nombre reservado con nombre reservado

Arica, veintidós de enero de dos mil veintiséis.

VISTO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, voluntario de Bomberos, quien interpone recurso de protección en contra del nombre reservado, por la actuación arbitraria e ilegal correspondiente a la dictación de la Resolución de 20 de octubre de 2025 (Oficio 030/2025), notificada el 10 de noviembre de 2025, mediante la cual se decreta su expulsión de la institución, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el Artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso 5°, 4 y 24 de la Constitución Política. de la Constitución Política de la República.

Funda su acción en que es Teniente 1° y voluntario Honorario de la Sexta Compañía de nombre reservado, con una antigüedad de 28 años de servicio ininterrumpido, y que el 29 de septiembre de 2025 concurrió al cuartel tras una segunda alarma de incendio, encontrándose con licencia médica por una lesión en la rodilla, circunstancias en que se produjo un altercado verbal y físico con el voluntario y Teniente 3° nombre reservado, ya que al llegar al lugar, el mencionado lo increpa y le grita cuestionando su presencia en el lugar dado que se encontraba con licencia, y que sus órdenes no tienen validez alguna, a lo que responde que ello no es así, pues procedió a romper la licencia y procede a reanudar sus servicios y labores, adoptando su calidad de Bombero Superior, por lo que le debía respeto, señalándole que mantuviera la calma pues el espíritu de aquellos es colaborar en todo. Agrega que Briso en ese momento actuaba como Capitán subrogante, por lo que no hizo caso a sus órdenes, agrediéndolo verbalmente a lo que responde indicando que debía respetar su autoridad y antigüedad, momento en que el voluntario se ofusca, se abalanza en su contra por lo que el amparado lo empuja para no ser agredido, momentos en que grita y en un giro brusco quiebra un vidrio de un ventanal del cuartel, generando alboroto, llegando otros voluntarios a calmar la situación, calificándose la situación como riña, pero solo a aquel se le apartó de las funciones, siendo que participaron ambos en el altercado y que el recurrente actuó en legítima defensa ante la agresión verbal y física de Briso, quien no respetó su jerarquía ni antigüedad, además de sostener este último que fue golpeado con puños, cuestión que no ha ocurrido.

En cuanto a la denuncia, señala que el 01 de octubre de 2025, el Comandante nombre reservado presentó una denuncia al Consejo Superior de Disciplina, la que contenía errores graves, citando hechos que habrían ocurrido el 26 de septiembre, en circunstancias que ocurrieron el 29, de manera alterada y que carecen de objetividad, con una intención de perjudicarlo al no ser prolijos máxime atendido su cargo, errando incluso en el RUT de los involucrados, siendo suspendido temporalmente de inmediato, sin aplicarle una medida a la otra parte, vulnerando la igualdad de trato y la igualdad ante la ley.

A lo anterior se suma que fue citado al Consejo Superior de Disciplina para el 09 de octubre de 2025, sin embargo la citación, de fecha 08 de octubre, no acompañó el informe acusatorio ni especificó los cargos, motivos o artículos reglamentarios infringidos, con lo que quedó en indefensión al impedirle preparar una defensa adecuada, en contravención a lo dispuesto en los artículos 57 del Título XIII de los Estatutos y el artículo 46 del Reglamento General, que obliga a indicar los cargos formulados.

Señala que en la audiencia referida el Consejo hizo caso omiso a sus descargos y que, respecto de las incongruencias del informe acusatorio ya referidas, los calificó verbalmente como simple “errores de tipeo”, restando seriedad al proceso, sin darle la posibilidad de presentar pruebas adecuadamente ni se realizó un careo con el acusador, recibiendo burlas por parte de algunos voluntarios.

Finalmente, indica que se le notificó la expulsión, fundado en artículos distintos a los que supuestamente se le habrían imputado, en caso de ser notificado, existiendo incongruencias entre lo investigado y sancionado. Indica que el 09 de noviembre se le cita a brindar una nueva declaración y ese mismo día se le habría comunicado verbalmente su expulsión, sin embargo señala que no le habían comunicado nada por lo que lo envían a Correos de Chile, concurriendo al día siguiente donde se le comunica la expulsión de la institución, lo que es totalmente injusto y desproporcionado, y si bien se efectuó un proceso disciplinario en su contra, ello fue arbitrario, irregular, carente de imparcialidad, sin darle traslado para su óptima defensa, solo perjudicándolo al aplicar la sanción mientras que el otro involucrado permanece en la institución, aun haciendo carrera, mientras que el recurrente quedó privado del certificado de Bomberos, esencial en su trabajo de minería con el que da sustento a su familia.

Agega que incluso previo a la determinación de su sanción, el 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween, se puso un muñeco ensangrentado con el código 601, que correspondía a su código, lo que perjudicó aún más su cuadro de ansiedad.

Refiere que el 13 de noviembre interpuso recurso de apelación, lo que no fue resuelto, por lo que debió concurrir a Correos de Chile el 05 de diciembre de 2025, donde se le declara fuera de plazo, en circunstancias que el 10 de noviembre fue notificado de la sanción.

Tras transcribir la resolución que resolvió la apelación, cita la normativa al efecto, haciendo presente que tomó conocimiento de la resolución el 10 de noviembre, como consta en el documento acompañado con timbre de correos al retirar la carta, por lo que sería un acto de mala fe porque a lo menos debe tomar conocimiento de la sanción aplicada.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala que el acto recurrido es ilegal al vulnerar los Estatutos y el Reglamento General del nombre reservado, toda vez que no se afectaron los artículos 45 y 46 del Reglamento General y 57 de los Estatutos al no notificar los cargos ni entregar el informe acusatorio junto con la citación, así como el principio de escrituración y formalidad al aceptar la denuncia con errores de hecho sustanciales y sin cumplir los requisitos del Artículo 45 letra a) del Reglamento. Además, el artículo 10 letra b) de los Estatutos da cuenta que se ha saltado el conducto regular para llevarlo directamente a un tribunal disciplinario superior, cuando debió ventilarse ante los jefes respectivos, con ánimo de persecución.

Del mismo modo, el acto es arbitrario, al carecer de racionalidad y proporcionalidad, puesto que se sanciona con la máxima pena a un voluntario con 28 años de servicio por un hecho puntual, mientras que la contraparte no recibió medida cautelar (sic) alguna, demostrando un sesgo evidente, negando la posibilidad de ser escuchado por la comandancia antes del proceso, bloqueándolo de los medios de comunicación institucionales, lo que demuestra un ánimo pre-juzgador.

En relación con las garantías constitucionales vulneradas, señala que se afecta la integridad física y psíquica, atendido el proceso viciado, el acoso, el bloqueo comunicacional y la sanción desproporcionada, generando un estado de angustia y menoscabo al afectar su dignidad tras casi 30 años de servicio, lo que le ha provocado cuadros de ansiedad que se han manifestado en palpitaciones en el pecho acompañado de sentimientos de impotencia y estrés.

Respecto de la igualdad ante la ley, refiere que fue tratado de manera discriminatoria en relación al otro involucrado en los hechos, en circunstancias que al recurrente se le suspendió preventivamente y se le expulsó mientras que al otro no se le aplicaron cautelares ni sanciones, a pesar de ser parte activa del conflicto, aplicando la autoridad criterios distintos en situaciones idénticas, y que pese a encontrarse con un recurso interpuesto se le prohíbe acercarse a cualquier cuartel de bomberos del país.

Del mismo modo se afecta la garantía de ser juzgado por comisiones especiales, toda vez que si bien los Tribunales de Disciplina de Bomberos son órganos permitidos, al actuar fuera del marco de su competencia y del procedimiento reglado, al no notificarle los cargos, ni permitir defensa real, han fallado sobre hechos erróneos, con lo que deja de actuar como un tribunal legítimo, transformándose en una comisión especial al actuar caprichosamente y no como juzgador imparcial, vulnerando el derecho a defensa jurídica y al debido proceso, decretando su expulsión sin fundamentación íntima que sustente la medida tan drástica.

Asimismo, se vulnera el respeto y protección a la vida privada y a la honra, puesto que la expulsión es la máxima sanción y conlleva un estigma de deshonor, al dañarle injustamente la imagen y honra ante sus pares y la comunidad de Arica, afectando la trayectoria de 28 años, a lo que se suma lo señalado respecto del día 31 de octubre.

Finalmente indica que se afecta el derecho de propiedad, toda vez que en su calidad de voluntario de Bomberos tiene un derecho de propiedad incorporal sobre su calidad de voluntario y su antigüedad, con lo que la expulsión le está privando del derecho sobre dicho estatus, años de servicio y beneficios asociados a su calidad de voluntario honorario, sin un debido proceso legal que lo justifique.

Por lo anterior pide, dejar sin efecto la resolución que decreta la expulsión, disponer su inmediata reincorporación al nombre reservado con todos sus derechos y antigüedad intactos, retrotraer el proceso disciplinario a la etapa de formulación de cargos, asegurando que se cumplan estrictamente las normas del debido proceso o en subsidio, absolverlo o declarar la nulidad del proceso, con costas.

SEGUNDO: Que, en su oportunidad, evacuó informe al tenor del recurso el Superintendente del nombre reservado, solicitando su rechazo, con costas, dando cuenta de las circunstancias que explica.

En este sentido, señala que el 29 de septiembre de 2025, durante una segunda alarma de incendio, concurre el recurrente en “short y hawaianas” portando una “licencia médica” vigente por una lesión en la rodilla, en circunstancias en que intentó dar órdenes al Capitan Subrogante (Teniente 2° nombre reservado), quien le solicitó retirarse debido a la falta de Equipo de Protección Personal y su condición de salud (licencia médica), increpando al oficial a cargo, generándose un altercado en que el recurrente empujó al oficial Briso, provocando la rotura de un vidrio de la puerta de la sala de sesiones, agrediendo físicamente al oficial, quien resulto con lesiones constatadas (edema nasal), hechos que fueron denunciados formalmente el 01 de octubre de 2025, dando inicio al proceso disciplinario correspondiente.

Refiere que dicho procedimiento se realizó con estricto apego al Reglamento General y a los Estatutos del nombre reservado, teniendo especialmente presente que el recurrente alega indefensión en circunstancias que compareció personalmente ante el Consejo, al ser consultado por el secretario si sabía el motivo de la citación declaró expresamente que si lo sabía, sin perjuicio de ello se le informó verbalmente de la denuncia por faltar el respeto y agredir físicamente al Capitán (s), teniendo la oportunidad de dar su versión de los hechos, reconociendo el forcejeo y su presencia en el lugar estando con licencia médica, así como en los descargos donde relata su versión de los hechos, confesando la agresión física, al indicar que le “proporcionó un combo para que se alejara”(sic).

En este sentido, no habría indefensión sino una mera disconformidad con el mérito de la sanción, lo que no constituye un acto ilegal o arbitrario susceptible de la presente acción cautelar.

Agrega que, en cuanto a la ponderación de la prueba, se recibieron declaraciones de múltiples testigos presenciales, entre ellos voluntarios quienes corroboraron los gritos, la rotura del vidrio y la tensión generada por el recurrente, así como la propia confesión de este último.

De esta forma, el Consejo Superior de Disciplina tiene la facultad de sancionar las faltas cometidas por miembros del nombre reservado, conforme al Artículo 89 del Título XXI del Reglamento General, pues ante la gravedad de los hechos investigados por el Consejo (agresión física confesada y daño a la propiedad del cuartel) la sanción era la única proporcional y reglamentaria aceptable, la que fue acordada en la sesión del 20 de octubre de 2025, fundada en el articulado anteriormente citado, en particular en los literales e), i) y j), previa tramitación de un proceso racional y justo en que se resguardó el derecho a defensa del recurrente, por lo que el actuar del Consejo no resulta ilegal ni arbitrario.

En este sentido, sostiene que no puede existir ilegalidad ni arbitrariedad cuando la sanción se basa en el reconocimiento explícito del infractor, y que es proporcional a las faltas acreditadas durante el proceso disciplinario, consistentes en la agresión física, daño a la propiedad, insubordinación grave en acto de servicio y cuartel e intervención en actos de servicio estando con licencia médica, poniendo en riesgo la seguridad e imagen institucional.

Agrega que la apelación fue rechazada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento General, toda vez que el plazo para apelar es de 10 días corridos desde la notificación para apelar, la que fue presentada el 13 de noviembre de 2025, razón por la cual se excedió en los plazos reglamentarios para recurrir ante el órgano disciplinario, precluyendo su derecho.

De esta forma, señala que la Institución se encuentra impedida de vulnerar sus propios plazos estatutarios para favorecer a un voluntario que cometió faltas gravísimas, y aun cuando se considerara que la apelación fue presentada dentro de plazo, aquella debe ser rechazada por falta de trascendencia, toda vez que, en caso de retrotraer el proceso el resultado sería el mismo, la confirmación de la expulsión, puesto que no existe defensa posible contra la propia confesión del hecho sancionado, en el cual un eventual vicio en el cómputo del plazo no borra la agresión física confesada ni los otros actos de indisciplina, lo que valida la agresión física confesada ni los otros actos de indisciplina, que valida la decisión de expulsión, más cuando el artículo 49 del Reglamento exige para apelar que se aporten “nuevos antecedentes”, en circunstancias que no lo hizo sino que se limitó a criticar el procedimiento, por lo que la apelación, de todas formas era inviable reglamentariamente, independiente del cómputo de días.

Asimismo, se alega una falta de inexistencia de un derecho indubitado, pues no tiene un derecho a permanecer en la institución de forma perpetua, a pesar de su al comportamiento, más cuando infringió gravemente sus deberes estatutarios al agredir a un oficial superior.

Del mismo modo señala que tenía otra vía para atacar el fallo, que era la nulidad, lo que el recurrente no utilizó, por lo que no puede revivir el proceso intentando una acción de nulidad por separado, vía acción de protección.

Finalmente sostiene que la expulsión no es una “muerte civil” ya que existe la rehabilitación establecida en el artículo 52 y 91 del Reglamento, lo que excluye o disminuye la pretendida urgencia de la acción de protección.

En relación con las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, señala que no existe discriminación arbitraria respecto del otro involucrado, puesto que es el recurrente el que inició la insubordinación, desobedeció las órdenes estando con licencia médica y agredió físicamente a un superior causándole lesiones que fueron constatadas, mientras que Briso actuó en el ejercicio de su mando y en legítima defensa.

Respecto del debido proceso, el recurrente fue oído, presentó descargos y se diligenció prueba testimonial.

En cuanto a la integridad psíquica y honra, señala que la sanción es consecuencia de los propios actos de indisciplina del recurrente.

Finalmente sostiene que el Recurso de Protección no constituye una instancia de revisión de mérito de las decisiones adoptadas por los tribunales disciplinarios internos de los cuerpos intermedios, sino una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos manifiestamente arbitrarios o ilegales, por lo que la presente no puede prosperar, máxime que la recurrida goza de autonomía para fijar sus estatutos y disciplinar a sus miembros, actuando el órgano disciplinario dentro de su esfera de competencias, sancionando una falta gravísima que atenta contra la esencia jerárquica y disciplinada de la institución.

Por todo lo anterior solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

QUINTO: Que, como primera cuestión, en lo que dice relación con eventuales vulneraciones al debido proceso, atendido el mérito de los antecedentes acompañados en autos, de ellos se desprende que no existe afectación a la garantía del derecho a defensa denunciado, toda vez que de las propias piezas del sumario acompañado, así como de la documental acompañada por el recurrente, dan cuenta que fue citado a declarar ante el Honorable Consejo Superior de Disciplina, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 de los Estatutos del nombre reservado, y que si bien no hay una descripción de los cargos en aquella, se hace referencia a los “acontecimientos ocurridos en su unidad que le afecta a su persona”, ello fue suficiente para comprender el proceso que se dirigía en su contra, ya que al momento de realizarse la audiencia que consta en el Acta N°011/2025 de 9 de octubre de 2025 el recurrente señala que tiene conocimiento de la razón por la que fue citado, entregando su declaración de manera verbal, además de haber presentado descargos por escrito el día 30 de septiembre del mismo año al tenor de los hechos ocurridos.

SEXTO: Que, en consonancia con lo anterior, en cuanto a la falta de ponderación del recurso de apelación que dedujo, y que fue declarado extemporáneo, el artículo 56 del cuerpo estatutario citado señala que dicho arbitrio debe interponerse dentro de 10 días de recibida la comunicación sobre la sanción, la que se tiene por notificada a los cinco días hábiles después de despachada, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 57 citado, y que constando en autos que el envío por carta certificada de la resolución que dispuso la sanción se realizó el 23 de octubre de 2025, y que dicho recurso se interpuso el 13 de noviembre del mismo año, ello implica necesariamente que aquel fue interpuesto fuera de plazo, descartando la ilegalidad denunciada.

SÉPTIMO: Que, respecto del fondo de lo debatido se cuestiona la falta de proporcionalidad de la sanción y la ausencia de reproche al otro voluntario de bomberos, no puede soslayarse que ello implica necesariamente una nueva ponderación de los antecedentes -lo que está vedado para esta Corte-, sin perjuicio de que se advierte que dichos reproches han consistido únicamente en su disentimiento con las conclusiones a que arribó la autoridad.

OCTAVO: Que, finalmente, habiéndose descartado la ilegalidad y arbitrariedad en la conducta de la recurrida, se hace del todo inoficioso realizar un análisis de las supuestas vulneraciones a las garantías constitucionales que se han denunciado en relación a los hechos expuestos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales:

Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 606-2025 Protección