nombre reservado con nombre reservado

Arica, dos de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

nombre reservado, profesora, cédula nacional de identidad número RUT reservado, representada por el abogado Ricardo Sanzana Oteiza, e interpuso recurso de protección de garantías constitucionales en contra de nombre reservado, Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, don Pablo González Barriga, Director Regional del Servicio Nacional de Menores y doña nombre reservado, Directora del CIP CRC CSC Arica, quienes con su actuar ilegal y arbitrario han conculcado las garantías fundamentales previstas en los numerales 2, 3, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó a trabajar al Centro de Internación Provisoria, de Régimen Cerrado y Centro Semicerrado Arica el 16 de Abril del presente año bajo la modalidad de contrato a honorarios, para ejecutar las funciones de cuidador rotativo de emergencia sanitaria. Agrega que recién se le entregó su contrato el 4 de junio del mismo año, al momento de notificarle el término del mismo. En dicho contrato además de indicarse sus responsabilidades, se estableció como fecha de inicio de contrato el día 16 de abril y como fecha de término el día 01 de junio de 2021.

Señala que el 1 de junio de 2021, se le entregó la “pauta única de evaluación para continuidad laboral”, en la que se da a conocer sus responsabilidades y los criterios de evaluación de cada uno de ellos, contemplando la posibilidad de continuar en el cargo después de una buena evaluación y poner término a la vinculación contractual en caso contrario, sin embargo, el contrato no contemplaba la posibilidad de extender las funciones más allá del 01 de junio de 2021.

Indica que el motivo de fondo fue precipitar su salida a consecuencia de las denuncias que realizó ante la Directora del recinto doña nombre reservado, debido a que mientras desempeñó su cargo ocurrieron varias situaciones irregulares, específicamente con dos funcionarios con vastos años de experiencia en el servicio, la ETD nombre reservado y el Coordinador subrogante nombre reservado, quienes fueron abusivos, humillantes y desleales como colegas, situaciones que expuso formalmente tanto a la Directora del establecimiento en el que se desempeñaba, como al Director Regional del SENAME, mediante carta de 31 de mayo de 2021, de la que recibió respuesta del Director Regional, mediante correo electrónico de 16 de junio del año en curso en el que se señala haber adoptado medidas correctivas y procesos investigativos para aquellas situaciones irregulares.

Sostiene que a consecuencia de su desempeño apegado a las instrucciones verbales recibidas por sus superiores, se vio discriminada por la Jefatura del recinto, quien faltando a sus obligaciones recomendó el término de su contrato, siendo finalmente desvinculada. Lo señalado se reflejó en la “pauta única de evaluación para continuidad laboral” de 31 de mayo de 2021, entregada el 1 de junio de 2021 y notificada por la encargada de personal el mismo día. Las observaciones de no renovación señalan textualmente: “En general el desempeño de la funcionaria no resulta técnicamente satisfactorio en especial debido a importantes errores de manejo asociado a falta de control de objetos prohibidos. Un objeto segundo punto significativo, es la poca adecuación relacional mostrada en espacios colectivos”. La referida pauta consigna la opción “No dar continuidad laboral”.

Alega que el hecho de haber sido sometida a una pauta de evaluación para continuidad, no se encontraba contemplado en su contrato, dejándola en una situación de desmedro profesional para eventuales postulaciones en el mismo servicio o en otro distinto, vulnerando su derecho al trabajo ya que la pauta de evaluación no se aplica a quienes tienen una fecha fija de contratación, lo que denota la animadversión y el trato desigual que recibió de parte del servicio contratante, cuestión que solo puede ser reparada eliminando de todo antecedente laboral, técnico y administrativo dicha pauta. Pues, además de lo injusto de lo consignado en la pauta antes mencionada, nunca hubo un procedimiento administrativo en el que pudiera evacuar sus descargos e incorporar prueba alguna para desvirtuar los cargos que finalmente se consignan de manera arbitraria y subjetiva en la pauta de evaluación, en circunstancias que toda persona sancionada tiene derecho a un trato justo, igualitario y reglado, en el que se entere de los cargos, se le permita desvirtuarlos, rendir prueba y recurrir de la resolución que de dicho proceso resulte, no existiendo un debido proceso en su caso, siendo sancionada vulnerando sus derechos.

Pide que se acoja el recurso, reestableciendo el imperio del derecho ordenando se ponga fin a los actos de desacreditación, en el más breve plazo, eliminando de todo registro las anotaciones consignadas en la pauta única de evaluación para continuidad laboral elaborada por el Departamento de Personas Unidad de Evaluación y Desempeño del SENAME, con expresa condenación en costas.

Informó en su oportunidad el Director Regional de Servicio Nacional de Menores, indicando que no es efectivo lo señalado por la recurrente, en cuanto a la existencia de actos de desacreditación en su contra y en consecuencia tampoco existe vulneración a las garantías constitucionales aludidas. Explica que con motivo de la contingencia sanitaria debido a la Pandemia del COVID-19, el Servicio Nacional de Menores ha generado contrataciones de cuidadores rotativos de emergencia sanitaria, siendo contrataciones a honorarios y por tiempos específicos, las que concluyen una vez cumplido el plazo establecido para las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos de contrataciones a honorarios se elabora al término del periodo un documento denominado “pauta única de evaluación para continuidad laboral”, el que se aplica a toda persona que haya ejercido labores en calidad de honorarios, a fin de valorar la pertinencia de extender su contrato e incluso de dar lugar a la extensión aludida, dicha pauta debe aplicarse mes a mes.

Refiere que el cargo de Cuidadores Rotativos de Emergencia Sanitaria trabaja directamente en la atención de los adolescentes y jóvenes privados de libertad, sean imputados, condenados o que cumplan alguna sanción en el Sistema Semicerrado centrado en el área técnica, la que es liderada por Jefe Técnico el CIP CRC CSC Centro Arica, don nombre reservado y en el caso particular de doña nombre reservado, informa que fue contratada a honorarios para el cargo de cuidadora rotativa de emergencia sanitaria, ingresando a desarrollar tal función el 16 de abril de 2021 y hasta el 01 de junio 2021, desarrollando su última jornada laboral el 31 de mayo de 2021 en turno nocturno, el que finalizó a las 09:00 AM del día martes 01 de junio 2021, mismo día que se le notificada del término del contrato a honorarios, lo que concuerda con lo acordado al inicio de su contratación.

Señala que tras el ingreso de la recurrente se generó un proceso de inducción y acompañamiento, para el que fue designada la Educadora de Trato Directo y actual Coordinadora de turno (S) nombre reservado, en conjunto con los Educadores de Trato Directo que integraban el turno N°1. Durante el periodo en que la recurrente fue acompañada y de acuerdo a memorándum emitido el 26 de mayo 2021 por doña nombre reservado, la Cuidadora nombre reservado presentó algunas irregularidades, que en su momento se comprendieron como parte del aprendizaje, las que detalla. Posteriormente, el 24 de mayo 2021, la Educadora de Trato Directo del CIP CRC CSC se presenta en dependencias de la dirección del centro a las 09: 00 horas aproximadamente a fin de exponer su preocupación por los descuidos que había observado y constatado, cometido doña nombre reservado, dando cuenta de la sobrecarga laboral que debe asumir a raíz de los mismos y su preocupación por la falta de reporte de situaciones de riesgo como es el extravío de un encendedor que pasó a manos de un joven del centro, por lo que se les solicitó un reporte a los coordinadores de turno. Por lo anterior, doria nombre reservado, Directora del CIP CRC CSC Centro Arica, solicitó un reporte a los coordinadores de turno nombre reservado, nombre reservado y Coordinador formativo Lawrence Retamales. Este último informó que en el periodo no presentó planificación de talleres, centrándose solo en los aspectos básicos de la rutina general del sistema.

Asimismo, agrega que 24 de mayo 2021, la recurrente reporto en la oficina de dirección su incomodidad de trabajar en el turno por "problemas interpersonales" con educadora nombre reservado y Coordinador nombre reservado. Se le solicitó formalizar el reclamo realizado, sin perjuicio de que se tomó como medida inmediata el cambiar a la funcionaria al turno N°3 con el coordinador Titular Sr. nombre reservado, para que pueda trabajar de manera tranquila ante los conflictos por ella reportados. Al día siguiente el coordinador de turno (S) sr. nombre reservado hace entrega memorandum en que se reporta respecto de la recurrente, principalmente temas relacionados a descuidos en las medidas seguridad del centro, como mantener conductas de facilitar encendedores a los jóvenes, el no ser proactiva en la ejecución de talleres, entre otros. Finalmente, el 30 de mayo, mientras se encontraba en funciones la recurrente, se suscita la pérdida de un cuchillo de uso exclusivo para los funcionaros, encontrándose el joven que lo sustrajo bajo el cuidado de doña nombre reservado, hecho detectado por la unidad de alimentación, debiendo realizar registro de allanamiento por parte de Gendarmería de Chile, el que no fue hallado. Sin embargo, el día lunes 31 de mayo, la Directora de Centro junto a Profesional Encargada de Caso realizaron encuadre e intervención con los jóvenes para persuadir la entrega del elemento prohibido y de alto riesgo para la seguridad tanto de los jóvenes como funcionarios.

En cuanto a la notificación de término de contrato que se efectuó en la mañana del 1 de junio de 2021, una vez finalizado el último turno correspondiente al plazo por el cual fue contratada, indica que se realizó en presencia de la Encargada de Personal doña nombre reservado y de la Directora del Centro, doña nombre reservado y la recurrente se negó a firmar, refiriendo verbalmente lo siguiente: "...me despiden todo porque le presente una denuncia, si usted revisa su correo se va dar cuenta...", retirándose de la oficina posterior a ello. Frente a lo señalado y desconociendo los hechos señalados, la Directora de Centro procede a revisar su correo, no encontrando ninguna denuncia por parte de la recurrente, recepcionando recién con el 16 de junio de 2021 un correo electrónico que correspondería al supuesto correo de denuncia que la recurrente mencionó al ser notificada del término de su contrato, constatando que fue remitido originalmente a la casilla electrónica “correo reservado”, la cual no corresponde a doña nombre reservado, por lo que malamente podría haber tomado conocimiento de una eventual denuncia.

Indica que la finalización del contrato se debió al cumplimiento de su plazo y si bien, se podría eventualmente y en casos concretos solicitar extender algún contrato de honorarios para plazo determinado, esto no se produjo en el caso de la recurrente en atención a que con su desempeño no logró garantizar las medidas mínimas de seguridad de los jóvenes, pese a la inducción, encuadre y acompañamiento que se le realizó, existiendo actos de descuido reiterados. Por otro lado, en virtud de la propia definición de acto administrativo, considera que la pauta de evaluación a la que alude la recurrente no constituye un acto administrativo respecto del que proceda recurrir y la notificación del término de su contrato a honorarios era algo totalmente previsible, pues fue parte de las condiciones iniciales de ingreso, dado el tipo de contratación que se generó respecto de ella y con fundamento en la actual contingencia sanitaria a causa de la pandemia por Covid-19, no existiendo acto arbitrario e ilegal por parte del servicio, ni tampoco menoscabo alguno respecto de la recurrente, por haber logrado incluso concluir el periodo por el que fue contratada, pese a las observaciones que existían respecto de su desempeño, por lo que no vislumbra vulneración a las garantías alegadas por la recurrente.

Finalmente señala que la pauta de evaluación impugnada mediante el presente recurso, de ningún modo le impide a la recurrente desempeñarme en lo sucesivo en cualquier área que requiera tener jóvenes o alumnos al cuidado, por cuanto de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, la pauta de evaluación se aplicó a la recurrente al término de la relación contractual con el servicio y su contenido, se encuentra protegido por la norma legal indicada, estando obligado Sename a guardar reserva del documento mencionado y de dar el correspondiente derecho de oposición a la señora nombre reservado, en caso de ser requerido mediante el sistema de transparencia de la gestión publicas antecedentes sobre el asunto, caso en el cual deberá dársele traslado de Ia solicitud y ésta podrá evacuar su oposición al acceso a la información, de conformidad al procedimiento establecido en la referida norma, vinculante para el Servicio, por ello y al ser un documento interno de Sename, que se aplica de manera genérica y que no está a disposición o conocimiento de terceros, no podría en los hechos, haberse vulnerado las garantías constitucionales aludidas.

Informó en su oportunidad la Directora Nacional Subrogante del Servicio Nacional de Menores, solicitando el rechazo de la acción deducida, reiterando en primer término lo ya informado en el sentido que el contrato a honorarios de la recurrente tenia claramente establecida como fecha de término el 1 de junio de 2021, lo que era conocido por la contratante, siendo su contratación para un periodo determinado, para un objetivo preciso y excepcional de apoyo, por la circunstancia de pandemia que afecta el país, y que termina por el cumplimiento del plazo de duración del servicio establecido en el mismo contrato para su vigencia, por lo que se ajusta a los términos establecidos en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, por lo que no existe ilegalidad o arbitrariedad en relación al término del mismo.

En cuanto a la pauta “única de evaluación para continuidad laboral”, señala que es deber del Servicio garantizar la adecuada atención de los niños, niñas y adolescentes residentes en sus Centros, aun cuanto se trate de contrataciones excepcionales y de apoyo a las tareas habituales de los Centros dependientes de SENAME, por lo que de igual forma se considera un procedimiento de selección y evaluación de personal, aun cuando se trate de contrataciones excepcionales debido a la contingencia por alerta sanitaria, pues se debe garantizar determinadas competencias para desarrollar las labores con apego estricto a los requenetos especiales del servicio de que se trata. Por lo anterior la aplicación de una pauta de evaluación al momento del término de la prestación de servicios constituye una actividad que se realiza para los efectos de contar en lo sucesivo con antecedentes objetivos, que permitan en el evento de existir los recursos presupuestarios y la necesidad de una nueva contratación para tareas específicas dentro de la institución, disponer de información que facilite el respectivo proceso de selección. En este sentido, la recurrente, dada su calidad de trabajadora a honorarios, no estuvo exenta de tal evaluación, y los resultados de la misma, constituyen un insumo de que dispone el Servicio, para así tender a mantener la calidad en la atención, dada Ia especial naturaleza en que se encuentra a cargo de niños, niñas o adolescente vulnerados en sus derechos, o bien, adolescentes infractores de ley penal.

Sostiene que ha actuado en todo momento en cumplimiento de las finalidades que le son propias y que legalmente le han sido asignadas, por lo que no existió vulneración, amenaza o perturbación de ninguna de las garantías fundamentales que pretende en su recurso.

Finalmente informó la Directora del CIP CRC CSC Centro Arica, dependiente del Servicio Nacional de Menores de la Región de Arica y Parinacota, en los mismos términos informados por el Director Regional de Servicio de Salud, quien solicitó el rechazo del recurso interpuesto en todas sus partes, agregando a todo lo ya informado, que en todos los casos de contrataciones a honorarios se elabora al término del periodo un documento denominado "pauta única de evaluación para continuidad laboral", el que se aplica a toda persona que haya ejercido labores en calidad de honorarios, a fin de valorar Ia pertinencia de extender su contrato e incluso de dar lugar a la extensión aludida, dicha pauta se aplica mes a mes, por lo que no existió en su actuar ilegalidad o arbitrariedad alguna que haya vulnerado alguna de las garantías denunciadas por la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la aplicación de una “pauta única de evaluación para continuidad laboral”, realizada al término de su contrato, en la que se consignan apreciaciones arbitrarias e injustas que dan cuenta de un desempeño deficiente, sin que existiese un procedimiento administrativo en el que pudiera evacuar sus descargos e incorporar prueba alguna para desvirtuar los cargos que se consignan de manera subjetiva, en circunstancias que toda persona sancionada tiene derecho a un trato justo, igualitario y reglado, en el que se entere de los cargos, se le permita desvirtuarlos, rendir prueba y recurrir de la resolución que de dicho proceso resulte, no existiendo un debido proceso en su caso, siendo sancionada vulnerando las garantías consagradas en los numerales 2, 3, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el atículo 1° del Decreto Ley N° 2.475 que Crea el Servicio Nacional de Menores, dispone: “Créase el Servicio Nacional de Menores como un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, encargado de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal, de conformidad al artículo 2º de esta ley. Para dicho efecto, corresponderá especialmente al SENAME diseñar y mantener una oferta de programas especializados destinados a la atención de dichos niños, niñas y adolescentes, así como estimular, orientar, supervisar y fiscalizar, técnica y financieramente la labor que desarrollen las instituciones públicas o privadas que tengan la calidad de colaboradores acreditados.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes expuestos por la recurrente, aparece claramente que no se impugna de modo alguno el término del contrato a honorarios suscrito, tampoco su extensión desde el 16 de abril hasta el 1 de junio de 2021 y las funciones que debía ejecutar, esto es “cuidador rotativo de emergencia sanitaria”, todo ello admitido por la recurrente en su libelo, de lo que se desprende que el término de sus funciones se produjo por la expiración del plazo consignado en el contrato.

Conforme a lo señalado, resta determinar si la aplicación de una pauta de evaluación para continuidad, por parte de la recurrida al término del contrato, constituye un acto ilegal y arbitrario que haya conculcado alguna de las garantías protegidas por el recurso impetrado.

SEXTO: Que, afirma la recurrente que la aplicación de la “pauta de evaluación” no se encontraba contemplada en su contrato, y la misma no se aplica a quienes tienen una fecha fija de contratación, lo que denota la animadversión y el trato desigual que recibió de parte de la recurrida, cuestión que solo puede ser reparada eliminando de todo antecedente laboral, técnico y administrativo dicha pauta. Por su parte, la recurrida señala que la “pauta de evaluación” se aplica en todos los casos, incluso en la modalidad de contratación a honorarios, pues existe eventualmente y en casos concretos la posibilidad de extender el contrato a honorarios, debiendo velar en todo momento por resguardar los fines del Servicio Nacional de Menores que tiene a su cargo niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos o infractores de ley penal, por lo que se requiere mantener un control respecto del desempeño de todos quienes presten sus servicios.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo establecido en el artículo 1° Decreto Ley N° 2.475 ya citado, no solo constituye un fin del SENAME contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal, sino que además, le corresponde supervisar y fiscalizar técnicamente las labores que se desempeñen al interior de cada centro, por lo que a juicio de esta Corte, la pauta de evaluación realizada a la recurrente al término de su contrato, se encuentra ajustada a los deberes de supervisión y fiscalización técnica de la recurrida, constituyendo un instrumento de medición de carácter interno y no una sanción, por lo que no la inhabilita de modo algunof. Asimismo, no existe antecedente alguno acompañado en el recurso del que se pueda desprender que la mentada “pauta de evaluación” no se haya aplicado en casos análogos, mas allá de los dichos de la propia recurrente, no siendo posible advertir el trato desigual que se reclama.

OCTAVO: Que, de los antecedentes expuestos no se vislumbra ilegalidad o arbitrariedad en la aplicación de la pauta de evaluación impugnada, la que constituye un instrumento de medición interno, orientado al cumplimiento de los fines del Servicio y sus deberes de fiscalización de la función que realiza, razón por la cual no existe algún tipo de vulneración a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, debiendo ser desestimada la presente acción constitucional.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de nombre reservado, Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, Pablo González Barriga, Director Regional del Servicio Nacional de Menores y nombre reservado, Directora del CIP CRC CSC Arica.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 586-2021 Protección.