Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Arica, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, ciudadana boliviana, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de 19 de junio de 2026, que confirmó el rechazo de la licencia médica N°NUM001, extendida entre el 14 y el 28 de febrero de 2023, por incumplimiento de reposo, acto que estima ilegal y arbitrario y que vulnera las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 18 y el 23 de febrero de 2023, mientras hacía uso de reposo prescrito por episodio depresivo moderado (F32), efectuó dos breves desplazamientos entre Arica y Tacna, Perú, retornando al territorio nacional el mismo día en ambas oportunidades, con el objeto de recibir atención médica complementaria directamente vinculada a su patología psiquiátrica, circunstancia acreditada con la documentación clínica acompañada en sede administrativa.

Sostiene que la confirmación del rechazo de la licencia constituye un acto que carece fundamentación y es desproporcionado, aplicando retroactivamente una interpretación administrativa de 2025 a hechos ocurridos en 2023, sin ponderar la finalidad terapéutica de los desplazamientos ni la realidad geográfica y asistencial de la zona fronteriza, e infringiendo los artículos 52 y 61 de la Ley N°19.880.

Solicita dejar sin efecto la resolución impugnada, declarar la aprobación definitiva de la licencia médica N°NUM001, dejar sin efecto cualquier cobro o restitución patrimonial derivado del rechazo.

La Superintendencia de Seguridad Social, al informar, solicitó el rechazo de la acción.

En primer lugar, expone la improcedencia de la vía cautelar en materias de seguridad social excluidas del artículo 20 de la Carta Fundamental; y en subsidio, por ajustarse el acto recurrido plenamente a derecho. Señala que el rechazo de la licencia se fundó en antecedentes objetivos del Consolidado de Información Circularizada (CIC) 9 de la Contraloría General de la República, elaborado a partir del cruce de información con el Departamento de Migración Internacional de la Policía de Investigaciones, que acreditan movimientos migratorios de la recurrente los días 18 y 23 de febrero de 2023, dentro del período de vigencia de la licencia, configurándose la causal del artículo 55 letra a) del D.S. N°3 de 1984; que dicha causal es de carácter objetivo y reglado; que la excepción para patologías psiquiátricas del Compendio de Normas no resulta extensible a viajes al extranjero; y que la única excepción que habilitaría tal salida exige prescripción médica expresa para un procedimiento imposible de realizar en Chile, supuesto no acreditado en autos, por lo que solicita el rechazo de la acción Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, lo denunciado consiste en el rechazo retroactivo de la licencia médica Nº NUM001, extendida por el período comprendido entre el 14 y 28 de febrero de 2023, decisión que en última instancia fue confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante la Resolución Exenta Nº NUM000, de 19 de junio de 2026.

SEGUNDO: Que, la acción de protección tiene el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

TERCERO: Que, en primer término, se desechará la alegación de improcedencia de la acción formulada por la recurrida, por tratarse de derechos de seguridad social, por cuanto no ha sido alegada por la recurrente la conculcación de la garantía constitucional del Nº18 del artículo 19 de la Constitución Política, sino que ha reclamado la vulneración del derecho a la integridad psíquica, la protección de la salud y el derecho de propiedad sobre beneficios ya devengados, garantías amparadas por el artículo 20 de la Carta Fundamental, lo que, por tanto, amerita la revisión de esta Corte.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, de los antecedentes expuestos, no se encuentra discutido que las licencias médicas rechazadas fueron en su oportunidad aprobadas, por tanto, la resolución que por esta vía se impugna constituye un acto revocatorio posterior por parte de la recurrida respecto de las licencias previamente aprobadas por el ente administrador competente y pagadas.

QUINTO: Que, el artículo 61 de la Ley 19.880, establece: “Procedencia. Los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado.

La revocación no procederá en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente; b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o c)

Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto”. A mayor abundamiento, el artículo 52 de la citada ley prohíbe a la administración la aplicación retroactiva de un acto administrativo, admitiendo como única excepción cuando aquél sea beneficioso para el administrado, cuyo no es el caso.

SEXTO: Que, el artículo 61 de la Ley 19.880, establece: “Procedencia. Los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado.

La revocación no procederá en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente; b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto”.

A mayor abundamiento, el artículo 52 de la citada ley prohíbe a la administración la aplicación retroactiva de un acto administrativo, admitiendo como única excepción cuando aquél sea beneficioso para el administrado, cuyo no es el caso.

SÉPTIMO: Que, en efecto, un límite para la revocación prevista en el artículo 61 de la Ley N°19.880 que solo opera hacia lo futuro, es la existencia de derechos previamente adquiridos legítimamente por el administrado, y en el presente caso, la licencia hoy cuestionada fue oportunamente aprobada y pagada sin que el órgano administrativo cuestionara su procedencia.

En ese sentido el acto impugnado, implica una privación, perturbación o amenaza al derecho de propiedad de la recurrente, atendido que lo percibido en virtud del descanso por salud, ya había ingresado a su patrimonio, produciéndose entonces un detrimento patrimonial, motivo suficiente para acoger la acción constitucional. Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº NUM000, de 19 de junio de 2026, que rechazó la reclamación administrativa y confirmó el rechazo de la licencia médica Nº NUM001; y en su lugar, se acoge la reclamación administrativa interpuesta por la recurrente, dejándose sin efecto la resolución de la Comisión de Medicina Preventiva a Invalidez (COMPIN) que dispuso el rechazo retroactivo de la licencia médica Nº NUM001, debiendo reintegrarse cualquier descuento que se hubiere efectuado con ocasión del rechazo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 593-2026 Protección.