en que se encontraba, oponiéndose la recurrida a dicha diligencia la que incluso presentó una queja disciplinaria en contra del notario, que fue desestimada.

Así, la recurrida detenta la representación y sus cuidados, restringiendo severamente las visitas, eliminando la cámara que apuntaba a la cama de su padre y permitía a sus hijos saber cómo se le estaba tratando, instruyendo al personal de enfermería no seguir otras instrucciones que las que ella indicara, sin embargo pudieron advertir que el equipo que porta su padre al lado derecho comenzaba a ser expulsado del cuerpo por lo que el broncopulmonar nombre reservado, su médico tratante por años le indicó que debía operarse en un hospital que contara con la infraestructura necesaria, quien por su condición requiere “constante control y supervisión médica, kinésica y de enfermería en un sitio con mejor cobertura de salud para su condición, lo que sería en la ciudad de Santiago.

Indica que la recurrida, de 76 años, no ha recibido las capacitaciones adecuadas para semejante responsabilidad, con una salud muy deteriorada por una enfermedad cardiaca agravada en los últimos meses, debiendo someterse a una operación en Santiago.

En ese sentido, el 19 de noviembre pasado, el recurrente nombre reservado conversó vía WhatsApp con la recurrida sobre la urgencia de que un cardiólogo experto pudiera evaluar a su padre, indicando aquella que debía darle el nombre y medios de contacto para que los médicos tratantes de su padre los contactaran y coordinar la visita, quedando estampado dicho diálogo en un acta notarial, pero a poco andar se dio cuenta que aquello violaba la lex artis, no siendo posible que un hospital de alta complejidad coordine sus servicios de diagnóstico con profesionales no especializados.

Sin embargo, el 26 de noviembre pasado, su padre fue examinado en su habitación, acompañado del personal de enfermería y de sus hijos por el doctor nombre reservado, cardiólogo especialista de la Clínica Alemana, quien certificó haber atenido al paciente mediante teleconsulta, por un cuadro de exteriorización de marcapaso, cuya terapia fue “hospitalización de urgencia para estudio y reimplante con equipo de electrofisiología y cardiología, requiriendo viaje a Santiago para tal efecto”.

Señala que el marcapasos, del cual depende la sobrevida del padre, se le está saliendo del cuerpo, corriendo el riesgo de producirse una infección que, de no ser tratada de forma oportuna, le causaría la muerte por septicemia, toda vez que la zona en que se ubica el marcapasos ha comenzado a infectarse, supurando líquidos tisulares, que se forman cuando el sistema inmunitario responde a una amenaza, lo que pone en peligro su vida y el ejercicio de su derecho a la salud, equivaliendo a una sentencia de muerte puesto que, en una oportunidad anterior debió ser operado de una infección en la misma clínica, que logró extraer el aparato e instalarle otro en el lado derecho, más cuando el marcapasos controla la frecuencia cardiaca, indispensable para bombear sangre en forma eficiente, enviando impulsos eléctricos y cuya eliminación provoca desmayos, fatiga, dificultades para respirar y eventualmente el paro cardiaco, y que la septicemia ocurre cuando el sistema inmunológico no puede controlar a una infección, eventualmente causa un shock séptico, insuficiencia orgánica y muerte.

En cuanto al traslado, indica que ello incluye una ambulancia para el traslado terrestre, así como un avión equipado al efecto, dando cuenta de las autorizaciones requeridas, lo cual debe ser gestionado por la recurrida o por alguien debidamente autorizado para actuar como representante legal del paciente, no siendo suficiente la incumbencia legal, por lo que se requiere que la propia recurrida suscriba el contrato de traslado, coordinando con la Isapre los traslados en las ciudades para el estacionamiento en los aeropuertos, confirmar horarios de vuelo y designar al acompañante.

Indica que en cuanto a la legitimidad de interponer el recurso “en nombre de su padre”, el constituyente no restringe esa facultad solo a los representantes legales, encontrándose en condición de extrema fragilidad por el accidente cerebro vascular de junio de 2023, pesando sobre sus hijos el deber de cuidado.

Agrega que el 01 de diciembre pasado le remitió una carta a la recurrida pidiéndole el consentimiento para trasladar a su padre a Santiago, atendido lo dictaminado por el doctor nombre reservado que es coincidente con el doctor nombre reservado, no pudiendo diferir dicha decisión, por el riesgo de infección que podría causarle la muerte, no existiendo en Arica un recinto con la infraestructura apropiada para operarlo, mientras que la Clínica Alemana sí la tiene y cuenta con especialistas para reimplantar el equipo o reemplazarla en condiciones adecuadas a su delicado estado de salud, explicándole que ellos gestionarían el traslado, contando siempre con la presencia de la recurrida, sin embargo no hubo respuesta, reiterando la misiva el 03 de diciembre pasado, tampoco recibiendo respuesta, las que finalmente fueron enviadas el 05 de diciembre pasado mediante notario, no recibiendo respuesta.

Así, indica que se encuentra en un callejón sin salida, pues su cónyuge detenta el cargo de curadora provisional, no efectuando gestión alguna para su traslado, no accediendo al tratamiento que es indispensable para salvarlo de una muerte inminente.

En cuanto al derecho a la vida, el traslado es esencial para garantizarlo pues la posibilidad de continuar con vida está comprometida gravemente y una actuación de la recurrida puede salvarlo, sin embargo, la recurrida no ha efectuado diligencia alguna para llevarlo a una clínica que reúna las condiciones indicadas por el médico tratante y para reducir su exposición a un accidente durante el viaje.

En este sentido, desechó al doctor nombre reservado poniendo a cargo del paciente a profesionales del hospital Doctor Juan Noé que no reúne las condiciones para ser calificado como de alta complejidad en cardiología.

Asimismo, se afecta el derecho a la salud, al omitir la recurrida su deber de gestionar o aprobar el traslado al establecimiento donde se le pueda operar en la extremadamente delicada condición que padece.

Por lo anterior solicita se declare que la reticencia de la recurrida es ilegal y arbitraria y amenaza la sobrevida de su padre y su integridad física, frustrando de manera absoluta el ejercicio del derecho a la libre elección en salud, ordenando a la recurrida a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de las garantías conculcadas y, de esta forma, restablecer el imperio del derecho, que han de consistir en que realice las gestiones pertinentes para que pueda viajar a Santiago, con el objeto de que se inicie su tratamiento en la Clínica Alemana en el más breve lapso, adoptando las demás medidas que se estime conveniente, a fin de poner término a las omisiones ilegales y arbitrarias que se han denunciado en el recurso.

En su oportunidad evacuó su informe la recurrida, indicando que su marido, de 82 años, posee una discapacidad permanente del 100% según COMPIN, se alimenta por sonda gástrica y se encuentra actualmente bajo un régimen de cuidados paliativos integrales en la residencia familiar, de su propiedad, que comparte con ella en calidad de cónyuge y cuidadora, además contando con un equipo multisectorial de salud a su servicio exclusivo disponible las 24 horas del día.

Indica que los recurrentes, no residen en el hogar común ni forman parte del entorno cotidiano de asistencia de su padre. En cuanto al informe notarial citado, sólo es citado parcialmente y de forma acomodaticia, puesto que el mismo ministro de fe certificó que se encontraba en óptimas condiciones de cuidado, dejando constancia de que fue bien recibido por el equipo médico y que el lugar estaba bien mantenido, limpio y ordenado con todo lo necesario clínicamente, siendo su habitación un espacio óptimo para su condición, con los requisitos adecuados para el estado en que se encuentra, dando cuenta además de la presencia de una enfermera jefe disponible las 24 horas del día, cuatro técnicos en enfermería nivel superior, dos kinesiólogos, un fonoaudiólogo y un terapeuta ocupacional, lo que acredita la existencia de una hospitalización domiciliaria de altísimo estándar que garantiza la dignidad y salud de su cónyuge, con dotación de personal y recursos financiados íntegramente con el patrimonio familiar, y ahora último con aquella como curadora provisoria, lo que desmiente un asomo de negligencia o abandono, configurando una realidad fáctica que los recurrentes intentan para invisibilizar o justificar su acción constitucional.

En cuanto a la solicitud, señala que el doctor nombre reservado examinó de forma no presencial a su cónyuge, a través de un celular, no teniendo ninguna referencia el certificado en cuanto a los riesgos inherentes al traslado aéreo, considerando la situación médica del paciente, contando con opiniones contrarias de diversos especialistas que han evaluado a su cónyuge.

Agrega que el geriatra nombre reservado, ha recomendado que dada su actual salud, no debe ser trasladado fuera de la ciudad de Arica, ni ser sujeto de estudios invasivos, quien realizó lo anterior por requerimiento del cardiólogo nombre reservado, quien atendida la complejidad sistémica y la fragilidad del paciente, la decisión final sobre un eventual traslado debía ser determinada por un especialista en geriatría. Además, señala que aquello se encuentra en congruencia con la recomendación técnica de los doctores nombre reservado y nombre reservado, quienes señalaron que requería tratamiento no invasivo, paliativo y de salvataje propuesto por dichos especialistas, lo que va a ser ejecutado el 07 de enero próximo en la ciudad de Arica, a realizarse en la Clínica San José de esta ciudad, trasladándose los facultativos a la ciudad para realizar aquello.

Agrega que la solicitud del recurrente nombre reservado para que su padre sea examinado por otro médico, de su aceptación expresa y del examen por tele consulta, existe una causa seguida ante el Juzgado de Familia de Arica por violencia intrafamiliar en contra de los recurrentes, puesto que el requerimiento era obtener una nueva opinión médica por parte de un cardiólogo de la ciudad de Santiago, a lo que accedió, pero dicha aceptación se supeditó a coordinar la diligencia con los médicos tratantes locales de su cónyuge, no solo con la finalidad de resguardar la integridad clínica del paciente, sino que, además, bajo el supuesto obvio de que los médicos tratantes de Arica poseen información relevante y útil sobre su estado de salud, lo que debía ser puesta en conocimiento del médico de Santiago sugerido por el recurrente referido, lo que desvirtúa la supuesta “reticencia” u “omisión” alegada por los recurrentes.

Sin embargo, pese al consenso alcanzado, los recurrentes desatendieron los términos de la coordinación acordada y optaron por una vía de hecho, al realizar la tele consulta el 26 de noviembre de 2025 por parte del doctor nombre reservado, sin su consentimiento, por lo que la conducta errática y hostil no solo es el eje central de la denuncia, sino que desvirtúa la supuesta “arbitrariedad” invocada en el presente recurso, existiendo un plan de cuidados vigente y consensuado que fue vulnerado unilateralmente por los propios recurrentes, siendo ellos los que transgredieron los acuerdos, tratándose de una consulta médica no autorizada, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 10 inciso segundo de la Ley 20.584 y el artículo 4 del D.S. N°31, las que establecen imperativamente que ante la incapacidad del paciente para recibir información por sí mismo, ésta debe proporcionarse a su representante o a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre, por lo que al eludir el consentimiento y exponer al paciente a una intervención, en consecuencia, no consentida, no solo infringieron la normativa sectorial, sino que ejercieron un acto de violencia psicológica para desestabilizarla emocionalmente y a su cónyuge en su propio domicilio.

Indica que la cronología de los hechos demuestra no una omisión sino una actuación médica prudente, escalonada y fundada en la evaluación de múltiples especialistas, cuyo corolario es una solución in situ que evita los riesgos de un traslado contraindicado.

Agrega que hay ausencia total de ilegalidad o arbitrariedad toda vez que la decisión de designarla curadora provisoria le confiere el deber y facultad legal de tomar, asesorada por los médicos especialistas, las decisiones sobre la salud de su cónyuge, lo que además está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 131 del Código Civil, estando basada la decisión de no trasladar a su cónyuge a Santiago en el saber médico especializado y no fruto del capricho, estando apegada a las recomendaciones médicas del geriatra, cirujano tratante y un médico cardiocirujano, por lo que aparece como un acto razonable, que por definición no es arbitrario, resolviendo un problema médico que se basa en la opinión de los médicos.

Además, los recurrentes no citan norma legal alguna para fundar la ilegalidad más allá de los derechos constitucionales y tratados internacionales que consagran el derecho a la vida y el de elegir el sistema de salud.

Del mismo modo, refiere que existen dos juicios de violencia intrafamiliar seguidos ante el Juzgado de Familia de Arica, donde si bien la causa de pedir es distinta, su cónyuge que aparece como víctima cuenta con una abogada especializada del Programa de Atención Integral del Adulto Mayor de la Corporación de Asistencia Judicial, los cuales tienen el mismo núcleo fáctico, demostrando que la vía idónea para discutir los cuidados es la ordinaria y no el recurso de protección que requiere una lesión urgente y de tutela inmediata que aquí no existe, estando ambos juicios basados en la postura contradictoria en cuanto a los cuidados médicos, encontrándose ambos juicios con audiencia de preparación de juicio pendiente. Asimismo, se encuentra en trámite el juicio de interdicción, donde se encuentran citados los recurrentes que actúan como terceros, con cinco apelaciones pendientes ante la Corte y en las cuales se fundamentan los recursos en las presuntas faltas de cuidados médicos y la condición de la suscrita, describiéndola como una anciana incapaz de cuidar de su marido.

Asimismo, señala que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en parte sobre el fondo del presente conflicto, donde si bien la causa de pedir y la pretensión son distintas, los hijos de su cónyuge intentaron un requerimiento de inaplicabilidad, fundado en la mala gestión en los cuidados de salud, la que fue declarada inadmisible, sin perjuicio de que existe un juicio ordinario, de interdicción, donde actúan como terceros coadyuvantes, por lo que no habría vulneración de derechos y garantías constitucionales alegadas como infringidas, lo que implica cosa juzgada constitucional, y si bien no hay triple identidad para el presente recurso, demuestra que la pretensión final de impugnar los cuidados médicos, si bien por normas distintas y persiguiendo otra pretensión, fue determinante ya que se hizo cargo de la cuestión sobre la salud, desestimándola, siendo la vía idónea para discutir aquello la vía ordinaria y no la constitucional, no existiendo una urgencia para saltarse dichos procesos, más cuando la solución médica está programada para el 07 de enero próximo.

Finalmente indica que la decisión tomada por su parte se encuentra dentro del “Margen de Apreciación” reconocida para resolver un problema determinado, al optar por un tratamiento local que se encuentra dentro de opciones médicamente válidas, por lo que la mera preferencia de los hijos por un centro distinto no convierte en arbitraria la decisión de la suscrita como representante legal de seguir el criterio de los especialistas que contraindican el viaje.

Por lo anterior solicita rechazar de plano el recurso, condenando en costas a los recurrentes, adoptando las demás medidas que estime pertinentes.

Por tanto, pide el rechazo del recurso, con costas Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente, deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección, es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario e ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1° y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la omisión de la recurrida de entregar su autorización para el traslado del padre de los recurrentes a la ciudad de Santiago a someterse a un procedimiento quirúrgico a fin de resolver la situación de expulsión del marcapasos.

CUARTO: Que, como primera cuestión, no se encuentra controvertida la calidad de curadora provisional de la recurrida respecto de su cónyuge, padre de los recurrentes, manteniendo la representación legal desde su designación, y que conforme a la Ley 20.584, debe entregarse la información y consentimiento en materia de salud, ante la imposibilidad del paciente de recibirla o entregarla, a su representante legal.

QUINTO: Que, en autos, se cuestiona la decisión de la recurrida respecto de mantener a su cónyuge en su domicilio y bajo atención de profesionales médicos de Arica, en desmedro de aquella de trasladarlo a la ciudad de Santiago para ser atendido en una clínica en dicha ciudad.

SEXTO: Que, cabe mencionar que de lo anterior se desprende que no existe un derecho indubitado, sino más bien lo que se pretende es la elección de una opción médica entre varias posibles, lo que es improcedente de determinar en la presente acción de protección, que por su naturaleza, es de carácter urgente y de cautela de derechos indubitados, lo que en autos no aparece prístino. Por el contrario, existen una serie de causas entre las mismas partes, seguidas ante la jurisdicción ordinaria, en las que se encuentran en discusión diversos asuntos relacionados con la presente, los que son de lato conocimiento y respecto de los cuales aún no existe resolución definitiva.

SÉPTIMO: Que, finalmente, no se advierte del recurso un acto de la recurrida que implique ilegalidad o arbitrariedad alguna susceptible de ser corregida por la presente vía constitucional, apreciándose en estrado que aquella es una persona que se encuentra en condiciones adecuadas para hacerse cargo y tomar decisiones por su marido, con quien se encuentra casada hace aproximadamente cuarenta años, y en uso de sus derechos y obligaciones provenientes del contrato de matrimonio, ha adoptado para con su cónyuge los resguardos de salud que ha estimado suficientes y necesarios, lo que incluso ha sido constatado por un notario público de esta ciudad, encontrándose por lo tanto, ajustado a derecho su actuar, más cuando existen determinaciones médicas que apoyan su criterio, sin perjuicio que los recurrentes no coincidan con la determinación médica.

OCTAVO: Que, sin perjuicio que fue descartada la ilegalidad del actuar de la recurrida, en cuanto a las garantías constitucionales esgrimidas por la recurrente cabe destacar que respecto del derecho a la vida, si bien existe un riesgo, aquello es propio de la condición de salud del padre de los recurrentes, contando la recurrida con una hospitalización domiciliaria y programada una intervención al efecto para el día 07 de enero próximo, en la Clínica San José de esta ciudad, por lo que no se advierte una amenaza, privación o perturbación a dicho derecho por parte de la recurrente.

Finalmente, en cuanto al derecho a la salud, solo se encuentra garantizada en relación al inciso final del numeral noveno del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a elección del sistema de salud a que quiere acogerse, cuestión que no ha sido cuestionada en el presente recurso.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado y de don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, sin costas, por haber tenido un motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 607-2025 Protección.