Recurso de protección

Arica veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Compareció don nombre reservado, abogado, actuando por sí y en representación legal de su hijo adolescente nombre reservado, de nombre social nombre reservado, estudiante de 1° Año Medio “B” del Liceo nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director de dicho establecimiento educacional, con el objeto de impugnar la resolución de fecha 17 de junio de 2026 que dispuso la expulsión del menor, y la resolución de fecha 24 de junio de 2026 que rechazó la solicitud de reconsideración presentada en su contra. Invoca como vulneradas las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso sexto, y 10 de la Constitución Política de la República. Expone que el alumno de quince años de edad cuenta con un diagnóstico médico conocido por el establecimiento de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y trastorno bipolar, habiendo sido evaluado previamente por la psicóloga y psicopedagoga del liceo, quienes determinaron que poseía las competencias académicas necesarias para desempeñarse sin requerir el ingreso formal al Programa de Integración Escolar (PIE).

Agrega que con fecha 4 de junio de 2026, durante el desarrollo de una actividad pedagógica en el laboratorio de química, ocurrió un incidente en el cual la asistente de aula doña nombre reservado se aproximó al estudiante con tono elevado y excesiva cercanía a su oído, situación que le generó una sobrecarga sensorial de carácter auditivo, por lo que el niño reaccionó mediante un movimiento de brazo que impactó el rostro de la funcionaria. Acota que ante dicho evento, el director del establecimiento aplicó el procedimiento de la Ley N° 21.128 (“Aula Segura”), decretando una medida cautelar de suspensión por 10 días y dictando, con fecha 17 de junio de 2026, la resolución de expulsión del alumno. Denuncia irregularidades y vicios procedimentales en que habría incurrido la autoridad educacional, destacando la negativa reiterada de otorgar acceso al expediente administrativo que servía de fundamento a la expulsión y el rechazo a la solicitud de suspensión o ampliación del plazo para preparar la reconsideración y ejercer adecuadamente la defensa, ya que durante toda la génesis del procedimiento nunca tuvo acceso a la investigación c) la falta de aplicación de la Ley N° 21.545 (Ley TEA), omitiendo los ajustes razonables exigidos por su artículo 18 y la Circular N° 586/2023 de la Superintendencia de Educación; d) la falta de activación del protocolo institucional de desregulación emocional; e) la formulación de una conclusión técnica dogmática al afirmar que el evento no correspondió a una desregulación sin contar con un informe clínico verificable; f) la omisión en la ponderación del principio de proporcionalidad y del historial del estudiante, a quien jamás se le notificaron formalmente sanciones o citaciones previas por violencia en dicho liceo; y g) la falta de constancia de una deliberación informada en la consulta al Consejo de Profesores.

Al evacuar el informe, la abogada doña Carolina Fuenzalida Valdivia, en representación del Colegio recurrido, solicitó el rechazo del recurso alegando que el procedimiento se ajustó estrictamente al artículo 6° letra d) del DFL N° 2 de 1998 y a la Ley N° 21.128. Expone que la conducta fue calificada como falta gravísima al tenor del artículo 47 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), al constituir una agresión física por golpe de mano en el rostro de la asistente de aula, acreditada mediante declaraciones de testigos y la correspondiente constatación de lesiones en la Mutual. Afirma que, según el informe elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar, la agresión se produjo dentro de una interacción concreta y no obedeció a un episodio de desregulación emocional o conducta disruptiva involuntaria, al no registrarse manifestaciones o crisis previas observables. Añade que el menor registraba un antecedente de expulsión en 2025 bajo la Ley Aula Segura en otro establecimiento (Colegio nombre reservado), y concluye que la medida resulta necesaria y proporcional para resguardar la seguridad e integridad de la comunidad educativa.

Se tuvo a la vista el Informe de la Superintendencia de Educación de Arica y Parinacota el que concluye que lo obrado en el proceso sancionatorio incoado por el establecimiento educacional, no permite verificar el cumplimiento de las actuaciones mínimas que integran el procedimiento disciplinario de expulsión, existiendo omisiones formales y sustantivas y que inciden en la ausencia de notificación del procedimiento al apoderado, derivando los antecedentes a la Unidad Regional de Fiscalización conforme al artículo 59 de la Ley N° 20.529, para evaluar la apertura de un procedimiento sancionatorio en contra del Liceo nombre reservado por infracción grave a la normativa educacional.

A folio 39, se trajeron los autos en relación. Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CONSIDERANDO:

Primero: Que la presente acción constitucional de protección, regulada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un arbitrio de naturaleza cautelar destinado a restablecer el imperio del derecho y otorgar debida protección ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente protegidos por dicho precepto constitucional.

Segundo: Que, como cuestión previa es menester recordar que todo procedimiento disciplinario sustanciado por la autoridad educacional, debe ceñirse a un procedimiento racional y justo, garantía de aplicación imperativa en el ámbito administrativo sancionatorio. Asimismo, el artículo 6° letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, modificado por la Ley N° 21.128, exige expresamente el respeto de las garantías del debido proceso, entre las que destacan el derecho a la defensa, la bilateralidad de la audiencia, la oportunidad de presentar pruebas y la motivación de las resoluciones del ente administrativo.

Tercero: Que, del examen de los antecedentes acompañados al proceso, consta que durante la sustanciación del procedimiento de expulsión y en el trámite de reconsideración, la autoridad educacional negó de forma reiterada a la parte recurrente el acceso al expediente administrativo, rechazando simultáneamente la solicitud de ampliación de plazo para articular la defensa. Dicha restricción colocó al estudiante y a su apoderado en una manifiesta indefensión, obligándoles a deducir el recurso de reconsideración sin conocer la integridad de las declaraciones, informes y piezas probatorias recopiladas por el establecimiento, lo que incluso reprocha la Superintendencia de Educación en su informe, el que si bien no se hace cargo del conflicto de estatutos jurídicos aplicables al educando , si es enfática en concluir que hay ausencia del cumplimiento de requisitos formales y materiales y que inciden en la omisión o inexistencia de notificación del procedimiento sancionatorio al apoderado.

Así las cosas, dicha actuación, al apartarse del procedimiento reglado, deviene en un acto arbitrario que, a su vez, conculca la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental ya que el estudiante no ha tenido las mismas oportunidades de defensa que otros que pudieran estar en circunstancias similares, y conculca su derecho a permanecer en el sistema educacional.

Cuarto: Que, útil es recordar, el párrafo duodécimo del artículo 6° letra d) del DFL N° 2 de 1998, que prescribe que los sostenedores y directores no podrán cancelar la matrícula o expulsar a sus estudiantes por causales vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente o transitorio. En la especie, constando en el expediente que el establecimiento conocía con anterioridad al hecho el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y trastorno bipolar del alumno nombre reservado, de nombre social nombre reservado, la autoridad escolar se encontraba jurídicamente obligada a examinar la conducta dentro del marco normativo especial de inclusión y sensibilidad sensorial que su condición médica demandaba, absteniéndose de aplicar automáticamente la sanción expulsiva sin antes agotar los protocolos de abordaje de desregulaciones y de apoyo psicosocial y no descartarlos sin motivación alguna.

Quinto: Que las conclusiones ya anotadas, fluyen de la lógica más elemental, toda vez que del simple análisis de la conducta material desplegada por el educando, esto es, el golpe a un tercero, la rotura de la tarea y posterior abandono de la sala de clases , para posteriormente no saber dónde se encontraba, demuestran que la acción así descrita se condice mayormente con un desborde emocional, por una sobrecarga auditiva, y no como aquellas preconcebida y con resultados queridos por su autor, lo que a la luz de las propias disposiciones reglamentarias, del colegio recurrido, relativas al protocolo de desregulación de alumnos neuro divergentes, contenidas en la página 87, permiten llegar a dicho raciocinio, toda vez que, de la lectura atenta del Reglamento Escolar Interno en el Título I relativo al “Protocolo de Actuación Frente a Desregulación Emocional y Conductual en Estudiantes TEA (y otras NEE), y Titulo II relativo a la Definición Operativa De Desregulación” se establece que: “[s]e entiende por desregulación emocional/conductual una reacción motora o emocional intensa ante estímulos del entorno (sensoriales, sociales, cambios de rutina) donde el estudiante pierde temporalmente la capacidad de autorregularse”.

Explica que: “[n]o es un "berrinche" ni mala conducta: Es una respuesta involuntaria de sobrecarga sensorial o emocional” y refiere para mayor ilustración del intérprete que las manifestaciones comunes en una desregulación son: “[g]ritos, llanto incontrolable, autoagresiones (golpearse a sí mismo), hetero agresiones (golpear a otros), escape de la sala, bloqueo (mutismo total).

Sexto: Que, en consecuencia, el Liceo recurrido, no dio cumplimiento al propio contenido de su reglamento interno, toda vez que, al describir la conducta y descartar el desborde emocional, sin ninguna fundamentación que permita arribar a dicha conclusión, y proceder a la aplicación del estatuto normativo de la ley 21.128, y no la Ley 21.545, la decisión se torna en arbitraria e ilegal.

Séptimo: Que, además, y tal como se ha venido razonando, las resoluciones impugnadas adolecen de falta de fundamentación técnica, toda vez que, la afirmación contenida en la providencia de 24 de junio de 2026, en cuanto sostiene que el hecho investigado no correspondió a un episodio de desregulación emocional, constituye una conclusión, emitida por el Encargado de Convivencia Escolar, sin el rigor científico necesario, toda vez que, no existe antecedente probatorio clínico, que corrobore dicha afirmación y que permita de manera racional descartar la desregulación del estudiante.

Tampoco, el acto administrativo no deja constancia del tenor de la deliberación del Consejo de Profesores ni de la ponderación específica de los descargos formulados por la parte recurrente, vulnerando con ello el deber de motivación a que está sujeta toda potestad sancionatoria, lo que incluso contraviene las exigencias mínimas del debido proceso, y los principios consagrados en la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

Octavo: Que, en materia de juzgamiento disciplinario escolar, la sanción de expulsión se escinde como la medida más gravosa y de carácter excepcional o de ultima ratio, de modo que su aplicación debe superar un riguroso examen de proporcionalidad. En el caso de marras, la decisión de expulsar al menor resulta desproporcionada, conforme a lo explicitado precedentemente, amén de que tampoco se demostró en autos antecedentes de violencia previos atribuibles, al adolescente en el establecimiento educacional recurrido.

Noveno: Que, en consecuencia, la resolución de expulsión de 17 de junio de 2026 y la que rechazó la reconsideración de 24 de junio de 2026 constituyen actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías constitucional contendida en el artículo 19 N° 2, de la Carta Fundamental , desde que, impidió a la parte recurrente, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones conforme a los reglamentos y protocolos que la misma recurrida contempla para dichos efectos, razón por la que esta Corte acogerá la acción de protección y dispondrá las medidas de resguardo pertinentes para restablecer el imperio del derecho, según se dirá.

Por lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en representación de su hijo menor de edad nombre reservado (nombre social nombre reservado), en contra del director del Liceo nombre reservado, don nombre reservado y en su mérito se dejan sin efecto las resoluciones de fechas 17 de junio de 2026 y 24 de junio de 2026, dictadas por la Dirección del referido establecimiento educacional y, en su lugar, se ordena que se realice respecto del educando un nuevo procedimiento sancionatorio, que se ajuste a los protocolos y reglamentos internos del establecimiento educacional, debiendo además, implementar las medidas que fueren pertinentes para adecuarlo al estatuto normativo que conforme a su reglamentación corresponda.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Delgado quien fue de la opinión de rechazar la presente acción constitucional en atención a los siguientes fundamentos: 1°. - Que, para resolver el asunto controvertido, este disidente tendrá presente los siguientes antecedentes del proceso. a) El 4 de junio de 2026 la profesora de la asignatura denunció el hecho por escrito ante la Dirección. Ese mismo día se entrevistó al apoderado, a quien se informaron los hechos, la activación del procedimiento de Aula Segura, la suspensión por diez días hábiles mientras durara la investigación y la posibilidad de presentar descargos. Se coordinó además con la Unidad Técnico Pedagógica la entrega de material para dar continuidad a sus estudios. El acta respectiva fue suscrita por el apoderado. b) Durante la investigación se entrevistó a estudiantes presentes en el laboratorio los días 4 y 5 de junio y a la funcionaria afectada el 10 de junio. Se tuvieron a la vista, además, el registro de desarrollo escolar, los certificados de atención de la funcionaria y el informe socioemocional del estudiante, de 4 de mayo de 2026, elaborado por el psicólogo del establecimiento. c) El 11 de junio de 2026 el apoderado presentó descargos escritos, invocando el diagnóstico del estudiante y una explicación sensorial del hecho, y suscribió acuerdos pedagógicos con la Unidad Técnico Pedagógica. d) El 17 de junio de 2026, noveno día hábil desde la notificación de la cautelar, el director dictó la resolución de expulsión. En ella expresó los hechos establecidos, dejó constancia que los descargos fueron incorporados y ponderados, señaló sus fundamentos e informó el derecho a reconsiderar dentro de cinco días hábiles. e) El 24 de junio de 2026, dentro de plazo, el apoderado dedujo reconsideración.

Ese día sesionó el Consejo de Profesores, que revisó el expediente de investigación, las entrevistas, los descargos y la solicitud. Analizó uno a uno los planteamientos del apoderado (la condición de salud del estudiante, la aplicación del protocolo de desregulación, la proporcionalidad de la medida y los aspectos procedimentales) y se pronunció por escrito y en forma unánime por mantener la expulsión. Con esa misma fecha, el director rechazó la reconsideración, remitiéndose a lo analizado por el Consejo. f) La resolución final fue notificada por correo electrónico el 24 de junio de 2026, con acuse de recibo del apoderado al día siguiente, y por carta certificada admitida en la misma fecha. g) Mediante Ordinario N° NUM000, de 25 de junio de 2026, el director informó la medida a la Superintendencia de Educación, que registró su ingreso el 26 de junio. 2°. - Que, conforme a lo expuesto, queda en evidencia que no existen vicios que generen indefensión o viciaran el procedimiento, ya que las omisiones formales en las notificaciones iniciales o en la entrega de expedientes no impidieron que la defensa del estudiante presentara descargos y ejerciera sus recursos. Asimismo, las resoluciones sancionatorias cuentan con suficiente fundamentación y se dictaron en estricto apego a los plazos y atribuciones legales. 3°. - Que, aun cuando se reconoce el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y trastorno bipolar del estudiante, no existe informe médico ni evidencia objetiva que pruebe que la agresión obedeció a una crisis de desregulación emocional o sobrecarga sensorial. La tesis defensiva descansa solo en el relato de la parte recurrente y la autoridad educacional determinó de manera fundada que la agresión no derivó de su neurodivergencia. 4°. - Que, la Ley N°21.545 sobre inclusión, no anula la potestad disciplinaria del establecimiento ni exime a los estudiantes con neurodivergencias de mantener un trato respetuoso. En consecuencia, la agresión física a una funcionaria del establecimiento constituye una falta grave a la convivencia escolar que justifica la expulsión como una medida proporcional, justa y razonable para resguardar la seguridad de la comunidad educativa, correspondiendo al Ministerio de Educación asegurar la reubicación del alumno, razones suficientes para rechazar la acción incoada.

Redactada por la ministra (s) Sra. Sara Pizarro Grandon y el voto por su autor.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°582-2026 Protección.