nombre reservado con COLEGIO ADOLFO BEYZAGA OVANDO C.E.

Arica, catorce de septiembre de dos mil veintiséis VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

A folio 1, con fecha 23 de julio de 2026, doña nombre reservado, en calidad de apoderada de su hijo nombre reservado, estudiante de sexto básico B del Colegio Adolfo Beyzaga Ovando, deduce recurso de protección en contra del referido establecimiento educacional, representado legalmente por doña nombre reservado, por aplicar en su contra la medida disciplinaria de "pérdida de la calidad de apoderada titular y suplente", lo que a su juicio, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 13 de julio de 2026 recibió una carta certificada notificándole la referida sanción, ante lo cual dedujo recurso de reconsideración el 15 de julio, el que fue rechazado por la Dirección del colegio el 21 del mismo mes, ratificándose la pérdida permanente de su calidad de apoderada mientras su hijo mantenga matrícula, condicionándose su ingreso al establecimiento y otorgándose un plazo de diez días hábiles para designar un nuevo representante.

Sostiene que la medida es ilegal por carecer de un procedimiento previo, contradictorio y transparente, reconociendo el propio colegio en su respuesta que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) no contempla sanciones para apoderados bajo un estándar reglado, incurriendo en indefensión procesal basado en denuncias de terceros.

Añade que con lo actuado, se afecta gravemente su derecho preferente como madre, su rol de representación en pos del bienestar de su pupilo, considerando además que la medida resulta sospechosa por haber denunciado previamente al establecimiento ante la Superintendencia de Educación por vulneración de derechos de su hijo.

Solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada y se le restituya plenamente en su condición de apoderada.

Evacuando el informe requerido, don nombre reservado, en representación de la entidad recurrida, solicita el rechazo del recurso con costas.

Argumenta que la actuación del establecimiento se encuentra ajustada a derecho, sustentándose en las atribuciones conferidas por la Ley General de Educación (Ley N°20.370), la Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar y el Código del Trabajo en materia de protección a los trabajadores.

Explica que los hechos que motivaron la medida ocurrieron el 30 de junio de 2026, oportunidad en que la recurrente increpó verbalmente y en tono agresivo a la profesora jefa, doña nombre reservado, frente a otros miembros de la comunidad educativa, situación presenciada por otra apoderada, lo que se suma a antecedentes previos de maltrato hacia funcionarios del establecimiento.

Sostiene que el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, Buen Trato y Bienestar del Colegio Adolfo Beyzaga Ovando regula expresamente en su párrafo 10 los deberes de los apoderados, en su párrafo 11 las faltas gravísimas (dentro de las que se cuentas agredir verbal o físicamente a miembros de la comunidad) y en su párrafo 12 el procedimiento y sanciones aplicables, dentro de las que se contemplan la pérdida de la condición de apoderado y restricciones de ingreso.

Afirma que el retiro de la calidad de apoderada no constituye una sanción disciplinaria directa al adulto en el sentido punitivo, sino una medida de resguardo institucional y de protección a la convivencia escolar, amparada por la autonomía del establecimiento, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la resolución adoptada.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción cautelar destinada a amparar los derechos enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ante afectaciones que provengan de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que por su naturaleza produzcan privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de dichas garantías, exigiendo para su procedencia que el actor acredite la existencia de un acto revestido de tales características.

Segundo: Que, para determinar la legalidad del procedimiento disciplinario desplegado por el establecimiento educacional, resulta indispensable tener presente que, si bien los colegios poseen la potestad y el deber de resguardar la sana convivencia escolar, la seguridad y el buen trato entre sus miembros, toda medida restrictiva de derechos o sancionatoria que los afecte, incluidos los padres y apoderados, debe inexorablemente sujetarse a un procedimiento previo, racional y justo.

Tercero: Que, al revisar los antecedentes allegados, en especial el Reglamento Interno de Convivencia Educativa, Buen Trato y Bienestar del Colegio Adolfo Beyzaga Ovando y las piezas investigativas de estos hechos acompañadas por la recurrida, se advierte claramente que dicho cuerpo reglamentario no establece ningún procedimiento reglado, transparente y contradictorio que resguarde el debido proceso previo a la imposición de la medida de pérdida de la calidad de apoderado.

En efecto, si bien los Párrafos 11 y 12 del Reglamento enumeran faltas y las posibles sanciones de aquellas (tales como la pérdida de la condición de apoderado), omite por completo la estructuración de un procedimiento formal de investigación que contemple etapas claras de notificación de cargos, apertura de un término probatorio, derecho a ser oído, rendición de descargos y producción de prueba previo a la dictación de la resolución, transformándose entonces en una actuación de carácter unilateral.

Cuarto: Que la omisión antedicha infringe abiertamente el artículo 46 letra f) de la Ley N°20.370 (Ley General de Educación), que impone a los establecimientos educacionales la obligación de contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, incorporando estándares mínimos de resguardo procedimental. Actuar privando a la recurrente de su calidad de apoderada titular, constituye un actuar ilegal y arbitrario que vulnera las garantías mínimas del debido proceso.

Quinto: Que, habiéndose constatado la ilegalidad del procedimiento y la conculcación de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, procede necesariamente acoger el presente recurso de protección, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Colegio Adolfo Beyzaga Ovando, declarándose ilegal y arbitraria la resolución de 21 de julio de 2026, dejándose en consecuencia sin efecto la sanción de pérdida de la calidad de apoderada de la recurrente, ordenando al establecimiento restituirle plenamente dicha condición respecto de su hijo nombre reservado, sin perjuicio de las facultades del colegio para encauzar sus actuaciones futuras con estricto apego a la legalidad.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°605-2026-Protección.